Entrevistamos a Cristina Garés y Ales Payá, guionistas y director de «La cifra negra», una película que se adentra en la violencia institucional, los malos tratos y la tortura, una de las zonas más oscuras de la democracia española.
Por Angelo Nero
La práctica de la tortura, de la violencia policial en manifestaciones, detenciones o incluso en las cárceles, inmediatamente, en nuestro imaginario colectivo, nos remiten a la época más oscura de la dictadura, o, como mucho, a los años de plomo de la Transición, de esa etapa en que, como decía Gramsci, «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos», y uno de esos monstruos vestía uniforme y, aunque le cambiaran de color, seguía siendo el mismo. Por eso a muchos de nuestros lectores le sorprenderá que, según el último informe, publicado en 2017, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) desde 2004 a 2016, esto es, casi 30 años después de la muerte de Franco, se presentaran en el estado español más de 7.500 denuncias por malos tratos o abusos contra funcionarios de orden público, de prisiones, y de centros de menores, y que hasta en ocho ocasiones, la última en enero de 2021, España haya sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar debidamente las denuncias por estos hechos.
“La cifra negra” es un documental que pone el foco en esa lacra de la democracia, a través de 25 casos, representativos de los miles y miles de casos de vulneraciones de los derechos humanos, en forma de torturas en prisión, abusos e incluso violaciones en comisarias, represión en manifestaciones de todo tipo, cometidas por policías locales y nacionales, guardias civiles, funcionarios de prisiones y policías autonómicos. De esta película, producida por Empatik Films, hablamos con su director, Ales Payá, y con Cristina Garés, que ha compartido con él las tareas de guión. Cristina también es miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH).
¿Cuáles son los objetivos que persigue una película como esta, que nos habla de una realidad que muy pocas veces es retratada por los medios de comunicación, y como consigues sacar adelante este proyecto?
Ales Payá: Yo empiezo este proyecto en 2011, que fue justo cuando terminaba de estudiar el Ciclo de Realización de Audiovisuales. Yo pasé el 27 de mayo del 2011 por Plaza de Cataluña, en el momento en el que un gran operativo de Mossos de Escuadra y de Guardia Urbana pretendía desalojar la plaza, que había sido tomada por el movimiento del 15-M. Había participado ya en varios movimientos sociales, y era consciente del uso abusivo de la fuerza que solían hacer estos agentes en el contexto de las movilizaciones sociales, pero aquí es cuando me di cuenta de algo. Me encontraba con gente mayor que expresaban que esto no lo veían desde los grises de Franco, y luego había gente joven que parecía que era la primera vez que participaba en una movilización y que se quedaba de lo más estremecida y de lo más indignada, por esta práctica.
Entonces, es cuando me di cuenta de que la gran mayoría de la sociedad es posible que no sepa de esta realidad, y me parecía que era un tema importante que había que trabajar. Y ese fue mi punto de salida.
Los objetivos eran, en primer lugar, hacer una panorámica de los diferentes contextos donde se suele producir el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del estado. En segundo lugar, entrar a profundizar y analizar la impunidad con la que se suelen producir este tipo de prácticas, que me parece lo más grave de todo esto. Y, en tercer lugar, también arrojar al espectador algunos ejemplos de pequeñas victorias que va consiguiendo la sociedad civil, para avanzar en la erradicación de estas prácticas.
Consigo sacar la película gracias a la colaboración solidaria de todo el equipo, porque nadie ha cobrado un céntimo por su dedicación a la producción. Si que se consiguió un fondo de 3.500 gracias a una campaña de crowdfunding por medio de Verkami, en la que con ese dinero se pudieron cubrir los gastos que había de producción, los gastos de desplazamiento por todo el estado, a la hora de entrevistar a toda la gente, y algunos gastos de materiales, a la hora de hacer esas reconstrucciones de ficción, que aparecen en la película.
Este tipo de prácticas de abuso policial, alcanzan no solo a la disidencia política y social, sino también a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, como a los migrantes, ¿hay patrones en las que se producen, lugares que son más propicios a que estas agresiones queden impunes?
Cristina Garés: Las vulneraciones que se producen en la vía pública, son las que más posibilidades tienen de probarse, por la posibilidad de que haya testigos externos a los hechos. En los espacios de privación de libertad, como son las cárceles y los CIE, es mucho más difícil que haya testigos, y cuando los hay, es difícil que los jueces/zas otorguen credibilidad a sus testimonios.
