Por una Ley de Descendientes Justa

Por Iván Batista Hernández

España es y ha sido históricamente un país de migrantes. Se estima que entre los años 1904 a 1915 hubo aproximadamente dos millones de migrantes económicos procedentes en su mayoría de Canarias y del norte de la Península Ibérica.

En un artículo de Blanca Sánchez Alonso publicado en el diario El País en el año 2001 se citan dos anécdotas que resultan paradigmáticas para entender el flujo migratorio de la época y que son a su vez irónicas en la tesitura actual. La periodista menciona así, que a principios del siglo XX en Argentina se había de regular la emigración procedente de España “dentro de los límites prudenciales”, mientras que en los Estados Unidos el Congreso nombró a los españoles “inmigrantes no deseables”.

Resulta un tanto ridículo que el debate actual sobre la migración en España gire entorno a la inmigración, especialmente a la procedente de países no hispanohablantes, y se centre en un relato en el cual España es país de acogida. Al menos, ese parece ser el objetivo de ciertos sectores del espectro político que instrumentalmente han metido un problema artificial en el discurso nacional, pero esta no es la realidad.

Entre un bosque lleno de datos, ideología, leyes, historia, academicismo sociológico e incluso en el miedo a un “efecto llamada” en el caso de ciertos votantes “muy españoles”, vive una población que ha sido olvidada por su propio estado desde hace siglos.

Lo que sí es cierto es que España tiene un problema de despoblación fruto de la situación de precariedad de la juventud, que en muchas instancias se ve forzada a abandonar su país, como pasase a principios del pasado siglo, en busca de un futuro mejor.

Para colmo, existe otra gran injusticia poco mencionada en los medios de comunicación, utilizada por todos los partidos políticos para hacer campaña en zonas como Latinoamérica, y que recientemente pareció ser solucionada hasta que el PSOE de Sánchez, el cual hizo bandera de defender la causa, enmendó una Proposición de Reforma del Código Civil tramitada en el 2018 por la senadora de Unidos Podemos Sara Vilá y aprobada por el 100% de la cámara baja, aplazando la posible implantación de la misma y desgarrando las ilusiones de un colectivo que lleva generaciones en lucha: el de los descendientes de españoles a los que se les niega la nacionalidad que les corresponde.

Juan Manuel de Hoz es representante del Ce.DEU (Centro de Descendientes de Españoles Unidos), una organización sin ánimo de lucro ni afiliación política con sede en varios países hispanoamericanos que lucha por acabar con esta injusticia social. “A diferencia de Italia, Alemania o Portugal, España no tiene una Ley de Nacionalidad para Descendientes, simplemente modificaciones puntuales y paulatinas al Código Civil”, nos cuenta de Hoz. Si bien defiende la Ley presentada por Sara Vilá, la cual reconocería la nacionalidad a todo hijo, hija, nieto o nieta de cualquier persona de española, y espera su implantación en la próxima legislatura a sabiendas de que tendrá a los socialdemócratas enfrente tratando de hacer de ella una “reforma inocua”, el portavoz del Ce.DEU propone una solución más fácil que se ha venido reivindicando a lo largo de la historia por diversos colectivos. “España necesita una enmienda permanente al código civil”, dijo de la Hoz que opina podría ser un buen comienzo para acabar con los problemas demográficos actuales como es el caso de la España Vaciada.

Actualmente un porcentaje considerable de descendientes españoles no son reconocidos: En este grupo se incluyen nietos de mujeres españolas, hijos mayores del grupo de personas a las que se les ha reconocido la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, nietos de varones nacionalizados en su país de acogida, y aquellos nietos de migrantes que, al no ratificar su nacionalidad tras cumplir la mayoría de edad, se la revocaron. Un problema muy grave si buscamos las causas, además de la inexistencia de una ley reguladora, es la falta de información de este sector de la población por parte de aquellas instituciones que deberían proveerla. De hecho, se llegan a dar casos de familias compuestas por españoles “reconocidos” en las que solo un miembro no es considerado tal a pesar de su empeño por nacionalizarse español, lo cual puede resultar “muy traumático” en palabras de Juan Manuel de Hoz.

Cuando hablamos de una Ley de Descendientes justa, no hablamos de números ni de patriotismo, más bien de una lucha centenaria por el reconocimiento de algo tan básico como es la nacionalidad propia, la cultura en la que te criaste, y mucho más.

Sobran historias personales, y faltan que estas sean reportadas y voluntad política para cambiar la situación.

