Los reformistas vuelven a la carga con las mismas fórmulas tibias de siempre que han quedado demostradas que no funcionan.
Por Ricardo Guerrero | 25/09/2026
El desahucio de Maricarmen nos ha dejado escenas intolerables y ha generado un enorme revuelo en la opinión pública. Pero cometemos un error si nos quedamos en su caso particular y no adoptamos una perspectiva más amplia del asunto. España tiene un grave problema en materia de vivienda. Un problema estructural que viene arrastrándose décadas. Un país donde la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo para especular. Y esta dinámica resulta inevitable dentro del capitalismo.
España arrastra un déficit habitacional de cientos de miles de viviendas, un parque público ridículo —apenas un 1,7% de los hogares, unas 318.000 viviendas de titularidad pública— y un alquiler que en las grandes ciudades se come el salario. El precio medio nacional ronda ya los 1.200 euros. En Madrid y Barcelona supera con holgura los 1.600. La oferta de alquiler residencial se contrae. La demanda se dispara. Se construye muy por debajo de lo que hace falta. La vivienda protegida se ha desplomado hasta cifras testimoniales.
Ninguno de estos datos es un misterio y es algo de sobras conocido y sufrido por cualquier ciudadano que busca un techo bajo el que desarrollar su vida. La cuestión aquí es como resolver este problema. Porque mientras la vivienda siga siendo una mercancía, todo seguirá exactamente igual.
Es importante señalar que aquellos que afirman que puede haber vivienda accesible y digna dentro de la economía de mercado mienten descaradamente. Porque este sistema es la raíz del problema. Pero los reformistas vuelven a la carga con las mismas fórmulas tibias de siempre que han quedado demostradas que no funcionan: leyes de vivienda, declaración de zonas tensionadas, bonos al alquiler y anuncios de pisos públicos que luego no llegan. Quieren convencernos de que el problema se corrige con parches dentro del mismo régimen de propiedad y de acumulación. Y es falso.
Con el estallido del Movimiento 15M y la crisis de los desahucios de aquella década, cientos de miles de personas salieron a la calle porque el ladrillo había reventado la vida de la clase trabajadora. Nació un movimiento real organizado en la PAH, la plataforma Stop Desahucios y asambleas de barrio que impulsaron la paralización de desahucios a través de concentraciones frente a las viviendas, y la ocupación de oficinas bancarias como método de presión para la negociación. Todo un movimiento de desobediencia. Ese ciclo de protesta terminó pariendo una “nueva izquierda” que prometió convertir las demandas de la calle en legislación concreta para terminar con dicha barbarie. Y estos partidos terminaron llegando a las instituciones y optaron por ser la muleta del PSOE. En materia de vivienda fracasaron estrepitosamente.
No es una opinión subjetiva, es un balance. El parque público no se construyó a la escala necesaria. La banca rescatada no fue nacionalizada de forma definitiva, ni hubo un impulso real a la construcción o adquisición de vivienda social. Los grandes tenedores siguieron operando y los fondos aterrizaron sobre el plano residencial. Con el paso de los años, los desahucios no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma: del impago hipotecario al alquiler imposible. Ni Unidas Podemos ni Sumar fueron capaces de tirar adelante reformas importantes en sus respectivos gobiernos de coalición junto al PSOE. En definitiva, siguió intacta la arquitectura institucional que impide tocar de verdad la propiedad especulativa. El reformismo tiene las patas muy cortas: mucha gesticulación para terminar administrando el mercado y tolerando la injusticia.
El caso Maricarmen llega en un momento políticamente útil. Hay rabia y parece que puede reactivarse de nuevo la movilización en la calle. Y hoy, esas formaciones de la nueva izquierda, aunque atomizadas, buscan oxígeno. El peligro es que la protesta se convierta otra vez en catapulta electoral para unas organizaciones que ya tuvieron su cuota de poder en las instituciones y que, a pesar de las promesas de ruptura, terminaron gestionando la miseria.
No se puede seguir engañando al pueblo trabajador. Quien pida el voto a cambio de “humanizar el capitalismo” está vendiendo humo. Quien reduzca el conflicto a un duelo entre administraciones —Madrid contra Moncloa, Ayuso contra Sánchez— está desplazando el eje.
Hace falta un movimiento rupturista, no una reedición edulcorada del 15M al servicio de las mismas siglas. Y ese movimiento solo será creíble si pone sobre la mesa medidas que el mercado considera imposibles precisamente porque le quitan el negocio: expropiaciones sobre viviendas vacías de grandes tenedores, sobre carteras de fondos que operan como máquinas de extraer renta y sobre inmuebles adquiridos para plusvalía y no para ser habitados.
Además, el Estado debe actuar como motor de construcción de vivienda pública. Basta ya de colarnos la llamada colaboración público-privada que socializa costes y privatiza beneficios. Es necesaria la construcción pública masiva de vivienda, fuera del mercado, conformando un parque que deje de ser residual y pase a ser estructural.
Hay que llevar a cabo una intervención real del mercado. Con control efectivo de precios, prohibición del uso turístico masivo, obligación de alquiler social sobre stock vacío, y suspensión de desahucios sin alternativa habitacional digna en la misma vivienda o equivalente.
Todo lo demás —ayudas al inquilino que acaban en el bolsillo del casero, límites que se eluden, o planes que no se ejecutan— son cantos de sirena y nos llevan al mismo callejón sin salida. No hay vivienda accesible y digna dentro de la economía de mercado. Quien lo venda así miente. Y quien pida otra vez confianza ciega a las mismas fuerzas que ya gobernaron, pactaron y fracasaron no está ofreciendo una solución. España tiene un grave problema de vivienda y es hora de tomar medidas contundentes para resolverlo.
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