Nos encontramos además con que aunque en muchos de estos espacios haya cámaras de videovigilancia, no todos los espacios estas cubiertos, encontrándonos con que hay muchos «agujeros negros». Además quien custodia las grabaciones es la propia administración, para la que trabajan los supuestos victimarios de los hechos, siendo muy difícil para las víctimas tener acceso a las mismas.
Esto se propicia más en los departamentos de aislamiento, donde ni tan siquiera hay otros presos que puedan ser testigos de las agresiones.
Los únicos medios de prueba con los que podrán contar la mayoría de veces estas personas son con los informes médicos, los cuales en la mayoría de ocasiones no se realizan según los protocolos establecidos. En muchos casos no se hacen constar todas las lesiones que presenta la persona ni se realiza una valoración adecuada de la credibilidad del relato de la persona afectada atendiendo con las lesiones que presenta.
Además, los profesionales sanitarios, aunque al menos aquí en Cataluña ya no dependen de instituciones penitenciarias si no del instituto catalán de salud, siguen dependiendo funcionalmente de la dirección del centro, con lo que se acaban viendo afectados por el corporativismos que suele caracterizar a los profesionales que trabajan en instituciones cerradas.
Nos encontramos además con que las personas presas en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar por miedo a sufrir represalias o a ser contra denunciados por los funcionarios/as agresores. No hay que olvidar que generalmente tras la denuncia estas personas seguirán bajo custodia de los supuestos victimarios de los hechos, dejándoles en una situación de especial vulnerabilidad ante cualquier posible represalia.
Entonces, la gran mayoría de las personas presas, entre las pocas probabilidades que tienen de obtener justicia, y las altas probabilidades que tienen de que las denuncias de los victimarios prosperen y que por tanto aumenten sus condenas, prefieren no denunciar.
En cuanto al tema de los migrantes, otra de las cosas que lo complica, en personas que están en situación de irregularidad administrativa, es que muchas veces tienen miedo a denunciar por las repercusiones que ello pueda tener. En otras ocasiones son expulsados del país antes de que los procedimientos lleguen a trámite.
La sociedad de este estado, a mi parecer, asocia las torturas con una época lejana, a la dictadura, e incluso un sector amplio la ha llegado a justificar en la lucha contra ETA, pero parece que el fenómeno de la tortura ni se circunscribe a una época ni una circunstancia concreta, sino a varias. ¿Cuál es realmente la dimensión de la tortura en el estado español, y porque ha perdurado hasta nuestros días?
Ales Payá: Según hemos podido analizar con los casos recogidos por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que aglutina el trabajo de una cincuenta de entidades que trabajan por los derechos humanos a lo largo de todo el Estado español, y que desde el 2004 hasta el 2017 estuvo monitorizando casos de tortura y otras formas de violencia institucional, más o menos podemos definir que la dimensión de la tortura se puede producir en una diversidad de contextos. Tendríamos el contexto de las movilizaciones sociales, tendríamos el contexto de los movimientos migratorios, el contexto de las comisarias, y sobretodo en la aplicación de la Ley Antiterrorista, tendríamos también el contexto de las prisiones, el de los centros de menores, y luego unos casos de personas que no pertenecen a ningún grupo social determinado, pero que en el transcurso de una diligencia policial cotidiana, un control o una identificación, o incluso yendo a poner una denuncia se encuentran con una vulneración de derechos de este tipo. Y si ha perdurado hasta nuestros días es difícil conocer cuales son los motivos, pero lo que si que está claro es que no hay una voluntad política para que no ocurra.
Otro problema para evaluar realmente el problema de la violencia policial, para encontrar una cifra negra aproximada, es que, en la mayoría de los casos, no se llega a denunciar, bien por miedo a represalias o por la poca confianza que hay en la justicia. ¿Existe una sensación más o menos generalizada, entre los que sufren esta violencia, de que la policía y los jueces no están del lado de las víctimas?
