Una de cada diez

Le recordaríamos a los populares que en nuestro país existen mujeres jóvenes no acompañadas que sobreviven sin ningún arraigo en el territorio, mujeres emancipadas pese a su minoría de edad.

Por Francisca García | 18/11/2026

En estos días de precampaña y campaña electoral, estamos asistiendo al titubeante discurso del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que haciendo un accidentado juego de malabares trata de aproximarse y no alejarse, quedarse, pero no perderse, avanzar y retroceder en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su libertad de elegir tener o no tener hijos e hijas y cuando y como ejercer dicho derecho.

El juego de malabarista tiene un claro objetivo: no confrontar con un derecho y una prestación sanitaria, el aborto provocado, aceptado por la mayoría de la sociedad, especialmente por las titulares de dicho derecho, las mujeres, pero al mismo tiempo acercar posiciones con sus posibles socios de gobierno, la ultraderecha de Vox, y parte de ese electorado que no admite medianías, o que solo admite las menos posibles como mal menor.

Sin embargo, el líder de la derecha es consciente de que confronta con un derecho que ha procurado no pocos quebraderos de cabeza a los conservadores, que les ha obligado a volantazos de guion, incluso a la dimisión de un ministro. Y, por tanto, se requiere andar con pies de plomo, especialmente en unos momentos en los que el Tribunal Constitucional ha avalado no solo el ejercicio de esta prestación sanitaria, sino que en sentencia lo ha circunscrito al ámbito de los derechos fundamentales constitucionales.

En esa línea de medidas cautelares, los populares, capitaneados por su líder, han considerado abordar el problema por carreteras secundarias que, aunque pudieran parecernos que nos desvían del camino, al final acaban llegando, tristemente en el caso que nos ocupa, a destino.

En este sentido, han dejado caer que considerarán, como ya anunciase Ayuso en la Comunidad de Madrid, al “concebido no nacido” como parte de la unidad familiar lo que reportaría, supuestamente, ayudas automáticas para la gestante y la unidad familiar. Una propuesta que, si bien puede ser entendida en el marco de las saludables ayudas a la maternidad, esconde un claro intento de dotar de personalidad jurídica, desde el momento de la concepción, al embrión, posterior feto, lo que arrastra a la sociedad en general y a la mujer en particular a volver a la confrontación de los derechos jurídicos y personales de la mujer como persona contra un embrión/feto en desarrollo. Algo que no solo debía estar ya superado socialmente, sino que además ha sido cerrado como debate por las altas instancias judiciales quienes han primado en sus sentencias el libre desarrollo, identidad e integridad corporal, emocional y física de la mujer por encima de los derechos del “no nacido”, especialmente en las 14 primeras semanas de gestación y ante patologías fetales graves o incompatibles con la vida.

Otra línea de trabajo, lugar recurrente de los populares, la abre la presunción de que una mujer interrumpe su gestación fundamentalmente por causas económicas y que, por tanto, es imprescindible subsanar esta situación.

A este respecto, tenemos que decir que, si bien existen mujeres que se ven abocadas a abortar por motivaciones laborales o económicas, nuestras investigaciones, pero sobre todo nuestra experiencia diaria nos demuestra que solo en torno a un 30% de las mujeres interrumpen su embarazo por dicho motivo, que en torno a un 8% lo hacen por razones de edad y que en torno a un 5% se ven afectadas por una patología fetal o materna. En definitiva, más de la mitad de las mujeres abortan por causas que no tienen un origen ni económico, ni laboral ni afectivo, sino que su motivación radica en el hecho de que no consideran, por diversas razones, que sea el momento vital para afrontar una maternidad.
Pero quizás el circunloquio que más nos impresiona, por afectar a un colectivo extremadamente vulnerable, es el que sostiene el líder de los populares en relación a las interrupciones de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años.

De una manera u otra, y sin aclarar exactamente cómo pretende llevarlo legalmente a la práctica, Feijóo vuelve a exponer al debate público, con todas las aristas que ello implica, el “permiso” o el “conocimiento” paterno/materno de las jóvenes afectadas por un embarazo no deseado. Considera Feijóo que es imprescindible, natural y saludable que “las personas que más quieren a estas jóvenes” puedan ejercer su derecho a autorizar la interrupción o al menos puedan conocer la situación.

