Al carecer de una patria reconocida por España, la única opción para regularizar la situación de los saharauis en el país es a través del estatuto de apátrida.
Por Héctor Santorum | 25/01/2024
Fatma El Galia «En este tema siempre digo lo mismo: existe una discriminación a los saharauis respecto a otros inmigrantes de otras nacionalidades, de manera clara.»
Fatma El Galia «La Oficina central de asilo y refugio lleva un año cerrada. […] No hay citas; cada vez que se solicitan citas, la respuesta es la misma: ‘Ahora mismo no tenemos este servicio abierto, y cuando se abra se podrán obtener citas’.»
Desde los vergonzosos Acuerdos de Madrid y la aprobación de un engañoso Real Decreto en medio de un conflicto, mediante el cual se otorgaría la nacionalidad a los saharauis que la solicitaran durante un periodo de un año, España ha cerrado las puertas y ventanas a este grupo, desentendiéndose de sus responsabilidades y negándose a reconocer tanto la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como los pasaportes emitidos por esta.
Al carecer de una patria reconocida por España, la única opción para regularizar la situación de los saharauis en el país es a través del estatuto de apátrida. Sin embargo, se enfrentan a considerables obstáculos por parte del Gobierno para obtener un documento que les garantice derechos fundamentales como educación, atención médica y empleo. Cientos de saharauis se ven afectados, y aseguran que el Gobierno no ha concedido citas desde hace un año, sumiéndolos en un limbo que interpretan como una decisión política.
Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se emitieron solo 901 documentos, lo que representa tan solo el 91% de las solicitudes, evidenciando una clara falta de respuesta a las necesidades de este grupo vulnerable. La situación actual refleja la negligencia gubernamental, dejando a los saharauis en una situación precaria y sin acceso a servicios esenciales.
El activista Taleb Alisalem denunció en redes sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez está «persiguiendo a los saharauis». Al acudir a la Oficina de Asilo y Refugio para consultar el expediente de su tía, quien lleva más de dos años esperando el reconocimiento como apátrida, Alisalem se sorprendió al descubrir la falta de funcionarios asignados. Un policía le informó que están en un «limbo», dejando a miles de compatriotas en una situación de desamparo.
Fatma El Galia, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), confirma esta situación y estima que alrededor de 1,200 solicitudes están estancadas. Los solicitantes esperan más de tres años para regularizar su situación en España, sin acceso a derechos fundamentales durante este período. A pesar de la afirmación del Gobierno de haber concedido 901 estatutos el año pasado, El Galia señala que la respuesta automática a sus correos electrónicos indica que no se conceden nuevas citas por motivos organizativos, considerándolo una decisión política.
Aunque el Gobierno afirma haber concedido más de 6,000 estatutos en los últimos seis años, la realidad actual muestra una parálisis en la tramitación de nuevas solicitudes. La comunidad saharaui, que carece de patria reconocida por España, se encuentra en una situación de espera indefinida, buscando respuestas y soluciones ante la falta de atención a sus solicitudes.
Numerosos solicitantes han expresado su inconformidad ante la falta de información sobre el estado de tramitación de sus solicitudes, incumpliendo el derecho establecido en el artículo 53.1a) de la Ley 39/2015. La falta de funcionarios asignados en la Oficina de Asilo en Madrid, específicamente en el departamento de apátrida, sugiere una interrupción en la tramitación de las solicitudes.
Según el artículo 24.3 de la Ley 12/2009, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin notificación de la resolución, se podría entender desestimada. La mayoría de las solicitudes presentadas, exceden este plazo sin obtener información alguna sobre el estado de la tramitación. La falta de acceso al estatuto de apátrida coloca a estos individuos en una situación de vulnerabilidad y espera indefinida, exigiendo respuestas y soluciones urgentes.
Contamos con la presencia de Fatma El Ghalia, abogada y miembro destacado de la Asociación de Abogadas y Abogados Saharaui en España, con el propósito de ahondar aún más en este tema.
Héctor Santorum: ¿Cuál es la situación actual de los saharauis en términos de regularización y reconocimiento como apátridas?
