Economía colaborativa: revolución o involución

Por Joan Ramon Sanchis Palacio

La Economía Colaborativa está de moda. Aunque su medición es compleja, por la falta de regulación y por la informalidad de muchas de sus actividades, algunos estudios muy recientes señalan que su peso sobre el PIB supera ya el 1%, y la tendencia al alza va a continuar de forma exponencial durante los próximos años, de manera que en pocos años podría estar por encima del 3%. En algunos sectores como la compraventa, el alojamiento y el transporte, su relevancia es significativa y más de la mitad de la población ha hecho uso alguna vez de las plataformas que dan sustento a esta forma de economía. Se trata, sin ninguna duda, de un fenómeno que tiene en la actualidad un gran impacto económico y social, por lo que es objeto de numerosos análisis, estudios y reflexiones, sobre todo, en lo que se refiere a sus ventajas y a sus inconvenientes.

El consumo colaborativo o economía colaborativa nace en 2007 de la mano de una lectura publicada por Ray Algar y es popularizada a partir de 2010 a través de un libro publicado por Rachel Botsman y Roo Rogers titulado What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. En España llega a partir de 2012 cuando comienza a implantarse en el sector turístico. Los medios de comunicación han destacado su enorme valor económico y social y su carácter emprendedor, así como su enorme potencial de consumo. La propia Unión Europea, en un Dictamen de 2014 lo define como un complemento ventajoso para la economía desde el punto de vista innovador, económico y ecológico y supone una solución a la crisis económica y financiera al hacer posible el intercambio en caso de necesidad.

El nacimiento de la economía colaborativa está asociado sin ninguna duda a la crisis económica y financiera como una respuesta por parte de la sociedad civil a las dificultades para consumir productos y servicios. La caída del consumo como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo supone un revulsivo para determinados sectores de la sociedad, que ven en la economía colaborativa una enorme posibilidad de desarrollo personal y colectivo. Es por tanto, una iniciativa que nace desde abajo hacia arriba y que trata de dar respuestas a las necesidades de la población con menor poder adquisitivo o que ha visto mermado su poder adquisitivo de manera sensible durante los años de la crisis económica. En cierto modo, representa una vuelta al trueque y se convierte en un instrumento revolucionario al servicio de las clases populares dentro de un sistema capitalista cada vez más elitista y segmentado. Fue así como surgió también la Economía Social y el Cooperativismo en el Siglo XIX como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Revolución Industria.

En el momento en que determinadas grandes empresas digitales, con gran poder de negociación y de mercado, se interponen entre los prosumidores, la base de la economía colaborativa desaparece, para pasar a convertirse en un gran negocio para unos pocos

Pero, ¿qué se entiende por economía colaborativa?. Desde mi punto de vista, se trata de un intercambio de bienes y servicios entre particulares a través de las redes sociales. Desde este enfoque, la economía colaborativa consigue eliminar los intermediarios, abaratando los costes de transacción y, por tanto, facilitando el acceso al consumo entre particulares. Tiene su base en los conceptos de prosumidores y de canales cortos o canales directos de intermediación. Las personas ejercen de productores y de consumidores a la vez (concepto de prosumidor) y favorecen las transacciones entre ellas eliminando los canales de intermediación (canales directos). Se consigue así acceder a bienes y servicios a un coste mucho menor. Sin ninguna duda, se trata de un mecanismo que favorece el consumo entre particulares y que mejora las condiciones de vida de las personas, especialmente de aquellas con menor poder adquisitivo. Se puede concluir pues, que no se trata de una moda, sino que es una tendencia que surge de la necesidad y que se va a consolidar con el paso del tiempo.

Entonces, ¿dónde está el problema? y sobre todo ¿porqué está generando tanta suspicacia e incluso críticas considerables desde diferentes sectores de la sociedad?. Es evidente que el fomento del consumo colaborativo perjudica a aquellos sectores económicos, pequeños empresarios y autónomos sobre todo, en los que éste pasa a convertirse en competidores directos. Además, si tenemos en cuenta que la economía colaborativa es en gran medida de carácter informal, estos sectores que se ven afectados por dicha competencia lo consideran competencia desleal. Autónomos y empresarios que pagan sus impuestos y asumen costes de transacción elevados, tienen que competir con un tipo de economía informal y desregulada que apenas presenta costes de estructura y que no paga impuestos ni tasas administrativas. La comparación crea agravios difíciles de resolver. Así es como surge el conflicto con los taxistas y con la oferta legal de apartamentos y hoteles, por ejemplo. Pero este aspecto, sin ser menor, no es el más grave de todos los que ha producido el fenómeno de la economía colaborativa. Y aquí es donde vienen las críticas de mayor relevancia y preocupación.

La economía colaborativa precisa de las tecnologías de la información y la comunicación para su desarrollo, lo que ha permitido entrar en su juego a determinadas empresas digitales que han creado diferentes tipos de plataformas para favorecer los intercambios entre particulares como Uber, Cabify, Blablacar, etc. Estas plataformas se han convertido en intermediarios de la economía colaborativa, a través de la cual están obteniendo grandes beneficios económicos. Y es aquí donde surge un problema grave que puede acabar con las verdaderas bondades de la economía colaborativa. Si esta nace para evitar intermediarios y eliminar así los costes de transacción, en el momento en que determinadas grandes empresas digitales, con gran poder de negociación y de mercado, se interponen entre los prosumidores, la base de la economía colaborativa desaparece, para pasar a convertirse en un gran negocio para unos pocos. La regulación de este fenómeno debería, sobre todo, crear mecanismos para que no se produzcan este tipo de situaciones, obstaculizando o limitando el poder y los abusos de los intermediarios.

El nacimiento de la economía colaborativa está asociado sin ninguna duda a la crisis económica y financiera como una respuesta por parte de la sociedad civil a las dificultades para consumir productos y servicios

El segundo efecto negativo que se está produciendo desde la economía colaborativa tiene que ver con las relaciones laborales y mercantiles que se producen entre los profesionales que ofrecen sus servicios a la comunidad y las plataformas digitales a través de los cuales los ofrecen. Claro, la entrada de grandes empresas en este fenómeno, obliga a establecer relaciones de trabajo entre estas empresas y las personas. En primer lugar, el que en principio era un particular que ofrecía un servicio o producto a otro particular a cambio de algo (dinero u otro bien o servicio), pasa a ser un profesional que se está ofertando (ya no ofrece, sino que oferta) y la plataforma digital le obliga a establecer unas relaciones comerciales. Y en segundo lugar, dichas relaciones son impuestas por las grandes empresas, que en la mayoría de los casos los obligan a establecer una relación mercantil (como trabajadores autónomos), lo que precariza y degrada su situación laboral. He aquí otro aspecto que debería ser regulado a través de una legislación que favorezca al profesional y no a la empresa digital.

Estamos, por tanto, ante un fenómeno de un enorme impacto económico y social, que una vez más está derivando en el control por parte de las grandes empresas, en este caso digitales, que han visto en la economía colaborativa un enorme negocio empresarial. De manera que los orígenes de la economía colaborativa se están desvirtuando, y lo que en principio representaba una innovación social surgida desde la sociedad civil para favorecer su calidad de vida, se está convirtiendo en un negocio más de las grandes corporaciones empresariales. Urge, por tanto, una regulación, que tenga como elemento de partida la protección de los productores y de los consumidores frente al abuso de poder de las grandes empresas digitales.

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