¿Cuáles son los principales retos que deberá afrontar Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia? El periodista y activista Carlos García Enrique nos ofrece algunas claves.
El pasado 7 de agosto Gustavo Petro asumió su mandato como Presidente de Colombia. Algunos sectores califican su llegada a la Casa de Nariño como un hecho histórico al considerar que se trataría del primer presidente progresista en la historia reciente de un país gobernado tradicionalmente por sectores conservadores.Desde Nueva Revolución analizamos las expectativas y retos que deberá afrontar el gobierno de Petro de la mano de Carlos García Enrique, periodista, activista social y de Derechos Humanos, quien cuenta con una década de trabajo como cooperante en Colombia y conoce de primera mano la realidad político-social del país.
Carlos, ¿Cuáles crees que serán, a grandes rasgos, las problemáticas sociales más urgentes que deberá abordar Gustavo Petro tras su llegada a la Presidencia de Colombia?
Es evidente que en un país con los niveles de desigualdad social de Colombia unido a los sucesivos gobiernos que han promovido la agenda neoliberal de manera decidida (además de un conflicto armado que aún se mantiene en el país), los retos sociales son enormes y no van a poder ser resueltos en el corto espacio de una legislatura, ni siquiera dos.
En mi opinión la recuperación y expansión de derechos laborales, es un tema fundamental que se está empezando a poner encima de la mesa. Sin embargo, las propuestas que en lo inmediato se están barajando, no implican un cambio radical de la situación, aunque sí una pequeña mejora en la dañada economía de las familias colombianas.
Mientras la Ministra de Trabajo habla de retomar políticas que el ex presidente Álvaro Uribe anuló aprovechando la ola de la mano dura contra las Guerrillas (por ejemplo la supresión de la bonificación económica en festivos, domingos y horas extra) y también del aumento del sueldo mínimo interprofesional (actualmente alrededor de los 230 euros) la realidad es que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianas trabajan en la economía sumergida o informal, donde esas propuestas son difíciles que calen sin medidas que permitan que todas y todos los trabajadores tengan acceso a un contrato laboral dentro de la legalidad.
Por otra parte, hablando de contratos laborales, ya se está planteando la fórmula para acabar con los abusos en los contratos por prestación de servicios los cuales venían generando gran inestabilidad y precariedad en grandes capas de la población, especialmente los contratos con instituciones estatales, empresas privadas e incluso ONG y organizaciones internacionales que trabajan el país. La figura llegó a pervertirse tanto y a usarse fuera de su «vocación» legal que hoy en día no hay prácticamente alternativa para la gran mayoría de los y las colombianas, sin importar la experiencia y trayectoria académica de los candidatos. La temporalidad y precariedad obviamente impiden procesos de endeudamiento como por ejemplo el acceso a hipotecas, a pesar de que el sistema de ayudas a la vivienda aún sobrevive en Colombia, a diferencia del Estado español.
Esos dos fenómenos generan grandes dificultades para el ahorro, implican una pérdida progresiva y sostenida del poder adquisitivo y suponen un ataque frontal contra el papel social y las garantías fundamentales para los trabajadores sindicalizados, los cuales son un colectivo fuertemente criminalizado y victimizado y considerados como enemigos del Estado desde hace décadas.
Con estos ingredientes, la consolidación de lo que los neoliberales definen como una «clase media» es prácticamente imposible y, por el contrario, las capas populares de la sociedad se han venido empobreciendo de manera dramática, tanto en el campo como en la ciudad.
Estos son sólo algunos de los aspectos en el plano laboral que ya en sí mismos hablan de la necesidad inaplazable de una reforma laboral profunda, que todavía no se ha contemplado como tal y que tendría un difícil camino en el senado debido al complicado encaje de los diferentes partidos declarados en apoyo al Gobierno.
Por otra parte, en el plano de la sanidad, la aparición de las Empresas Prestadoras de Salud recogidas en la tristemente famosa Ley 100 de 1993, (en la práctica, intermediarios privados que gestionan recursos del Estado y usan en la mayoría del país instalaciones de la «seguridad social» sostenidas con recursos públicos de las administraciones locales y regionales) es uno de los temas más delicados que debe afrontar urgentemente el Gobierno de Petro, tal y como ha sostenido durante su campaña electoral.
