El gobierno impulsa desde hace tiempo una legislación para registrar y fiscalizar la financiación extranjera de medios de comunicación y ONG’s.
Por Oriol Sabata | 16/04/2024
El pasado 15 de abril, los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco de la llamativa pelea a puñetazos entre diputados en el parlamento georgiano. En el vídeo, se apreciaba al diputado opositor Alexander Elisashvili agrediendo a Mamuka Mdinaradze, secretario ejecutivo del partido de gobierno ‘Sueño Georgiano’. Sin embargo, más allá del vídeo viral en redes, la prensa occidental evitó profundizar sobre lo que había detrás de esa trifulca política.
Ese día, en el parlamento georgiano, se estaba debatiendo sobre la Ley de injerencia extranjera. Desde hace un tiempo, el gobierno trata de aprobar una legislación para controlar la actividad y la influencia extranjera en el país. El año pasado este proyecto de ley ya desató la ira de la oposición pro-europea, produciéndose fuertes disturbios en las calles de Tibilisi, la capital. Este sector político, cercano a los postulados de Washington y Bruselas, considera que la legislación que pretende aprobar el gobierno supondría un atentado contra la libertad de expresión y limitaría la actividad de organizaciones no gubernamentales que operan en el país y que son financiadas total o parcialmente desde el extranjero.
Precisamente a raíz de los disturbios opositores, el 9 de marzo de 2023, el partido de gobierno decidió aparcar el proyecto de ley para ser retomado más adelante con más calma.
El ejecutivo señala que esta ley es necesaria para defender la soberanía nacional y aportar transparencia sobre la influencia extranjera en Georgia. El proyecto legislativo estipula que aquellos medios de comunicación y ONG’s cuyo financiamiento extranjero sea del 20 por ciento o superior deberán registrarse y presentar una declaración financiera anual. Además, cualquier persona física o jurídica que reciba fondos del extranjero deberá registrarse como ‘agente extranjero’. En caso de no hacerlo, estas organizaciones o personas podrían ser multadas e incluso enfrentar penas de prisión de hasta cinco años.
Es importante remarcar que este debate vuelve a la primera línea de la política georgiana en un contexto con enormes presiones internacionales relacionadas con la guerra de Ucrania. Georgia ha adoptado un posicionamiento independiente desde que estalló el conflicto bélico. El país está siendo presionado por parte de La Unión Europea y Estados Unidos para que se sume a la política de sanciones y confrontación contra Rusia.
Se da la circunstancia que Estados Unidos, uno de los países más críticos con esta legislación, tiene la Foreign Agents Registration Act (FARA), una ley muy similar aprobada el año 1938 y que todavía está vigente. Washington asegura que su ley ‘es una herramienta importante para identificar la influencia extranjera en los Estados Unidos y abordar las amenazas a la seguridad nacional’. Además, añade que su propósito central es ‘promover la transparencia con respecto a la influencia extranjera dentro de los Estados Unidos’.
Foreign Agents Registration Act (FARA) – https://www.justice.gov/nsd-fara
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