Esta ley no establece ningún mecanismo respecto a la Ley de Amnistía, que es incompatible con los compromisos internacionales firmados por España, y que evita y obstaculiza la investigación de los crímenes franquistas, ya que la judicatura de este país la utiliza como uno de los argumentos continuados para archivar las causas.
Por Angelo Nero
Conocí a Paqui Maqueda, presidenta de la asociación andaluza Nuestra Memoria e integrante de la plataforma Gambogaz, en unas Xornadas da Memoria en Pontevedra, en las que participó en una mesa redonda, “Cuando la herencia es la memoria”, junto a la escritora Susana Sánchez Arins y al historiador Carlos Babío. Al finalizar me acerqué a ella para que me dedicara su último libro, “La cuerda”, e iniciamos un diálogo que duró gran parte de la jornada, descubriendo que eran muchos nuestros lugares comunes: Chato Galante, Sabino Cuadra, Blanco Chivite, incluso la buena gente de Burlata, que, tanto a ella como a mí, nos habían dado refugio muchas veces. Era obligado que ese diálogo tuviera continuación y que fuera, también, compartido con aquellos comprometidos con la Memoria Antifascista.
Paqui Maqueda pertenece a una familia de Carmona con un largo historial de represión. Su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, fue fusilado al comienzo del alzamiento fascista, en agosto del 36, a su hijo Pascual le aplicaron la ley de fugas, y lo asesinaron por la espalda, y otros dos hijos, Enrique y Juan, fueron encarcelados tras la guerra. La casa familiar fue incautada y los Maqueda tuvieron que dejar el campo para buscar una vida mejor en Sevilla, en el barrio obrero de Las Letanías. Allí se forja su conciencia social y completa los estudios como trabajadora social, siendo contratada por el ayuntamiento sevillano. ¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo social, en el ambiente de chabolismo, droga y prostitución que caracterizaba a los barrios de aluvión del extrarradio?
Cuando nos vinimos a Sevilla, desde Carmona, yo tenía seis años. No nos venimos, precisamente, porque incautaran la vivienda de mi familia, porque la incautaron en el 36, aunque en la documentación aparezca en el 41, que es cuando inscriben la incautación, y era la casa de mi bisabuelo. Yo tengo 57 años ahora, y nosotros nos vinimos hace 50 años a Sevilla. Éramos mis padres y cuatro hijos muy pequeños, el más pequeño tendría dos o tres años, mi hermano Rafael. Vivimos en un barrio del extrarradio, Las Letanías, uno de los que forman el Polígono Sur, uno de los barrios periféricos más duros y marginados de Sevilla. Y la conciencia social surgió porque era natural. La pregunta más bien tendría que ser ¿cómo no tenía que surgir?. Porque era un barrio en el que sólo había vivienda, después se abrieron comercios, pero entonces había muy pocos colegios, no había plazas, teníamos que inscribirnos en colegios de la zona, lejos del barrio.
Las primeras movilizaciones que recuerdo, aunque hubo otras previas, fue en la iglesia, una iglesia de curas obreros, de curas rojos como los llamaban antes, te estoy hablando del año 73 a 75. Esos curas agrupaban, acogían, a personas no solo del Partido Comunista, gente muy joven, que ahora son compañeros y compañeras mías en las calles, y que lideraban la asociación vecinal, y encauzaban todo lo que eran movilizaciones, concentraciones, manifestaciones. Mis primeros recuerdos, siendo muy pequeña, fue una gran asamblea que hubo en una parroquia, en San Pío X, aquí en el barrio de Las Letanías, como de la parroquia salimos andando hasta una de las avenidas del barrio, que cortamos. Éramos muchos padres, niños, niñas, gente joven, que lideraba la manifestación, y de pronto, yo recuerdo, grises a caballo, y con furgonetas, y empezar la gente a gritar y a correr. Recuerdo mucho follón, la policía pegándole a los chicos, y no recuerdo más porque volvimos a casa, seguramente corriendo con mis padres.