Ales Payá: Totalmente. Yo creo que la gran mayoría de casos no se denuncian. Hay una desconfianza en la justicia tremenda. La gente que denuncia pasa por un desgaste, por un proceso de revictimización, por el hecho de volver a revivir los hechos, a ser cuestionado ante un tribunal y un fiscal, que se siente más cercano a los agentes que están siendo denunciados, que hacia la propia persona que está denunciando los hechos. Y después de todo ese proceso, cuando aún encima no consigues nada, ese es un mensaje que se difunde y en realidad es el principal handicap que se tiene a la hora de poder cuantificar la magnitud de este fenómeno.
Para poder contrarrestar ese handicap es muy importante el trabajo de las entidades de derechos humanos porque para que una persona se pueda sentir fuerte para denunciar un caso, necesita un apoyo y necesita un asesoramiento jurídico, en primer lugar, pero necesita el apoyo de una entidad social que trabaje los derechos humanos y que puedan apoyarles en todo este proceso. En los lugares de la península donde estas entidades no existen, estos casos se desconocen, por mucho que se puedan producir. Este es uno de los objetivos que tiene esta película, es promover esta cultura de los derechos humanos, y darle valor al hecho de denunciar los casos que se puedan producir, para poder cuantificar el fenómeno, y poder hacernos una idea de cuanto de grave es la situación, para poder poner cartas en el asunto.
Te pongo un ejemplo, el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma en el transcurso de una huelga general, en 2012 en Barcelona, es un caso muy grave, y durante el proceso judicial, el juzgado le pide a los Mossos la grabación del helicóptero, porque estaba sobrevolando el lugar de los hechos en el momento en que Ester Quintana recibió aquel pelotazo. Los Mossos entregan al juzgado la grabación del helicóptero, con un desfase horario de quince minutos, faltaba un corte de quince minutos, hora en la que Ester había sido herida, y el juzgado se queda tan ancho, han recortado la prueba, pero no exige ninguna responsabilidad. Y así se quedó el tema, los dos agentes de los Mossos acusados del disparo a Quintana quedaron absueltos en la Audiencia.
Sin embargo, si que hay algunas estimaciones realizadas por organismos de derechos humanos, aunque el Ministerio del Interior se niegue a reconocerlas. En la documentación previa al rodaje del documental, ¿Cuáles fueron esas cifras negras con las que os encontrasteis?
Ales Payá: Los datos recogidos por organizaciones de Derechos Humanos, teníamos la cifra de 8.000 denuncias, desde el 2004 hasta el 2017. Luego están los datos recogidos por el Ministerio, a partir del 2009 empieza a cuantificar, y a recoger datos sobre las denuncias a agentes de la policía nacional y la guardia civil, esto era por el Plan Nacional de Derechos Humanos, que se venía exigiendo desde hacía un montón de años por parte de las Naciones Unidas. Aquí se recogen, entre 2009 y 2012, 4.361 denuncias a agentes de la policía nacional y guardia civil, de las cuales solo 29 resultaron en una condena para el agente denunciado. Y en el contexto de prisiones tenemos aquí los datos del estudio que hizo el sociólogo Pedro Cabrera, en el que se entrevistó con 1.668 presos, de 46 cárceles del Estado, de los cuales 703 manifestaron haber sufrido malos tratos, solo 206 los denunciaron, 34 llegaron a juicio, en 2 de los casos los funcionarios fueron condenados, y en 23 de estos casos fueron los presos los condenados, al haber sido contra-denunciados por los funcionarios. Luego, en aplicación de la Ley Antiterrorista, el informe de Jon Mirena Landa y Benito Morentin, de 2011, que dice que entre el 2.000 y el 2.008, de 957 personas detenidas bajo la Ley Antiterrorista, 644 denunciaron haber sufrido malos tratos y/o torturas.
Y luego está el tema de las pelotas de goma. Hasta el cierre del montaje de la película, en 2017, 30 personas habían resultado cegadas de un ojo desde 1990 en el Estado español, y 9 personas habían muerto desde el principio de la democracia, sin contar con los de la playa del Tarajal, en Ceuta, que entonces serían 24.
En cuanto al tema de la judicialización de las torturas y abusos policiales, ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran las víctimas para llevar su caso ante los tribunales, con unas mínimas garantías?