Fatma El Galia: Nos encontramos con todo, ellos tienen un título de viaje argelino, a lo que España le da un valor probatorio y lo especifica como nacionalidad argelina. Allí es donde entra todo, todo tipo de autorizaciones de residencia que cualquier saharaui que aporte ese pasaporte, cumpliese los requisitos y quisiera solicitarlo. Hay saharauis que aportan este título de viaje argelino y no tienen el reconocimiento del estatuto del apátrida por que no lo han solicitado, entonces para el estado español son argelinos.
La gran mayoría, el 78 por ciento de los casos son apátridas. Apátrida es aquella persona, que no hay ningún estado en el mundo que le reconozca su nacionalidad conforme a su legislación interna. Ellos aportan ese título de viaje que tiene una numeración distinta a los nacionales argelinos, y todo saharaui que tenga ese título de viaje y acredite su identidad saharaui se le concede el estatuto de apátrida en España. Porque proceden de la RASD y la RASD es un estado no reconocido por España. Aunque nosotros no carecemos de nacionalidad, porque tenemos la nacionalidad saharaui, España no la reconoce.
Héctor Santorum: ¿Eso genera dificultades a la hora de conseguir el apátrida?
Fatma El Galia: En cuanto al reconocimiento del estatuto, no hay dificultad alguna; eso ya se solventó en el año 2007 o 2008, cuando hubo una sentencia en el Tribunal Supremo.
Antes, España no concedía el estatuto de apátrida a los saharauis, siempre se negaban. Dicha sentencia respaldó a quienes habían recurrido esa decisión administrativa, ya que España no reconocía la RASD. La única documentación que tenían era la de la RASD, por lo tanto, debían ser apátridas para el Estado español.
La administración, en un principio, no los reconocía. Desde esa sentencia, es cierto que se han venido concediendo los estatutos de apátrida a todo saharaui que acredite ser saharaui y esté imposibilitado para tener una nacionalidad.
El problema no está en el reconocimiento del estatuto, sino en el procedimiento administrativo. Tenemos un procedimiento administrativo muy largo en el que el interesado puede estar esperando entre 3 y 4 años para obtener una respuesta de la administración.
El estatuto de apátrida está centralizado en Madrid; todos dependen de la Oficina central de asilo y refugio en Madrid. Las oficinas de las comunidades autónomas no tienen competencias para gestionar estos expedientes y remiten todos a Madrid. Según alegan desde la Oficina central de asilo y refugio, no hay funcionarios suficientes para resolver estos expedientes en un tiempo lógico, y se eternizan.
La Oficina central de asilo y refugio lleva un año cerrada. En febrero del año pasado, me comuniqué con ellos; comunicaron que se iban a trasladar. Ese traslado se ha hecho, pero ha supuesto que no haya atención para los apátridas desde el año pasado hasta ahora. Hay muchísima gente que tiene sus expedientes resueltos porque se resuelven en otra oficina que no tiene atención pública. A lo mejor muchos tienen su expediente resuelto pero no pueden acceder a la resolución porque la oficina está cerrada. Tampoco pueden obtener ningún tipo de información respecto al expediente porque no hay atención.
No hay citas; cada vez que se solicitan citas, la respuesta es la misma: “Ahora mismo no tenemos este servicio abierto, y cuando se abra se podrán obtener citas”.
No lo entendemos, porque es muchísimo tiempo, un año, en el que una población concreta no puede tener información ni acceso a la oficina que lleva estos casos, a la única oficina además; no hay atención ninguna.
Héctor Santorum: ¿Se están contemplando acciones legales sobre este trato que aparentemente es discriminatorio sobre los saharauis?
Fatma El Galia: Estamos con una denuncia ante el defensor del pueblo. El tema de los apátridas es complejo; ninguno de ellos tiene medios para recurrir a la vía judicial. Tienen 6 meses, y si en esos 6 meses, conforme a lo establecido en la ley, no hay respuesta, se entiende desestimada. Podrían recurrir a la vía judicial.
Nosotros nos caracterizamos por tener paciencia, y tenemos mucha confianza en la administración. Además de las dificultades de acceso a la justicia, no pueden trabajar ni viajar…
Ha sido una práctica a la que se han acostumbrado, que es un trámite que trata mucho.
