Más allá de cualquier análisis electoral, Ecuador atraviesa una profunda crisis estatal y del sistema político en su conjunto, cuyo reflejo más preocupante es la creciente penetración del narcotráfico en la política del país.
Por Santiago Ortiz Crespo / Jacobin
a candidata Luisa González ganó los comicios presidenciales en la primera vuelta y la lista de su movimiento, Revolución Ciudadana, triunfó en las votaciones parlamentarias en Ecuador del pasado 20 de agosto. El resultado electoral, sin embargo, no parece modificar sustantivamente los graves problemas que atraviesan el país. Bajo otras modalidades, el conflicto dentro del bloque dominante sigue reproduciéndose, esta vez encarnado en el millonario bananero Daniel Noboa —segundo finalista en la contienda electoral—, y el progresismo representado por la candidata Luisa González.
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato del partido Construye, hizo evidente cuatro problemas: el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima, el narcotráfico se ha colocado en el centro de la vida política, el clivaje que divide a la sociedad entre correístas y anticorreístas se mantiene y el conflicto entre Revolución Ciudadana y el movimiento indígena todavía persiste.
Lo cierto es que, más allá de cualquier análisis electoral, Ecuador atraviesa una profunda crisis estatal y del sistema político en su conjunto. Pero las divisiones entre el progresismo y los sectores indígenas impiden construir un frente común capaz de oponerse al bloque dominante y al neoliberalismo.
Crisis del Estado
El desgaste del presidente Guillermo Lasso en los primeros dos años de su mandato se expresó en el deterioro de su credibilidad a menos del 15% según las últimas encuestas. Lasso despilfarró su capital político y se aisló de otros grupos dominantes. En esta declinación influyó la falta de atención a los problemas económicos y sociales de la población, la presencia de la violencia, el narcotráfico y las masacres carcelarias, así como su relación con «el Padrino» Danilo Carrera, su tutor en el Banco de Guayaquil, un personaje siniestro vinculado con la mafia Albanesa.
En medio de este desgaste, el movimiento indígena lideró un paro popular en junio de 2022 en rechazo a la gestión del Presidente, en particular al decreto que suprimía los subsidios a la gasolina, medida tomada en el marco del acuerdo con el FMI. Cinco meses después, la oposición ganó las elecciones seccionales y el «No» triunfo en el referéndum convocado por el propio Lasso (un recurso utilizado por el gobierno para intentar conseguir un cheque en blanco que, a su criterio, le permitiría profundizar la privatización y las reformas neoliberales).
Ese fue el contexto en el cual la Asamblea inició un juicio político para destituir al Presidente, juicio que no culminó porque Lasso activó el dispositivo de «muerte cruzada»: un artículo constitucional que le permite al Presidente eliminar el parlamento y convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias a la mitad de su periodo. Con ello Lasso se salvó de ser acusado de complicidad con el tinglado tenebroso de la mafia albanesa y evitó ser defenestrado.
Uno de los hilos que explica el comportamiento de Guillermo Lasso tiene que ver con la relación entre el capital financiero y el crimen organizado. El nodo es Danilo Carrera, «el padrino», cuñado, socio y tutor de Lasso en el Banco de Guayaquil, del cual es propietario. Dado que la dolarización y el acuerdo con el FMI enajenó del Estado su capacidad de manejar la economía, los bancos tienen el control del manejo monetario y financiero del país. Así, el crimen organizado encontró allí un contexto favorable para sus negocios y penetró el sistema financiero. Estos antecedentes explican cómo la mezcla de neoliberalismo y lumpen-acumulación condujeron al país a una situación de Estado fallido.
Luego de dos años de administración de Lasso, la violencia se instaló de manera dramática en el centro del escenario político ecuatoriano. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio, al igual que de una decena de políticos y autoridades locales, fue expresión del grado de penetración de la violencia en la política ecuatoriana. Varios factores incidieron en este fenómeno. Pero, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que Ecuador dejó de ser un país de descanso y refugio de los narcos para pasar a ser un espacio clave en el comercio y el procesamiento de la droga. Luego del acuerdo de paz en Colombia, la frontera norte, que estuvo controlada por las FARC, hoy es territorio de disputa de alrededor de 14 bandas articuladas con los carteles de la droga en México.
