Al amanecer del 27 de septiembre de 1975, los cinco condenados fueron fusilados, entre Barcelona y Madrid, por pelotones de voluntarios de la guardia civil y de la policía armada. Xosé Humberto, de 24 años, fue el último de ellos. El último fusilado por la dictadura. La última pena capital ejecutada en Europa.
Por Foro Rebelde
Xosé Humberto Baena nació en 1951 y creció en el Vigo pobre y obrero de la dictadura. A los diecisiete años marchó a la universidad de Santiago a estudiar Filosofía. No pudo concluir sus estudios al ser perseguido y detenido por unas protestas estudiantiles. Aunque finalmente fue absuelto de esas acusaciones, en su ficha policial nunca constó. De vuelta en Vigo, dos hechos le animarían a comprometerse con la lucha antifranquista: la intensa huelga general de 1972, y la ejecución a garrote vil, en 1974, del joven anarquista Salvador Puig Antich y el apátrida Karl Heinz.
A partir de ese momento se inició en la lucha clandestina y fue detenido por hacer pintadas contra la dictadura. Ingresó en las Juventudes Comunistas; después, discrepando de la línea política del PCE, militó en el PCI, para ingresar al fin en el PCE(ml), cuyo frente de masas era el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriota). Por su participación en la redacción de una esquela relacionada con la muerte de un trabajador a causa de los disparos de un guardia civil, tuvo que escapar de su Vigo natal, teniendo que refugiarse clandestinamente en Madrid, en mayo de 1975.
Coincidiendo con la llegada de Xosé Humberto a Madrid, los altos responsables del FRAP exiliados en París decidieron contestar a la represión violenta del régimen, y tomaron la controvertida decisión de pasar a la “lucha armada”, que traería trágicas consecuencias. Lastrados por la desconexión con los militantes de base, por la evidente falta de preparación y la ausencia de medios suficientes, esta lucha cesaría a los 3 meses. Pero aquella espiral de violencia sumaría varios atentados, con un total de tres asesinatos a miembros de la seguridad del estado, Lucio Rodríguez, Antonio Pose y Juan Ruiz Muñoz (hubo otro atentado que causó la muerte a dos guardia civiles junto al canódromo madrileño de Carabanchel, pero éste no fue nunca reivindicado por el FRAP) . Como respuesta, las fuerzas del orden detuvieron con una rapidez insólita a la inmensa mayoría de los miembros del FRAP en Madrid y otras ciudades. Sumado a eso, se desencadenaba una persecución -aún mayor a la ya existente-, de todas las organizaciones y colectivos ilegales que luchaban contra la dictadura de Franco para conseguir un régimen democrático. Todos eran sospechosos.
Xosé Humberto fue detenido el 22 de julio, acusado de participar en el asesinato del policía armada Lucio Rodríguez, el 14 de julio. Tras veinticinco días incomunicado, fue llevado a la cárcel de Carabanchel. Junto a otros compañeros, fue juzgado el 11 de septiembre en un precipitado Consejo de Guerra Sumarísimo que duró sólo dos días. Un proceso pleno de irregularidades, donde el propio Fiscal militar rehusó aportar prueba ni testigo alguno para justificar sus acusaciones. Ni siquiera las que la brigada político-social franquista había aireado en la prensa, y que habían facilitado una sentencia social paralela, previa al proceso. El tribunal militar dispuso únicamente de las declaraciones de los acusados, en las que se confesaban culpables, y que habían sido obtenidas tras días de intensas torturas. La sentencia no se hizo esperar: Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite y Xosé Humberto Baena fueron condenados a muerte.
