Por Angelo Nero
Buceando nuevamente por las procelosas aguas de la hemeroteca de la Transición, a través del diario que, sin duda, fue se habría de convertir en el brazo mediático que la santificara, el madrileño El País, vuelvo a encontrarme con una de esas víctimas que la Transición Sangrienta, tal como la nombrara el periodista de investigación y escritor, Mariano Sánchez Soler, recientemente entrevistado en estas páginas. En este caso la noticia, firmada por Antonio González, y datada en San Sebastián, el 7 de octubre de 1978, con el titular “Acusan a un policía armado de la muerte de Joseba Barandiarán”, decía lo siguiente:
“La comisión ciudadana que ha investigado los sucesos de San Sebastián, ha llegado a la conclusión, mediante el examen de fotografías y testimonios directos, que fue una bala disparada por un policía armado la que causó la muerte de Joseba Barandiarán en la cuesta de Aldapeta, de la capital donostiarra el 11 de julio, durante la semana trágica de Euskadi. Ayer, en el frontón Anoeta de la capital guipuzcoana, la permanente de la comisión compuesta por representantes de la mayoría de los partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones ciudadanas, presentó públicamente el dossier elaborado durante los últimos tres meses.
Una gran pancarta con la leyenda Castigo a los culpables aparecía en la pared frontal del recinto deportivo, que se encontraba prácticamente lleno. Al acto asistió el padre de Joseba Barandiarán, quien el 11 de julio, al mediodía, caía herido de muerte por arma de fuego en el transcurso de enfrentamientos con la policía. Tras guardarse un minuto de silencio, la mesa de la comisión desarrolló una exposición de los trabajos realizados durante todo este tiempo.
«Han transcurrido dos meses -dice el primer párrafo de la introducción del informe- desde aquel 8 de julio trágico: 8 de julio que significó el comienzo de unas jornadas que el pueblo vasco ha subrayado en el corazón de su historia. De una historia en que la represión es una constante.» El epílogo del dossier, que cuenta con numerosas fotografías y la narración detallada de los hechos ocurridos en San Sebastián, Pamplona y Rentería, finaliza diciendo que «no es la venganza la meta de este dossier. Su meta, nuestra meta, es la justicia».
La comisión justifica su creación y los trabajos llevados a cabo como respuesta a la pasividad de las estructuras judiciales y de poder que ha conducido al pueblo a dotarse de sus propios organismos como experiencia embrionaria de una futura justicia popular.
En uno de los apartados del dossier se recogen las exigencias de la comisión investigadora centradas en primer lugar en la destitución de los mandos de las compañías que hicieron uso de armas de fuego, y ocasionaron la muerte de Joseba Barandiarán. Así como la destitución del comandante de la Policía Armada, señor Antón. La comisión también solicita la dimisión del gobernador civil de Guipúzcoa, señor Oyarzábal, al que califica de máximo responsable civil en la provincia del trágico acontecimiento del 11 de julio, así como de los heridos de Rentería.”
El asesinato de Joseba Barandiarán está encuadrado en los trágicos sucesos de los Sanfermines del 8 de julio de 1978, en Pamplona, uno de los episodios de represión más señalados del “franquismo sin Franco”, y que están muy bien retratados en el libro de Sabino Cuadra: “No os importe matar”. El ex-diputado abertzale nos comentaba también en una conversación en NR a propósito de estos hechos:
“Aquellos sucesos se han quedado grabados en el disco duro de la memoria, no solo mía, sino de miles de personas que vivieron aquella agresión criminal, de carácter claramente premeditado, indiscriminado y gratuito. Las imágenes y recuerdos de una plaza de toros repleta de gente -20.000 personas- que fue peloteada, gaseada y tiroteada, y de unas calles convertidas en escenario policial de tiro al blanco, se han quedado grabadas en nuestra mente para siempre. No solo esto, sino también la absoluta impunidad con la que los aparatos del Estado, gubernamentales y judiciales, trataron todo aquello.”
Ese 8 de julio la Policía Armada, siguiendo las ordenes del ministro de interior, Rodolfo Martín Villa, escribieron con sangre, la del joven militante de la LKI, Germán Rodríguez, una de las páginas más tristes de la Transición, y lejos de amedrentar a la población, provocaron que se declarara una huelga general en el conjunto de Hego Euskalherria, con multitud de manifestaciones de protestas por la actuación policial. En el contexto de estas protestas se produjo un segundo asesinato, en Donostia, tres días después, el 11 de julio, por parte de las fuerzas de orden público.
Ante la desproporcionada represión policial, se levantaron barricadas, y en el centro de la capital guipuzcoana, en el cruce de las calles San Bartolomé y la cuesta Aldapeta, a 300 metros del cuartel de la Policía Armada, “Las primeras reacciones de tensión se produjeron cuando unos números de policía armada, acompañados de dos personas vestidas de civiles, subían la cuesta. Fueron abucheados, ante lo cual uno de los civiles sacó una pistola e hizo dos disparos que aumentaron la tensión”, según recogía un diario
varios manifestantes se protegieron detrás de una furgoneta de Obras Públicas. Joseba Barandiaran Urkola, un joven de Astigarraga, de 19 años, también corría a protegerse cuando una ráfaga de metralleta cortó en seco su carrera, y también segó su vida. Varios testigos señalaron que un agente de la Policía Armada había disparado contra el joven, sin que hubiera ningún motivo, algo que fue confirmado por las investigaciones judiciales en los años posteriores.
“En el auto, la Audiencia Provincial reconoció que el disparo que mató a Barandiaran había partido de las Fuerzas de Orden Público, pero no se pudo individualizar la responsabilidad del delito ante la falta de identificación”, recuerda Miguel Castells, uno de los abogados de la familia que se encargó del caso. “Más de 60 policías armados fueron interrogados, numerosos testigos declararon y se hicieron exámenes periciales de todas las armas reglamentarias de los policías que intervinieron en Aldapeta, así como de algunas armas particulares de éstos. Aún así, jamás se ha sabido quién fue el policía que disparó.”
Finalmente, nadie fue inculpado por la muerte de Joseba, y el caso fue sobreseído siete años más tarde, sin que ningún agente fuera identificado como el culpable de su muerte. La impunidad era, una vez más, uno de los pilares de esa Transición que periodistas al servicio de la versión oficial como Victoria Prego, nos glorificaron, hasta el punto de llamarla la Transición Modélica, e incluso, la Transición Pacífica, como si Germán Rodríguez o Joseba Barandiaran hubieran muerto pacíficamente.
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