«El fuerte crecimiento económico en el segundo trimestre no puede distraer del deterioro de la cohesión social y del efecto que ha tenido la crisis de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables».
Ricard Bellera
La aprobación del incremento del SMI ha puesto en evidencia dos cuestiones. En la fase de reactivación económica la patronal está por reforzar su capacidad de extracción de renta, sin renunciar a las ayudas de las que se pueda beneficiar, y una parte del gobierno no acaba de creerse el consenso keynesiano en las políticas, ni la necesidad de hacer frente a la desigualdad que pronunciaron la Gran Recesión y la crisis del Coronavirus. Si el debate sobre el aeropuerto del Prat puso de relieve la voluntad por parte de los grandes actores económicos de recuperar el modelo productivo anterior a la pandemia, el órdago lanzado por las eléctricas y el debate sobre el SMI confirman que los estímulos se ven, no desde la responsabilidad y la conciencia del calado de los retos que enfrentamos en el ámbito social, industrial y ecológico, sino desde el sentido de la oportunidad. Mientras las transferencias europeas previsiblemente se agotarán, los créditos blandos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, 67.300 millones de €, eso es, un 6% de nuestro PIB, duermen por ahora el sueño de los justos. Nada que nos pueda extrañar si consideramos el déficit de inversión privada que ha caracterizado la fase de crecimiento iniciada en 2014, pero que sí pone en duda la capacidad y vocación de liderazgo por parte del sector privado en la incipiente fase de recuperación.
Que la mayor parte de las empresas den escasa importancia a su función social no es ninguna novedad. Tampoco que, especialmente las grandes, prefieran el poder de mercado a la competencia real, por la ventaja que les otorga en la fijación de precios. Sin embargo el apetito con el que intervienen ahora, mediante lobbies, consultoras y medios, en la negociación de los paquetes de estímulo, delata que la distancia crítica con el sector público es más pose que no firme convicción. En este sentido el capital perseguiría en estos momentos dos prioridades. Transferir no a la economía, sino a sus balances, la financiación que Europa facilita de manera extraordinaria, sin renunciar, al mismo tiempo, a ampliar la capacidad de exprimir las rentas del trabajo. Que el capital del siglo XXI está a años luz del ideario liberal no sorprende a nadie, ni tampoco que no comulguen con la centralidad de la demanda a la hora de dar estabilidad al crecimiento económico. Asombra, eso sí, la falta de equilibrio que se promueve desde la patronal en la extracción de rentas, con una ponderación desproporcionada del sector inmobiliario y del sector energético, su falta de interés real por la productividad como motor de progreso económico, y la lamentable falta de inventiva en la transformación del modelo productivo. Un planteamiento que nos confirma que el liderazgo real, mediante inversiones estructurales recae, como han destacado Mazzucato y otros, en nuestro sector público.
El problema más inmediato, es hacer frente a la presión sin precedentes que se ejerce sobre el gobierno de coalición, en perfecta sintonía con la renuencia de otros ámbitos, como el judicial, y en una lógica propia que se corresponde con otros tiempos. En el peor de los escenarios, esta estrategia de acoso y derribo culminaría con una mayoría formada por derecha y extrema derecha en el momento en el que volviera a activarse el Paco de Estabilidad y Crecimiento, con las consiguientes presiones en el marco de la condicionalidad para realizar reformas ‘estructurales’ a cambio de renovar una deuda que se ha incrementado en cerca de 30 puntos, hasta alcanzar el 125% del PIB. Una posibilidad que conviene anticipar por el previsible impacto en la cohesión, la polarización y la crispación social. Evitarlo requiere de una gestión en perspectiva social de los estímulos, de tal manera que redunde en una reducción de la desigualdad mediante la redistribución vía salarios y prestaciones y ayudas. En este sentido la agenda política plantea dos momentos que serán clave, las anunciadas reformas, laboral y fiscal, que son las palancas fundamentales con las que contamos para una recuperación sostenible en el plano económico, social y financiero.
Resulta imprescindible además recuperar la coherencia del discurso frente a la ciudadanía. Esta es incompatible con la cesión de soberanía ante los mercados y requiere de un consenso a nivel europeo que prorrogue las políticas de estímulos. Aquí resultarán determinantes las elecciones alemanas que, en función del resultado y del color de la coalición, pueden anticipar un retorno prematuro a la lógica del pacto de estabilidad. El fuerte crecimiento económico en el segundo trimestre no puede distraer del deterioro de la cohesión social y del efecto que ha tenido la crisis de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables. El aumento de la inflación de los últimos meses amenaza la recuperación de los salarios, especialmente de los más bajos, y pone aún más presión sobre la renta disponible de las personas trabajadoras. Por eso frente al oportunismo de los grandes actores económicos es necesario ampliar la base política en la izquierda, promover el diálogo social, la negociación colectiva, y reforzar la iniciativa pública en las políticas de protección social y de cambio del modelo productivo. Frente a los cantos de sirena conviene evitar toda suerte de veleidades, poniendo, si hace falta, cera blanda en las orejas de algunos ministros/as, y atando al mástil a quien no entienda que la sostenibilidad de cualquier proyecto político de progreso se basa, en primer lugar, en su coherencia.
La tesis Keynesiana es la única que ha salvado naciones en bancarrota como la Gran Depresión de 1929, Roosevelt salvó a esta nación y con ello le dió el impulso para convertirse en la potencia económica que llegó a ser…, sin embargo ahora el neoliberalismo rapaz especulativo hundió su economía a niveles de desastre.