Cristina Garés: Las personas que denuncian haber sido víctimas de tales prácticas se encuentran generalmente con muchas dificultades de acceso a los medios probatorios, que en los espacios de privación de libertad no son los mismos que en la calle, donde pueden haber cámaras o alguien que sea testigo. Con el tema de los testigos también ocurre que en la mayoría de ocasiones los jueces/zas solo otorgan validez a sus relatos si son ajenos a los hechos, encontrándonos con que el testimonio de otros presos o de otras personas vinculadas y/o que formen parte de la familia, no se consideran testigos fiables. En los espacios de privación de libertad hay las dificultades de acceso a material probatorio, como pueden ser las cámaras, los problemas con los informes médicos que hacen los responsables penitenciarios, que no acaban cumpliendo con los protocolos establecidos y dificultan hacer una triangulación de validez entre la denuncia del preso y las lesiones que presenta, para poder efectuar una valoración de la consistencia de su testimonio, como se debería de proceder según el Protocolo de Estambul. Y luego está la indefensión jurídica que caracteriza la fase de ejecución penal. Los presos requieren que venga primero a visitarles un/a abogado/a del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), para que les tramite la solicitud de justicia gratuita y les sea designado/a un/a abogado/a de oficio porque generalmente no tienen recursos para pagar a uno o una privado/a. Muchas veces los abogados/as del turno de oficio directamente les recomiendan no denunciar, por la poca probabilidad de que prosperen sus denuncias. En otras ocasiones los abogados/as ni siquiera acuden a prisión a visitar a la persona, lo que obviamente dificulta la preparación de una buena defensa.
El documental también contiene durísimas reconstrucciones ficcionadas de casos reales de violencia policial, para la que contaste con actores como Willy Toledo, Gorka Lasaosa o Isak Férriz. ¿Querías con esto que el público visualizara con más crudeza las historias que estabais contando?
Ales Payá: Esa era la idea. Por medio de la reconstrucción de los hechos, por medio de la ficción, facilitar la empatía del espectador hacia las personas afectadas por esta violencia. Por eso de los 25 casos que se recogen en esta película, 3 de ellos hemos hecho una reconstrucción de parte de los hechos, del testimonio directo de las personas afectadas, pero que además estos hechos han sido verificados y demostrados en sede judicial, como hechos probados.
Entre los muchos testimonios que recoge “La cifra negra” están los de las víctimas, como Martxelo Otamendi, Carles Mestre, los padres de Iñigo Cabacas, pero también de juezas como Manuela Carmena, Jone Goirizelaya, o Joaquím Bosch, forenses como Francisco Etxeberria, o activistas como la portavoz de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez, o Carles Guillot, miembro de Stop Balas de Goma. ¿Intentabais con esto hacer una radiografía lo más completa posible de la violencia policial en el Estado español? ¿Fueron muchos los que se negaron a ponerse delante de vuestras cámaras?
Ales Payá: Nuestra intención era mostrar la violencia institucional en el Estado español y en toda su amplitud, haciendo una panorámica de todos los contextos donde se suele producir, y para eso necesitábamos contar con la participación de todos los agentes que participan en todo este fenómeno. La verdad es que fue un trabajo bastante extenso en el que tuvimos varias negativas de participación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las personas afectadas, las personas que han padecido este tipo de violencia institucional, la gran mayoría de las personas con las que contactamos, como habían sido frustradas sus denuncias por la vía judicial, encontraron una oportunidad de hacer justicia social por medio de esta película, y colaboraron interesadamente. Pero si que es verdad que nos hemos encontrado con algunas personas que declinaron nuestra propuesta de entrevista, por el hecho de no volver a revivir lo sucedido, por no pasar por ese proceso de revictimización.
Nos parecía muy importante contar con la participación del Ministerio del Interior, y con diferentes sindicatos del colectivo policial, de centros de privación de libertad, de centros de menores y demás, pero todo esto fue bastante imposible. El Ministerio del Interior rechazó nuestra propuesta de entrevista en tres ocasiones, incluso la Defensora del Pueblo también. El Sindicato Unificado de Policía de Madrid tampoco quiso participar. Suerte tuvimos que contamos con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, de la delegación de la Comunidad Valenciana.
