Juan Ramón Rallo responde a las preguntas de los columnistas de economía de Nueva Revolución

El economista Juan Ramón Rallo ha tenido a bien responder a algunas cuestiones de nuestros economistas de cabecera. Hemos aprovechado para hablar con él sobre la economía del bien común, sobre los costes laborales, sobre incrementos impositivos, el salario mínimo, alquileres y muchos más temas.

Han querido participar en este cuestionario especial Joan Ramón Sanchis, Jaime Nieto, Mario del Rosal, Chistian Orozco y la nueva columnista de economía, Belén Santa Cruz, que debuta con sus preguntas a Juan Ramón Rallo en Nueva Revolución.

Pasamos al cuestionario:

 Joan Ramón Sanchis. Catedrático de Organización de Empresas y Director Cátedra EBC Universitat de Valencia.

¿Que opinión le merece la sostenibilidad corporativa? y en el caso de conocer casos de empresas que están implantando el modelo de la Economía del Bien Común, ¿cómo valoraría los resultados que están obteniendo dichas empresas?

Juan Ramón Rallo: Si definimos ‘empresa’ en un sentido amplio, una empresa sería una asociación dirigida a satisfacer el interés de los promotores. Ese interés pude ser muy diverso: desde ayudar desinteresadamente a otros (ONG) al ánimo de lucro (accionistas en una sociedad anónima). La ventaja de una economía de mercado es que canaliza el ánimo de lucro hacia la generación de valor para terceros (siempre que los derechos de propiedad estén bien definidos y sean respetados). Ahora bien, los accionistas no sólo tienen por qué buscar el ánimo de lucro: pueden tener otros objetivos complementarios. Y si es así, las empresas tendrán que promoverlos internamente. Nuevamente, la ventaja de una economía de mercado es que muy distintos modelos empresariales son posibles en función de las motivaciones y de los intereses de sus promotores. Por consiguiente, no tengo nada en contra de la sostenibilidad corporativa como legítima estrategia empresarial que, como toda, deba pasar el test del mercado: sí tendría bastante en contra de ella si tratara de imponerse a aquellas compañías cuyos accionistas no comparten semejantes objetivos o no los consideran relevantes en su planificación financiera a largo plazo.

 Jaime Nieto, Economista, Máster en Desarrollo Económico. Actualmente estancia investigadora en University of Leeds.

Casi el doble de empresarios (25%) consideran su principal problema la insuficiente demanda frente a los costes laborales (14%) (Fuente). ¿Por qué oponerse entonces a un incremento salarial como el propuesto?

Juan Ramón Rallo: Primero, esa estadística suele malinterpretarse: si algunas empresas no crean empleo por un problema de costes laborales, habrá otras que (precisamente porque las anteriores no han creado empleo) tampoco lo crearán por falta de demanda (de entre los parados que no han accedido a un empleo por los altos costes laborales). Es el llamado efecto multiplicador que, en el fondo, no es otra cosa que una expresión de la Ley de Say (se demanda ofertando). Segundo, justo por lo anterior, aumentos salariales que no vayan acompañados de aumentos de la productividad pueden terminar destruyendo empleo tanto directamente (empleos perdidos por altos costes laborales) como indirectamente (efecto multiplicador de la destrucción de empleo). Por supuesto, no tengo nada en contra de alzas salarial sustentadas en aumento de la productividad: es lo que ha venido logrando el capitalismo desde hace dos siglos.

España tiene uno de los niveles de presión fiscal más bajos de la UE, solo por delante de algunos países de Europa del Este, Irlanda y Suiza. ¿Por qué habrían de huir las rentas altas del país por pequeños incrementos impositivos, teniendo en cuenta las grandes ventajas de permanecer en un mercado como el español y las rigideces que existen a su movilidad?

Juan Ramón Rallo: Las diferencias de presión fiscal entre España y la UE no se deben a la fiscalidad de las rentas altas, sino de las medias y bajas. Primero, los impuestos sobre el consumo son más altos en la UE. Segundo, los impuesto que recaen sobre los perceptores de transferencias estatales (pensiones, prestaciones de desempleo, ayudas a la dependencia…) también son más altos en la UE. Tercero, la distribución salarial es más alta en la UE y, por tanto, hay más “clases medias” en tipos marginales altos dentro del IRPF (para conseguir ese mismo efecto en España, dado que no pueden subirse masivamente los salarios por decreto, habría que elevar mucho los tipos marginales medios del IRPF).

Usted dijo en 2017 que subir el salario mínimo destruiría empleo. Sin embargo el paro ha seguido cayendo tras la subida del SMI del anterior Gobierno. 

