La incorporación de la IVE a los centros públicos se está haciendo en la mayor parte de las autonomías basándose en el método farmacológico en detrimento del instrumental. Algo que nos parece sumamente preocupante, ya que más del 80% de las mujeres cuando pueden elegir método en el mismo centro sanitario y tras ser informadas correctamente, eligen la técnica de dilatación y aspiración.
Por Francisca García, presidenta de ACAI
El pasado 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de Acción Global por un aborto legal y Seguro, el Ministerio de Sanidad hacía públicos los datos de aborto provocado correspondientes al año 2022, informándonos de que las mujeres que accedieron a un aborto en nuestro país pasaron de 90.189 en el año 2021, a 98.316; un incremento de casi un punto en la tasa IVE que pasó de 10’70 a 11’68 por cada mil mujeres.
Coincidiendo con el criterio que señalaba la Dirección General de Salud Pública en su nota de prensa, para ACAI este incremento se ajusta a las fluctuaciones en la tasa IVE (entre el 10 y el 12 por mil) de la última década, si dejamos al margen el periodo de pandemia. Sin embargo, la lectura del informe anual arroja un dato preocupante sobre el que debemos, inevitablemente, reflexionar.
Durante el año 2022 se ha registrado un aumento en el número de abortos entre las mujeres jóvenes. Las menores de diecinueve años pasaron de una tasa de 7’90 a 8’54, las de veinte a veinticuatro años de 16’09 a 18’32, más de dos puntos de subida, y las de 25 a 29 años registraron un punto y medio al alza en su tasa IVE pasando de 15’54 a 17’10.
Acompañando a los datos anteriores, observamos que más de un 44% de mujeres que accedieron a la práctica sanitaria de aborto provocado no había utilizado ningún método anticonceptivo (una subida de 1% con respecto al anterior informe) y del grupo de menores de veinte años, el 41’28%, no habían tomado ninguna medida anticonceptiva.
Una lectura tan fácil como simple de estos datos, nos podría llevar a concluir que las adolescentes y mujeres jóvenes españolas actúan con irresponsabilidad en sus relaciones sexuales, sin embargo, las personas que tratamos con dichas mujeres diariamente nos negamos a realizar un reduccionismo tan demagógico. Para nosotras/os la situación viene a demostrar, una vez más, que este país está anémico de educación sexual y desnutrido de acceso a la anticoncepción, lo que da lugar a situaciones como la que estamos observando.
La Ley de SSR e IVE del año 2010 preveía el desarrollo de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, el acceso generalizado a la anticoncepción de última generación, políticas adecuadas para colectivos en riesgo y lo que es más importante, la implantación curricular y transversal de la educación sexual en el aula en los distintos niveles educativos. Sin embargo, tales propósitos o no se han desarrollado o lo han hecho con carencias y con la permanente amenaza involucionista de los gobiernos conservadores y ultraconservadores que se han formado en las distintas comunidades autónomas, que son quienes, al cabo, han de desarrollar estas políticas públicas.
Como resultante de lo expuesto, las personas jóvenes se desinforman con fuentes no acreditadas, como la pornografía “on line” al alcance de los chavales desde edades cada vez más tempranas, o el tsunami de contenidos carentes del más mínimo rigor médico que se difunden en las principales redes sociales: Tik-Tok, Instagram… y que son aceptados sin cuestionamiento alguno (véase la advertencia de la comunidad científica británica que señala como causa del aumento de abortos entre los más jóvenes los contenidos difundidos en redes por personas no formadas)
Por otra parte, tampoco deberíamos obviar, tal y como nos demuestran los informes sobre violencia de género, que las relaciones de desigualdad entre las parejas más jóvenes, las situaciones de violencia, maltrato o de dominación, se están intensificando de manera preocupante; afectando a todas las esferas de la dimensión personal de la mujer, también a su sexualidad y a su capacidad y posibilidades de negociar relaciones sexuales sanas, libres, consentidas, en las que la protección frente a un embarazo no deseado sea prevista.