«El paseo de la muerte» en el que algunos enfermos pierden la vida buscando tratamiento para una afectación aguda o ante el empeoramiento de una enfermedad previa, provocado por el rechazo de las empresas prestadoras, por las trabas administrativas e incluso por las deudas entre las administraciones públicas y las empresas privadas, han provocado miles de muertes evitables que el país no puede seguir permitiéndose bajo un Gobierno progresista.
Esas empresas prestadoras de salud y su aliados políticos van a ser, sin duda, duros enemigos de la administración de Gustavo Petro. Mientras la opinión pública mayoritariamente pide liquidar ese modelo de negocio privado para pasar a uno de control sanitario puramente público y basado en criterios médicos de prevención, la muerte sigue llamando a la puerta de las clases populares.
Creo que otro pilar fundamental y que puede tener fuertes resistencias, es el acceso y calidad de la Educación en Colombia, que es uno de los principales motivos de la desigualdad y el acceso a oportunidades en una sociedad fuertemente marcada por el clasismo y el elitismo.
Si bien en la educación infantil los retos llegan hasta el punto de que un importante número de las instituciones educativas públicas, incluso en las grandes ciudades (ni que decir en la zona rural) se caen a pedazos literalmente, creo que la principal resistencia puede estar en las instituciones de educación superior privadas.
Esas universidades privadas, fundaciones o escuelas universitarias se caracterizan, con algunas importantes excepciones, por el elitismo en las más reconocidas, pero también por una baja calidad pedagógica en la gran mayoría y una gran exigencia económica sobre los estudiantes que deben afrontar matrículas desproporcionadas en todas ellas, lo que dificulta el acceso o empuja a las clases populares a estudiar en inferioridad de condiciones. La rueda se mantiene girando al calor de la competencia feroz en el mercado laboral y las exigencias de las empresas y entes del Estado para acceder a puestos con cierto estatus económico y social que son muy escasos y generalmente asignados a dedo. Es lo que algunos en Colombia llaman la «batalla del cartón», en el que vale más el título que los propios conocimientos adquiridos.
Colombia aloja actualmente en su territorio 7 bases militares de EE.UU y tiene importantes acuerdos de defensa con Washington (Plan Colombia). De hecho, en las últimas décadas el país ha recibido el apodo de la «Israel de América Latina», considerando que se trataba de la punta de lanza del imperialismo en la región. Además, recientemente pasó a ser un socio de la OTAN. ¿Crees que Petro tomará medidas para revertir esta situación o más bien optará por una línea moderada?
Esa pregunta tiene diferentes caras que creo que es necesario detallar para entender mejor el laberinto en el que se encuentra el nuevo Gobierno.
En primer lugar, el Presidente Petro en su precampaña electoral trató de rodearse de personas que generasen confianza en el ámbito internacional. De la misma manera buscó interlocutores, especialmente en Estados Unidos, para tratar de frenar el miedo y la tensión que se generó alrededor de su candidatura que fue ganadora desde el principio y a pesar de la intoxicación. Para él fue importante que en el vecino del norte no hubiese más tensión de la estrictamente necesaria. Eso necesariamente tuvo que incluir garantías sobre las cuestiones relacionadas con los militares, la inversión extranjera y la propiedad privada.
Por otro lado, el Presidente Petro ha dejado claro en muchas de sus intervenciones ante la población campesina (sin duda el eslabón más débil en la cadena de los cultivos de uso ilícito) que uno de sus principales objetivos es cambiar la doctrina de la lucha contra las drogas con el principal objetivo de descriminalizar al campesinado, hacer una reforma agraria para salir de la dinámica del narcotráfico y además de darle a la problemática un enfoque de salud pública, no solo en el ámbito nacional, sino recordando que el motor de la cadena es el consumo de cocaína en Estados Unidos y en Europa. Eso implica necesariamente impulsar un enfoque diferente al tradicional ante la ONU y la OEA… y no es cualquier país… Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca destinada a su transformación como cocaína.
Eso ya es un cambio de visión inédito en Colombia y apela de manera directa a la presencia de esas bases militares que no han logrado, observando las estadísticas de UNODC, su presunto y más reciente objetivo de acabar con el narcotráfico. Sin duda, tampoco han acabado con las Guerrillas comunistas por la vía militar y menos han logrado apuntalar la democracia y robustecer al Gobierno más allá del ámbito militar y de la vía económica neoliberal.