La dolarización y el empobrecimiento de la población durante los dos gobiernos de la última ola neoliberal fueron el caldo de cultivo que propició el blanqueamiento de capitales y la disponibilidad de mano de obra para la droga. Además, los vínculos con los carteles mexicanos generaron la disputa por los puertos y las vías del narcotráfico, aparte de la disputa por los penales y la diseminación de la violencia en las calles. Todo ello debido a la ausencia del Estado, profundizada intencionalmente por los gobiernos neoliberales.
La segunda ola neoliberal de los últimos seis años, impulsada por los presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) han llevado al Estado a una situación de profunda crisis orgánica. Por un lado está la pérdida de monopolio de la violencia legítima con la presencia del narcotráfico. Por otro, la ingobernabilidad del país, acentuada por la visión de Lasso de querer gobernar un Estado con el mismo enfoque que se dirige una empresa. Su política estuvo orientada a frenar la inversión pública: siguió la orientación del FMI que recomendaba no rebasar del 3%, alcanzando solo el 2.5%, a lo que se suma que la subejecución presupuestaria, que no llega al 25%.
También debe considerarse la ausencia del Estado para atender las demandas básicas de los ecuatorianos en términos de educación, empleo y salud, que entre otros efectos ha tenido una segunda oleada de migración ecuatoriana hacia Estados Unidos como resultado de la crisis económica. A ello se suma la pérdida de soberanía estatal debido a los acuerdos con el FMI, el alineamiento con el Pentágono, el alquiler de las Islas Galápagos y la privatización de la explotación de los recursos naturales.
A diferencia de la anterior ola neoliberal de fines del siglo XX, la segunda se caracteriza por el autoritarismo de los gobiernos y por una crisis más profunda de los partidos. Después del COVID y las negligentes políticas neoliberales, la desigualdad y la exclusión social son aun más profundas. Antes, la dependencia se cubría con ciertos modales de respeto a la soberanía. La segunda generación de reformas de la década del 90, impulsadas por el Banco Mundial y la CEPAL, consideraban cierto rol del Estado en lo social y algún grado de descentralización.
La segunda ola difiere de la primera en varios aspectos. Uno, central, es la violencia. Violencia presente no solo en la disputa del narcotráfico por el control de las instituciones y los territorios, por el control sobre la sociedad con las vacunas y las extorsiones, por el control de las cárceles en contubernio con la Policía, sino porque el miedo se ha instalado en el corazón de los ecuatorianos y está ya erosionando el tejido social. En cierto sentido, las familias ecuatorianas siguen en cuarentena: ya no por temor al contagio, sino por angustia por una cada vez más extendida delincuencia.
La crisis del Estado, señalaba Gramsci, se produce por el fracaso de la clase dominante al emprender sus políticas, el desgaste de la legitimidad, el uso de la coerción sobre el consenso y la crisis de representación de los partidos y del parlamento. Todos estos elementos se han hecho presentes en simultáneo en el Ecuador, junto con la pérdida del monopolio estatal de la violencia legítima.
Probablemente los factores que aún no están presentes en esta crisis son el resquebrajamiento de los aparatos mediáticos y la presencia protagónica de la movilización activa desde abajo, pese a que el movimiento indígena ha protagonizado dos enormes paros y levantamientos con apoyo de la población en el 2019 y 2022. Aunque el conflicto al interior de la clase dominante se sostiene en el tiempo, no se ha profundizado de manera decisiva. Ello se debe a que el Ecuador, más que una república, es un protectorado tutelado desde Washington.
Derecha contra progresismo
En ese contexto tuvieron lugar los comicios del domingo 20 de agosto. En las primeras semanas de campaña, las encuestas mostraron que Luisa González había logrado consolidar el apoyo del núcleo duro del correísmo, alcanzando un 40% en los sondeos previos. De haberse mantenido ese porcentaje habría ganado en primera vuelta, siempre que hubiera tenido 10% de diferencia con su seguidor. Pero el asesinato del candidato de Construye Fernando Villavicencio movió el tablero: fortaleció a los candidatos de derecha que se habían embanderado de la mano dura e hizo saltar a Noboa del último puesto al primero, tal como se advierte en el Gráfico 1. A Luisa González le tomó algunos días recuperar el primer lugar.
