Sin especulación no habría okupación (2)

Salvar Al Garito IOSIF

Por Pablo Molejón

 

  1. EL FENÓMENO OKUPA.

En los últimos meses, en nuestro país, ha nacido lo que parece ser una preocupación social de inmensa gravedad, que ha ocupado y ocupa (nunca mejor dicho) largas horas de debates, informativos, tertulias y programas en las principales televisiones españolas: La okupación. Los medios de comunicación nos plantean esta cuestión como algo de una importancia y gravedad sin precedentes, asegurando que todos y todas somos extremadamente vulnerables ante una okupación, que en cualquier ocasión un grupo de okupas puede entrar en nuestra casa y hacerla suya. Los partidos de derechas españoles han hecho eco de estas noticias y de la polémica de la okupación en general, hasta el punto de llevar al Congreso de los Diputados una moción para aprobar una “Ley Antiokupación”, que básicamente consistía en modificar el código penal para agilizar -aún más- los desahucios.

Pero, ahondemos en la cuestión. Primero, cabe preguntarse si es realmente la okupación un problema de tan grande índole como así nos exponen los medios de comunicación, así que acudamos a los datos para comprobarlo.

Para probar la veracidad o falsedad de las afirmaciones sobre la magnitud del problema de la okupación, lo que hay que hacer es consultar el número de condenas por usurpación de vivienda.

Antes de continuar, señalar que es necesario realizar una clara distinción entre delito de usurpación y delito de allanamiento. El delito de allanamiento está recogido en el artículo 202 del Código Penal, descrito como “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. El delito de usurpación, en cambio, viene dispuesto en el artículo 245 de este mismo código, y define este delito como “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. Es decir, la diferencia fundamental entre ambos delitos es que el delito de allanamiento hace referencia a la ocupación o entrada en viviendas que constituyan morada (ergo, vivienda habitada por alguien, que realiza un uso cotidiano de ella), mientras que el de usurpación se refiere a aquellos elementos habitacionales que no constituyan morada, es decir, no habitados (viviendas vacías, en construcción…). Hecha esta aclaración, hay que clarificar que, al contrario de lo que exponen los medios de comunicación, los okupas y sus respectivas asociaciones no entran en viviendas constitutivas de morada, sino en aquellas que no lo son, que están deshabitadas y son propiedad de bancos, SOCIMIs…

Una vez que tenemos clara la diferencia entre allanamiento y usurpación, y que los okupas sólo son responsables de este último tipo de delito, observamos los datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 (últimos datos disponibles) se han producido 4.687 condenas por usurpación de vivienda. Pueden parecer muchos si no tenemos en cuenta que, según el Ministerio de Fomento, hay 25.645.100 viviendas en España, lo cual implica que las viviendas okupadas suponen un 0,018% del total, es decir, un porcentaje miserable. Por lo tanto, comprobamos que el mito de la gravedad de la okupación se desmorona por sí solo.

Sea o no la okupación un problema grave o común en nuestro país, concuerdo con las fuerzas de derechas en que hay que acabar con ella, pero no porque sea un problema en sí (porque ya se ha visto que no lo es), sino porque es el síntoma más visible del problema real que, como el lector puede llegar a imaginar en este punto del artículo, es la extrema dificultad de la clase trabajadora para acceder a una vivienda. El hecho de que haya personas que okupen viviendas es un indicativo claro de que no pueden acceder a una por medios legales, lo cual no sólo es una vulneración del Artículo 47 de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también es, fundamentalmente, uno de los problemas más graves con los que un país tiene que lidiar, porque es inadmisible que en sociedades supuestamente democráticas, en las que los derechos de todos están en teoría garantizados, haya gente a la que se eche de sus casas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler, y que tengan que delinquir para poder tener un techo bajo el que dormir.

Es preciso también analizar el tópico habitualmente repetido por la derecha sobre Okupación e inmigración. Por ejemplo, según el periódico de derechas LibertadDigital, el 84% de los okupas son inmigrantes, y en el congreso y medios de comunicación, las fuerzas no cesan en alegar una correlación directa entre delitos de okupación y número de inmigrantes. Para empezar, no es posible saber si esta información es cierta o no, ya que los informes públicos oficiales normalmente no incluyen la nacionalidad de las personas culpables del hecho delictivo, así que bien puede ser verdad lo que afirman estas fuerzas políticas, o no.

Sí que es cierto, sin embargo, que las asociaciones okupas ofrecen una cantidad mayor de servicios pensados para la población inmigrante como talleres, o clases para aprender el idioma. Pero esto ocurre simplemente porque estas personas realmente lo necesitan. Los colectivos tradicionalmente racializados han sufrido históricamente la estigmatización por parte de una amplia mayoría de la sociedad (alentada, por supuesto, de arriba hacia abajo), lo que ha llevado a la marginalización institucional de estos colectivos, dificultándoles de manera extrema o incluso impidiéndoles el acceso a sus necesidades básicas, lo cual les ha llevado a tener una mayor incidencia en la criminalidad y a tener que recurrir a la ayuda de las asociaciones okupas o directamente a formar parte de ellas, ante la ausencia de soporte por parte del Estado y las instituciones públicas.

