La nueva norma trata de establecer ayudas a la mujer embarazada y a la familia en la que se produce un embarazo, adelantando en el tiempo determinados beneficios que se obtendrían tras el nacimiento del nuevo miembro.
Se cuente como se cuente, la iglesia católica es una organización que practica una discriminación estructural basada en el sexo y, como tal, sería casi un milagro que respetara el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Detrás de cada decisión no hay únicamente una situación concreta, sino también una historia de aprendizajes, expectativas y presiones que muchas mujeres arrastran desde hace años.
No creo que haya un derecho más manoseado que el derecho al aborto. Tirios y troyanos lo utilizan para arrastrar a su molino ya sea a votantes, a feligreses o, simplemente, a generosos contribuyentes.
Nuestra regulación avanza hacia estándares europeos, pero sin mecanismos coercitivos o de coordinación que aseguren el cumplimiento autonómico, el derecho a la IVE queda expuesto a la arbitrariedad territorial, objeciones no controladas y resistencias ideológicas institucionalizadas.
No podemos sino estar a favor de incluir este derecho en la Carta Magna, pero no en un lugar del texto constitucional que venga a restar y no a sumar la protección debida a la interrupción voluntaria del embarazo.
Los/as profesionales sabemos que son muchas las mujeres que, habiendo emigrado a nuestro país, encuentran barreras difícilmente superables cuando deciden abortar.