La policía franquista a las puertas de tu casa, hubiera motivo para ello o no, era suficiente para provocarte unas ganas irrefrenables de correr. Y José Luis corrió.
Por Angelo Nero
En el verano de 1974, el penúltimo de la dictadura franquista, un mecánico de los talleres de la empresa de autobuses TUSA, José Luis Herrero Ruíz, de 29 años, regresa a casa, en el badalonés barrio de Gorg, después de completar su jornada laboral, para reunirse con su familia, compuesta por su mujer, Pilar Torres, y sus siete hijos. José Luis es de origen madrileño, pero sus raíces están en Cataluña, allí se casó y tuvieron a su numerosa prole. Es también un tipo popular en el barrio, porque muchas veces arregla los coches y las motos de sus vecinos.
Las motos eran la gran pasión de su hermano, Santiago, que con una OSSA 250 cc, que el mismo ayudó a desarrollar, se proclamó tres veces campeón de España, y con la que fue tercero en el campeonato del mundo, en 1969. Disputando este misma competición mundial, en la isla de Man, un año más tarde, sufriría un terrible y fatal accidente, un ocho de junio, que le llevaría a la muerte dos días más tarde.
Hacía cuatro años exactos de aquel accidente, seguro que no se había olvidado de la fecha, cuando otro ocho de junio, pero de 1974, José Luis llega a su barrio de Gorg, y se encuentra un coche de la policía cerca de su casa. Es a él a quién buscan, porque alguien lo ha relacionado con un robo a una joyería, y cuando le dan el alto su primera reacción es echar a correr. La policía franquista a las puertas de tu casa, hubiera motivo para ello o no, era suficiente para provocarte unas ganas irrefrenables de correr. Y José Luis corrió.
La reacción de la policía -los subinspectores Alfonso Carlos Giménez y Feliciano González Álvarez- también es previsible: echar la mano al arma y disparar. Y eso es lo que hacen. José Luis deja de correr, pero no porque peguen un tiro al aire, como manifestaron posteriormente, sino porque el primer disparo le alcanza en el tobillo izquierdo y detiene su carrera. José Luis es inmovilizado por sus perseguidores, que lo ponen contra la pared y lo esposan.
Un tercer policía, que esperaba en el coche el desenlace, sale del vehículo policial, es un subinspector de 20 años, Sebastián Trapote Gutiérrez, empuñando una pistola, y a un palmo de distancia dispara contra el indefenso José Luis. La bala le entra por la espalda, ni la ve venir, le revienta el pulmón y la víscera cardíaca.
La versión oficial, como un mantra que se repetía en estos casos, dirá que el fallecido se les había encarado con una navaja, que había forcejeado con los policías, que se habían visto obligados a disparar, pero la autopsia posterior y el testimonio de una vecina la desmentirá.
A pesar de que muere a las puertas de su casa, nadie le comunica a Pilar lo que acaba de suceder. Lo buscará en hospitales y comisarias, con sus hijos pequeños a cuestas, nadie le dará respuesta, hasta que cuando va a poner una denuncia en el juzgado le comunican que su marido ha muerto.
La vida de Pilar Torres se convierte entonces en un calvario. Es desahuciada casa e irse a vivir con su hermana, que tiene cuatro hijos. Tres de los suyos le serán arrebatados por Protección de Menores, y solo los verá una vez a la semana. Su pensión de viudedad será denegada. También las de orfandad. Pasará horas esperando, sin éxito, en la sala de espera del despacho del gobernador civil, un hombre del régimen llamado Rodolfo Martín Villa, que seguirá medrando en la Transición. Escribirá al ministro de gobernación, Manuel Fraga Iribarne, otro de los huesos duros del franquismo que se pondrá el traje de demócrata, y que no tendrá la decencia de contestar a Pilar.
Hasta que el abogado Marc Viader asume su caso y, aunque no logre procesar al autor de la muerte de su marido, Sebastián Trapote Gutiérrez, por lo menos pueda cobrar una indemnización del estado por imprudencia temeraria con negligencia profesional.
Tuvieron que pasar nueve años, hasta que el Tribunal Supremo dictó una sentencia favorable, obligando al estado a pagar siete millones de pesetas a la familia de José Luis Herrero. La noticia fue recogida por el diario El País con este titular: “El Ministerio del Interior, condenado a pagar 7 millones a la viuda de un presunto delincuente muerto por la policía”, el 7 de octubre de 1983, en una crónica firmada por Ferran Sales.
En la noticia del diario madrileño se relata: “En la sentencia se examina también la conducta del funcionario, al que se acusa de negligente «al utilizar desde el primer momento el más extremado y violento de cuantos medios le era utilizable: la pistola». (…) Con «loable sinceridad», según se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo, el inspector del Cuerpo Superior de Policía reconoció en la investigación haber efectuado disparos por la espalda, a un palmo de distancia del fallecido, mientras José Luis Herrero Ruiz era detenido. (…) Tres años después de iniciada la investigación de aquel sucesos -6 de diciembre de 1977-, se decretó el sobreseimiento de la causa, al aplicarse al policía los indultos de 1975 y 1977. Frente a esta situación, la viuda y los siete hijos plantearon una reclamación ante el Ministerio del Interior, solicitando una indemnización de 10 millones de pesetas. (…) En la sentencia dictada ahora por el Tribunal Supremo, se da la razón a la viuda y a los siete hijos, se examina la conducta del inspector de policía y se entra en el tema de la competencia aducida por las demás instancias. En cuanto a las razones del fallecimiento, se asegura «que se produjo por una actuación negligente en el funcionamiento de un servicio público».”
Sebastián Trapote continuó con su carrera profesional en las fuerzas de orden público, del franquismo a la transición, de la transición a la democracia. En el año 2000 fue nombrado comisario provincial en Girona y desde 2012 se convirtió en jefe regional de operaciones de la UCOT (Unidad de Coordinación Territorial), hasta que en 2015 fue nombrado Jefe Superior de Policía de Cataluña.
Trapote fue el máximo responsable de la respuesta policial al referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, que produjo, según la Generalitat, más de mil heridos, cinco de ellos de gravedad. Preguntado en el juicio al Proces si había presenciado que algún policía pegara a un ciudadano sentado en el suelo con los brazos en alto, respondió: “Afortunadamente vivimos en un Estado democrático en el que si algún ciudadano siente que sus derechos han sido conculcados o vulnerados puede perfectamente presentar la correspondiente denuncia.”
Se jubiló en 2018. El 21 de septiembre de 2018, el ministro del Interior español, y ex juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska Gómez, le concedió la medalla al mérito policial con dispositivo rojo, galardón que le supuso un aumento vitalicio del 10% del sueldo o pensión.
A esta historia le continúa la manipulación de la policía y de ka Judicatura por el Gobierno de M. Rajoy. Y nos acabamos de enterar que también manipulaba las Matemáticas del INE.