Hablamos de familias, de tradiciones, de emigración y de los sueños rotos que esta  última suele conllevar. En resumen, hablamos de personas. Las pocas veces que se escribe sobre el tema o cuando los políticos tratan de analizarlo se tiende a perder de vista la sustancia del mismo. Entre un bosque lleno de datos, ideología, leyes, historia, academicismo sociológico e incluso en el miedo a un “efecto llamada” en el caso de ciertos votantes “muy españoles”, vive una población que ha sido olvidada por su propio estado desde hace siglos. Los y las descendientes son tanto o más españoles que muchos de los que hemos nacido en el Estado Español. Que no se les reconozca este hecho, que aunque inefable es indiscutible,  dice mucho de la falta de gratitud hacia los países de acogida de la época y de la poca empatía de nuestra sociedad hacia la gente que, por pura necesidad, se tuvo que marchar a éstos, perdiendo así su nacionalidad española por motivos laborales, pero no su sentimiento de pertenencia.

El migrante de izquierdas puede ver esta lucha como una de orgullo españolista, lo cual nos causa alergia, pero como he tratado de exponer anteriormente, esto dista mucho de ser así en la mayoría de los casos. Se trata de una lucha por acabar con una injusticia que perdura desde hace siglos y de aliviar los sentimientos diarios de desplazamiento, impotencia, vacío y a veces incluso soledad de una parte importante de la migración económica y su descendencia, que la cuál no olvidemos hubiese nacido en España igualmente si no llega a ser porque provenían de una familia de clase trabajadora forzada a dejar su país. Esta no es una lucha de “a ver quien cuelga la bandera más grande”, mucho menos de supremacismo español, es una lucha por las abuelas de muchas descendientes que, al igual que en su primer y posiblemente aterrante viaje en barco a Argentina donde, cabe imaginar, no tenían otro objetivo que sobrevivir una vez llegadas a puerto, lloraban de la misma manera que lo hacían cada vez que iban y volvían a España en avión “como visitante” años después.

Todo se resume en un sentimiento de alienación intergeneracional que podría prácticamente ser biológicamente hereditaria. La alienación de la emigración actual es exageradamente diezmada en comparación con la que la diáspora anterior a la nuestra sintió y que todos expresamos de cierta manera, por muy poco “patriotas” que nos consideremos, cada vez que decimos que nos gustaría volver a España si se dieran las condiciones, cada vez que nos quejamos de que en nuestro país de acogida no existe la sobremesa, o el verano, o la buena comida como la de “casa”.

Para la persona de derechas, la idea de que un descendiente pueda ser más español que ella puede parecerle un concepto abstracto e implausible

Cuando denunciamos lo difícil que es adaptarse y echar de menos a la familia, a pesar de disponer de todo tipo de tecnología que nos conecta a nuestro país de orígen, cuando nos manifestamos contra el voto rogado porque nos parece una injusticia, tendemos a olvidar a las generaciones pasadas que fueron a su vez ignoradas por el gobierno de la época. Dicho de una manera más egoísta e hispano centrista, para el que no quiera o pueda empatizar: La emigración actual está viviendo una serie de síntomas modernizados de lo que le pasó a la generación de principios del 1900, y puede que ello repercuta en que nuestros descendientes se vean en la tesitura de, por ejemplo, los miembros del Ce.DEU. Hijos y nietas de gente completamente olvidada, que huyendo de unas pésimas condiciones, lograron crear y mantener a sus familias sacrificandolo todo; desde su fuerza de trabajo a su pasaporte español. Sufrimiento y falta de sensación de pertenencia que se comparte generación tras generación

Para la persona de derechas, la idea de que un descendiente pueda ser más español que ella puede parecerle un concepto abstracto e implausible, quizás incluso una excusa trasnochada para poder irse a España sin necesidad de visado,  pero es pura realidad. Ahí radica la otra cara de la agridulce dicotomía que siente el descendiente de español no reconocido: una sensación de ternura al pensar en su crianza a pesar de la rabia y el dolor provenientes de una reivindicación continua de un hecho constatado.

Ya sean las abuelas contando historias de cómo eran Galicia, Catalunya, Canarias, o Euskadi en su época, cantando y bailando canciones típicas, preparando las tortillas que solo ellas sabían hacer tan bien o incluso cuando te vestían o arreglaban la ropa tradicional de las regiones de las que sus ancestros provenían, ninguno de los entrevistados para este artículo pudo contener la emoción al hablar de su infancia o de la injusticia que les supone no ser reconocidas como lo que son. La nacionalidad, argumentaría yo tras escuchar cada una de las historias, está más en la crianza y ascendencia que en el lugar de nacimiento.