Así que, en ese ambiente reivindicativo, de lucha obrera, de conciencia social, nació, efectivamente, mi conciencia obrera y social, y después estuve durante muchos años trabajando en la vocalía juvenil de la asociación de vecinos del barrio, en proyectos de intervención social, y de ahí viene mi vena de trabajadora social. Con Proyectos en los que me impliqué con chicos más jóvenes que yo, para intentar darle una alternativa a la droga, a la prostitución, que muchos tomaban como salida en los años ochenta.
Paralelamente, cursé estudios en un instituto del barrio, yo ya tenía 16, 17 años, cuando cursaba los estudios de BUB y COU. Y allí encontramos un profesorado muy implicado en el barrio, con los alumnos y las alumnas, apostando por sacarnos de esta zona de exclusión social donde nos hallábamos, y había también un sistema de becas públicas. En mi casa había mucha precariedad, porque solo trabajaba mi padre y éramos siete. Mi padre trabajaba en el transporte urbano, pero la situación en casa era muy límite. Mis padres, si no estudiábamos de forma gratuita, no podían pagarnos los estudios. Aunque hicieron muchos esfuerzos para comprar libros, y para comprarnos los materiales, pero realmente no pudimos estudiar sin beca. Pero fue una suerte encontrarse con ese profesorado implicado que nos acogió, nos orientó, nos acompañó y también encontrarnos el sistema de becas de la educación pública. Yo siempre digo que la pública me salvó. Me tendió la mano, y me hizo fácil el camino, y me incorporó a un sistema de enseñanza, para poder hacer la carrera de trabajadora social. Hoy soy lo que soy gracias a eso.
En 2017 fue aprobada la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, gracias a los votos del PSOE, entonces en el gobierno autonómico, de Podemos e IU, y con la abstención del PP y C’s. Cuatro años después, con el cambio en el gobierno de la Junta, este ha paralizado la ejecución de la ley, en un proceso de desmantelamiento de las políticas memorialistas, tanto en la divulgación e investigación, como la dignificación y señalización de los lugares de memoria, o la apertura de fosas. ¿Cómo está actuando la sociedad andaluza ante este grave retroceso democrático, que ha llegado incluso a revertir el nombre de algunas calles, como en Córdoba, para retomar importantes figuras del franquismo?
La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, es una de las más avanzadas a nivel de estado. La verdad es que está muy bien y las entidades de familiares de víctimas estamos satisfechas, porque nos parecía que cubría las expectativas y las demandas del movimiento memorialista. Después de que llegara el Partido Popular, arropado por VOX, la verdad es que habría que hablar de varias cuestiones, una, que durante 36 años el PSOE estuvo gobernando en nuestra comunidad autónoma, y creemos que durante esos 36 años tuvo tiempo para sacar a la gente de las cunetas, -más de 50.000 personas, más de 700 fosas, en Andalucía- para retirar toda la simbología fascista de nuestras calles, para realizar actos de homenaje a las víctimas, por ejemplo, declararlos hijos predilectos en los ayuntamientos que gobernaba la izquierda, que eran muchos. En fin, para realizar una política pública de memoria, en la que, incluso, si me apuras, no hubiera sido necesario una ley de memoria, simplemente con aplicar una política de memoria pública, porque eran socialistas los que gobernaban, y las fosas están llenas de socialistas, y los graves crímenes de lesa humanidad se cometieron contra la población indefensa andaluza. Si la Junta socialista, en los distintos gobiernos que durante 36 años han intervenido en nuestra comunidad, hubiera querido, les hubiera dado tiempo de sobra, y no tenían que haber llegado tan tarde, a 2018, para elaborar una ley que no les dio tiempo a desarrollar.
No les dio tiempo, y llegaron estos, los doce apóstoles de VOX junto con el PP, que aunque no gobiernan si están apoyándoles en el gobierno, y el problema no es que no estén haciendo nada, no es verdad ese mensaje que se está dando, interesado, por parte de la izquierda, no es verdad, se están haciendo cosas, se están haciendo intervenciones que el gobierno socialista dejó pendientes. Este gobierno lo que no está es abordando nuevas intervenciones. Las oficinas de Memoria Histórica, que había en la comunidad autónoma, en las que yo no sé qué tuviera ninguna actividad, las cerró, y ahora tienen un Comisionado por la Concordia, que tampoco está haciendo gran cosa. Trasladó desde Presidencia, lo que antes era una Dirección General de Memoria Democrática, a Cultura, y ahí ha hecho una oficina para la reconciliación, o algo así.
