Los Acuerdos de Pretoria de 2022 nunca condujeron a una paz verdadera. Tigray nunca se benefició de una auténtica recuperación; la infraestructura destruida durante los dos años de guerra nunca se reconstruyó
Por Matteo Palamidesse | 27/09/2026
El martes, las tensiones entre el TPLF y el gobierno de Addis Abeba escalaron hasta convertirse en un conflicto directo. Las milicias tigrayanas tomaron el control de los aeropuertos de Mekelle, Axum y Shire, y estallaron combates a lo largo de la frontera entre Tigray y Afar, así como en la región de Amhara, Raya Kobo, la zona de Gidan, Lasta, Wag Hemra y Gagzibela.
Estos enfrentamientos se suman a los ocurridos a principios de agosto en la frontera con Sudán, en Shererina, pero sobre todo, a las decenas de ataques con drones en toda la región. Una guerra de baja intensidad que culminó con el bombardeo de un convoy de ayuda humanitaria de Catholic Relief Services que se dirigía al norte de la región; un ataque que marcó la culminación de los acontecimientos que se desarrollan hoy sobre el terreno.
Desde principios de mes, se ha observado el redespliegue de tropas tigrayanas por toda la región, acumulando armamento pesado, baterías de artillería y tanques en el sur, en la frontera con la región de Amhara. Para empeorar aún más la situación, el servicio militar obligatorio lleva meses en vigor: durante agosto, el mes en que estuve en la región, fui testigo de la mínima presencia masculina en ciudades y pueblos. Miles de hombres han huido y siguen huyendo de la región para evitar el reclutamiento, y otros tantos se esconden de los militares que intentan reclutarlos a la fuerza casa por casa.
Si bien durante mi estancia constaté la intensificación de los ataques con drones y los movimientos de tropas, debo recalcar que la situación actual no es el resultado negativo de lo ocurrido en el último mes, y mucho menos en las últimas 24 horas.
Los Acuerdos de Pretoria de 2022 nunca condujeron a una paz verdadera. Tigray nunca se benefició de una auténtica recuperación; la infraestructura destruida durante los dos años de guerra nunca se reconstruyó; la fractura social y política surgida con el estallido de los combates nunca se benefició de un proceso de justicia transicional, ni la sociedad civil participó en un proceso genuino de reconstrucción del tejido social.
Desde 2022, Tigray se ha convertido esencialmente en una región aislada, donde prácticamente no entra nada, excepto diésel y medicinas; donde el dinero en efectivo es ahora un espejismo; una región donde los empleados estatales no han recibido sus salarios durante meses y donde las personas desplazadas internamente (PDI) que se refugian en los campamentos de la región todavía no pueden regresar a sus hogares.
La balcanización de la federación etíope, de la que hemos hablado en varias ocasiones, no es el resultado de los acontecimientos, al igual que tampoco lo es la actual alianza de los siete grupos ( Frente de Liberación Popular de Tigray, Movimiento Nacional Amhara Fano, Ejército de Liberación Oromo, Frente de Liberación Nacional de Ogaden, Frente de Unidad Democrática Revolucionaria Afar, Movimiento de Liberación Popular de Benishangul y Movimiento Democrático Popular de Gumuz ) que se oponen al gobierno del Partido de la Prosperidad.
El estallido de la guerra en Tigray en noviembre de 2020 puso al descubierto (y acentuó) las fracturas existentes entre los estados federados y entre los estados federados y el gobierno central, una fragmentación que ahora pone en riesgo los cimientos mismos de la federación etíope.
Los acuerdos de Pretoria no previeron la intolerancia de la dirigencia tigrayana hacia la administración interina establecida tras el cese de los combates, ni hacia Getachew Reda, a quien se consideraba confabulado con el Partido Popular del primer ministro Abiy Ahmed. En abril, el TPLF puso fin a la administración interina y reinstauró el parlamento regional elegido antes del estallido de la guerra, con Debretsion Gebremichael como nuevo presidente.
Un marco influenciado por la mediación de la Unión Africana que no tuvo en cuenta la presencia de actores como las milicias Fano y el gobierno eritreo (entonces aliados del gobierno federal etíope durante la guerra, ahora opuestos), que nunca fueron invitados a la mesa de mediación, a pesar de haber desempeñado un papel militarmente influyente, si no decisivo, sobre el terreno.