A esta sentencia se le sumaron otras similares en pocos días. El 17 de septiembre, en otro juicio a miembros del FRAP, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca, Concepción Tristán, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, fueron también condenados a la pena capital como responsables de la muerte en Madrid, el 16 de agosto, del teniente de la guardia civil Antonio Pose. Unas semanas antes, el 28 de agosto, en Burgos, Garmendia y Otaegui, miembros de ETA, fueron condenados a muerte por el atentado que costó la vida del Cabo Posadas, el 3 abril de 1974. El 19 de septiembre, Juan Paredes Manotas, “Txiqui”, también miembro de ETA, era penado con la muerte por el asesinato del cabo Ovidio Díaz, el 6 de junio en Barcelona. Cuatro sentencias que sumaban once penas de muerte. Todas ellas, gracias a un decreto antiterrorista creado in extremis para estos procesos. Con estas condenas, un gobierno disminuido por culpa del delicadísimo estado de salud de Franco, trataba de disipar posibles dudas y enviar una imagen de fortaleza a toda la nación, y especialmente a las fuerzas antifranquistas.
Las protestas no se hicieron esperar. En España, donde en los barrios de numerosas ciudades se habían creado colectivos y comités contra las penas de muerte, fueron duramente reprimidas. Pero aun así, colectivos sociales, ciudadanos de toda condición, intelectuales, abogados, periodistas, Colegios Profesionales, asociaciones de vecinos, sindicatos y partidos clandestinos, trataron de detener las ejecuciones. En el exterior, las protestas fueron mucho más contundentes, con manifestaciones por toda Europa. Incluso la Conferencia Episcopal Española y el propio Papa Pablo VI pidieron clemencia al régimen en varias ocasiones.
En la noche del 26 de septiembre, el gobierno de Francisco Franco conmutaba seis de las penas capitales. Serían cinco los ejecutados, a la mañana siguiente.
Al amanecer del 27 de septiembre de 1975, los cinco condenados fueron fusilados, entre Barcelona y Madrid, por pelotones de voluntarios de la guardia civil y de la policía armada. Xosé Humberto, de 24 años, fue el último de ellos. El último fusilado por la dictadura. La última pena capital ejecutada en Europa.
Tras las ejecuciones, las manifestaciones de protesta y repulsa se multiplicaron por toda Europa, hasta el asalto e incendio de la embajada española en Portugal. Más de quince embajadores fueron retirados de nuestro país (Alemania, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suiza, R.D. Alemania, Austria, Suecia, Irlanda, Luxemburgo, Italia, etc.). Días después, el presidente de México exigía que España fuera expulsada de la ONU.
La jefatura del Estado respondió ante estas acciones, considerándolas una ilegítima interferencia en el gobierno de España, organizando una multitudinaria manifestación de adhesión al régimen en la Plaza de Oriente el día uno de octubre de 1975. Está sería la última comparecencia pública de Francisco Franco, que moriría pocas semanas después.
La familia de Xosé Humberto Baena ha luchado durante casi 35 años para que aquel juicio sea declarado nulo y se restablezca su inocencia y su honor. Primero fue su padre, Fernando Baena, hasta que murió en 1982. Después su madre, Estrella Alonso, hasta su fallecimiento en el año 2003. La respuesta de los Tribunales donde han reclamado, tanto españoles como europeos, ha sido similar: nadie dispone de legitimidad para valorar las sentencias de los tribunales franquistas. Ni siquiera la controvertida Ley de la Memoria Histórica ha atendido estas reclamaciones.
Desde hace ya varios años, Flor Baena continúa la lucha de sus padres, para revisar y anular el Consejo de Guerra que condenó a su hermano: cartas periódicas a distintos líderes políticos, conmemoración anual de los fusilamientos, comunicados de prensa, etc. Su último intento de reconocimiento jurídico para conseguir verdad, justicia y reparación, pasa por el recurso presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU.
Septiembre del 75 (Adolfo Dufour, 2009)
Flor Baena, la hermana de Xosé Humberto Baena, prosigue la incansable lucha que determinó la vida de sus padres durante los últimos años de su vida: reivindicar la inocencia y la memoria de Xosé Humberto, militante del FRAP fusilado el 27 de septiembre de 1975, a los veinticuatro años, tras un Consejo de Guerra Sumarísimo en las postrimerías del franquismo en el que se le acusaba del atentado que mató al policía armada Lucio Rodríguez, de 23 años. En el proceso no se presentaron pruebas materiales ni testigos.
Xosé Humberto siempre mantuvo ante su familia que era inocente.
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