Juan Ramón Rallo: Que el paro caiga no significa que no se haya dejado de crear empleo. Sería absurdo, por ejemplo, atribuir al Plan E o al salario mínimo la destrucción de empleo de 2009. Las variables dependientes suelen estar afectadas por múltiples variables independientes (no hay monocausalidad): que el efecto marginal de una de ellas sea negativo no significa que el efecto conjunto de todas ellas en un determinado momento histórico también lo sea. Necesitamos un análisis econométrico que aísle la influencia del SMI para determinar si su contribución fue positiva o negativa.

España es el país de con más casas vacías de la UE y al mismo tiempo el país de la OCDE en el que los alquileres se comen más proporción de la renta de las familias. ¿Ha funcionado bien el mercado en la asignación de recursos?

Juan Ramón Rallo: La mayor densidad de casas vacías no está en aquellas provincias donde más suben los alquileres. Según la última encuesta disponible (de 2011), las provincias con menor densidad de casas vacías son Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava (donde más suben los alquileres); las que tienen mayor densidad de casas vacías, Ourense, Lugo y Castellón (donde menos suben los alquileres). Si tienes oferta allí donde no hay demanda, ese exceso no solventa el problema de demanda insatisfecha allí donde no hay oferta. En todo caso, habría que plantearse por qué no se colocan esas casas vacías en alquiler y hay dos grandes motivos: a) inseguridad jurídica de los propietarios; b) estado ruinoso de esas casas (ausencia de capital para reconvertirlas).

Belén Santa Cruz. Economista y Periodista.

¿Cuál es su opinión respecto al proceso de automatización y su impacto en el mercado laboral y en el bienestar de los ciudadanos? Si bien en una fase posterior de este gran proceso transformador se pueden generar más puestos de trabajo, el número de empleo destruido en la primera fase de la revolución tecnológica obligará a los estados a adoptar nuevas medidas de protección si no queremos ver manifestaciones como las de los «chalecos amarillos»- Ya están  sobre la mesa medidas como una prestación de ingresos mínimos, una renta básica universal… En ese sentido, ¿cuáles serían sus propuestas para hacer frente a este importante cambio en nuestra sociedad?

Juan Ramón Rallo: Es verdad que las transiciones pueden ser complicadas. Ya lo fueron las transiciones del campo a la industria o de la industria a los servicios. No hay soluciones mágicas y, desde luego, frenar la transición no lo es en absoluto. Más bien, apostaría por acelerarla y por facilitar, por un lado, la adaptación de las personas a ese cambio (liberalizar la educación para que puedan acceder a educación adaptada a los nuevos tiempos) y, por otro, cubrirlas frente al riesgo de cambio (trasladar parte de su ahorro no a un sistema de pensiones ruinoso, sino a la inversión en la propiedad de las nuevas empresas nacientes).

Mario del Rosal. Profesor de crítica de la economía política en la Complutense.

Decía recientemente en un artículo en El Confidencial que “en la medida en la que el SMI se ubique por encima de la productividad marginal de un trabajador, habrá una fuerte tendencia a despedir”. ¿Me podría indicar cómo podría calcular esa productividad marginal una PYME para saber cuándo echar a un empleado? ¿Cree usted que esto preocupa más a la PYME que no tener clientes a quienes vender? En ese mismo artículo admite que no hay estudios concluyentes sobre el efecto del SMI sobre el empleo. Entonces, ¿por qué insiste en otros foros en que va a aumentar el paro y van a empeorar las condiciones de los trabajadores más precarios? ¿Por qué niega sistemáticamente que un mayor SMI podría estimular el consumo o que eso no sea importante? ¿Acaso hay pruebas empíricas de que la eliminación del SMI o su disminución sirvan para estimular el empleo? Si, según usted, no hay pruebas científicas fehacientes de sus efectos, ¿no sería igual de dogmático e ideológico (como dice usted) rechazar la subida del SMI que implantarla?

Juan Ramón Rallo: Cada vez que una pyme contrata a una persona se plantea si esa persona le va a reportar más ingresos que aquello que le cuesta contratarla. El empresario, claro, puede equivocarse en la estimación de ingresos: si lo hace al alza, tendrá pérdidas y acabará despidiendo al trabajador; si lo hace a la baja, tendrá beneficios extraordinarios que, en mercados medianamente competitivos, se disipan vía mayor competencia (menores precios o mayor puja por los factores infrarremunerados). Este ajuste dinámico es imposible con precios mínimos. Y es verdad que, en teoría, un salario mínimo no tiene por qué destruir empleo (si estuviéramos en mercados laborales monopsónicos). Pero: a) la evidencia con respecto a España apunta mayoritariamente en la dirección de que destruye empleo; b) existen herramientas menos peligrosas para el empleo y que permiten contrarrestar los mercados monopsónicos; por ejemplo, una mayor sindicación de los trabajadores (eso sí, sin privilegios estatales a los sindicatos). Al contrario, me parece tremendamente irresponsable defender subidas del SMI en una economía que todavía arrastra una tasa de paro del 14%.

