Aunque la ley despenaliza y regula el aborto como un derecho de la mujer, su aplicación presenta graves insuficiencias.
Por José Luís Carpintero | 5/11/2026
Hace unos días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que «reabrirá el debate» sobre la ley del aborto, proponiendo exigir el consentimiento paterno para menores de 16 años. Para justificarlo, utilizó el siguiente argumento: «¿Usted cree que una niña de 16 años necesita autorización de sus padres para hacerse un tatuaje y no para abortar?»
El aborto fue regulado por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada en 2022 para eliminar el período de reflexión de tres días y el requisito de consentimiento paterno para menores de 16 y 17 años. Aunque la ley despenaliza y regula el aborto como un derecho de la mujer, su aplicación presenta graves insuficiencias:
• Objeción de conciencia desregulada: La ley permite la objeción individual, pero en la práctica se ha convertido en una «objeción de centro» o institucional, especialmente en comunidades como Madrid o Castilla y León. Esto vulnera el derecho de las mujeres al generar «desiertos sanitarios» donde la red pública no ofrece el servicio.
• Privatización encubierta: Debido a la falta de profesionales no objetores en lo público, hasta el 90% de las interrupciones se derivan a clínicas privadas, muchas veces financiadas con fondos públicos, lo que genera desigualdad según el código postal y la renta de la paciente.
La postura de los partidos políticos ante el aborto sigue siendo un campo de batalla ideológica, aunque con matices:
• PSOE y Sumar: Defienden el aborto como un derecho fundamental consolidado. Su agenda se centra en garantizar el acceso real en la sanidad pública y frenar cualquier intento de restricción
• Partido Popular (PP): Mantiene una postura ambivalente. Aunque su dirección afirma respetar la ley vigente, permite y fomenta en sus gobiernos autonómicos la objeción de conciencia masiva. Además, su liderazgo ha anunciado recientemente la intención de introducir «reformas puntuales» para restringir el acceso de las menores
• Vox: Mantiene una postura abiertamente contraria. Su programa electoral contempla la derogación o restricción severa de la ley del aborto, enmarcándolo como una violación de los derechos humanos del no nacido
• Fuerzas progresistas y nacionalistas (ERC, EH Bildu, BNG, etc.): Abogan por una despenalización total y por blindar el derecho a nivel constitucional, alejándolo de los vaivenes del ciclo electoral.
Es importante tener en cuenta la opinión pública, expresada en encuestas (CIS, Ipsos) que muestran de manera consistente que una amplia mayoría de la sociedad española (en torno al 80-83%) está a favor de la legalización del aborto
De hecho, el aborto no figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, lo que demuestra que es un derecho socialmente consolidado y no un «problema» para la mayoría
Sin examinamos la opinión de un amplio sector de mujeres. A través de las reivindicaciones de las asociaciones feministas, es unánime la exigencia de que el derecho sea real y efectivo, no solo teórico. Sus peticiones centrales son: la creación de registros públicos de objetores, la garantía de prestación en el 100% de los hospitales públicos, la gratuidad total del procedimiento y la implementación de educación sexual integral para reducir la necesidad de abortar, en lugar de poner trabas burocráticas
Otro aspecto que abordan las reivindicaciones el blindaje constitucional del derecho al aborto, que recientemente Pedro Sánchez, en un intento de atracción del voto de estos sectores ha planteado que realizaría si sale reelegido, este blindaje sigue la pauta de Francia que aprobó en 2024 la modificación de su constitución para proteger el aborto. En España, esto no ha ocurrido por dos razones principales:
1. Exigencias de mayoría cualificada: Reformar la Constitución española requiere una mayoría de 3/5 o 2/3 en ambas cámaras del Parlamento
2. Bloqueo político: La actual polarización y la presencia de Vox (y sectores del PP) en el arco parlamentario hacen matemáticamente imposible alcanzar ese consenso. Mientras en Francia hubo un acuerdo transversal, en España el derecho al aborto sigue sujeto a la Ley Orgánica, lo que lo hace vulnerable a cambios de gobierno, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya avaló su marco actual en el pasado
El bloqueo político y los intentos de retroceso avalados por Feijoo en su deseo de aumentar la sintonía con VOX, nos hacen incidir en la falsa equivalencia demagógica de sus declaraciones, ya que comparar una decisión médica, con plazos legales estrictos y consecuencias vitales profundas (un aborto), con una decisión estética y trivial (un tatuaje), es un recurso retórico deshonesto. Trivializa la salud reproductiva y demuestra un desconocimiento deliberado de la gravedad de la materia.
Escamotea el peligro real para las menores, olvidando que el consentimiento paterno fue eliminado en 2022 precisamente porque ponía en riesgo a adolescentes en situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual o rechazo familiar. Obligar a una menor a informar a sus padres puede condenarla a la clandestinidad, a viajar a otra comunidad autónoma o a continuar un embarazo no deseado en un entorno hostil
Además es una maniobra de cinismo electoral (con la que Feijoo intenta presentar una imagen moderada, pero sus declaraciones son un guiño calculado al sector más conservador de su partido y a Vox, con el fin de «completar una mayoría» con ellos
Prometer «reformas puntuales» que en la práctica significan restringir derechos ya consolidados es una estrategia cínica que sacrifica la autonomía corporal de las jóvenes en el altar del cálculo electoral
Frente a esta postura se alza con voz clara y contundente la declaración de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que plantea:
• Rechazo a la discriminación territorial: La FADSP ha denunciado públicamente que la actual aplicación de la ley «discrimina a las mujeres según su lugar de residencia», convirtiendo el derecho en un privilegio dependiente de la comunidad autónoma.
• Contra la objeción de conciencia masiva: La federación exige que las instituciones sanitarias garanticen un número adecuado de profesionales no objetores en la red pública. Ha rechazado enérgicamente medidas de comunidades como Castilla y León o Madrid que, bajo la excusa de la conciencia, vacían la oferta pública y derivan sistemáticamente a las mujeres a la privada.
• Defensa de lo público: Para la FADSP, un derecho sanitario no puede depender de la moral individual de los profesionales, sino de la obligación del Estado de prestar el servicio. Piden una regulación estricta de la objeción para que sea verdaderamente individual y no un mecanismo de bloqueo institucional.
Como dice su comunicado: Feijoo debería dejar de dar lecciones sobre lo que tienen que hacer las mujeres y empezar por exigir a sus gobiernos autonómicos que cumplan la ley, ya que lo verdaderamente escandaloso es que una mujer tenga que recorrer hospitales para conseguir que se garantice su derecho al aborto en la sanidad pública.
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