El PSOE, después de 36 años, debería haberse ido con los deberes cumplidos, y no lo hizo, así que toda la mierda no se le puede echar a esta gente. Hay una responsabilidad por la que tendrá que responder el PSOE.
¿Cómo ha respondido la ciudadanía? Organizados, en Andalucía, hay dos grupos. Uno es la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica, que son grupos afines al PSOE, que en raras ocasiones han hecho algo en la calle, pero cuando gobernaba el PSOE no existía, y las entidades que están en ella pocas intervenciones hacían, aunque alguna sí. Otra es la Asamblea Andaluza de Memoria Histórica, en la que está mi entidad y la Plataforma Gambogaz, donde nos hemos reunido entidades que siempre hemos estado en la calle, frente a la Basílica de la Macarena, pidiendo el Cortejo Gambogaz, en la Plaza de la Gavidia, desde hace 13 años, cada último sábado del mes. Tenemos un nivel medio de movilización, y somos entidades de familiares, y también asociaciones cercanas a IU y a UP.
Juntos preparamos una gran manifestación en Sevilla, en noviembre, y fue masiva, fue muchísima gente, porque cuando nos unimos se nota que no somos las cien personas que nos ponemos en la puerta de la Basílica de la Macarena, si no que fuimos miles. Hay partidos políticos que pusieron, incluso, autobuses para venir a Sevilla.
Aparte de esta movilización, nosotras seguimos trabajando al mismo nivel de siempre, en colaboración con el ayuntamiento, cuando nos la pide, organismos nuestras jornadas, nuestras movilizaciones en Gambogaz, en Gavidia, en la Macarena. El nivel de movilización nuestro es el mismo, no hemos parado. Nos ha parado más la pandemia que este gobierno de derechas, por las medidas que había que tomar, por los primeros meses que estuvimos confinados, porque después era muy difícil reunirse, y aun así organizamos la tercera marcha a Gambogaz.
Carmen Calvo afirmaba que “para seguir sosteniendo nuestro modelo democrático es necesario saber que sin memoria no hay futuro”, sin embargo el PSOE tardó bastante en llevar una Ley de Memoria Histórica al parlamento español, no fue hasta 2007, con el gobierno de Zapatero, escudándose en que todavía no habían las condiciones para presentarla, pero en Andalucía gobernaron 36 años, y no fue hasta 2017 en que aprobaron su propia Ley de Memoria. ¿Tiene el PSOE un discurso sobre la memoria histórica muy distinto a la voluntad política que ha tenido en esta materia durante estos cuarenta años que han seguido a la dictadura?
El PSOE no ha tenido voluntad política de aplicar una política pública de memoria histórica, da una de cal y otra de arena, da un paso para adelante y dos para atrás, en cuestión de memoria y en cuestión de justicia. Solo tenemos que ver la poca colaboración que un gobierno socialista ha tenido con la Querella Argentina, poca o ninguna. La jueza Servini se queja de la poca colaboración del estado español, cuando ha gobernado el PSOE, y cuando ha gobernado el PP, ahí tienes la Ley de Amnistía, sin ir más lejos. ¿Cuántas veces ha votado el PSOE en el Congreso para que no se modifique, para que no se derogue?
Es muy difícil con el PSOE, aunque yo reconozco cuando se hacen cosas, por ejemplo el Partido Socialista de Sevilla está haciendo bastantes cosas ahora, se está abriendo una fosa, que esperamos que tenga más de mil personas, ha creado el Consejo Municipal de Memoria Histórica, está arreglando el espacio de la antigua prisión de La Ranilla para hacer un espacio museístico, donde tengamos cabida las entidades de memoria democrática, no digo que no hagan nada, pero digo que son lentos, que llegan tarde y que no son rotundos.