Los trolls de la derecha rápidamente procuraron culpabilizar al correísmo por el asesinato de Villavicencio. Sin embargo, el operativo de su muerte, realizado a plena luz del día, puso en evidencia que la propia Policía retiró intencionalmente el carro blindado y la protección al candidato de Construye. Este hecho trágico trajo aparejado una mayor desconfianza en el Estado y el sistema político y una merma en el crecimiento de la candidata Luisa González. El debate televisivo, por su parte, permitió posicionar a Daniel Noboa, hijo del millonario bananero Álvaro Noboa y heredero de la maquinaria clientelar de su padre (que fue cinco veces candidato a la presidencia), como se observa en el Gráfico 1. Hay que señalar que el Grupo Noboa utiliza políticamente más de 100 empresas en las campañas electorales, como muestra la siguiente tabla:
Las primera vuelta electoral tuvo lugar el domingo 20 de agosto. Luisa González, de Revolución Ciudadana, ganó con el 33.63% de los votos. Daniel Noboa logró el segundo lugar, con 23.33%, y Cristian Zurita —que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio— se posicionó en el tercer lugar, con el 16.44%. Es significativo que los candidatos de derecha (Yan «Bukele» Topic, del Partido Social Cristiano y Otto Sonneholzner, ex vicepresidente de Moreno) hayan quedado rezagados. Otro de los perdedores de los comicios fue Yaku Pérez, cuya búsqueda de alzarse como representante político del movimiento indígena resultó un fracaso, cosechando apenas un 3.94% de los votos.
La recién electa Asamblea deberá actuar desde el 25 de octubre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2025. Aunque no se cuenta aún con datos definitivos, algunas previsiones afirman que, de 137 parlamentarios, Revolución Ciudadana tendrá 52, Construye 31, el Partido Socialcristiano 17 y ADN 12. Esto implica que la Revolución Ciudadana contará con algunos congresistas más que en la asamblea anterior y será un bloque decisivo para la gobernabilidad. De unirse, los grupos de derecha podrían superar la mitad más uno y, probablemente, controlar el parlamento. Si llega a la presidencia, el candidato Noboa tendrá un bloque parlamentario con menor presencia.
En simultáneo con las elecciones se realizaron dos consultas sobre temas ambientales. Una sobre el Yasuní, la reserva más importante de la Amazonia («¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?»), en la que el «Sí», con 59%, se impuso al «No», con 41%. La segunda consulta preguntaba si la ciudadanía estaba dispuesta a prohibir la explotación de minería metálica en el Chocó Andino, en las estribaciones de los Andes junto a Quito. Allí la diferencia fue mayor: el «Sí» obtuvo 68% y el «No» solo llegó al 31%. Este triunfo plantea un horizonte nuevo para la lucha ambiental y una importante victoria para el movimiento Yasunidos, la CONAIE y el Frente Antiminero, los que contaron con el apoyo de sectores de la Iglesia y otros movimientos sociales y políticos.
La segunda vuelta
El 15 de octubre se realizará la segunda vuelta electoral, cuyo resultado dependerá de varios factores. El primero de ellos es que Revolución Ciudadana potencie su peso regional en las seis provincias de la Costa ecuatoriana y en las tres provincias de mayor población —Guayas, Manabí y Pichincha— donde fue ganadora en la primera vuelta. Para ello deberá dar un giro en su discurso, pues si en la primera vuelta defendió lo que Rafael Correa hizo en el pasado, hoy se trata de proponer ofertas nuevas hacia el futuro, atendiendo los nuevos problemas que tiene la población. Revolución Ciudadana tendrá el desafío de ganar en flexibilidad, liderazgo y ampliar su electorado más allá del sector correísta.
Vale mencionar que en las elecciones presidenciales de 2021 Andrés Arauz obtuvo un porcentaje de votos similar al que obtuvo ahora Luisa González, y que en la segunda vuelta los candidatos de derecha hicieron «carga montón» contra él, lo que catapultó al banquero Guillermo Lasso a la presidencia. Es probable que este escenario se repita en la segunda vuelta de 2023, con toda la derecha unida contra el correísmo. Aunque hoy eso depende también de la campaña de Noboa, que tiene una larga experiencia de manejo clientelar, y de la orientación del voto del electorado de derechas.