En su influyente artículo The Principles of a Social Order, publicado en 1966, Friedrich Hayek, uno de los más conspicuos representantes de la Escuela Austriaca a la que usted se adscribe, afirmaba que, aunque liberalismo y democracia son potencialmente compatibles, el primero es preferible y, en caso necesario, debe asegurarse a través de una dictadura. En coherencia con esta idea, apoyó y colaboró con el régimen de Pinochet, como revela la carta enviada a el Times de Londres en 1978, donde decía “I have not been able to find a single person even in much maligned Chile who did not agree that personal freedom was much greater under Pinochet than it had been under Allende.” O en una entrevista en el periódico chileno El Mercurio en 1981 donde afirmaba lo siguiente: “Personally, I prefer a liberal dictator to democratic government lacking in liberalism.”. ¿Está de acuerdo con esta postura teórica y esta apuesta histórica?

Juan Ramón Rallo: Liberalismo y democracia son conceptos distintos y, en ocasiones, claro que pueden resultar antagónicos. El liberalismo se refiere a cuán limitado ha de ser el poder; la democracia, a cómo debe distribuirse ese poder. En ese sentido, coincido con Hayek en que la democracia puede ser en muchísimas ocasiones antiliberal: a saber, un poder absoluto (capaz de conculcar cualquier derecho individual) pero muy distribuido entre los votantes. Una tiranía de la mayoría, vaya. En lo que no coincido es en la idea de que un poder muy concentrado vaya a ser sostenidamente limitado en el tiempo. Hay muy pocos ejemplos de que ello sea viable (quizá el Principado de Liechtenstein). Por eso, mi preferencia es una democracia liberal: es decir, un Estado ultramínimo organizado de manera democrática.

En 2011, la Comunidad de Madrid le dio el premio Julián Marías por su trayectoria como científico social menor de cuarenta años. Le doy la enhorabuena, aunque me surge una duda al respecto. Teniendo en cuenta su rechazo frontal a la intervención del Estado en las decisiones y la vida de las personas, que opina que “el Estado es un parásito” y que, por supuesto, rechaza de plano las subvenciones, ¿no le resulta contradictorio aceptar un premio como éste, otorgado por una institución pública?

Juan Ramón Rallo: Entiendo que a uno le llame la atención pero, mínimamente analizado, creo que el razonamiento es tan malo como el que reprocha a los comunistas que usen un smartphone fabricado por empresas capitalistas y a través de la explotación laboral de los trabajadores. Podría haber una incoherencia si me comportara estratégicamente para recibir más transferencias del Estado (monetarias y en especie) que aquellos impuestos que yo regularmente he de abonar: ahí sí me convertiría en una especie de parásito neto. Pero si efectuáramos una cuenta de los impuestos pagados y de los servicios o transferencias recibidas, mi saldo sería enormemente negativo. No veo incoherente tratar de reducir un poco ese saldo negativo: lo contrario sería equiparar coherencia con maximizar el parasitismo estatal contra uno mismo.

Christian Orozco. Docente e investigador en la Universidad Central de Ecuador 

En la línea de Francis Fukuyama en su archiconocida obra El fin de la historia, ¿consideras que una sociedad cien por ciento capitalista en la que absolutamente todo se haya privatizado y se mueve con la lógica del mercado es el fin de la historia? ¿Existiría desde tu punto de vista algo más allá de una utopía ultraliberal?

Juan Ramón Rallo: La historia no se encamina necesariamente hacia ningún lado. Sí creo que cuanto más progrese moralmente la sociedad, más avanzaremos hacia el liberalismo integral, tanto en materia social como económica: pero nada nos garantiza el progreso social continuado de las personas.

En su extensa obra, Karl Polanyi demuestra de forma prácticamente irrefutable que la formación, permanencia y estabilidad de los mercados (capitalistas) está de la mano de la formación de los Estados, los cuales garantizan e incentivan la conformación de estos. En este sentido ¿por qué el liberalismo considera que Estado y mercado son antagónicos?

Juan Ramón Rallo: El Estado puede ser un instrumento necesario para garantizar el orden público (el rule of law). Ni siquiera esta afirmación me parece irrefutable (véase Against de Grain, de James Scott), pero tomémosla por buena. Como mucho, eso justificaría un Estado ultramínimo dedicado a garantizar el orden público y mientras ese Estado ultramínimo siga siendo tecnológicamente imprescindible para garantizarlo. Todo Estado mayor que ese, o más duradero que ese, serían radicalmente incompatibles con la libertad individual y, por tanto, contrarios al liberalismo. Si además tenemos en cuenta que los Estados tienden a desbordar en mucho ese tamaño ultramínimo, la tensión, e incluso incompatibilidad, entre Estado y mercado/sociedad civil resulta muy obvia.