Dentro de la prisión vivió los últimos fusilamientos del franquismo, el 27 de septiembre de 1975. ¿Cómo lo recuerda?
Fue una noche terrible, nos enteramos por la televisión y enseguida nos encerraron en las habitaciones. Silvia y Maruxa, compañeras de José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena, estaban también detenidas en Yeserías. Silvia sí pudo ir a pasar las últimas horas con José Luis, pero Maruxa, no. No recuerdo tanto el miedo como la tristeza, la impotencia ante tamaña barbaridad. Franco moría como había empezado, matando.
¿Cree que se podrá erradicar el franquismo en España alguna vez?
Sigue vivo o se trata de un muerto muy vivo. Esa es una de las consecuencias de que no se haya abordado la memoria democrática con rigurosidad. Esta falta de conocimientos, esta ocultación de lo que significó el franquismo ha permitido que perviva eso que llaman el ‘franquismo sociológico’, que no es otra cosa que las falacias y mentiras elaboradas sobre todo al final de la dictadura para justificarse y perpetuarse: los dos bandos, guerra fratricida, todos hicieron lo mismo, había trabajo y se vivía mejor…
¿Existe apatía por parte de la gente joven sobre esta materia?
No lo sé pero tampoco lo creo, dadas las magníficas y gratificantes experiencias que hemos tenido cuando hemos llevado el documental El Silencio de otros a los institutos, universidades, centros vecinales, etc. Lo han visto centenares de jóvenes. Sus preguntas y comentarios son inspiradores, nos hacen reflexionar y nos dan esperanza. El camino es devolver esa historia a las generaciones jóvenes porque la memoria democrática no es el pasado: es la pieza que hace que encaje y entiendan el presente y puedan confiar en el futuro.
Me llama más la atención el desconocimiento que hay en mi propia generación, donde el relato franquista y el pacto del olvido todavía están muy presentes. A la juventud se le ha robado su propia historia, sólo conocen el relato del olvido que se mantiene desde la transición.
Se han cumplido ya 10 años del nacimiento de La Comuna. Con una vida hecha, alejada de la política, ¿qué les movió a unirse, en 2011, para dar la cara?
La Comuna comenzó a funcionar en 2011, agrupando a mujeres y hombres que habían sufrido cárcel, torturas, represión, despidos, exilio y clandestinidad en los últimos años del franquismo y en la transición. Uno de sus objetivos era dar testimonio de una época que el poder se empeñaba en embellecer: ni había habido una ‘dictablanda’, ni la transición había sido modélica ni pacífica. También para acabar con la impunidad del franquismo y que fueran enjuiciados los responsables de esos crímenes que aún vivían. La Comuna se adhirió a la Querella Argentina presentando decenas de querellas de personas que habían sufrido cárcel y torturas.
Uno de nuestros logros ha sido poner en el relato la represión del tardofranquismo y la transición en primer plano y denunciar la impunidad del franquismo, que se extiende al robo de bebés, algo que no hay que olvidar.
¿Por qué cree que el PSOE se opone sistemáticamente a derogar la Ley de Amnistía de 1977?
Porque es un pilar fundamental de los pactos de la transición. Las élites que gobernaron con Franco, apoyadas por EEUU y consentidas por las democracias europeas, pilotaron ese ‘gatopardismo’ político que consiguió mantener el poder en las mismas manos, con pocas variaciones. Para ello era fundamental mantener el silencio impuesto sobre los crímenes del franquismo, precisamente para que no se conociera el nombre de los criminales y quienes se habían beneficiado del golpe de estado y la dictadura. Y el PSOE, pero también el PCE, aceptaron esas condiciones olvidándose de sus propias víctimas.
Quiero dejar claro que la vigente Ley de Amnistía, de 1977, no es la ley por la que luchábamos desde la izquierda entonces. Eso es una falsedad y un insulto para quienes perdieron la vida en esa lucha, asesinados por bandas fascistas o por las fuerzas de seguridad del Estado: Arturo Ruiz, Rafael Gómez, Clemente del Caño, José Luis Cano, Gregorio Marichalar, Manuel Fuentes, Francisco Javier Fernández… Todos ellos, entre enero y mayo de 1977, meses antes de que se aprobara la ley.
¿Les convence la ley de memoria democrática que se acaba de aprobar?
Tal y como está redactada no cumple plenamente con los derechos de verdad, justicia y reparación. El derecho a la verdad está comprometido por otras leyes vigentes como la franquista Ley de Secretos Oficiales, de 1968, firmada por Carrero Blanco, que aún no ha sido derogada y que impide el acceso a los archivos y a la información porque ampara secretos como las actuaciones del Estado durante la dictadura y la transición.
El derecho a la justicia ni está ni se le espera. No se asegura la tutela judicial efectiva de las víctimas porque no se habla de ningún proceso que investigue y juzgue a los responsables, cómplices, encubridores y organizadores, en una palabra: que se identifique a los victimarios y que el Estado sea responsable de acabar con su impunidad, tal y como se define en la justicia internacional. Por no mencionar que no se ha derogado ni modificado la Ley de Amnistía de 1977, tal y como llevamos exigiendo desde el movimiento memorialista.
Tiene alguna cosa positiva, como por ejemplo que se haga referencia a la investigación, valoración y conocimiento de las luchas de las mujeres y la represión específica que sufrieron.
¿Es mejor tener una mala ley de memoria democrática que no tener ninguna?
No, de ninguna manera. Es mejor tener una ley de memoria democrática que cumpla con lo establecido en el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. No pedimos ni más ni menos que lo que se ha exigido repetidas veces al Estado español en los informes realizados por los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación, Pablo de Greiff y Fabián Salvioli: que el Estado acabe con la impunidad de los graves crímenes contra los derechos humanos que cometieron los fascistas durante la guerra y la dictadura. Y nosotros añadimos también el período de la transición, como continuación del régimen franquista sin Franco.
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