Finalmente, hay que señalar que la confrontación política que marca la disputa electoral recrea, con nuevos rostros y modalidades, la que se ha dado desde el 2017 entre los grupos dominantes y el progresismo. De hecho, Ecuador vive hace tiempo bajo un escenario político polarizado (impulsado por las élites, los medios de comunicación y el aparato judicial) entre el correísmo y el anticorreísmo. Este clivaje fue instalado por medio del lawfare, la persecución política y mediática asesorada por la Embajada de Estados Unidos, sus misiones militares y judiciales y por la Fiscal Diana Salazar, quien acusó a Correa y a los líderes de su movimiento de delitos (la mayor parte de ellos inventados por el aparato judicial). Este clivaje también ha derechizado a sectores de centro e izquierda minoritarios, de manera que entre Revolución Ciudadana y el partido de Noboa, ADN, no hay presencia de ningún centro político.
Daniel Noboa representa el grupo monopólico agroexportador más grande del país que, con algunas diferencias, mantiene las propuestas neoliberales de privatización y ajuste fiscal que orientaron las gestiones de los presidentes anteriores. Políticamente, Noboa toma el liderazgo de la derecha, sustituyendo al Partido Social Cristiano, que ostentaba el control de la región costera desde hacía cuarenta años.
Noboa dice que va a crear empleo trayendo capitales del extranjero, pero la verdad es que la clase dominante ecuatoriana envía sus capitales al exterior y, de hecho, tiene gran parte de su fortuna en los paraísos fiscales. Repite el modo clientelar y asistencial de su padre Álvaro, gran millonario y dueño de más de 150 empresas, quien consideraba que con regalos a los pobres y misiones de salud de la fundación de su esposa Anabella Azin se podían resolver los problemas de alimentación de los ecuatorianos.
Noboa no tiene una propuesta coherente que mejore la calidad de vida de los sectores populares, cuyo deterioro y precariedad ha sido el caldo de cultivo de la expansión de la delincuencia, pero tampoco tiene una propuesta clara para enfrentar los carteles, la corrupción policial y de la justicia. Probablemente mantenga a la fiscal Diana Salazar, responsable del lawfare contra Correa y sus seguidores, porque la derecha no acepta la existencia de la Revolución Ciudadana como fuerza política.
Enfrente se ubica la candidatura de Luisa González. Revolución Ciudadana ganó la mayoría de los gobiernos locales en las elecciones pasadas y es la fuerza predominante de la Costa ecuatoriana. En las elecciones de agosto triunfó nuevamente en esa región y en 15 de las 24 provincias. Pese a que los dos gobiernos anteriores impidieron su participación como partido político y desterraron a sus dirigentes, el movimiento logró sobrevivir y se mantuvo como la principal fuerza política de la oposición: sus candidatos estuvieron en los tres últimos balotajes presidenciales y contó con un bloque significativo en el Parlamento.
La composición de Revolución Ciudadana es heterogénea. Su cohesión se sustenta en una identidad popular, progresista, nacionalista y de justicia social, sumada a la lealtad a su líder, Rafael Correa, que encarna la lucha contra la oligarquía, la presencia de un Estado protector y concentra la conducción del movimiento desde su exilio en Bruselas. Para el correísmo, el expresidente refleja la racionalidad y la voluntad política, representa al pueblo y es una referencia personificada de la nación en una sociedad pulverizada.
Revolución Ciudadana mantiene el programa neodesarrollista que aplicó en los diez años de Rafael Correa: recuperación del papel del Estado en la economía, utilización del fondo de reservas que Ecuador tiene en el exterior para la inversión interna, renegociación de la deuda y regulación de las empresas transnacionales mineras y petroleras y mejoramiento de los servicios de educación, seguridad social y salud. En el campo político, se plantea una reforma radical de la justicia para detener el lawfare y, de alguna manera, reconstruir la institucionalidad arrasada por la derecha. A ello se suma una política internacional independiente y de integración regional. Finalmente, busca reponer las instancias ministeriales que controlaban la seguridad, reformar la Policía, fortalecer las unidades de investigación y control territorial, todas ellas instancias que, entre 2007 y 2017, le habían permitido a este espacio político bajar sustantivamente el índice de homicidios.
