Paralelamente a este proceso inflacionista de las últimas semanas hemos visto como las empresas del IBEX-35 presentaban sus cuentas de resultados del pasado ejercicio 2021 con unos beneficios en algunos casos históricos. Correlativamente las personas que presiden estas compañías, así como las que ostentan las funciones ejecutivas de las mismas, veían como sus emolumentos crecían con respecto a 2020 de forma, digámoslo de forma suave, obscena.
Por Pedro Labrado
El mes de febrero se ha cerrado con un dato que, consecuencia de la vorágine informativa de traiciones y golpes de mano en el Partido Popular y de tambores de guerra en el este de Europa, ha quedado relegado a un segundo plano, la inflación interanual en el mes de febrero se ha disparado en España hasta el 7,6%. Todas las noticias derivadas del conflicto bélico desencadenado por Putin apuntan a que este dato a corto plazo se va a consolidar abriendo un escenario inflacionario de consecuencias impredecibles.
Cuando esta escalada de precios inició su andadura, multitud de sesudos analistas vaticinaban que se trataba de algo coyuntural apoyados en la observación de la evolución de la inflación subyacente (la que excluye los elementos más volátiles de la estadística) que estaba contenida en su evolución. Evolución de los precios de la energía, más guerra, más otra evolución negativa de los precios de la energía hacen pensar que los vaticinios tan optimistas de los sesudos analistas “expertos” no se van a cumplir y no va a ser una situación coyuntural, sino que se va a consolidar en los próximos meses ya que seguimos viendo evoluciones muy alcistas del precio de los recursos energéticos con récords en las cotizaciones del barril de petróleo y del gas natural así como en el precio del megavatio en toda Europa, y ya también de algunas materias primas, cereales y semillas. Parte es consecuencia directa del conflicto bélico y parte consecuencia de que a río revuelto ganancia de pescadores o de oportunistas o de listillos o de especuladores.
Dicho lo anterior, lo que no hace falta predecir y es ya una realidad constatada es que los trabajadores y trabajadoras han perdido en un año un importante porcentaje de su poder adquisitivo y a corto plazo lo van a seguir perdiendo si no se toman medidas. Cada mes que pase con este escenario inflacionista se va a hacer más urgente poner en marcha una política de rentas que compense o al menos atenúe las consecuencias de la evolución de esta variable económica.
Por un lado, el gobierno tendrá que decidir que hace con el personal del sector público en cuanto a la actualización de sus nóminas, cuándo y en qué medida. Igualmente tendrá que decidir la actualización de pensiones que está regulada desde el 29 de diciembre de 2021, con efectos desde el 1 de enero de 2022, por la Ley 21/2021 de 28 de diciembre cuya finalidad era entre otras la garantía del poder adquisitivo de las mismas.
Por otro lado, en el sector privado de la economía se va a hacer cada vez más urgente un pacto de rentas para amortiguar el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de trabajadores y trabajadoras. Con urgencia sindicatos y organizaciones empresariales se deben sentar para acometer este reto que amenaza con lastrar la recuperación económica tras la crisis pandémica y volver a castigar duramente a las clases menos favorecidas. No sería de recibo que el coste de esta situación recaiga de nuevo en exclusiva sobre los hombros de trabajadores y trabajadoras.
Paralelamente a este proceso inflacionista de las últimas semanas hemos visto como las empresas del IBEX-35 presentaban sus cuentas de resultados del pasado ejercicio 2021 con unos beneficios en algunos casos históricos. Correlativamente las personas que presiden estas compañías, así como las que ostentan las funciones ejecutivas de las mismas, veían como sus emolumentos crecían con respecto a 2020 de forma, digámoslo de forma suave, obscena. Así la presidenta del Santander vio incrementados sus emolumentos en un 51,9%, pasó de cobrar 8,09 millones de euros en 2020 a 12,29 millones en 2021; su consejero delegado un 41,6%, de 6,87 a 9,73 millones de euros; el presidente del BBVA vio incrementada su retribución en un 80,7%, de 4,34 a 7,84 millones de euros. En resumen, el sector bancario elevó la retribución de estos cargos de media un 75% en 2021. No se quedaron atrás en otros sectores como el eléctrico que vio durante el pasado año incrementar sus beneficios de forma significativa remunerando a sus direcciones de forma correlativa, así el presidente de Iberdrola vio incrementada su nómina un 8,23% el último año o el de Naturgy en un 9%. Todas estas personas no han perdido poder adquisitivo, que ya tenían alto y que van a mantener en los próximos meses, pero sí discutieron y presionaron para que la organización que les representa, la CEOE, no cediera ante la subida del SMI a 1000 €, que era una subida de tan sólo el 3,63%. El pastel se sigue repartiendo como siempre, los pedazos grandes para la minoría que de partida ya tiene más y las migajas para la mayoría a la que siempre le tocan estas.
Los sindicatos no deben pedir en las mesas de negociación subidas salariales similares a la de la presidenta del Santander o del presidente del BBVA, pero desde luego no olvidarse de estos datos cuando exijan que trabajadoras y trabajadores no pierdan poder adquisitivo otra vez.
La fuente de los datos sobre remuneraciones de las direcciones de las empresas mencionadas son las memorias de dichas empresas colgadas en los sitios web de cada una de ellas.
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