Situación de la IVE: Expectativas compartidas con el Ministerio de Igualdad

La jornada de acoso que las mujeres y profesionales tuvimos que sufrir el pasado 28 de diciembre, la vandalización de la práctica totalidad de los centros de IVE catalanes ese día, el hostigamiento sostenido en el tiempo… ponen una vez más de manifiesto que la Ley que busca penalizar dicho acoso no está funcionando.

Por Eva Rodríguez | 28/01/2024

El pasado nueve de enero tuve la ocasión de participar como Vicepresidenta de ACAI en un encuentro entre la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, la entonces Secretaría de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y distintas organizaciones sociales y asociaciones feministas. Esta reunión, continuación del encuentro que el veinte de octubre tuvimos con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos permitió hacer partícipes a las representantes públicas de nuestras inquietudes y análisis de situación en diversos ámbitos.

En relación a la situación de la prestación sanitaria de aborto provocado, como ACAI volvimos a introducir en el debate los distintos aspectos que consideramos ineludibles en las políticas progresistas. Entre otros, los que a continuación exponemos.

La jornada de acoso que las mujeres y profesionales tuvimos que sufrir el pasado 28 de diciembre, la vandalización de la práctica totalidad de los centros de IVE catalanes ese día, el hostigamiento sostenido en el tiempo… ponen una vez más de manifiesto que la Ley que busca penalizar dicho acoso no está funcionando. El modelo de delito establecido en el Código Penal falla porque se ha de demostrar la reiteración del acto de hostigamiento, la violencia de las conductas contra los/as profesionales y contra las mujeres, que, en última instancia, y aunque no se necesite su denuncia expresa inicial, tendrán que acabar personándose durante el proceso judicial, algo del todo indeseable.

Frente a las voces que consideran que el problema quedará resuelto cuando sean los centros públicos quienes realicen “directamente” la intervención, tenemos que oponer la realidad. Ya que hoy por hoy, los actos de hostigamiento se están produciendo también en algunos de esos centros públicos que realizan la IVE. Y es que, tal y como reiteradamente “proclaman” los grupos antielección, sus acciones serán llevadas a cabo en cualquier lugar en el que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir el embarazo. Si la voluntad política para abordarlo sigue siendo débil y difusa, el acoso se seguirá produciendo, se seguirá extendiendo por todo el territorio, independientemente de la naturaleza pública, privada o concertada de los centros donde tienen lugar las IVE.

Por todo ello, volvemos a reivindicar el establecimiento de zonas de seguridad como ocurre en otros países de nuestro entorno, como medida efectiva para evitar acciones de hostigamiento a mujeres y profesionales. Solo así se podrá actuar en el mismo momento en que el acoso tiene lugar y podrá ser evitado. Por otra parte, y en tanto en cuanto se habilitan esos espacios seguros, recordamos la necesidad de cumplir con el compromiso adquirido por el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en reunión sostenida con él en junio, de tomar medidas preventivas al objeto de evitar los anunciados actos de hostigamiento. Algo que a día de hoy no está ocurriendo.

Como no nos cansaremos de repetir y trasladar a las administraciones y a la opinión pública, es imprescindible que las dos técnicas de IVE, farmacológica e instrumental, utilizadas en las primeras semanas de gestación, mantengan su convivencia. Los dos métodos son vasos comunicantes, están obligados a convivir. Y ello es así, no solo porque es el instrumento básico para mantener la seguridad médica, sino también porque la mujer tiene derecho a elegir no solo si interrumpe su gestación, sino el método más acorde a su situación personal y médica.

Para que eso sea posible es imprescindible que todos los centros sean de naturaleza pública, privada o concertada puedan ser capaces de ofrecer en el mismo espacio todos los métodos, por profesionales formados en las técnicas. Una formación que, a día de hoy, y pese a estar indicada por la legislación vigente, no se está produciendo. Y ello pese a que las/os profesionales de ACAI han ofrecido reiteradamente a las administraciones vías de diálogo y colaboración para formar al personal médico y sanitario en las técnicas IVE de las que somos expertas/os, así como, cooperación en el diseño del circuito de atención de esta prestación sanitaria.

