Alsasua, polvo en los ojos

Por Daniel Seijo

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua, víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa, y que hoy sirve en España para mantener encarcelados a tres jóvenes independentistas acusados de agredir a dos guardias civiles durante el transcurso de una noche de copas en Navarra. Una medida judicial definida por la propia ONU como poco democrática, que permite que hoy en nuestro país lo que en cualquier otro escenario supondría poco más que un delito de lesiones, haya terminado para estos jóvenes abertzales en una acusación por terrorismo enmarcada en un proceso de paz paralizado por la apatía estatal y en pleno recrudecimiento de los juicios por enaltecimiento del terrorismo que poco o nada tienen que ver con la realidad política o la pulsión social de Euskal Herria.

El pueblo de Alsasua no ha dudado desde un primer momento –y en contra de la polémica decisión de las autoridades españolas– en manifestarse para pedir la puesta en libertad de los jóvenes detenidos y el fin de lo que gran parte de los vecinos consideran continuos montajes policiales y judiciales. Lo que a día de hoy para la Audiencia Nacional es considerado terrorismo, para los vecinos y vecinas de la localidad –además de para 83 alcaldes de Euskadi y Navarra– no supone más que una pelea de bar fruto de lo que ellos describen como asfixiante presencia de la Guardia Civil en el pueblo.

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua, víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy,  durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa

Pese a las masivas movilizaciones vecinales y a los propios informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona –en los que niegan la existencia de un linchamiento organizado contra los dos guardias civiles agredidos junto a sus parejas en un bar de la localidad– en una actuación ciertamente polémica, la Audiencia Nacional decidió finalmente hacerse cargo del proceso basándose en los testimonios de los propios denunciantes como única prueba, todo ello pese a las numerosas contradicciones de los mismos con la versión del resto de testigos.

En poco más de una semana desde su detención, los nueve jóvenes de entre 19 y 24 años fueron procesados atribuyéndoles un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Una decisión fundada en la hipótesis de que los jóvenes llevaron a cabo la agresión motivados por su conocimiento de la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, lo que enmarcaría los hechos en las «rutinas de hostigamiento» contra el instituto armado español protagonizadas por el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos. Una decisión judicial que a todas luces puede llegar a suponer un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca de cara a normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el reciente cese de la actividad armada de ETA

No en vano, aceptar que la pertenencia de los jóvenes detenidos en Alsasua a diferentes organizaciones independentistas –que pueden compartir o no ciertos objetivos con la organización terrorista ETA– supone motivo suficiente para su procesamiento por terrorismo tras una reyerta en un bar, abre una peligrosa vía legal en la que la afiliación de los acusados y no los hechos en sí suponen el principal baremo de cara a la posterior actuación de la justicia. La búsqueda de la independencia o la expulsión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Navarra y del País Vasco, figuran entre los objetivos perseguidos en su momento por la organización terrorista ETA y también hoy forman parte de las principales reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale, pero precisamente en asumir como legítimas las reivindicaciones de quienes sin el peso de las armas defienden tales postulados, se basan en la actualidad gran parte de las esperanzas para  la convivencia y el correcto desarrollo del proceso de paz en Euskadi. En ningún caso, en una sociedad plenamente democrática, encabezar una campaña política por reprobable y deshonrosa que pueda parecer esta a la Audiencia Nacional, puede suponer la posterior vinculación de los activistas políticos con una organización terrorista.

“Proporcionalidad, justicia y equidad” es la lógica reivindicación de un pueblo y unas familias que todavía hoy siguen gritando a viva voz que sus jóvenes no son terroristas. El circo mediático y político en un caso en donde en palabras de las propias familias de los detenidos «los jóvenes de Alsasua han sido utilizados de una manera ejemplarizante y no desde parámetros jurídicos» parece impedir la reflexión acerca de lo absurdo e insultante de comparar una simple pelea de bar con la realidad vivida por muchos ciudadanos de Euskadi durante la existencia de la amenaza de las armas.

Mantener la acusación de terrorismo y peticiones de prisión absolutamente desproporcionadas, que pueden llegar a superar los 10 año de prisión, supone un insulto a la inteligencia de un pueblo que ya ha pagado demasiado caro los desesperados intentos de quienes parecen querer prorrogar de manera artificial la lógica del discurso de las armas.