La derecha política no duda en afirmar que esa presencia militar extranjera ha permitido debilitar lo suficiente a las Guerrillas para que se vean obligadas a entrar en los procesos de paz, nada dicen del papel de esos militares ante los grupos paramilitares, sus sucesores y los diferentes grupos del narcotráfico que operan allí y ahora. Tampoco de la presencia de grupos narcotraficantes originarios de México en territorio Colombiano.
Obviamente, en la lógica de enemigo interno de la guerra fría y la lucha contra el comunismo (que de manera tramposa pasó a denominarse por arte de magia lucha contra las drogas y luego lucha contra el terrorismo), el mantenimiento y fortalecimiento de la presencia militar en Colombia era fundamental para Estados Unidos. Era y es importante tener una zona franca de acción a costa de la soberanía de su huésped donde poder maniobrar y desestabilizar Gobiernos considerados como enemigos. En la doctrina estadounidense es fundamental acosar y presionar militarmente a los Gobiernos progresistas, especialmente Venezuela, pero también a Nicaragua y Cuba desde Colombia y, si es necesario, más allá de la legalidad internacional.
En ese sentido, Colombia se convirtió, durante los últimos 70 años, en un portaviones a las órdenes de los intereses de Estados Unidos, sin más. El paralelismo con Israel, que tiene un agenda propia en el campo político, social y religioso, siempre en la vía económica neoliberal y apoyada por Estados Unidos, me parece poco afortunada sinceramente. Estamos ante posiciones diferentes de Estados Unidos para consolidar sus intereses y también estamos ante fenómenos y capacidades muy diferentes de sus huéspedes.
En mi opinión, inevitablemente, las tensiones van a ir en aumento con los militares estadounidenses y con la DEA. Ambos cuerpos están acostumbrados a actuar de manera autónoma y siguiendo órdenes desde Washington sin contar con Bogotá y mucho menos con los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, los tratados firmados finalmente van a tener que ser respetados y será interesante ver como el nuevo gobierno maneja el timón ante los incidentes que pudiesen presentarse y como ponderan esos espacios bilaterales con su principal aliado hasta ahora y potencial amenaza en adelante.
Va a ser especialmente interesante observar como Petro y su gabinete muestran a las poblaciones afectadas por el accionar de los militares extranjeros, que efectivamente hay un cambio de rumbo, ya que la presencia extranjera en esas bases a día de hoy, a pesar de la presión de las organizaciones de Derechos humanos y sociales, va a continuar en el país, por lo menos a medio plazo.
Yo creo firmemente que este nuevo Gobierno no buscará aliados militares estables más allá de Estados Unidos, lo cual podría calentar de manera exponencial un escenario en el que la tensión puede trasladarse al plano político internamente y desembocar en golpes blandos desde el propio Estado, como ya pasó en Brasil o Bolivia, entre otros países de la región. Petro quiere trabajar prioritariamente el espacio social y político. Tensionar demasiado lo relacionado con la presencia militar estadounidense puede derrumbar su programa de gobierno además de generarle grandísimos problemas de gobernabilidad los cuales no creo que este dispuesto a explorar.
En lo relacionado con la OTAN, teniendo en cuenta que el papel de Colombia como colaborador es secundario y geográficamente está muy alejada del espacio natural de esa organización, tal y como se está observando hoy en Ucrania, le da una oportunidad a este nuevo Gobierno progresista de no priorizar o relegar ese espacio sin unas consecuencias muy importantes, siempre que la relación con Estados Unidos no se tensione lo suficiente.
Este es un tema principal en la geopolítica internacional con lo cual las presiones van a a ser inmensas y, como todos sabemos, en política los máximos objetivos raramente son alcanzados con un escenario tan espinoso.
El Ejército es una pieza fundamental para mantener la estabilidad política en cualquier país. ¿Consideras necesaria una depuración en las fuerzas armadas y la policía para evitar un posible golpe de Estado en Colombia?
Los conflictos están ya sobre la mesa. Hace sólo unos días, el Presidente y el Ministro de Defensa desautorizaron al nuevo máximo responsable de las Fuerzas Armadas Helder Fernan Giraldo Bonilla, quien quiso incluir entre sus subalternos a varios oficiales comprometidos en diferentes procesos judiciales.
