PSOE y PP amparándose en un informe jurídico de los letrados del Congreso han rechazado una Proposición de Ley para limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado, recogida en la Constitución
Por Puño en Alto
En su día, PSOE y PP, aparcaron sus diferencias si las tuvieran, para juntos aprobar deprisa y corriendo una modificación de la Constitución. En aquel tórrido mes de agosto de 2011, con alevosía y casi con nocturnidad se modificó el artículo 135 de la Constitución, una reforma con un profundo calado económico y social, que supuso que se introdujera el concepto de la estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado.
A nadie se le escapa que ha sido principalmente la figura de la inviolabilidad recogida en la Constitución la que ha evitado que el aún rey emérito sentara sus reales posaderas en el banquillo de los acusados para dar cuenta ante la Justicia sobre sus delitos presuntamente cometidos durante su reinado. Andanzas que a la postre originaron la mayor crisis institucional de la democracia.
Al parecer nada de lo ocurrido, ya ampliamente documentado, ha hecho reflexionar a los grandes partidos PSOE y PP y siguen en sus treces de mal proteger a la corona, demostrando que eso de la transparencia de la monarquía no va más allá de una pose.
Ahora de nuevo, aparcando sus diferencias si las tuvieran, PSOE y PP amparándose en un informe jurídico de los letrados del Congreso han rechazado una Proposición de Ley para limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado, recogida en la Constitución.
La sacrosanta estabilidad presupuestaria y la predominancia del pago de la deuda, a pesar de las graves consecuencias sociales y de recortes que originó, fue suficiente para ambos partidos como para introducirla en la Constitución mediante un procedimiento urgente de reforma constitucional. Al parecer la grave crisis institucional creada por las andanzas del emérito durante su reinado, no es suficiente para que mediante un procedimiento similar se reformara la Constitución para eliminar la inviolabilidad en todos sus actos inherente al Jefe del Estado, que es lo más parecido al medievo derecho de pernada.
Para PSOE y PP la transparencia en la Jefatura del Estado, que debe regir en todo estado democrático, no es tan sacrosanta como la estabilidad presupuestaria y la predominancia del pago de la deuda como para proceder a una reforma constitucional. Pensarán, PSOE y PP que no merece la pena abrir un procedimiento para modificar la Constitución que afecte a una sola persona.
Pero si las actitudes de súbditos de PSOE y PP no son entendibles desde el punto de vista democrático, menos lo es aún, la actitud complaciente del rey Felipe VI. Si de verdad estuviera por modernizar y democratizar algo la monarquía, debería ser él mismo quien públicamente exigiera la reforma constitucional necesaria para eliminar la inviolabilidad de sus actos. Pero eso, es pedir peras al olmo, para quien el único mérito que tiene para ser Jefe del Estado es haber nacido en el seno de la familia (¡y vaya familia!) donde ha nacido.
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