Dejando al margen que no podemos entender el razonamiento que pasa por considerar que una menor de 16 o 17 años esté preparada para gestar y dar a luz, pero no esté preparada para abortar, y que no podamos comprender que la legislación fije la mayoría de edad sanitaria en los 16 años y que los populares pretendan hacer caso omiso de la normativa; lo que no podemos asimilar es que los populares vuelvan, en una calculada estrategia electoral de dudoso rédito, a una propuesta que ya se demostró como una apuesta fallida durante el gobierno de Rajoy y que solo conllevó dolor, dilaciones indebidas de los procesos y en el peor de los casos, abortos inseguros en los márgenes de la ilegalidad.
Y todo ello porque Feijóo ignora, o quiere ignorar, que la inmensa mayoría de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a las que él se refiere, ya cuentan no solo con el conocimiento de sus padres, sino con el apoyo explícito de sus tutores legales.

Según estudios de ACAI y sobre todo según la práctica cotidiana del personal médico y sanitario de los centros de interrupción voluntaria del embarazo, más del 90% de las jóvenes de 16 y 17 años no solo informan a sus padres de su situación, sino que en la inmensa mayoría de los casos vienen acompañadas por ellos a las clínicas.

Sin embargo, una de cada diez de las menores que abortan no puede contar con ese deseado apoyo, ni puede comunicar su situación a sus progenitores o tutores ni mucho menos puede contar con su acompañamiento. Feijóo ha apuntado que estarían “exentas” de esa comunicación, todo por determinar, jóvenes cuyo embarazo fuese, por ejemplo, consecuencia de abuso en el seno familiar. Entendemos que la escasez de ejemplos del popular responde a la falta de conocimiento de esa realidad invisible que afecta, ya decimos, a una de cada diez mujeres jóvenes que en nuestro país enfrentan sin apoyos un embarazo no deseado.

Le recordaríamos a los populares que en nuestro país existen mujeres jóvenes no acompañadas que sobreviven sin ningún arraigo en el territorio, mujeres emancipadas pese a su minoría de edad. Les recordaríamos que hay chicas que provienen de familias desestructuradas, con padres en prisión o sin capacidad psiquiátrica para tomar decisiones o acompañarlas, menores que enfrentan en su vida diaria experiencias vitales que confrontan con la ideología extremista de padres abiertamente contrarios al aborto, progenitores que renuncian expresamente a involucrarse en la situación, o padres inamovibles en sus pensamientos morales o religiosos, jóvenes que sufren violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos y por supuesto, como él dice, menores cuyo embarazo es consecuencia del abuso sexual en el entorno familiar.

Cerrar los ojos a la realidad de esas mujeres, es complicar una vida ya de por sí compleja, indeseada, injusta, es no considerar la realidad de un grupo que puede ser minoritario, pero que innegablemente existe. Un gobierno, independientemente de la ideología que procese, debe gobernar para todas, debe considerar la situación de las más vulnerables y abrir sus ojos más allá de su estrecha mirada.

Una de cada diez menores que enfrentan una gestación no deseada está en riesgo, si se restringe su autonomía y se limita su capacidad de decisión se las estará abocando a un aborto inseguro, clandestino o a un embarazo y parto no deseados, con los consiguientes riesgos para su salud.

Si verdaderamente los populares desean reducir las gestaciones no deseadas entre las mujeres jóvenes, les instamos a apostar por potenciar la educación sexual y las políticas en materia de salud sexual y reproductiva tan necesarias en nuestro país. Porque es obvio que los únicos caminos para reducir el embarazo no deseado son la prevención, la educación sexual y el acceso a la anticoncepción, de manera muy especial entre las jóvenes.

Deberíamos recordar que cuanto más precarias son las condiciones sociales y económicas de las mujeres jóvenes menos atención prestan a la anticoncepción y más posibilidades tienen de quedarse embarazadas; por lo que desde ACAI pedimos estrategias de atención específicas sobre este colectivo de mujeres en riesgo social y económico. Entre otras razones porque de quedarse embarazadas y continuar adelante con su embarazo profundizarán su precaria situación socioeconómica y de manera casi inevitable estarán en desventaja vital.

Reimplantar el requisito previo del consentimiento parental no protege a la menor. La menor en riesgo no acudirá a su tutor/a, lo evitará, tampoco acudirá al juzgado. Si está sola, buscará la salida en la clandestinidad.

De producirse un cambio en la norma de SSR e IVE, dejaríamos de ofrecer a estas menores una salida posible, acorde con su situación. Por lo que desde ACAI reiteramos la necesidad de luchar contra el aborto clandestino en vez de desviar esfuerzos improductivos contra menores que además de afrontar un embarazo no deseado, se ven inmersas en una compleja situación social, familiar y personal.


Francisca García es Presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI).

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