Este aumento, que se ha gestionado sin pasar por el Congreso, refleja una estrategia clara: priorizar a los gigantes armamentísticos sobre las necesidades internas.
Por Joaquín Castro | 9/04/2025
Este 8 de abril, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una partida de 2.000 millones de euros destinada a reforzar el gasto en defensa, una decisión que responde a las presiones de la Unión Europea (UE) y la OTAN para avanzar en la militarización del continente. El gobierno de coalición PSOE-Sumar, lejos de cuestionar esta deriva belicista, ha respaldado con firmeza esta inyección millonaria, que promete engrosar los beneficios de la industria bélica y la burguesía que la controla, mientras se vislumbran recortes sociales como consecuencia inevitable de esta priorización presupuestaria.
La aprobación de esta partida, que se suma a un goteo constante de incrementos en el gasto militar en los últimos meses, evidencia la subordinación del Ejecutivo español a los intereses militaristas impuestos desde Bruselas y la Alianza Atlántica. La OTAN, usando una campaña mediática alarmista que alerta sobre una guerra inminente con Rusia, ha intensificado sus demandas a los países miembros para que eleven sus presupuestos en defensa, un objetivo que la UE ha hecho suyo con planes como el propuesto por Úrsula von der Leyen para movilizar hasta 800.000 millones de euros en armamento. España, con esta nueva transferencia de 2.084 millones —según fuentes gubernamentales—, se alinea servilmente con esta agenda, consolidando su papel como peón en la escalada armamentística europea.
El papel de Sumar en esta decisión resulta particularmente revelador. A pesar de sus gestos públicos de rechazo al militarismo y sus advertencias contra una ‘espiral belicista’, la representación de la formación en el Consejo de Ministros no ha impedido que la medida salga adelante. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros de Sumar han optado una vez más por presentar observaciones formales que, aunque muestran cierta disidencia simbólica, no han alterado el rumbo de la coalición. Este comportamiento, ya habitual en los últimos meses, pone en entredicho la coherencia de un partido que, en teoría, aboga por la paz y la justicia social, pero que en la práctica facilita el desvío de recursos hacia la maquinaria de guerra.
La partida aprobada, que se ejecutará mediante una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, se destinará principalmente a la adquisición de armamento, en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez presume de haber incrementado el gasto militar en 10.000 millones de euros desde su llegada al poder. Este aumento, que se ha gestionado con discreción y sin pasar por el Congreso gracias a mecanismos como el fondo de contingencia, refleja una estrategia clara: priorizar a los gigantes armamentísticos sobre las necesidades internas. Mientras tanto, la opinión pública española, al igual que la de otros países del sur de Europa, sigue mostrando un rechazo mayoritario a que el gasto militar se traduzca en recortes en servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones.
Esta decisión del gobierno PSOE-Sumar no solo supone un espaldarazo a la industria bélica —un sector dominado por grandes corporaciones y elites económicas—, sino que también agrava una deriva lamentable que amenaza con hipotecar el bienestar social. La promesa de Sánchez de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar antes de 2029, alineándose con las exigencias de la OTAN, apunta a un futuro de recortes sociales disfrazados de seguridad, donde la clase trabajadora pagará las consecuencias de la sumisión a los dictados de la UE y la OTAN.
En definitiva, la aprobación de estos 2.000 millones de euros este 8 de abril marca un nuevo capítulo en la conversión de España en un engranaje más del militarismo europeo. Un gobierno que se dice progresista pero que opta por engordar los bolsillos de la burguesía armamentística. La complicidad de Sumar, incapaz de frenar esta tendencia desde dentro, deja claro que la coalición está más comprometida con las poltronas del poder que con los principios que dice defender. Una maniobra que debería pasar factura en las calles y en las urnas.
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