Muchos profesionales que hemos hecho de la IVE un recurso seguro y accesible en nuestro país trabajábamos en la inmensa mayoría de los casos en el ámbito público.
Francisca García – Presidenta de ACAI
Eva Rodríguez – Vicepresidenta de ACAI
Desde distintas tribunas públicas y políticas estamos asistiendo estos días a la divulgación de un discurso que busca justificar la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Aborto Provocado, renunciando con ello a reformar puntos concretos, pero sobre todo renunciado a aplicar y hacer cumplir el actual texto legislativo. Una alternativa, esta última, que bien podría parecernos a aquellas que intentamos ser resolutivas, una solución más viable a los problemas detectados y sobre todo más cercana a la realidad de las mujeres.
En el marco de ese discurso se utilizan argumentos que ponen de manifiesto las dificultades de acceso al aborto, algo que de entrada podría parecernos correcto, ya que durante muchos años hemos venido denunciando dichos problemas desde las clínicas, si no fuese porque la lectura de los mismos se hace dando por hecho que estas piedras en el camino son generales, tomando la parte por el todo y presentando la realidad del aborto en nuestro país como podría presentarse la situación que viven las mujeres en no pocos países de América Latina, cuando lo cierto y verdad es que nuestros problemas podrían aproximarse y sin embargo se alejan de las dificultades que las mujeres experimentan no solo en estos países sino en cualquier otro país europeo.
Desde esta perspectiva, se insiste continuadamente en que las IVE se hacen de manera general en centros de naturaleza privada, intentando estimular en el imaginario colectivo la idea de que esta circunstancia contribuye al deterioro de la prestación e impide de algún modo la solución de los problemas. Dada esa obcecación que pasa por considerar a los/as profesionales de los centros acreditados como parte del problema y no de la solución, convendría poner el foco en estos centros para dar fe de que en ellos trabajan grupos de profesionales y no seres inanimados que, sin saber de qué modo, consiguen seguir garantizando la prestación sanitaria de aborto provocado en este país. Y no, no somos seres inertes, sino que somos personas y además dominamos la especialidad.
En los centros de IVE trabajamos más de 1.500 profesionales de diversos ámbitos: médicos/as, ginecólogos/as, enfermeros/as, psiquiatras, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, juristas, personal sanitario, técnico y administrativo…que conformamos unidades multidisciplinares para abordar la prestación sanitaria de aborto provocado no solo desde su perspectiva médica, sino también desde un punto de vista social y personal, procurando en el breve espacio de tiempo en el que estamos al lado de las mujeres, que estas se sientan acompañadas y respetadas en su decisión.
Profesionales que trabajaron ingentemente para que la actual ley garantizase la gratuidad de la prestación a las mujeres. Algo que pese a lo que se sostiene desde distintos foros se consiguió, ya que hoy el recurso de aborto provocado es una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud, financiada por este, gratuita gracias a los conciertos que las administraciones sanitarias han establecido con los centros especializados de IVE, y accesible, en la mayor parte de los casos, para las mujeres; siendo además este acceso libre y seguro. Personas, los/as trabajadores de estos centros médicos, que además pusieron sus conocimientos al servicio de las administraciones sanitarias para que se formasen a los/as profesionales y se procurase un relevo sin pérdida de calidad, seguridad sanitaria e intimidad. Algo que ni se ha hecho ni tiene perspectiva de procurarse.
Como seres humanos que somos es muy probable que cometamos errores, como por otra parte ocurre en todas las disciplinas médicas sobre las que no se ponen lentes de aumento, sin embargo, en nuestro descargo tenemos que decir que nuestra tasa de complicaciones es bajísima y que nuestro trabajo no solo se rige por protocolos médicos1 y pautas de acompañamiento que hemos ido perfeccionando a lo largo de los años (más de 35) como consecuencia de la colaboración mutua y el apoyo inicial de grupos internacionales, sino por el deseo continuado de mejorar la prestación y preservar la intimidad de las mujeres, abordando en nuestros centros no solo el acto de aborto provocado en sí mismo, sino la salud sexual y reproductiva integral de la mujer.
Como consecuencia de ello, y aunque ahora se trate sistemáticamente de obviar esta realidad, hemos asegurado año tras año la prestación de aborto provocado en este país a miles y miles de mujeres que en la inmensa mayoría de los casos se sienten no solo satisfechas, sino agradecidas con el trato recibido, por más que permanentemente se obvie su parecer. Hemos procurado ese recurso con una tasa de morbimortalidad próxima a cero, tanto con la Ley de 1985 como con la actual, e incluso hemos ayudado, seguimos ayudando, de manera altruista a no pocas mujeres a abordar una interrupción fuera de nuestras fronteras si llegado el caso, no fuese viable en el territorio nacional, algo que podrían acreditar las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos y algunas representantes políticas que nos hacen llegar casos de estas características.