La depuración de la Fuerza Pública se empezó a realizar, de manera espontánea, por parte de los propios altos mandos del Ejército el pasado 7 de agosto, tras la victoria electoral de Gustavo Petro. La mayoría de esos altos mandos, en un institución con un fuerte componente ideológico antisubversivo, no quisieron quedar a las órdenes del nuevo Gobierno progresista con un ex guerrillero del M-19 como Presidente y muchos de ellos renunciaron a su puesto inmediatamente.
Entre los militares que dimitieron estaba el anterior comandante de las Fuerzas Armadas, el General retirado Eduardo Zapateiro, que se ha dejado ver públicamente llamando a una «resistencia» (sin especificar mucho más) de las bases del Ejército y la reserva y a estar vigilantes de las acciones del nuevo ejecutivo. Su argumento fue que el Gobierno quiere criminalizar a la milicia en vez de atacar a los «bandidos».
Zapateiro estuvo continuamente rodeado de polémicas y acciones que, a falta de sentencia judicial podrían constituirse en delitos graves contra la población civil. Nunca escondió su fuerte rechazo hacia el sistema de justicia transicional (JEP) y llevó a cabo actuaciones que tuvieron graves consecuencias sobre la población civil, como por ejemplo durante las protestas del 2021 donde la Policía Nacional mató a 80 manifestantes en todo el país, según las organizaciones de Derechos Humanos, o como la masacre en el departamento del Putumayo, donde el Ejército realizó una operación donde «dieron de baja» a 11 presuntos guerrilleros que según la comunidad eran civiles que departían en una fiesta.
Al parecer, siempre según las organizaciones de Derechos Humanos y algunos investigadores periodísticos, los soldados habrían modificado la escena en esa alejada zona del sur de país, para hacer plausible la hipótesis de un combate que no se habría producido en realidad, en lo que recuerda a las prácticas de los mal llamados «falsos positivos» llevadas a cabo durante los gobiernos de Álvaro Uribe y bajo el Ministro Juan Manuel Santos, que posteriormente fue Presidente de la República (2010-2018) y premio Nobel de Paz (2016).
En un escenario tan complejo, Petro decide hacer público rápidamente el nombramiento de un Ministro de Defensa fuertemente comprometido con los Derechos Humanos como lo es Iván Velásquez. Ese nombramiento ya era una declaración de intenciones en un campo en el que la izquierda suele enfrentarse a fuertes contradicciones y dificultades políticas, pero también un terreno pantanoso en el que hay que tener una especial determinación.
En una de sus primeras intervenciones como Presidente, Gustavo Petro renueva la cúpula Militar y da órdenes explícitas a la cadena de mando de “cero corrupción, cero violación de derechos fundamentales”. De la misma manera, lanza una nueva metodología para valorar el desempeño de la Fuerza Pública basado en la capacidad de la Fuerza Pública de que no haya muertes violentas en sus jurisdicciones. Ese indicador macabro (cuantas más bajas en combate y en operativos, mejor) era uno de los que internamente los militares usaban para promocionar a los suboficiales y oficiales a cargos de responsabilidad y fue fuertemente incentivado durante los duros años del paramilitarismo. La necesidad de mostrar bajas del enemigo provocó alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y militares tanto activos como en la reserva para atacar a las guerrillas. Sin embargo, según los datos aportados por la Comisión de la Verdad, la mayoría de las bajas fueron civiles.
Lo que para mi está claro es que el Gobierno de Petro, sin duda impulsará de manera decidida el tránsito de la policía nacional de una doctrina militar a una doctrina civil. De eso no me cabe duda. Hay que ver como encajan los cambios los enemigos de esas medidas que en el fondo pueden ser los policías retirados que puedan sentir que su carrera fue truncada y algunos poderes fácticos que utilizaron a ese cuerpo para defender sus intereses privados.
Sin embargo, la medida de pasar a una doctrina civil, de manera aislada, puede no tener un calado suficiente si no se realizan acciones decididas de control de Derechos Humanos por parte de los entes estatales. En esa tarea tendrá un papel muy importante Franklin Castañeda, ex presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una de las organizaciones de Derechos Humanos más antiguas del país, nombrado por el Ministerio del Interior como Director de Derechos Humanos.