Hablando de las víctimas, en el contexto de las personas migrantes también hemos tenido muchas dificultades. Quisimos documentar el caso de abusos sexuales en el CIE de Málaga, y el caso de abusos en la cárcel de mujeres de Brieva, y fue imposible localizar a las personas, porque ya habían sido deportadas, no había ni rastro de ellas para poder contactarlas. Luego también conseguimos contactar con un agente de la guardia civil que había formado parte del cuerpo durante unos veinte años, y aunque ya no formaba parte tenía mucho que decir, pero fue imposible contar con su participación, porque el tuvo que dejar el cuerpo porque su ideología le generaba un conflicto constante dentro de las prácticas de la guardia civil, y al final la situación pudo con él, y por motivos psicológicos tuvo que dejar el cuerpo, y en un principio estuvo dispuesto a colaborar con esta película, para contar su experiencia, pero a medida que se hacía la idea de contar los hechos, su situación psicológica se agravaba y tuvo que dejar la participación.
Un espacio especialmente opaco, donde los abusos no suelen traspasar los muros, son las prisiones, donde el recluso tiene poco margen para escapar de la violencia institucional, pero también en los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE. ¿Existe un cierto corporativismo entre los trabajadores de estos centros, para que estos casos no salgan a la luz?
Cristina Garés: Si que existe un mal entendido corporativismo y una tendencia a tapar este tipo de prácticas No se sabe muy bien porque, si es por una tendencia a que se piense que estos trabajadores no cometen este tipo de actos, o lo que me parece más probable que al tratarse de espacios cerrados, opacos y hostiles, y de colectivos profesionales sujetos a muchas tensiones y situaciones complicadas en el ejercicio de su cargo, unos se apoyan a otros. Y luego las presiones que los propios trabajadores o trabajadoras encuentran por parte de sus propios compañeros/as cuando quieren denunciar y sacar a la luz estas cosas. como lo que sucedió con aquel director del CP Brians 1, que quiso empezar a poner cámaras en todos los espacios y los funcionarios se quejaban porque decían que se sentían fiscalizados, pero al final lo que ocurre es que ellos quieren tener espacios neutros de cámaras, obviamente. Dicho director sufrió tantas presiones y amenazas por parte de parte de la plantilla de trabajadores/as de vigilancia que finalmente tuvo que desistir del cargo.
A diferencia de las prisiones, en las comisarías, aunque también haya espacios donde no hay cámaras, la persona detenida en caso de presentar lesiones será llevada a un hospital de la red pública y visitada por un médico externo, pudiendo acceder al informe médico en cualquier momento. Luego pasará a disposición judicial y si presenta lesiones podrá ser llevado a un hospital de la red pública, donde será asistida por un médico forense. En cambio, las personas privadas de libertad es espacios cerrados, presas, son atendidas por el propio personal sanitario de los centros. Y como comentábamos antes nos encontramos con que aunque las competencias se encuentren descentralizadas acabamos viendo como la dependencia funcional de estos profesionales de la dirección del centro, hace que en muchas ocasiones acaben primando los factores disciplinarios y regimentales, a los factores sanitarios o de tratamiento.
Luego a nivel factores judiciales, otro tema a tener en cuenta es el hecho de que los jueces/zas suelen otorgar mucha más credibilidad al testimonio de los funcionarios/as que al de las personas presas. Por un lado, porque generalmente, la víctima será una, y los funcionarios/as serán varios, y aportarán un mismo relato. Además, a estos, al igual que a los agentes policiales se les otorga cierta presunción de veracidad al estar estos actuando en el ejercicio de su cargo. Así, a no ser que los funcionarios entren en contradicciones muy abismales, siempre se les dará más credibilidad a sus testimonios que al de la persona denunciante.
La represión a raíz del referéndum de Cataluña también es tratada en la película. Òmnium Cultural cifró en más de 3.000 los represaliados de alguna forma en casos vinculados al procés. ¿La violencia policial, que hasta entonces parecía focalizada en Euskadi, puso el epicentro de la represión política en Cataluña? Y, por otra parte ¿El haber encarcelado a algunos protagonistas del procés, ha contribuido a adquirir conciencia sobre la existencia de presos políticos en el Estado español?
Ales Payá: No, el referéndum fue el 1 de octubre de 2017 y nosotros cerramos la producción en junio de ese mismo año. Lo que si te puedo decir es que este es el caso de abuso, de violencia, de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales en una movilización social, es el caso más brutal de la historia de la democracia del Estado español. Y por ende, después de esta situación, al menos en Cataluña, porque fue un caso tan amplio y extenso, que afectó a tantas capas de la sociedad que en gran medida despertó la sensibilidad hacia las prácticas abusivas de la fuerza.