Clara muestra de este argumento la podemos apreciar cuando hablamos con Pilar Pau Ara, psicóloga nacida y criada en Chile entre refranes, bailes, canciones y comida de la España de sus abuelos, procedentes de Euskadi y Catalunya a principios del siglo XX. Ella es miembro del Ce.DEU chileno, y aunque admite que no quiere emigrar a España, se le enciende la mirada y se enternece cuando habla de las costumbres inculcadas por sus abuelos. “Mi madre murió sin ver su sueño [que se le reconozca su nacionalidad] cumplido”, decía con lágrimas en los ojos. Ella, como muchas otras, lucha por ver el sueño materno materializado y por el derecho visitar la tierra de sus abuelos sin necesidad de visado a causa de la que ella llama la “Ley retrógrada de trogloditas” vigente en España.

Sobran historias personales, y faltan que estas sean reportadas y voluntad política para cambiar la situación. Tratemos de arrojar algo más luz a ese bosque academicista tintado por la ideología superficial de las banderas y nuestra propia opinión de la divisoria idea de “nacionalidad” frente a la unitaria de “clase”.

Hablemos de una mujer hispano-chilena. Su nombre es Ángeles y actualmente, desde hace poco más de dos años vive en España. A pesar de haber sido criada en Caracas y ser segunda generación consiguió algo con lo que muchos miembros del Ce.DEU sueñan: la nacionalidad española. El problema es que sus hijos, al ser tercera generación, tenían que ratificar su nacionalidad a la mayoría de edad y, al no hacerlo, la perdieron. Seas de la ideología que seas, una familia dividida donde unos tienen derecho a ir a su país de origen mientras otros no, es algo inconcebible a nivel racional.

“A mi mamá la vi morir joven sin ella conocer España a pesar de criarse en una casa española. Fue un tema pendiente que tengo que lograr yo”

Otra mujer, y su caso es muy similar al de Pilar Pau: Florencia Carrín, cuyos abuelos maternos emigraron a Argentina a principios de los años 30 por motivos económicos. Para conseguir trabajo como hizo a su vez el de Pilar Pau en Chile, su abuelo tuvo que nacionalizarse argentino acabando con la posibilidad de que su descendencia fuera considerada española. eso no quita su sentimiento de ser española, de hecho, la casa donde se crió era conocida en su zona como “la Casa de la Gallega”. Su lucha es también una continuación de la lucha de su madre. No solo identitaria, también justa. “A mi mamá la vi morir joven sin ella conocer España a pesar de criarse en una casa española. Fue un tema pendiente que tengo que lograr yo”, dijo sobre el reconocimiento de nacionalidad. Carrín denunció también el uso indiscriminado de las descendientes como argumento político. “Se usa en el momento que les [a los políticos] hace falta. En campaña sobre todo.”

A pesar de ello, las cuatro miembros del Ce.DEU reconocen que hay políticos que sí han apoyado enormemente su causa de manera desinteresada. De Podemos, destacan que Vilá cumpliese con lo prometido y presentase la Proposición de Ley y agradecen la participación de Txema Guijarro; por parte de Izquierda Unida (Federación de Exterior) reconocen el trabajo del coportavoz Eduardo Velázquez, que se reunió con diversos colectivos de descendientes junto a Vilá para presentar dicha Proposición. De igual manera, mencionan así a Marcial Gómez de Cs, Ana Vázquez del PP, y Ana Surra de ERC e incluso a Iván Espinosa de los Monteros de VOX con su apoyo implícito a dicha ley. Una paleta de diversos colores y familias políticas que rara vez, por no decir nunca, coinciden ideológicamente. De hecho, era normal en las reuniones del colectivo tener a representantes de ideas antagónicas, como podían ser Unidas Podemos y Partido Popular o Esquerra Republicana y Ciudadanos. La única formación que no pisaba esas reuniones era el Partido Socialista Obrero Español, estos preferían las reuniones en solitarios. En cualquier caso cabe destacar que todas las formaciones representadas en el hemiciclo, con la incógnita del PSOE, quieren impulsar una ley que ampare el derecho del reconocimiento de nacionalidad a un colectivo luchador al que tenemos mucho que agradecer.