En la rebelde y solidaria Burlata no tardó en correr como pólvora la noticia, y en cuanto se retiraron los guardias civiles ya habían colocado una ikurriña -que no fue legalizada hasta comienzos de 1977, con un crespón negro, en señal de duelo, un ramo de flores y un cartel denunciando la actuación de la benemérita
Por Angelo Nero
El 10 de octubre de 1976, hace 46 años ya del suceso, cuando el antiguo secretario general del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, llevaba apenas tres meses en la presidencia del gobierno, pilotando la primera etapa de ese tremendo espejismo que fue la Transición, siendo también ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, que también ocupó diversos cargos en la dictadura, entre ellos el de jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general de la Organización Sindical o gobernador civil de Barcelona, y que había sucedido en el cargo a otro de los pesos pesados del franquismo, Manuel Fraga Iribarne. En este contexto, en el que urgía la operación de maquillaje del régimen -de Ley a Ley- para seguir con la máxima gatopardista de “tutto cambia perché nulla cambi”, que todo cambie para que no cambie nada, fue asesinado en Burlata, una población aledaña a Pamplona, el joven Francisco Javier Alonso Castillejo, “Paquito”, alcanzado por los disparos que varios miembros del servicio de información de la guardia civil le realizaron por la espalda, cuando trataba de escapar de sus captores, muy cerca del domicilio familiar, en la calle General Mola -el Director del golpe de estado del 36- que actualmente se llama Merindad de Sangüesa.
La comandancia de la guardia civil facilitó la siguiente nota de prensa: “A las ocho horas del domingo, una pareja de la Agrupación de Tráfico de esta 521 comandancia, detuvo en el km 2 de la carretera N-111, término de Pamplona, un coche Seat 124, matricula de Victoria, que provocó las sospechas de la citada fuerza. Iba ocupado por Ángel María Rodríguez Rodríguez, de 18 años de edad, soltero, residente en Burlada, y de Francisco Alonso Castillejo, alias “el Paquito”, de 24 años de edad, soltero, residente en Burlada, con numerosos antecedentes como delincuente habitual, entre los que figuran 42 diligencias por sustracción de vehículos y 16 por delitos de robo, quedándose detenido el primero, y dándose a la fuga el llamado Francisco Alonso Castillejo, pese a las numerosas intimidaciones de la fuerza actuante.» Aunque testimonios posteriores confirmaron que «no eran dos sino tres los jóvenes que huían, uno de ellos fue herida de bala en un brazo pero pudo escapar».
Posteriormente, miembros de la misma Agrupación, continuando las gestiones, localizaron al huido sobre las 13:15 horas en la localidad de Burlada, dónde de nuevo se le conminó a entregarse repetidas veces con las voces de “alto a la guardia civil”, por lo que la citada fuerza hizo unos disparos, en el momento en el que el fugado saltaba una verja metálica, alcanzándole uno de estos disparos y cayendo herido, siendo trasladado en una ambulancia al hospital provincial de Navarra, en el que ingresó ya cadáver.”
Hasta aquí la versión oficial, que fue reproducida al día siguiente en la prensa de Madrid, con el titular: “Un joven, delincuente habitual, muerto por la guardia civil”. Lo que no recogía la prensa era el testimonio de varios testigos que señalaron que en el muro que “Paquito” trató de saltar en su huida se pudieron contar entre 20 o 25 impactos de bala efectuados por un subfusil ametrallador Star Z-70, arma reglamentaria de la Benemérita entonces. Se daba la circunstancia, además, de que el joven apenas podía correr, ya que se había lesionado los dos tobillos recientemente, por lo que podrían haberlo capturado sin necesidad de abrir fuego contra el. Pero lo hicieron, como con muchas de las víctimas de la Transición Sangrienta. La huerta donde cayó su cuerpo quedó regada con su sangre y con un buen número de casquillos de 9 milímetros. Una de las balas le entró por la espalda, a la altura del corazón, hiriéndole de gravedad, y murió desangrado en el suelo, ya que la ambulancia tardó una hora en llegar al lugar de la tragedia, mientras los guardias civiles impedían que nadie atendiese a Francisco Alonso. No llegó con vida al hospital.
En la rebelde y solidaria Burlata no tardó en correr como pólvora la noticia, y en cuanto se retiraron los guardias civiles ya habían colocado una ikurriña -que no fue legalizada hasta comienzos de 1977, con un crespón negro, en señal de duelo, un ramo de flores y un cartel denunciando la actuación de la benemérita. Había pasado poco más de una hora cuando una nutrida concentración de vecinos de Burlata salió a recorrer sus calles en manifestación de repulsa. Los bares de la localidad echaron el cierre, y este se hizo extensivo a Pamplona, donde también cerraron los cines como muestra de solidaridad con la familia. También en la cercana población de Villaba se suspendieron sus fiestas patronales, con cierre de bares, discotecas y barracas, como recoge la prensa de la época.