Yo tengo mi valoración, creo que gracias a que ocurriera esta situación, “La cifra negra” fue emitida en TV3, y posteriormente en ETB. Creo que si esto no hubiera ocurrido TV3 no hubiera encontrado motivación como para emitir una película de este tipo.
¿Qué dificultades encontraste para la realización de un documental como este? ¿Cuáles han sido vuestras fuentes de financiación?
Ales Payá: Aparte de las dificultades de contar con la participación de ciertas personas, dificultades nos hemos encontrado a la hora de conseguir datos, sobretodo las ejecutorias de los juzgados hacia los funcionarios que habían resultado condenados por casos de violencia institucional. Eso ha sido bastante laborioso, que hemos tenido que conseguir a través de los abogados, y en muchos casos no hemos conseguido toda la información que necesitábamos. A la hora de conseguir también los protocolos de actuación de los diferentes cuerpos policiales, ha sido algo bastante opaco. También los protocolos de actuación en centros médicos como puede ser el hospital Clinic de Barcelona, que llamé al departamento de prensa y no querían dar ninguna información, respecto al protocolo que tenían en el caso de que una persona llegara custodiada por la policía, y esposada, para ser vista por un médico. Todo este tipo de información ha sido bastante difícil acceder a ella.
También unas imágenes del parlamento vasco, de la comisión que valoraba el caso de Iñigo Cabacas, que murió por una pelota de goma de la Ertzaintza, en una celebración deportiva, del Atletic, las imágenes que aparecen en el documental las pude descargar de la plataforma del parlamento vasco, y en el momento que quise recurrir a ellas con buena calidad por medio de su departamento de prensa, esas imágenes habían desaparecido. Ya no estaban en el archivo del parlamento.
Otra complicación que se ha tenido, pero ya a nivel de producción, a nivel de conseguir el equipo, ha sido difícil, porque hacer una película sin medios es una batalla constante. Pero fue mi primera película y me tiré al barro sin un duro, porque no quería perder tiempo pidiendo ayudas, porque ya se sabe que si no tienes la puntuación de proyectos anteriores no tienes acceso a las ayudas de cultura. El camino del principiante es así de duro. Pero lo que más me costó fue conseguir al equipo técnico para las reconstrucciones de ficción de los hechos, porque ahí el equipo era bastante amplio, y fue un encaje de bolillos, un puzle humano.
Por último, nos gustaría saber que recorrido ha tenido “La cifra negra” en festivales y en salas, así como en las plataformas digitales.
Ales Payá: Una vez que la película estaba hecha también ha sido difícil darle salida, la primera fase de la distribución son los festivales de cine, y la verdad es que ha sido un año entero de portazos constantes. La película finalmente solo pudo ser seleccionada en cuatro festivales, a nivel nacional, un festival también de Latinoamérica, y por suerte la película tuvo el reconocimiento de ser la Mejor Película del Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, en la edición de 2018, y esa fue una ducha de agua fría al final del camino, porque además este premio lo concede el público, y fue maravilloso.
La película también paso por el Barcelona Creative Commons Film Festival, del 2017, el Valladolid Creative Commons Film Festival, de 2018, el Festival de Derechos Humanos de Barcelona, de 2017, el Festival de Cine Crítico de Carabanchel y Aluche, del mismo año, y el Festival Contra el silencio todas las voces Encuentro Hispanoamericano de cine y video documental, de México, en 2018.
A partir del 1 de marzo de 2018 hicimos una ruta de presentaciones en salas cinematográficas y otros espacios por todo el Estado español, estuvo en la Cineteca de Madrid, en la sala Chomón de la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona, en la Filmoteca de Zaragoza. Tuvimos una distribución en cines por medio de campañas de crowdticketing, desarrolladas en ese momento por una plataforma que se llamaba Screenly, que ya desapareció. Hicimos un recorrido, y la película se vio en todas las comunidades autónomas del Estado, y luego se emitió en TV3, en 2019, seguidamente en ETB, y actualmente se encuentra en Filmin y en YouTube.
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