Pero hoy, ¿tiene la llamada «Alianza para la Supervivencia» etíope la capacidad real de acorralar al Partido de la Prosperidad y a Abiy Ahmed? Ambos grupos sufren importantes divisiones internas. Consideremos, por ejemplo, al TPLF: mientras que durante la guerra de 2020 el apoyo al partido era casi unánime entre la población, que consideraba la ocupación federal un verdadero acto de opresión (exacerbado por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos, especialmente contra civiles), hoy el TPLF se enfrenta a graves divisiones internas y a un apoyo popular en declive.
Ayer se dio a conocer la noticia del arresto del general tigrayano Tadesse Werede, el coronel Tewelde Gebretensay (jefe de la inteligencia militar tigrayana) e Isaias Tadesse (exasesor del presidente y vicepresidente interino) por parte del mando central del TPLF.
La alianza debe hacer frente a limitaciones militares estratégicas, como la falta de una fuerza aérea y la vulnerabilidad a los ataques con drones, para las que Addis Abeba está ahora bien equipada, gracias en parte a la producción nacional que lleva tiempo en marcha.
Además, los grupos que conforman la alianza actual aún tienen asuntos pendientes que, tarde o temprano, estallarán. Basta con pensar en los territorios en disputa en el oeste de Tigray entre los tigriña y los amhara, o en los que existen entre los oromo y los amhara.
¿Cuál es el riesgo que enfrenta el país? El de verse envuelto en un conflicto con ataques de drones, combates más o menos localizados y bombardeos aéreos que, en cualquier caso, afectarán a la población civil. Esto tendrá un impacto significativo en la ya de por sí inestable situación regional, con Etiopía en conflicto abierto con sus vecinos, con Sudán por su apoyo logístico a las RSF contra el ejército sudanés, con Egipto por la cuestión de la Gran Presa del Renacimiento Etíope y con Somalia por el intento de acuerdo con Somalilandia para el acceso al puerto de Berbera.
¿Es esta una situación sin salida? No del todo, diría yo, pero tendremos que cambiar de estrategia si de verdad queremos salir de esta situación.
Debemos retomar los acuerdos de Pretoria, prestando especial atención a su implementación efectiva. Si bien estos acuerdos representaron un paso imperfecto en el proceso de paz de 2022, también sirvieron como mecanismo de diálogo que permitió el cese de los combates. La Unión Africana y los diversos enviados de paz comparten la responsabilidad del fracaso del proceso de alto el fuego, pero no contamos con otras herramientas; debemos reanudar el proceso y encauzarlo nuevamente.
La comunidad internacional debe exigir la plena aplicación y el cumplimiento de los acuerdos, teniendo mucho cuidado de no seguir las decisiones del gobierno etíope. En última instancia, si continúa ignorando las tensiones e inestabilidad existentes, reduciendo su acción política a meras declaraciones diplomáticas vacías, o si se limita a observar su posición económica en el país (véase el Plan Mattei o el proyecto European Global Gateway de 150.000 millones de euros), el futuro de Etiopía estará marcado por un panorama sombrío.
Se requiere un verdadero esfuerzo de justicia restaurativa. Cuando los perpetradores de atrocidades y violaciones de derechos civiles no rinden cuentas, las víctimas y las comunidades reciben el mensaje de que la violencia puede repetirse sin consecuencias. Cuando estos actos de violencia se repiten, sin que los antiguos responsables sean llevados ante la justicia ni las víctimas reciban justicia, la situación se vuelve aún más frustrante.
La guerra de 2020 ha puesto de manifiesto el enorme coste humano que ha pagado la población de ambos bandos. La movilización actual dificultará la desescalada, ya que todas las partes (civiles y militares) se ven cada vez más involucradas y absorbidas por el conflicto.
Seamos realistas, un alto el fuego no puede mantenerse solo sobre el papel. Requiere una supervisión constante, compromiso político y presión sobre las partes para que cumplan sus compromisos. Aún hay tiempo para evitar otra catástrofe.
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