Por ejemplo, uno de los puntos fundamentales de la LMH Andaluza, concretamente el artículo 32.2, establece que ningún lugar privado que pueda tener proyección pública puede tener simbología fascista, porque ofende a las víctimas. Eso lo podía haber aplicado a la Basílica de la Macarena, con la tumba de Queipo de Llano, y no lo aplicó, podía haberlo sacado de la forma más sensata posible, sin apenas escándalo por parte de nadie, y nosotros tampoco íbamos a liar mucho, si nos dicen que se saca, pero no les dio tiempo, y no tuvieron voluntad política de hacerlo.
El PSOE, cuando se trata de la iglesia, siempre tiene un respeto, una parálisis, la iglesia parece que paraliza al PSOE, lo estamos viendo ahora con las inmatriculaciones, el espectáculo que está dando.
Con el nuevo anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, parece que hay algunos avances, pero sigue sin resolverse las principales demandas de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Sigue siendo la Ley de Amnistía el principal escollo para que se puedan atender estas demandas?, por otra parte, ¿Qué papel tiene la apertura de los archivos, de todos los archivos, para que pueda conocerse la Verdad sobre los crímenes del franquismo?
Que la Ley de Amnistía es un escollo para investigar los crímenes del franquismo no lo digo solo yo, ni el colectivo de víctimas, ni la mayoría de las entidades de Memoria Histórica, lo dice Amnistía Internacional, lo dice la ONU, lo dice el Relator de Naciones Unidas, lo dice la jueza argentina. Es que es público y notorio que es una ley que salvaguarda y protege a los intereses de aquellas personas que tuvieron que ver con los crímenes del franquismo, que fueron colaboradores, que aplicaron leyes franquistas, que fueron torturadores, como Billy el Niño. La Ley les facilitó que se fueran de rositas, y sin dar explicaciones, sin responsabilidades judiciales. Si, sacó a los luchadores antifranquistas de la cárcel, pero, ¿a qué precio?. Claro que la Ley de Amnistía es considerada por muchísimas entidades y personas, yo incluida, como una Ley de Punto Final.
Lo tremendo es que el PSOE no se atreve a derogarla, que siempre pone excusas para todo, cuando sabemos que cuando se quiere y se tiene voluntad política se pueden romper muros. Pero este muro es durísimo y lo esgrimen los jueces para no iniciar la investigación de los crímenes de nuestros familiares, y no hay nadie que reviente ese muro.
En relación a la apertura de los archivos, uno de los cuatro pilares que las asociaciones de Memoria Histórica siempre esgrimimos son los del Derecho Internacional, que es conocer la Verdad, que se haga Justicia, que se Repare a las víctimas, y obtener unas mínimas Garantías de No Repetición.
La verdad es que la primera sería fundamental obtenerla, ya que el estado jamás se ha dignado a contestar, por ejemplo, a mi familia, diciendo lo que le ha pasado a mi bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, que, después de 85 años, es una persona desaparecida. Es un crimen que se mantiene a lo largo de 85 años de forma continuada en el tiempo, por eso es un crimen de lesa humanidad, son desapariciones forzadas, etiquetadas así por el Derecho Internacional.
Nadie me ha dicho que ha pasado, todavía, entiendo que es verdad que es muy difícil saberlo, pero, la verdad es que a mi familia le gustaría obtener una respuesta, una carta del estado, diciendo lo que pasó, quienes fueron los responsables de su desaparición, o de su muerte, porque se supone que lo mataron, dónde está su cuerpo, cuando lo van a buscar, y cuando nos lo van a entregar.
Entiendo que el estado tiene en su poder muchísimos archivos y entiendo que los tiene porque yo he visitado alguno, y que alguna de estas preguntas sí que nos las pueden responder a los familiares, sobre todo a aquellos que tienen familiares a los que se les aplicó una sentencia judicial, que tuvieron un juicio. Mi bisabuelo, por ejemplo, no, pero sin embargo, un hijo suyo, Pascual Rodríguez Rodríguez, que fue asesinado en el 39, ya con la Guerra Civil finalizada, sí que obtuve su expediente en un archivo militar, porque después de matarlo, los falangistas hicieron una farsa de juicio. Es increíble, porque le hicieron la autopsia y describen los siete tiros que le dieron, como mataron a ese crío, que tenía solo 23 años.