La grieta
Pero para completar el cuadro de situación de la coyuntura, además de la polarización electoral, es necesario agregar la grieta entre Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, situación que les impide confluir en contra de la derecha. Durante estos últimos años, el movimiento indígena siguió actuando en dos frentes: en la movilización social protagonizó dos paros (2019 y 2022), ambos contra las medidas neoliberales de los gobiernos de Moreno y Lasso. En el frente institucional, Pachakutik logró potenciar su liderazgo por medio de la candidatura presidencial de Yaku Pérez en 2019, cuando logró hacerse con el 20% de los votos.
En las elecciones de 2023, sin embargo, Pérez consiguió apenas el 3.94%. ¿Cómo se explica tal declive? La respuesta es simple: mientras en 2019 la candidatura de Pérez representaba la lucha del movimiento indígena, en 2023 ese lazo entre movimiento y representación política se rompió. La CONAIE reclamó al Pachakutik por actuar sin acatar los procesos comunitarios de toma de decisiones, dado que las candidaturas fueron resueltas por la dirección del movimiento político, sin consenso con la CONAIE, y porque los parlamentarios hicieron caso omiso de la línea resuelta en oposición al gobierno de Lasso. El resultado de los comicios no podría haber sido más elocuente: sin apoyo del movimiento indígena organizado, Pérez se hundió en los resultados, mientras el «Sí» impulsado por la CONAIE en las consultas ambientales logró un amplio triunfo, con más del 60% de los votos.
Si bien la CONAIE continúa siendo el eje articulador del movimiento social y de la lucha ambiental, es evidente que existe un desfase respecto de su representación política, la dirección del Pachakutik. Aunque el movimiento sigue jugando un papel importante en la lucha popular, no logró generar un proyecto político y electoral que le permita enfrentar algunas lógicas centrífugas que le asedian en su entorno, expresadas en corrientes que negocian con la derecha y en el oportunismo de ciertos cuadros del Pachakutik.
Y es precisamente en el terreno político donde se manifiestan las tensiones con Revolución Ciudadana. Si bien hubo momentos de confluencia contra el neoliberalismo, como en la Asamblea Constituyente del 2007, así como procesos de negociación entre los gobiernos locales indígenas y Rafael Correa en torno a la transferencia de recursos en los momentos de bonanza, el conflicto minero abierto en 2010 hizo que las fuerzas se polarizaran en torno al modelo socioeconómico: extractivismo o desarrollismo, protección de la naturaleza o uso de la renta minera y petrolera para los programas sociales.
La distancia abierta desde entonces responde también a un elemento identitario clave que separa el nacionalismo de Revolución Ciudadana y la plurinacionalidad de los indígenas, pues el primero implica homogeneidad de la comunidad política, ciudadanía igualitaria y afirmación del Estado nacional y el segundo implica pluralidad étnica y nacional, derechos colectivos y autogobierno territorial. A estas diferencias se agrega el clivaje correísmo-anticorreismo instalado por la derecha, que lleva a que parlamentarios y cuadros del Pachakutik hayan apoyado al gobierno de Lasso y dificulta aún más que el movimiento indígena y Revolución Ciudadana confluyan en la lucha contra la derecha.
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El escenario que se abre en los próximos meses es crítico e inestable. La «muerte cruzada» determina que las elecciones actuales designarán presidente hasta mayo de 2025, lo que significa que en tan solo un año tendremos una nueva campaña electoral, que volverá a desarrollarse en medio del asedio de la violencia y la polarización política.
Habiendo perdido el monopolio del uso de la violencia legítima y debilitado su soberanía, el Estado ecuatoriano atraviesa una crisis orgánica. El sistema político y las instituciones viven un periodo de deterioro y descrédito. Cualquiera que logre arribar al poder tendrá serias dificultades para resolver los problemas que preocupan a la ciudadanía: la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida y el desempleo. En ese marco, la derecha seguirá actuando, confluyendo en momentos críticos. Los sectores progresistas e indígenas y populares no pueden permitirse seguir divididos.
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