Otro de los temas calientes es el desmonte del escuadrón de antidisturbios de la Policía Nacional conocido como ESMAD. Este cuerpo se creó de manera especial durante los años más duros del conflicto armado en Colombia como brazo antisubversivo para afrontar la protesta social en la lógica del «enemigo interno», especialmente en el ámbito urbano. Su carácter era transitorio, sin embargo lleva más de 30 años operando con una brutalidad que viene siendo señalada por organismos nacionales e internacionales. La dificultad del desmonte de ese cuerpo, en un momento en que la protesta social presumiblemente se mantendrá en unos niveles bajos, reside como en el caso del resto de la policía en una veeduría y monitoreo férreo por parte del Estado y de las organizaciones sociales que históricamente fueron víctimas, al nuevo cuerpo de «control de multitudes». Este no es un tema menor y pone al Gobierno ante grandes presiones y contradicciones cuando se dé la orden de actuar. Eso sucederá y habrá que explicar muy bien por qué, cómo y cuándo se ordenó ese operativo.
Por otro lado, Petro pretende oxigenar la institución de Policía y Ejército desde adentro, permitiendo que los estratos más bajos de la sociedad puedan acceder a la carrera militar. En la actualidad, ascender en la escala de mando requiere fuertes esfuerzos económicos y por lo tanto la plutocracia y la corrupción son más fáciles de llevar a cabo. Mientras que el 80% de los reclutas tanto en la Policía como en el Ejército son jóvenes de escasos recursos provenientes de los estratos más vulnerables de la población, los suboficiales y oficiales ascienden rápidamente en la escala socio-económica, en algunas ocasiones participando de procesos de contratación opacos, según los periodistas que sacan a la luz recurrentes escándalos de presunta corrupción que afectan seriamente al credibilidad de la institución.
En mi opinión, a día de hoy y con el apoyo popular al nuevo Gobierno, un golpe militar clásico es difícil. En Colombia, un golpe de Estado de naturaleza militar hace 80 años que no se produce, sin embargo hay fuertes sospechas de numerosos fraudes electorales a lo largo de la historia (el más reciente en 2018) y además nunca hubo ningún otro gobierno de izquierda antes.
Yo creo que un golpe suave sería mucho más probable, como ya hemos visto en Venezuela, Bolivia o Brasil, aunque lo veo improbable a día de hoy. Ahora bien, me parece que sería mucho más probable a medida que pase la legislatura y sobre todo si finalmente Petro cambia la ley para poder presentarse nuevamente a las elecciones, a pesar de que ha dicho que no lo hará. Sus adversarios utilizarían inmediatamente el argumento de la dictadura y otros argumentos huecos, como ya hemos visto en otras ocasiones en la región y la tensión escalaría rápidamente, sin duda.
Tras los acuerdos de Paz firmados en 2016, en Colombia han sido asesinados 300 ex guerrilleros desmovilizados y más de 1.200 líderes sociales. Con los números sobre la mesa, no parece que este proceso haya sido un éxito. De hecho, tanto el ELN como algún sector de las FARC siguen en la lucha armada al considerar que no existen garantías. ¿Cómo influirá la llegada de Petro en este sentido?
El proceso de paz es ambicioso. Muy ambicioso diría yo. Es ambicioso por que aborda los problemas estructurales que golpean a la sociedad colombiana, sobre los cuales hay un amplio consenso en el país. Son problemas que han generado y han mantenido el conflicto político social y económico y que han generado y mantienen el conflicto armado.
Ese acuerdo no va de recoger armas más o menos mortíferas y contar combatientes además de darles unas ciertas garantías para que no reincidan o para evitar sanciones. Ese tipo de enfoque no ha resuelto casi ningún conflicto subyacente en ninguno de los países en que se ha aplicado.
No hay que ser ingenuos ni caer en la utopía, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tampoco resolverá per se los problemas inmensos que aquejan al pueblo colombiano después de 60 años de conflicto armado. Sin embargo, tener una hoja de ruta para avanzar hacia un escenario de paz de esa solidez, en un escenario tan complejo y con tantos intereses internos y externos, es ya un hito histórico para poner a las víctimas en el centro, con todas las limitaciones que, sin duda, hay.
