Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas cometieron crímenes de derecho internacional contra migrantes y no han garantizado investigaciones efectivas y transparentes.
Por Contramutis
Amnistía Internacional denuncia que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas cometieron crímenes de derecho internacional el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla con Marruecos al intentar saltar los migrantes la valla y pasar a España.
En un informe titulado “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”, Amnistía dice que las autoridades de ambos lados de la frontera no han garantizado investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió ese día. Considera que es una deplorable omisión de las autoridades españolas y marroquíes para establecer la verdad y garantizar la justicia para al menos 37 personas subsaharianas fallecidas y otras 77 en paradero desconocido y lo considera “encubrimiento”.
Las autoridades marroquíes, en lugar de apoyar a las familias y las ONG para que lleven a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas, han hecho que estas iniciativas resulten prácticamente imposibles.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y los malos tratos infligidos a personas refugiadas y migrantes y, hasta la fecha, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido”.
“Esto denota encubrimiento y racismo, y añade sal a heridas ya dolorosas. Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo que ocurrió ese día para impedir que vuelva a suceder”, ha añadido.
A partir de declaraciones de testigos presenciales, de material videográfico e imágenes de satélite, el informe de AI describe un panorama detallado y desgarrador de lo que ocurrió cuando 2.000 personas migrantes y refugiadas intentaron entrar en Melilla por el paso fronteriza conocido como “Barrio Chino”. Ante la falta de transparencia de ambos gobiernos, Amnistía Internacional escribió tanto al gobierno marroquí como al español para pedirles que compartieran información sobre el mandato y el estado de las investigaciones. La organización también compartió con ambos gobiernos un resumen de las conclusiones en noviembre. No se ha recibido respuesta alguna.
Hechos previsibles y evitables
El informe dice que los hechos ocurridos ese día eran previsibles, y la pérdida de vidas evitable, Revela que, en los meses y días previos al 24 de junio, personas refugiadas y migrantes en los alrededores de Melilla sufrieron un incremento de los ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes. A muchas les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que impulsó a miles de personas a caminar hasta la frontera, donde las autoridades marroquíes y españolas les respondieron con fuerza ilegítima y letal.
Cuando se acercaban, la policía les arrojó piedras y disparó gas lacrimógeno contra ellas en espacios cercados. Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad.
Unas 400 personas fueron acorraladas por las fuerzas de seguridad marroquíes en una pequeña zona vallada. En colaboración con el Evidence Lab de Amnistía Internacional, un modelo de 3D inmersivo y la reconstrucción visual de los hechos ofrecen una perspectiva escalofriante de los acontecimientos y de la actuación de las fuerzas de seguridad, que podría constituir tortura y podría haber dado lugar a homicidios ilegítimos.
Ni las autoridades marroquíes ni las españolas prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, e incluso negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja, mientras decenas de personas quedaban desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.
Una de las personas entrevistadas dijo a Amnistía Internacional que los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos aunque estaban “sangrando o con heridas abiertas”. Muchas de las personas devueltas sumariamente a Marruecos fueron encarceladas y sometidas a nuevos abusos y violencia. Un adolescente sudanés de 17 años dijo a Amnistía Internacional que “todas las personas capturadas fueron llevadas a prisión por la policía marroquí, y después en la prisión las golpeaban con martillos en la cabeza hasta que morían. Otras cuando las golpearon también fallecieron”.
Se calcula que unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas personas dijeron a Amnistía Internacional que habían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.
Ni el gobierno de Marruecos ni el de España han dado a conocer los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida y las causas de su muerte, ni en ningún momento han anunciado que estén investigando el uso de la fuerza por el personal de fronteras. Ninguno de los dos gobiernos ha hecho público todo el material grabado por ninguna de las muchas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera, y las autoridades españolas se han negado a abrir una indagación independiente.
“La fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todas las personas que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de infligir daños y violencia a quienes intentan cruzar fronteras. En vez de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir vías seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa”, ha declarado Agnès Callamard.
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