Atender el mandato constitucional de que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada y no tengan que dejarse el sueldo en el intento pasa por una apuesta inequívoca por la vivienda pública en alquiler.
Pedro Labrado
En una reciente entrevista en un medio nacional a la nueva líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, decía: «Nuestra piedra de toque de la negociación de Presupuestos es regular los precios del alquiler para que bajen”.
Poner entre las condiciones de la negociación presupuestaria el asunto de los precios de alquiler de la vivienda está bien, porque es uno de los acuerdos de gobierno que firmó Unidas Podemos con el Partido Socialista, porque es uno de los compromisos electorales de la propia Unidas Podemos y más importante, porque es insoportable que buena parte de la población tenga que dedicar un elevado porcentaje de su renta a cubrir el acceso a una vivienda digna.
Según el estudio Relación de Salarios y Vivienda en Alquiler de Fotocasa e Infojobs en 2019, entidades poco sospechosas de izquierdistas, los hogares destinaron de media en 2019 un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler de su vivienda. Esto supone un aumento de seis puntos frente a 2018 y de doce en cinco años. No olvidemos que es una media, en zonas muy tensionadas, acceder a una vivienda en alquiler puede suponer destinar el 50 % de la renta como en el País Vasco o Baleares o casi el 60% en Madrid y Cataluña. Ese porcentaje hipoteca la economía del día a día de cualquier persona y no responde al principio constitucional recogido en el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
El esfuerzo que está haciendo la parte del gobierno de Unidas Podemos para torcer el brazo a Pedro Sánchez, se verá traducido en el mejor de los casos en alguna pequeña modificación en la normativa que rigen los arrendamientos urbanos en lo que se refiere a la actualización de rentas. Pero esto no va a servir para que en el conjunto del mercado de alquiler de viviendas se vea el impacto con una sensible bajada en el precio del alquiler y que además esto sea a largo plazo.
En un país con centenares de miles de viviendas deshabitadas, grandes tenedores de vivienda con miles de unidades y gobiernos, que uno tras otro, han venido incentivando la burbuja inmobiliaria, la de compra-venta y la del alquiler, no se van a resolver los problemas del acceso a este bien de primera necesidad con pequeñas modificaciones en las leyes en vigor que regulan el modelo existente. La solución vendrá por un cambio de modelo profundo.
Ese cambio de modelo no puede ser otro que un mercado de vivienda en el que la presencia del sector público sea significativa, el parque de vivienda pública en alquiler debe crecer en porcentajes importantes. Esto no es una propuesta bolivariana socio-comunista. Según el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en su Boletín Especial sobre vivienda social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo, España tiene un parque de alrededor de 290.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, que dan cobijo al 1,6% de los hogares españoles, mientras que la media en la Unión Europea es del 9,3% de media. La diferencia es mayor si se compara con el 30% de Holanda; el 24% de Austria; el 20,9% de Dinamarca; el 19% de Suecia; el 17,6% de Reino Unido; el 16,8% de Francia, y el 13% de Finlandia, todos ellos países como se puede comprobar con regímenes “profundamente intervencionistas”.
La distribución de esas 290.000 viviendas destinadas al alquiler es desigual según las distintas Comunidades Autónomas españolas, hay grandes diferencias de unas a otras, así la estadística por Comunidades Autónomas va desde las 1,4 viviendas por cada 100 habitantes disponibles en el País Vasco a las cero de las comunidades de Cantabria y La Rioja, pasando por las 0,3 de la comunidad de Madrid. La media en España se sitúa en las 0,5 viviendas públicas en alquiler disponibles por cada 100 habitantes. La media europea es de 4, con Holanda (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido (7,5) y Francia (7,5) a la cabeza. España por tanto está situada muy abajo en el ‘ranking’ europeo. Nos siguen países como Grecia, Portugal, Bulgaria o Rumanía. Todas las Comunidades Autónomas están muy por debajo de la media europea.
Se puede consultar el detalle del Boletín mencionado anteriormente en: https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW072
Estos datos de Europa ratifican que otro modelo es posible, solo hace falta voluntad política de las autoridades españolas para dar un golpe de timón en todas las administraciones, central, regionales y municipales para reorientar sus políticas de vivienda y apostar por incrementar con prisa y sin pausa el parque de vivienda pública disponible en alquiler. Y digo con prisa y sin pausa porque esto no es como facilitar pan o leche, hace falta tiempo y por tanto cuanto antes se empiece antes se alcanzarán cifras más parecidas a las de esos países tan “extremistas” como son Holanda, Suecia o Finlandia.
El primer paso podríamos considerar que ya está dado, ya que un buen número de administraciones tienen constituidos toda una suerte de Institutos, Agencias, Patronatos, Organismos autónomos y Empresas públicas cuya finalidad es la intervención en materia de vivienda en sus respectivos territorios. Igualmente, todas las administraciones tienen responsables políticos en esta materia, ministros o ministras, consejeros o consejeras y concejales o concejalas. Si bien en general su intervención es, como se puede ver por las cifras dadas anteriormente, bastante mejorable, ya que el parque de vivienda pública en alquiler es muy pequeño y el mercado sigue muy tensionado dificultando el acceso a este bien básico.
Atender el mandato constitucional de que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada y no tengan que dejarse el sueldo en el intento pasa por una apuesta inequívoca por la vivienda pública en alquiler, el parque disponible debe aumentar lo más rápidamente posible, vía nuevas construcciones, vía captación de viviendas deshabitadas vacías, vía compra por tanteo y retracto en el mercado privado por parte de la Administración, o una combinación de todas ellas. Pero, en cualquier caso, el ritmo de incremento de la oferta pública debe acelerarse de forma significativa para que las cifras españolas se parezcan cuanto antes a las de esos países “tan raros” como Francia, Reino Unido o Dinamarca.
Entretanto el precio de la vivienda sigue subiendo, un 3% en la primera mitad del 2021, ya encadena 29 trimestres seguidos de subidas.
Ayudaría mucho en este camino dejar de considerar la vivienda como un bien de mercado y reconocerla como un derecho, de una vez por todas.
Pedro Labrado. Economista
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Hola, pongo todo el art. Para que se recuerde un par de cosas que no se plantean y deberían estar con letras mayúsculas muy grandes para que no se olvide nunca.
«regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación»
IMPEDIR LA ESPECULACIÓN
Más cosas
«La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
LA COMUNIDAD PARTICIPARÁ.
Sería necesario e imprescindible que se hablara de estos detalles, que se extendiese entre la población y se generase la presión adecuada para que se cumplan.
Y cuando no se cumplan, como la venta a fondos buitres, poner la demanda correspondiente con el artículo, como razón principal, recordando a todos los jueces, que también juran la Constitución, que no cumplirla es perjurio.
Hablad del delito de perjurio, respecto de la Constitución.
Gracias por la puntualización. Tiene usted toda la razón. La columna se quería centrar en la propuesta de ampliar el parque de vivienda pública de alquiler y así acercarnos a las cifras de Eurpoa. Un saludo.