Nosotros, como juristas en la Asociación de Abogadas y Abogados Saharaui en España, personalmente no veo lógico meter a un solicitante en un proceso judicial que dura casi 3 años. Es un círculo que los deja en un limbo jurídico total y absoluto.
Héctor:¿ De cuántos casos aproximadamente podríamos estar hablando?
Fatma El Galia: Pendientes sin resolver hay como 1200, lo cual no quiere decir que todos tengan el derecho al estatuto. Es verdad que este año ha habido varias resoluciones y el Ministerio del Interior las ha publicado. Yo vengo a decir siempre lo mismo, ¿dónde están esas resoluciones? Hay muchas personas que no las tienen. Nosotros no decimos que no se estén resolviendo expedientes, es que no lo sabemos. A lo mejor ellos han trabajado y resuelto. Que faciliten el acceso al expediente, es absurdo que tú tengas una resolución a la que no puedes tener acceso. Súmale a esto la tardanza de los expedientes apátridas, esto no es nada nuevo, esto lleva desde el año 2014.
Nunca ha habido un cierre como el de este año. Este cierre me parece una vergüenza total y absoluta. Las trabas administrativas han existido desde el año 2014 hasta aquí.
Héctor Santorum: O sea, es algo recurrente…
Fatma El Galia: Claro, lleva muchísimo tiempo. Lo hemos denunciado, hemos tenido muchísimas reuniones con ellos, con la Oficina de Asilo y Refugio, y hemos reiterado lo mismo: «Los expedientes no se pueden eternizar, no es de derecho que una persona tenga que esperar 3 o 4 años». Estamos hablando de personas refugiadas, que viven con una mano delante y otra detrás, que viven gracias a la caridad o a la ayuda familiar. De familiares que les alojan en sus casas y les ayudan económicamente; yo te puedo ayudar unos meses, no puedo ayudarte años.
Lo hemos denunciado, hemos tenido reuniones con partidos políticos incluso, donde hemos puesto esto sobre la mesa. Es una discriminación en toda regla.
Héctor Santorum: ¿Cuál es la respuesta de esas reuniones?
Fatma El Galia: Ninguna, evidentemente, si seguimos teniendo el mismo problema y se ha agravado inclusive este año... Es verdad que ha habido muchas promesas, pero nunca se han resuelto. Hemos tenido muchísimas reuniones con la Oficina de Asilo y Refugio; llevamos trabajando con ellos desde el año 2014. Hemos ido hablando con cada secretario o secretaria nueva; cada vez que se cambiaba, allí estábamos nosotros solicitando una reunión. Cada 3 o 4 meses, o cada 6 meses, conseguimos la contestación a la solicitud de esa reunión. Pero luego, los resultados, nada… No se ha obtenido ningún tipo de resultado.
La realidad de los apátridas es esta; hay gente que está viniendo de Canarias y del País Vasco, y se vuelven sin respuesta. Llegan a Madrid y vuelven para atrás. Es una situación desesperante.
Héctor Santorum: Vamos, ya la situación era precaria desde el 2014.
Fatma El Galia: No hay respuesta alguna, tenemos que organizarnos. Esto no puede continuar así; tenemos enfermos de cáncer de los que no sabemos nada de sus expedientes, mujeres con hijos menores, tenemos personas que son el único familiar que está aquí en España del que depende una familia en los campamentos. Tenemos jóvenes, muchos de ellos están en edad de trabajar. Cuando tienen derechos a ese reconocimiento, cumplen los requisitos para que se les conceda el estatuto de apátrida, pero las trabas administrativas les están impidiendo realizar su vida. Cosas tan básicas como trabajar, ellos no pueden.
En este tema siempre digo lo mismo: existe una discriminación a los saharauis respecto a otros inmigrantes de otras nacionalidades, de manera clara. El solicitante de asilo político, por ejemplo, si su trámite tarda 2 o 3 años en resolverse, al menos a esa persona se le da una tarjeta para que pueda trabajar. El solicitante del estatuto de apátrida no, ni siquiera está documentado. La discriminación es clara. Nosotros, como saharauis, no pedimos un trato favorable, pero sí igualitario.
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