La degradación del mundo laboral es, junto a la degradación de los servicios públicos, el vaciado de los derechos fundamentales o la polarización del debate público, una palanca preferente para aquellos que pretenden el control sobre la vida democrática.
Por Ricard Bellera | 21/12/2023
Una buena parte del día la dedicamos a nuestra actividad laboral. El trabajo nos ofrece un espacio de socialización al que dedicamos la mayor parte de nuestra vida adulta. La calidad de nuestro empleo tiene por tanto una relación directa con nuestra calidad de vida, pero va incluso más allá. El reconocimiento profesional, la capacidad de intervenir en la organización del trabajo, la suficiencia de una renta que facilite autonomía y emancipación o el acceso a la formación permanente, son además cuestiones que van íntimamente ligadas a la capacidad de participar y reconocerse en el ejercicio de los derechos democráticos. Un trabajo precario o penoso, con poca o nula consideración, mal pagado y rígido en su organización, promueve el agravio y acaba por minar la autoestima. Hace así sitio al agravio y la desconfianza y puede acabar por favorecer una percepción negativa de la democracia, a la que se puede llegar a percibir como poco inclusiva, postiza o elitista.
En esta lógica la degradación del mundo laboral es, junto a la degradación de los servicios públicos, el vaciado de los derechos fundamentales o la polarización del debate público, una palanca preferente para aquellos y aquellas que pretenden el control sobre la vida democrática. Promover la incertidumbre y la precariedad laboral ha sido y sigue siendo hoy la apuesta más firme por parte de déspotas y cresos, para promover la división, la dependencia y el adocenamiento de las clases populares. En el sentido contrario, la mejora de la calidad del trabajo promueve y cimenta la mejora de la calidad democrática. Es en este contexto en el que los indudables avances realizados por el gobierno de progreso en el ámbito de la calidad del empleo a lo largo del mandato anterior, suponen la más firme apuesta por imbuir, a medio y largo plazo, algo de serenidad y profundidad a una convivencia democrática que, hoy por hoy, está bajo presión permanente.
Dado el carácter inconstante de la economía, y muy especialmente el de la nuestra, las trayectorias laborales no son constantes, sino que se pueden enfrentar a numerosas intermitencias. La calidad de la vivencia laboral se puede ver especialmente comprometida por estos periodos de desempleo que acarrean la estigmatización como ‘parado’, y el haber de enfrentarse la persona trabajadora con un entramado de incertidumbres, estigmas y suspicacias que pueden llegar a resultar denigrantes, pero que a lo largo de los años han llegado a normalizarse. La falta histórica de preparación y visión por una buena parte de los empresarios de nuestro país, se ha suplido por un sistema intensivo en mano de obra, y por la disposición normativa y política de un voluminoso ‘ejército de reserva’ que presionaba sobre las condiciones laborales, facilitaba el acceso selectivo y discrecional a la mano de obra, y ponía en solfa el ejercicio del derecho que dicta la Constitución en su artículo 35.
También en el ámbito de las políticas de desempleo, el gobierno ha operado un cambio importante y también aquí, como en el caso de la reforma laboral o de las pensiones, este ha respondido a los compromisos y estímulos en el marco de una política fiscal expansiva europea. Se hace así justicia a la situación inversa que rigió el periodo de la gran recesión, con políticas de contracción y austeridad que obligaban, desde Bruselas, a devaluar aún más los derechos laborales en nuestro país. La aprobación reciente de la reforma del subsidio de desempleo vía real decreto, introduce algunas mejoras importantes, tanto en lo relativo a la cuantía como al acceso a la ayuda que, en última instancia, perciben aquellos y aquellas que han agotado o no tienen derecho a una prestación de carácter contributivo. Las mejoras introducidas permiten una mejor alternancia entre subsidio y empleo, eliminando el mes de carencia y habilitando una cierta complementariedad.
Aún así hay cabe destacar dos elementos negativos que se han puesto de manifiesto en la previa a la aprobación de este Real Decreto. Por un lado la discrepancia en el seno del flamante gobierno y la complicidad de su parte más ‘liberal’ con el viejo esquema de la ‘causalidad’, eso es, la necesidad de establecer un carácter regresivo a las prestaciones para ‘forzar’ a las personas trabajadoras a poner más ahínco en su incorporación al trabajo. Pensar que el umbral de la pobreza severa al que condenan los subsidios actuales pueda promover la desidia de las personas desocupadas supone una rémora ideológica que encaja mal en una propuesta que pretenda ser ‘progresista’. Mejorar la prestación por desempleo, e incidir en paralelo en el refuerzo y mejora de los servicios públicos de empleo, de los programas y recursos para las políticas activas y en la lucha contra el edadismo y otras lacras instaladas en nuestro tejido productivo, debería suponer en este sentido la prioridad.
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