El tema de la seguridad es una preocupación fundamental que los miembros de la extinta FARC-EP mostraron de manera inmediata en la mesa de diálogo en la Habana y no es para menos. En el pasado, son varios los ejemplos de desmovilizaciones y proceso de paz traicionados y el historial de violencia política no animaba a ser muy optimista. El último de esos casos fue el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, que se desmovilizó durante los acuerdos de paz de los años 90 entre el Estado y el grupo guerrillero del que hizo parte el Presidente Petro. Así mismo sucedió con Guadalupe Salcedo, comandante de las guerrillas liberales del llano colombiano, el cual fue asesinado por la policía en Bogotá tres años después de desmovilizarse y ser beneficiario de un indulto presidencial en 1957.
Según datos que ofrecen hoy los medios de comunicación de Colombia, desde que se posesionó el presidente Petro el pasado 7 de agosto, se han producido 11 masacres. Increíble, pero cierto. Y ese va a ser el caballo de batalla que va a tener que domar el nuevo Gobierno, un nuevo uso de la violencia, que algunos sectores y grupos armados van a utilizar para desestabilizar al Gobierno y presentarlo como vulnerable ante sus propios partidarios.
No es de extrañar que los grupos armados, todos ellos, agudicen el conflicto como sucede y coincide históricamente con las últimas etapas de los gobiernos. Pero en esta ocasión, la situación es diferente, el presidente Petro está llamando a un proceso de paz total, precisamente para frenar los ataques contra líderes sociales y ambientales. Llegar fortalecido a ese proceso puede ser fundamental para esos grupos a la hora de recibir beneficios penales.
El gran reto es que los desmovilizados no retornen a la delincuencia y desarticular las redes de crimen organizado que no se verían beneficiadas. En la medida en que estas organizaciones dejen de reproducirse los niveles de seguridad mejorarán para toda la población. En la medida en la que los grupos armados sigan descomponiéndose y volviéndose menos políticos unos y más degradados los otros. Desafortunadamente, los niveles de violencia y asesinatos y el fenómeno de nuevos grupos o auge de los antiguos se verá en los lugares donde tradicionalmente el conflicto ha estado más presente.
De ahí la necesidad de copar el territorio cuanto antes y utilizar a la fuerza pública con un enfoque de proximidad y respeto del DIH y Derechos Humanos, frente al modelo de defensa de posiciones de combate, que se venía utilizando y que se ha demostrado totalmente ineficaz (e incluso tolerable para los grupos armados).
Durante los últimos 10 años, aproximadamente, los grupos que no entraban a confrontar directamente a las tropas, no recibían normalmente acciones de ataque frontal de los soldados. Por el contrario, la constante era una operación para dar de baja a un objetivo de alto valor militar que generalmente se ejecutaban desde Bogotá, por parte de cuerpos especiales. En el territorio, los eventos graves de ataque contra la población civil eran atendidos de manera tardía y en muchas ocasiones se llegaba al levantamiento de cadáveres y poco más.
Los grupos armados sin su cabeza principal suelen entrar en una pugna interna, bien sea dialogada o violenta. Sin embargo, el resultado, en gran parte del país, era una organización armada más y más degradada y violenta especialmente contra la población civil que se opone o disiente de manera organizada.
Volviendo al hilo de la pregunta, efectivamente, las preocupaciones más relevantes relacionadas con el proceso de paz durante el gobierno del anterior Presidente fue la seguridad y así lo reflejaba la Misión de Verificación de la ONU en sus informes periódicos. Esa tendencia seguramente se va a mantener durante los primeros meses del Gobierno Petro.
Afortunadamente, en Colombia las guerrillas, e incluso los grupos sucesores del paramilitarismo, son más sensibles que en otros lugares al momento político. Eso no significa que no continúen con su accionar violento, sin embargo, yo sí noto que algo está cambiando en ese sentido y numerosos grupos armados, incluidos los que abandonaron el proceso de paz, están pidiendo espacios para dialogar con el nuevo Gobierno, según ha anunciado el propio Presidente.
¿Seguramente algunas de esas peticiones de diálogo sean globos sonda? Seguro. Sin embargo creo que hay muchas más posibilidades de generar un clima de paz ahora que hace 6 meses y sobre todo creo que hay más posibilidades para la implementación y el éxito del proceso de paz.
