En Georgia, por segundo día consecutivo se están produciendo protestas en un escenario que tanto por las formas como por el contenido recuerda a los disturbios del maidan ucraniano de 2014.
Por Alejandro Grishin | Komsomólskaya Pravda
El 7 de marzo, luego de que el Parlamento aprobara la Ley «Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera» en primera lectura, una multitud de opositores salió a las calles a protestar.
Ya durante la primera noche pudieron verse cócteles molotov volando contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, porras y balas de goma. Unas horas más tarde, la multitud se dispersó, se fue a casa y 66 personas fueron detenidas por los agentes.
Actualmente hay dos proyectos de ley en el Parlamento. Uno de ellos, el ya mencionado «sobre la transparencia de la influencia extranjera», que estipula que los medios de comunicación, las organizaciones públicas y sin fines de lucro con un 20 por ciento o más de su financiamiento proveniente del exterior deberán registrarse y presentar una declaración financiera anual. El parlamento georgiano lo aprobó en primera lectura el 7 de marzo.
La segunda ley es mucho más estricta: «Sobre el registro de agentes extranjeros». Según estsa legislación, cualquier persona física o jurídica que reciba financiación extranjera deberá registrarse como «agente extranjero». Los infractores de esta ley enfrentarán no solo una multa, sino una pena de prisión de hasta 5 años. El impulsor de este proyecto de ley es el movimiento soberanista Poder Popular, quien asegura que prácticamente ha traducido de manera literal palabra por palabra una ley similar aprobada en los Estados Unidos en 1938 y que todavía está vigente.
La oposición marcha estos días en las calles de Tbilisi coreando «no a la ley rusa en Georgia». Cabe señalar que Occidente ya ha criticado estos proyectos de ley.
El Jefe dela diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que el proyecto de ley propuesto es «preocupante» y que «pone en riesgo» a las organizaciones de la sociedad civil, así como la «libertad de los medios».
Por su parte, la Embajadora de EE.UU dijo que “estas leyes son similares a la legislación rusa destinada a estigmatizar a la sociedad civil y silenciar a los disidentes”.
“Nuestra señal para el pueblo y el gobierno de Georgia es que Estados Unidos apoya a todos aquellos que defienden pacíficamente sus derechos fundamentales para expresar libremente sus opiniones y ser escuchados, para hacer que su gobierno rinda cuentas”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.
La pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué critican una ley similar a la suya? La respuesta es muy sencilla: Si estas leyes entran en vigor, cumplirán una función de defensa de la soberanía del país. Limitarán la injerencia extranjera mediante subvenciones, salarios y otro tipo de maniobras. Para Estados Unidos, a nivel interno, todo esto es correcto: Washington tiene derecho a tal protección, mientras que otros estados no deberían tenerlo.
Si tenemos en cuenta que Georgia sigue siendo literalmente un paraíso para todo tipo de estructuras de influencia parasitarias, como las mismas fundaciones Soros y similares, donde trabaja una proporción muy significativa de la población (en su mayoría jóvenes, educados, activos y urbanos, pero, en su mayor parte, desempleados, para quienes todas estas ayudas son la única fuente de ingresos), es evidente que el número de personas insatisfechas en caso de aprobación de estas leyes asciende a decenas de miles de personas. Todos estos «Jóvenes por la Democracia», «Futuro Libre», etc, reciben dinero del extranjero con el que viven y «trabajan».
Al mismo tiempo, está claro que los proyectos de ley actuales son solo una excusa utilizada por los líderes de las ONG georgianas junto con sus promotores extranjeros, los partidos políticos de oposición y sus líderes, con el fin de intentar derribar al actual gobierno.
Georgia es una república parlamentaria y, por lo tanto, el derrocamiento del poder aquí debería verse como la destitución del parlamento y el gobierno actuales, la organización de elecciones anticipadas (en las que Occidente hará todo lo posible para que gane la oposición).
Es importante remarcar que el gobierno georgiano ha adoptado una posición neutral con respecto a Rusia y ha expresado su intención a desarrollar sus relaciones con Moscú. Este hecho es percibido por Occidente como una traición, de ahí la campaña lanzada para reemplazar al ejecutivo actual. Occidente estaría interesado en instalar un nuevo gobierno favorable a aplicar sanciones a Rusia e iniciar una nueva política de confrontación con el Kremlin.
El año pasado, cuando las economías de todos los países de la UE estaban golpeadas por la crisis, el PIB de Georgia creció un 10% debido a las relaciones comerciales con Rusia. Esto no importa en absoluto a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a Ucrania y a la oposición georgiana.
Si en Georgia gana el «Maidan local», se terminará la estabilidad en el país y podría incluso llegar a perder territorio. Occidente y la oposición georgiana consideran que la situación es muy adecuada para la implementación de sus planes y, al parecer, están listos para llegar hasta el final.
Este 9 de marzo, el partido de gobierno decidió retirar el proyecto de ley: “Como partido gobernante, hemos tomado la decisión de retirar incondicionalmente el proyecto de ley que apoyábamos”.
A pesar de este anuncio, la oposición ha anunciado que seguirá con las protestas en las calles.
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