Sí que es necesaria y fundamental esa pata de la verdad, que para los familiares resolvería muchas dudas y cerraría, o empezaría a cerrar, la herida que llevamos arrastrando tanto tiempo. Por tanto, sí que la apertura de los archivos tiene que ver con ese principio de verdad y tiene que ver con una negación del estado a abrirlos.
Pensamos muchas veces con el tema de los bebés robados, que sería muy importante abrir los archivos de la iglesia. Por ejemplo, yo busco a mi hermano mayor, que tendrá ahora 56 años, y que fue arrebatado de los brazos de mi madre en el año 1968, en un hospital público, y puede que exista algún archivo que tenga alguna información relacionada con mi hermano, o con otros bebés robados.
Los archivos son una pieza fundamental para unir el puzle de la vida de los nuestros. A mí, cuando supe que había pasado, mi madre me pidió que buscara a su abuelo, y fue fundamental buscar archivos para unir esas piezas, y debería haber una opción mucho más valiente por parte del estado, y por parte de los distintos gobiernos, para que se abran los archivos y se pongan a disposición de las familias, de las entidades, de los investigadores e historiadores, que para nosotros también han sido una fuente para ir cerrando ese dolor, por lo menos para mitigarlo.
El PSOE, esta vez con la alianza de Unidas Podemos, nos vuelve a poner sobre la mesa una ley de Memoria, que si bien avanza en algunas cuestiones, adolece en el fondo, como la que aprobó el gobierno de Zapatero, dejando de lado la piedra angular de la impunidad: la Ley de Amnistía, ¿Qué valoración haces de este nuevo anteproyecto, que está generando bastante debate en el movimiento memorialista?
En relación al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que no está todavía aprobado, creo que todas las entidades coincidimos en que hay una serie de medidas que avanzan, obviamente, y mejoran la ley de 2007 de Zapatero, que nació con un 90% de entidades memorialistas en contra. En esta nueva ley está la creación de un bando de ADN, la auditoria de bienes, el censo de víctimas, el inventario de lugares de memoria, la localización y exhumación de las fosas comunes, el reconocimiento a los brigadistas internacionales, así que no podemos decir que sea una ley que esté mal en su totalidad, hay avances y estos avances son importantes.
Pero, para mí, hay algo fundamental, esta ley no salva el modelo de impunidad del estado, vamos a conservar el mismo modelo que llevamos arrastrando en democracia desde hace más de 40 años. Esta ley no establece ningún mecanismo respecto a la Ley de Amnistía, que es incompatible con los compromisos internacionales firmados por España, y que evita y obstaculiza la investigación de los crímenes franquistas, ya que la judicatura de este país la utiliza como uno de los argumentos continuados para archivar las causas.
Creo que es una oportunidad perdida, debería de haber avanzado más en este tema, es una ley que si tenemos en cuenta los pilares fundamentales del derecho internacional, como decía antes, avanza en Verdad, pero suspende en Justicia, y en Reparación se queda a medias. Crea una auditoria de bienes incautados, pero no contempla la reparación a las víctimas, entonces ¿para qué creas una auditoría de bienes, si al final no me vas a devolver mi casa o no me vas a indemnizar por su valor?
Entonces, se queda a medias, en muchísimos temas, yo soy más de la opinión de Esquerra Republicana, me parece que han hecho una enmienda a la totalidad, y me parece que esta ley sigue siendo timorata, en el espíritu timorato del PSOE, y que no recoge las reclamaciones y reivindicaciones del movimiento memorialista. De hecho la ley está muy parada, porque no va a satisfacer realmente a nadie, no es una copia de la primera ley, pero aun contemplando unos avances no es una ley que venga a reparar a las víctimas al cien por cien.
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