Como contrapunto a lo expuesto en los párrafos precedentes, tenemos que congratularnos de que más del 94% de las mujeres españolas acceden a la IVE de forma temprana, antes de la 14 semana de gestación, un 73,04% antes de la semana ocho. Por otra parte, el 94,94% de las IVE se realizaron por voluntad propia de la mujer.
En cuanto a la naturaleza de los centros IVE, quisiéramos aclarar de nuevo que las IVE realizadas en los centros concertados son un recurso público, una prestación contemplada en el Sistema Nacional de Salud y financiada por éste. Las mujeres que acceden a nuestros centros, en la mayoría de los casos, son usuarias de la Sanidad Pública. En definitiva, una prestación concertada, cuya derivación podremos compartir o no, pero que ocurre como en tantos otros recursos sanitarios, con la peculiaridad de que los/as profesionales de nuestras clínicas cuentan con más de treinta años de experiencia y están formados en esta práctica sanitaria y en sus técnicas.
Asimismo, quisiéramos explicitar que ACAI siempre estará a favor de realizar cualquier prestación sanitaria, no solo la IVE, cerca del domicilio de las personas, siempre y cuando dicha aproximación no suponga una pérdida de calidad e intimidad, ni la imposición de una única técnica.
Por último, no quisiéramos abandonar estas líneas sin poner de manifiesto un elemento del que ya hemos advertido en distintas ocasiones. Tal y como venimos observando, la incorporación de la IVE a los centros públicos se está haciendo en la mayor parte de las autonomías basándose en el método farmacológico en detrimento del instrumental. Algo que nos parece sumamente preocupante, ya que más del 80% de las mujeres cuando pueden elegir método en el mismo centro sanitario y tras ser informadas correctamente, eligen la técnica de dilatación y aspiración (ver). Asimismo, “desmantelar” la técnica instrumental, romper la convivencia imprescindible entre técnicas que son complementarias y que se necesitan, mermará no solo la libertad de la mujer, sino la intimidad, la calidad y la seguridad sanitaria.
Pese a ello, las comunidades pioneras en la incorporación a sus centros públicos de la prestación sanitaria de aborto provocado están apostando decididamente por la implantación de una única técnica. Es el caso de Cataluña, Cantabria, Baleares, donde las mujeres no pueden elegir método antes de la semana nueve de gestación, o Galicia, comunidad en la que el descenso del instrumental, en un 15% aproximadamente, se corresponde con el ascenso del farmacológico, que ya representa más del 50% de las IVE.
En definitiva, la falta de formación profesional en todas las técnicas, la alianza clave de la objeción profesional con la técnica farmacológica (son las mujeres las que casi por sí mismas hacen su IVE con fármacos sin casi intervención profesional) y la desconsideración hacia las preferencias de la mujer, nos está conduciendo a una situación que los países de nuestro entorno que han potenciado la IVE con fármacos, ya están lamentando, ya que han perdido una técnica segura, rápida, eficaz, demanda por la mujer para no vivenciar su aborto.
Tras la difusión de este nuevo informe sobre la IVE, renovamos nuestras peticiones a las administraciones públicas. Es imprescindible potenciar el acceso a la anticoncepción, fundamental implementar la educación sexual en las escuelas y dirigir políticas de salud sexual y reproductiva hacia los colectivos más vulnerables, solo así, se podrán disminuir las cifras de embarazados no deseados y los abortos. Pedimos además a las asociaciones feministas, al movimiento asociativo que no permitan que la incorporación de la IVE a los centros públicos elimine una de las técnicas más demandadas por las mujeres, la instrumental, que aboguen por la convivencia de métodos, por la libertad de la mujer no solo para decidir si interrumpe o no su gestación, sino el método IVE que más se adecua a sus circunstancias médicas y sobre todo personales.
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