Vidas truncadas por la actuación policial: el relato de la impunidad

“Vides truncades, històries d’impunitat” es un documental que trata cinco historias de vidas truncadas por la actuación de los cuerpos de seguridad del estado, señalando además la impunidad con la que actúan los agentes de la ley

Por Angelo Nero | 3/09/2025

Josep Morell es un periodista que formó parte del primer equipo de Cataluña Radio, a principios de los años ochenta. Trabajó tanto en radio como en prensa, y en 1992 entró en la Agencia Capa. Durante una década realizó todo tipo de documentales para Canal +, hasta que funda con otros socios una productora, La Quimera, con la que desarrolla programas, series y documentales para varias televisiones catalanas y estatales. Para la Televisión catalana destacan sus documentales para el programa Sense Ficció: “Patision Blues, el mirall de la crisi grega”, “Aigua, infern, cel”, “Vestida de negre”, “Amors tutelats, somnis d’igualtat”, y “Vides truncades, històries d’impunitat”

Este último trabajo, es un documental que trata cinco historias de vidas truncadas por la actuación de los cuerpos de seguridad del estado, señalando además la impunidad con la que actúan los agentes de la ley, por lo que el estado español ha sido condenado hasta en nueve ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación en casos de tortura o malos tratos.

El documental arranca con el caso de Juan Andrés Benítez, un empresario andaluz que murió el 6 de octubre de 2013, tras haber sido detenido y reducido por los Mossos d’Escuadra. Seis agentes fueron juzgados por estos hechos, aunque un pacto entre la defensa y la acusación les condenó a dos años de cárcel, con lo que no entraron en prisión.

Cipriano Martos era un joven granadino de poco más de treinta años, que vivía en Reus, donde trabajaba como encofrador. Militante de Oposición Sindical Obrera, del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y del FRAP, fue detenido por reparto de propaganda ilegal en agosto de 1973, y torturado durante dos días por la guardia civil, al mando del teniente Braulio Ramo Ferreruela. Al no conseguir que delatara a sus compañeros, le obligaron a beber una mezcla de ácido sulfúrico y gasolina, lo que le produjo una larga agonía. Murió veinte días después y fue enterrado en una fosa común y su cuerpo no fue recuperado hasta 2023. Ante la impunidad del crimen, su hermano interpuso una querella ante el juzgado argentino a cuyo cargo está la jueza Servini. En el documental participa Antonio Martos, su hermano, el historiador Roger Mateos, autor de “Cipriano Martos: vida y muerte de un militante antifranquista”.

También participan en el documental el historiador David Ballester, autor de “Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)”, “Las otras víctimas: la violencia policial durante la Transición” y “Una historia de la policía española”; David Fernández, ex-diputado de la CUP, y periodista, coordinador del equipo de investigación de La Directa; o Felipe Moreno, ex-militante del PCE (m-l) y activista por la memoria antifascista.

Jonathan Carrillo, de 26 años, se encontraba en la noche del 15 de septiembre de 2009 en el Pla del Bon Aire, en Terrasa, cuando se cruzó con un grupo de cuatro policías municipales. Se produjo una discusión y en un momento dado, uno de los agentes le dio una bofetada al joven, que se desplomó hacia atrás, de tal suerte que se golpeó la cabeza contra el suelo, fracturándose el cráneo. Cinco horas después moría en el Hospital de la Mútua de Terrassa. Los cuatro policías locales fueron juzgados y, a pesar de que hasta nueve testigos contradijeron la versión oficial, estos fueron absueltos. Siete años después el Ayuntamiento admitió su responsabilidad y pagó una indemnización de 42.000 a la familia. Pero nada les devolverá a Jonathan.

En el documental intervienen Marc Pérez, abogado de la familia Carrillo, sus padres, María Isabel y Francisco. También el portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la tortura, Jorge del Cura.

En el verano de 1974, un mecánico de los talleres de la empresa de autobuses TUSA, José Luis Herrero Ruíz, de 29 años, regresa a casa, en el badalonés barrio de Gorg, después de completar su jornada laboral, para reunirse con su familia, compuesta por su mujer, Pilar Torres, y sus siete hijos. En la puerta de su casa le espera la policía, ya que alguien lo ha relacionado con un robo. De forma instintiva echó a correr. Los subinspectores Alfonso Carlos Giménez y Feliciano González Álvarez le disparan y le alcanzan en el tobillo. Cuando está inmovilizado, un tercer policía, Sebastián Trapote Gutiérrez, le dispara por la espalda, y lo mata a escasos metros de su casa.

Sobre su caso el documental recoge los testimonios de su mujer, Pilar Torres, del historiador David Ballester y del abogado de la familia, Marc Viader, que no consiguió procesar al asesino del joven, pero consiguió que, nueve años después, el estado fuera condenado a pagar siete millones de pesetas de indemnización. También se recoge la voz de la coordinadora de Amnistía Internacional en Catalunya, Adriana Ribas.

El cuarto caso sobre el que trata Vides truncades es el del asesinato de Pedro Álvarez Peso, ocurrido un 15 de diciembre de 1992. Pedro, que contaba tan solo veinte años, acompañaba a su novia Yolanda a casa, en L’Hospitalet de Llobregat cuando un coche, que circulaba a gran velocidad, estuvo a punto de atropellarla. Con el susto, la joven increpó al conductor, que en vez de disculparse, salió del coche la golpeó y la tiró al suelo, lo que provocó que Pedro saliese en su defensa. Poco pudo hacer, porque el agresor sacó un arma de su vehículo, a pesar de que la mujer que lo acompañaba trató de impedirlo, disparó tres veces contra Pedro Álvarez, una de ellas en la cabeza, para después darse a la fuga. Nada pudieron hacer por salvarle la vida, y el joven ingresó ya cadáver en el hospital. Tras la investigación se detuvo, dos días después, a un Policía Nacional, José Manuel S.F., como sospechoso. Aunque no tardó en ser puesto en libertad, después de ofrecer una débil coartada y fue exculpado por falta de pruebas.

Su padre, Juanjo Álvarez, ha luchado durante estos treinta años para lograr que se hiciera justicia. La impunidad, una vez más, de un miembro de las fuerzas de seguridad del estado, es señalada por su abogado, Leopoldo García Quintero.