Al hilo de este asunto, me gustaría que quedase claro que el hecho de ser inmigrante no es un factor motivante para la comisión de un delito. El hecho de que exista un supuesto mayor porcentaje de inmigrantes que delinquen se debe, principalmente, al hecho de que pertenecer a una comunidad racializada y estigmatizada implica que se imponga sobre ellos una mayor vigilancia, lo cual hace que se recojan más casos de delitos perpetrados por población inmigrante que por población autóctona, si bien el porcentaje real es bastante similar. El verdadero factor motivante para que una persona inmigrante cometa un delito no es el hecho en sí de ser inmigrante, sino su situación de irregularidad administrativa en un país [Varona, Zuloaga, Francés – 2019]. Las investigadoras a las que acabo de citar, Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés, en su libro Mitos sobre Delincuentes y Víctimas, lo ven claro: “Los estudios afirman que las personas migrantes delinquen por las mismas razones que los autóctonos en la mayor parte de lugares del mundo: Carencias laborales, falta de vivienda y déficit en las redes sociales de apoyo (debido a la estigmatización social). Además, su perfil sociodemográfico (Jóvenes y hombres) se corresponde con el perfil sociodemográfico que cae en las redes de control social e ingresa en prisión. En otras palabras: Las personas migrantes no delinquen por su nacionalidad extranjera, sino por reunir en una proporción mayor a la media autóctona las condiciones de ser hombres, jóvenes y de clase socioeconómica baja” [Varona, Zuloaga, Francés – 2020].

  1. LA VIVIENDA, ¿DERECHO O NEGOCIO? INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO INMOBILIARIO.

Llegados a este punto del artículo, creo que todo el mundo ha podido entender que existe un problema, un problema grave, que ataca a una de las necesidades más fundamentales de todo ser humano. Ante esto, ¿Qué hacer?

Cuando en nuestra sociedad existe una necesidad, se puede enfocar de dos maneras, dependiendo de la ideología socioeconómica que se defienda: Planteándola como un derecho, o planteándola como un negocio. El enfoque que se otorgue a la cuestión es clave, porque determinará el modo en que se gestione el recurso.

Los principales defensores del enfoque de negocio respecto a la vivienda son del estilo de “es que es la ley del mercado, no hay nada que hacer”, “La oferta y la demanda se regulan solas en un mercado libre” o “Regular los precios destruiría el mercado”. Bueno, dejando de lado que estos argumentos son fácilmente desmontables debido a su clara falsedad (comprobable mediante lógica y mediante la observación de experiencias de intervención pública del mercado en países extranjeros), el asunto es que los que defendemos enfocar el mercado inmobiliario como un derecho estamos en contraposición de la propia idea de mercado inmobiliario. Me explico, cuando se dice “regular los precios destruirá el mercado”, nuestra reacción viene dando a entender que nos da igual que se destruya el mercado, y ya no es sólo que nos dé igual, es que es justo lo que buscamos, dejar de enfocar la vivienda como un mercado en la medida que esto implica un modelo cuyo objetivo es la generación de beneficios y no garantizar una vivienda a todos los ciudadanos, porque esa visión de mercado competitivo por naturaleza implica necesariamente vencedores y perdedores, gente que se enriquece cada vez más a costa de otra gente que se queda sin casa. Por eso defendemos la abolición del mercado en el sector inmobiliario, y enfocar la vivienda del mismo modo que se enfoca la sanidad o la educación (de momento).

Aquí quiero hacer un llamamiento a la izquierda socialdemócrata y a los que representan a la izquierda en los debates y tertulias televisivas: ¿Por qué conformarse sólo con la regulación? ¿Por qué ese miedo a abolir el mercado privado en el sector inmobiliario? ¿Por qué ese miedo a la palabra expropiación? ¿Qué problema hay en plantear un mercado público de la vivienda?

Esta última pregunta plantea lo que, como marxista-leninista, defiendo, un mercado inmobiliario exclusivamente público que garantice el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía, estableciendo precios justos y proporcionales a la renta de cada hogar. Porque para acabar con los problemas actuales del mercado inmobiliario es necesario cambiar la filosofía intrínseca a este mercado. La regulación no llega, porque se demuestra insuficiente a la hora de afrontar ciertos problemas, porque no elimina el carácter de negocio del sector de la vivienda, y porque permite que siga habiendo personas cuyo beneficio nazca de vender una necesidad básica a ciudadanos que muchas veces no pueden pagarla.

Mi conclusión final: Frente a la especulación, mercado público de la vivienda. Frente a la explotación y al enriquecimiento de unos pocos a costa de la venta de nuestras necesidades: Socialismo.

FUENTES

  • Radiografía del Mercado de la Vivienda –
  • El Mercado de la Vivienda en España entre 2014 y 2019 – Dirección General de Economía y Estadística, Banco de España.
  • Turismo Masivo. Cómo empobrece a las clases populares y subyuga a la economía nacional – Pablo Molejón, nuevarevolucion.es
  • Mitos sobre Delincuentes y Víctimas, argumentos contra la falsedad y la manipulación – Gema Varona, Lohitzune Zuloaga, Paz Francés.
  • The Precariat, The New Dangerous Class – Guy Standing.
  • El Drama de los Alquileres. En 7 minutos – Pol Andiñach “Cuellilargo” (Vídeo).
  • Sindicat de Llogaters.
  • Idealista
  • Ministerio de Fomento.
  • eldiario.es
  • Diario Público.
  • Libertad Digital.

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