En pago a esta dedicación hemos soportado la inseguridad jurídica permanente derivada de la anterior norma, hemos sido juzgados/as, estigmatizadas/os y rechazados/as por nuestros/as propios/as compañeros/as médicos/as. Unos/as profesionales que en no pocos casos han decidido “estimulados/as por la fuerza” de la industria farmacéutica asimilar la prestación, tanto en el ámbito privado como, lo que es peor, en el ámbito público, confiándola a un único método, el farmacológico, cuya expansión a tantos beneficia y en tanto perjudica a las mujeres, y no por el método en sí mismo, sino porque llegará un momento que no podrán elegir la técnica de acuerdo a sus circunstancias personales y médicas, algo que ya ocurre en no pocos países europeos, sin que, curiosamente, nadie hable de ello ni se reciba denuncia alguna. Para ilustrarlo sirva un dato: miles de francesas vienen cada año a interrumpir su embarazo en nuestras clínicas desde un país donde la técnica farmacológica está generalizada y no cuenta con profesionales que dominen todos los métodos como aquí.
Créannos cuando les aseguramos que hace falta mucha empatía y muchas dosis de compromiso social en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, para dedicarse desde la época de la clandestinidad hasta hoy a garantizar este derecho de las mujeres. Altas dosis de militancia para soportar las denuncias, el acoso en los centros en los que trabajas y los juicios ajenos y profesionales que en los últimos tiempos están tentados por los beneficios económicos que tales críticas les reportan. Bastaría con indagar en los patrocinios de los congresos profesionales del sector para saber quiénes y por qué se están moviendo solo en un sentido las fichas de la partida.
Cuando el aborto provocado intentó ser una prestación sanitaria, estas que les escriben y otras/os muchos profesionales que hemos hecho de la IVE un recurso seguro y accesible en nuestro país, trabajábamos en la inmensa mayoría de los casos en el ámbito público. Un ámbito que cerró las puertas a las mujeres porque no quiso o no supo interpretar de manera generosa la ley, no supo o no quiso formarse en las técnicas de IVE, no supo o no quiso formar unidades multidisciplinares y aprender a acompañar a las mujeres en este momento cuando menos complejo de sus vidas. No supo o no quiso y nosotras, como otras/os, abandonamos la Sanidad Pública y creamos nuestros centros, esos que llaman clínicas privadas, no los consideramos así, para hacer posible el recurso de aborto en nuestro país. Un ámbito que sigue sin saber o sin querer ya que las soluciones planteadas para llevar la prestación sanitaria de aborto provocado a los centros públicos directamente se basan en la utilización de un único método, la falta de formación profesional y lo que más nos preocupa, la falta de empatía con las mujeres, la ausencia de un respeto debido a su capacidad de decisión como personas maduras, algo por cierto que reconoce la actual Norma y la Ley de Autonomía del Paciente.
Vivimos en una época en la que difícilmente se abordan las razones que explican una situación, y el aborto provocado no iba a ser menos. Nosotras llevamos realizando esa labor pedagógica desde hace años, combinándola con nuestro trabajo diario, pero se desoyen nuestras razones y se ningunean nuestras propuestas porque es más sencillo calificarnos como “parte interesada” y/o clínicas privadas y orientar la situación desde una perspectiva que no toma a la mujer y a sus necesidades como centro de la reflexión, que no considera la experiencia que valida nuestras aportaciones, teniendo en cuenta voces que, en la inmensa mayoría de los casos, jamás hicieron un aborto provocado o que solo dominan el farmacológico, fiel aliado de la objeción de conciencia profesional, que no ética ni moral.
A tenor de las presiones de la industria farmacéutica, los intereses políticos y económicos y la visión reduccionista de algunas asociaciones; este colectivo de profesionales acabará dándose por amortizado, aunque no exista un relevo formado, empático, comprometido, aunque no se vayan a crear unidades multidisciplinares que aborden en su conjunto la realidad de la mujer. Sin embargo, no quisiéramos dejar estas líneas sin señalar que no, que no nos sentimos interpelados/as cuando nos califican de clínicas privadas, cuando nos estigmatizan con el término, porque nosotras/os garantizamos una prestación pública y gratuita.
Para las y los profesionales de los centros nuestra labor ha merecido la pena, sigue mereciéndola, porque con ella hemos ayudado a miles de mujeres y en ese camino, además, hemos procurado poner el foco en los problemas, pero también aportar soluciones que el tiempo validará, si bien, tal vez entonces, sea demasiado tarde.
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