Más allá de gobernar la digitalización y de favorecer la sostenibilidad ecológica, falta un tercer elemento que es el de la transición socioeconómica a un modelo, integrador y justo en lo global, que recupere la conexión entre las personas.
El derecho al trabajo se pervierte así, convirtiéndolo en derecho a la empleabilidad y haciendo, de un derecho absoluto una condición, o, mejor dicho, una posibilidad.
Los salarios son la principal garantía para dar impulso al consumo de los hogares y con ellos a la demanda interna como elemento de estabilidad para el crecimiento.
La creciente desigualdad y la disrupción en la distribución equitativa y eficiente de la riqueza tiene que ver sobre todo con el debilitamiento del poder de negociación de las trabajadoras y trabajadores, promovido, en nuestro caso, por reformas laborales como la del PP.
El sistema de pensiones, su suficiencia y su sostenibilidad tienen que ver directamente con la calidad del empleo, y, por eso, la reforma de pensiones tiene que verse acompañada con la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Cualquier estrategia para reducir la deuda pasa por los presupuestos, y, excepción hecha de que se condone o se suspenda, esto comporta que los ingresos sean superiores al gasto.
«Que el capital del siglo XXI está a años luz del ideario liberal no sorprende a nadie, ni tampoco que no comulguen con la centralidad de la demanda a la hora de dar estabilidad al crecimiento económico».
