Terminar con esa agonía del taxi a la que los diferentes gobiernos de la región llevan años sometiendo, a Isabel sólo la ha hecho falta tener el poder de las instituciones públicas para usarlas como no se debe y como se atenta contra ellas.
Por Taxi Proyect.
El pasado jueves, 2 de junio el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, gobernado por Isabel Díaz Ayuso, culminó lo que consideramos desde Taxi Project es una estrategia que el mismo PP lleva años realizando para desmantelar el servicio público del taxi de Madrid y muy a imagen y semejanza de lo que está haciendo con la sanidad pública, la educación o los espacios protegidos con la polémica «ley Ómnibus», con el único de favorecer a Uber o Cabify, ya sea mediante una modificación de una ley para la que no tiene competencia con el fin de esquivar un decreto estatal, ya sea también permitiendo la canibalización del servicio del taxi o ya sea, abriendo la puerta a resto de transportes a estas empresas.
Porque para terminar con esa agonía del taxi a la que los diferentes gobiernos de la región llevan años sometiendo, a Isabel sólo la ha hecho falta tener el poder de las instituciones públicas para usarlas como no se debe y como se atenta contra ellas, legislando para beneficiar a unos pocos en perjuicio tanto del taxi en particular como del interés general.
Y realmente que hoy seamos taxistas o de que estás empresas sean como parásitos que se dedican a succionar de nuestros recursos para luego llevarse los beneficios fuera, radicando sus sedes en paraísos fiscales, posiblemente sea grave también, pero sea lo de menos en el sentido de que el resto de la sociedad debería de darse cuenta del fondo de toda esta serie de atropellos.
Porque lo que está haciendo el gobierno del PP en la Comunidad es muy grave y porque es lo de siempre y que tendremos en el futuro si las cosas no cambian.
Con se puede ver, cualquiera que se ponga en el punto de mira de estas empresas, se está se ha buscado la perdición como nos ha pasado en el taxi, porque como se ha demostrado con este movimiento, da igual la ley determine que los 9000 vehículos de VTC que hay en Madrid no pueden realizar trayectos urbanos porque perjudican a las ciudades y porque son el resultado de una serie de chapuzas y de la inacción de los diferentes gobiernos. Da igual que los tribunales avalen ésta ley por la cual las VTC no deberían circular en nuestras ciudades. De hecho, da igual incluso que a las empresas de estos vehículos, a Uber y a Cabify ya se les haya indemnizado para que retiren sus vehículos para estos trayectos, el clientelismo y la falta de respeto por lo público de la presidenta, está por encima de todo y ha hecho todo, hasta lo que no puede hacer, para permitirlo.
Un clientelismo tan extremo que llega hasta el punto de inventarse leyes a medida y sin poder hacerlo, arriesgándose a graves consecuencias legales, como ha anunciado la Federación Profesional del Taxi de Madrid que ya ha avisado de que va a denunciar al gobierno de Díaz Ayuso por presunta prevaricación.
Por eso, creemos que es muy importante que hagamos un ejercicio de reflexión para entender la indefensión que puede sentir un sector viendo cómo pese a disponer de todo el respaldo legal y de los criterios correctos, le están dando la estocada con nuestras propias armas, las herramientas que volvemos a repertir, deberían de usarse para el bien común y no, como ha hecho Ayuso, para arruinar a más de 25.000 familias.
Pero no sólo arruinar a 25.000 familias, sino también recortar en transportes públicos tan esenciales como son el metro y el autobús para deteriorar el servicio como antesala de otra posible privatización, desmantelar la sanidad pública con recortes brutales de ese personal sanitario que estuvo jugándose la vida a diario durante los peores meses de la pandemia o incluso intentar reescribir la historia en los libros de texto que luego pretenden que sea de donde aprendan nuestros hijos e hijas.
Ese es el fondo de lo que nos han hecho a los taxistas y contra esto, es contra lo que tenemos que defendernos.
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