Francisco Alonso Castillejo había nacido en Imarkoain, un 27 de julio de 1952, hijo de Antonia y de Canuto y tenía una larga lista de antecedentes: “Por hurto de galletas pasó a disposición del Tribunal Tutelar de Menores en 1963. Dos años después pasó pasó a disposición de la misma autoridad por hurto de rodamientos. Después de ser puesto a disposición de la misma autoridad un año después, por hurto de ciclomotor, en el año 1968 pasa a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia por hurto de vehículo y estar fugado del domicilio paterno. Igualmente es reclamado por el Juzgado de Instrucción de Aoiz por dos robos. Finalmente en el año 1971 es detenido por diferentes hechos delictivos, fugándose del calabozo de la comisaria de Pamplona. Fue detenido el mes siguiente en San Sebastian, resultando encartado en 42 diligencias por sustracción de vehículo y 16 delitos de robo en las provincias de Navarra, Vitoria y San Sebastián.” O sea que “Paquito” era todo un enemigo público número uno, que ya desde el robo de galletas a sus apenas once años ya merecía estar en la mira de los subfusiles de la guardia civil.
A pesar de todo esto, la misma tarde de su asesinato de se celebró una asamblea en la parroquia de San Blas, en Burlata, de donde salió una manifestación encabezada por una ikurriña con un crespón negro. La guardia civil, el mismo cuerpo que había acabado con la vida del joven, volvió a las calles de la localidad navarra, con la intención de impedir la manifestación de protesta, y no dudó en emplear abundante material antidisturbios para reprimirla, produciéndose enfrentamientos con los vecinos, que intentaron defenderse montando barricadas.
Los medios de comunicación del régimen se abrazaron a la versión oficial, señalando el historial delictivo de “Paquito”, a pesar de que todos eran delitos menores, justificando la actuación de la guardia civil e intentando desactivar las muestras de solidaridad que se habían extendido por toda Navarra, con paros en las principales fábricas, manifestaciones en Pamplona y otras localidades navarras, y condenas del Consejo de Trabajadores de Navarra. Incluso al lunes siguiente el ayuntamiento de Burlata, presidido por el franquista Rafael Gurrea (que llegaría a ser presidente de la derechista Unión del Pueblo Navarro) se vio obligado a convocar un pleno extraordinario, a lamentar el hecho y a pedir la apertura de una investigación. Esa investigación nunca llegó, nadie fue juzgado.
El funeral, realizado en la iglesia de San Juan de Burlata, fue multitudinario, tanto que el templo se quedo pequeño para albergar a los vecinos que quisieron dar su ultimo adiós a Francisco Alonso, y muchos aguardaron a las puertas para acompañar a la familia al cementerio. También aguardaba una fuerte presencia de la guardia civil y de la policía armada. Miles de burladeses hicieron el camino hacia el cementerio, llevando a hombros el ataúd, y la comitiva realizó dos paradas: una de ellas frente a los numerosos vehículos policiales estacionados en las inmediaciones de la iglesia, y la segunda frente al domicilio de un guardia civil que, según los testigos, había participado en el asesinato.
Al regreso del entierro una nueva manifestación volvió a recorrer las calles de Burlata, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de orden público. Dos días después serían detenidos dos de los curas de la parroquia de San Blas, acusados de haber participado en las asambleas populares.
En 2016 el ayuntamiento de Burlata, con motivo del cuarenta aniversario del suceso, colocó una placa en el lugar donde murió “Paquito”, con el siguiente texto, en euskera y castellano: «En memoria de Francisco Alonso Castillejo, muerto por disparos de la Guardia Civil. 10 de octubre de 1976. Ayuntamiento de Burlata». Una declaración institucional del consistorio burladés, reconocía a Castillejo «como víctima de la violencia policial, por ello traslada a sus familiares su afecto y solidaridad tras estos cuarenta años de olvido institucional». A la vez que exigía «al Gobierno del Estado español que respete la voluntad mayoritaria que expresó el Parlamento de Navarra con la aprobación de la denominada ‘Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’. Por ello le requiere que retire su recurso tramitado ante el Tribunal Constitucional, para que de esta manera la familia de Francisco Alonso Castillejo vea reconocidos los derechos que les corresponden como victimas de ésta violencia que son».
Desde Burlata han querido completar el relato: «El padre de Paquito era un prófugo por haber sido mando en el ejército republicano. Estuvieron unos 10 años deambulando por cuevas y ríos en la ribera con toda la familia, hasta que pudieron asentarse en Marcilla pero la guardia civil detuvo al padre y lo encarceló varios meses. Además les echaron del pueblo. Pasaron una vida muy dura con muchas penurias en la que la muerte de Paquito fue un gran palo porque ya habían logrado acceder a una vivienda. El trato que les dio el gobernador civil fue humillante, responsabilizando a los padres de la muerte de su hijo. Su padre desde entonces no levantó cabeza. Su hermana Conchi estaba embarazada en ese momentos, pero perdió la criatura en un aborto derivado de las tensiones. Esperemos que la ley para las víctimas policiales pueda paliar un poco este terrible sufrimiento que han pasado.»
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