La incorporación de la IVE a los centros públicos no está teniendo en cuenta esta premisa, haciendo el relevo solo en base al método farmacológico, despreciando un método, el instrumental, elegido por más del 80% de las mujeres¹ cuando a éstas se las deja elegir libremente, tras explicarles ambos procedimientos, ofreciendo estos en el mismo espacio sanitario, sin desplazamientos, y cuando la intervención está realizada por profesionales expertos. Y es que la mujer prefiere las técnicas instrumentales porque son más rápidas, seguras, con menos efectos adversos y, sobre todo, y este aspecto es absolutamente determinante, porque permiten a la mujer no vivenciar su aborto.

La razón por la que la Sanidad Pública está incorporando la IVE en sus centros solo en base a la técnica farmacológica, deriva de que este método es un fiel aliado de la objeción de conciencia, porque es la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención y ello disminuye las resistencias éticas y sobre todo profesionales del personal médico y sanitario. Por otra parte, la formación en esta técnica es menor y el coste, de entrada, subrayado lo de entrada, es inferior. Y enfatizamos este último aspecto, porque no se están dimensionando adecuadamente ni los efectos secundarios, ni las complicaciones, ni el fallo del método que se sitúa entre un dos y un ocho por ciento de los casos.

En relación a la accesibilidad de este recurso, ACAI, cómo no podía ser de otro modo, está a favor de que las prestaciones sanitarias, todas, no sólo la IVE, estén cerca del domicilio de las mujeres. Sin embargo, si ese acercamiento supone una pérdida de calidad, la realización del aborto por personas no formadas, la imposición de un único método, el farmacológico, no podemos estar de acuerdo. Porque la seguridad sanitaria, la libertad de elección de las mujeres y muchas veces, su intimidad, se verán mermadas.

Hoy por hoy, no existen centros en todas los territorios que puedan ofrecer todas las técnicas de la mano de profesionales formados en ellas, tampoco se garantiza la intimidad debida en todos los ámbitos, ante lo cual no podemos descartar algunos desplazamientos si con ello se garantiza la seguridad médica y la privacidad demandada por las mujeres. Exigir que, de la manera que sea, la mujer realice la IVE en su territorio, es adentrarnos en el terreno de la inseguridad sanitaria, mermar la libertad legítima de la mujer, menoscabar su intimidad y aumentar la IVE privada no financiada.

En estas líneas también quisiéramos poner de manifiesto que los comités clínicos que confirman un diagnóstico de patología fetal más allá de las veintidós semanas, se han convertido, en muchos casos, en comités éticos, sin considerar verdaderamente la situación real que analizan en sus deliberaciones. Por lo que una vez más pedimos que se elaboren protocolos unificados de actuación para todos los comités en todas las comunidades autónomas, evitando con ello periplos médicos, vitales y personales innecesarios y dolorosos para las mujeres.

En el marco de este encuentro, volvimos a reiterar una evidencia: los centros IVE realizamos una prestación pública, reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por éste, como tantas otras prestaciones médicas en este país, algo que continuamente se obvia desde tribunas políticas y públicas. Lo hacemos mediante sistemas de concertación en centros especializados con más de treinta años de experiencia. Por tanto, no se le hace ningún favor a la mujer cuando se difunde la idea de que el aborto es una prestación privada, inoculando en el imaginario colectivo que la IVE es un recurso con coste económico e incidiendo con ello en su estigmatización.

Si pese a ello, un número importante de mujeres, que pudiendo elegir, siguen accediendo a la IVE por cauces privados, porque así lo deciden, habría que preguntarse qué está fallando en la fase pública del proceso. Poner el foco en los sistemas de derivación y no en las clínicas, en si estos son largos, estigmatizadores, complejos… porque cuando el sistema de derivación es ágil y no estigmatiza, las mujeres eligen que la Sanidad Pública financie su intervención, véase el caso de Andalucía o Asturias, autonomías en las que más del 90% de los abortos están financiados.

Acabamos esta tribuna trasladando una petición, la misma que venimos exponiendo en nuestros distintos encuentros: que nuestras posiciones sean consideradas al margen del estigma público que se ha volcado sobre los centros acreditados para la IVE durante todo el proceso de reforma de la Ley de SSR e IVE con el objeto de justificar el cambio legislativo e independientemente de los problemas denunciados, unos reales y otros figurados. Y lo pedimos por el respeto a la libertad de las mujeres, a su seguridad, a su intimidad, a su derecho a decidir.