No hay que descartar que sectores que puedan sentirse perjudicados por las políticas y posiciones de este gobierno puedan incentivar y mantener grupos al margen de la ley con el objetivo de proteger sus intereses, eso es algo que puede incrementar y mantener la violencia política en un modelo que ya se había observado en el país.
En cuanto al ELN, es un proceso que va a ser muy largo y complejo. El Presidente Petro, por lo pronto, ya ha anunciado que los diálogos van a retomarse inmediatamente pero los posicionamientos del Comité Central del ELN, que insiste en que la población civil participe de los diálogos, puede complicar mucho un final a medio plazo, incluso con un gobierno tan predispuesto como es el actual.
Incluso el Presidente Pedro Sánchez, durante su visita a Colombia, insinuó que España podría ser sede de esos diálogos entre el Gobierno y el ELN para relevar a Cuba, que a su vez relevó a Ecuador. Ese gesto fue agradecido por el Presidente Petro, no sin señalar que eso depende de las partes e incluso de las propias dinámicas y momentos electorales y políticos.
Sin duda, el tema de la seguridad en un país tan extenso, con poblaciones alejadas, grandes selvas, ríos, desiertos, miles de hectáreas de cultivos de uso ilícito, minas de oro, abundante en agua y miles de kilómetros de costa (que además está sumergido desde hace décadas en un conflicto armado descarnado), es un reto inmenso. Yo creo que de los mayores que debe afrontar el nuevo Gobierno.
Lamentablemente dudo que el problema se pueda solucionar en esta legislatura más allá de ponerle cimientos a un cambio de paradigma que dará sus frutos en el futuro. De momento, las iniciativas que se empiezan a proponer, como por ejemplo el plan de protección para la vida de los líderes sociales, pretende dar un enfoque mucho más preventivo y presionar a la institucionalidad a estar presente en el territorio y especialmente ante esta problemática.
Veremos como se encaja todo en el terreno, lo que está claro es que el fenómeno puede incrementarse y ser utilizado políticamente por los adversarios del gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.
¿El uribismo sigue vivo en Colombia? ¿Puede suponer una amenaza para la consolidación de la democracia en el país?
El uribismo y especialmente su principal matriz electoral, el Centro Democrático, actualmente está inmerso en profundas contradicciones internas que se han agudizado con la pérdida del poder.
La pelea inició con la elección a dedo de Oscar Iván Zuluaga, en 2013 como candidato presidencial. Zuluaga fue Senador y ministro de la presidencia y de Hacienda durante el segundo Gobierno de Uribe, pero fue un candidato que no tenía el carisma ni el perfil político suficiente para hacer frente a un Presidente como Juan Manuel Santos, procedente de la élite económica y política del país desde su propia fundación. A pesar de que hubieron acusaciones de pucherazo y sospechas de varios delitos electorales de parte y parte, Santos fue reelegido por un estrecho margen de votos.
La derrota en segunda vuelta del candidato del Centro Democrático, (que ya venía siendo muy criticado por su discurso alrededor del ataque al proceso de paz y una delirante argumentación sobre la entrega del país al comunismo por parte de uno de los principales exponentes del poder económico capitalista, el propio Juan Manuel Santos), empezó a desgastar al partido tanto internamente como al interior desde los primeros meses de su fundación. Sin embargo, lograron mantener fuertes apoyos de sectores importantes de la sociedad vendiéndose como el único reducto que podría impedir la entrada del comunismo en el Estado. El coco del comunismo, como siempre.
El ex presidente Álvaro Uribe tuvo que renunciar o moderar algunas posiciones radicales que sostuvo el Centro Democrático en campaña para poder encajar el golpe electoral de su máximo rival político y frente a su anterior partido, el Partido de la Unidad que él fundó y hoy, fuertemente debilitado en cuanto a representación parlamentaria y votación, se declaró en apoyo al gobierno de Gustavo Petro en el senado.
El ataque al proceso de paz, al acuerdo final y el éxito en el plebiscito de ratificación del acuerdo mantuvieron al partido unido en la oposición no sin fuertes críticas que fueron manejadas de manera caudillista por parte de Uribe. La derrota pírrica en el plebiscito obligó a Santos a aproximar posiciones con el uribismo para poder mantener el control del país.
Sin embargo, Uribe no quería que después de Juan Manuel Santos hubiera otro traidor al que él mismo aupara al poder. Por ese motivo, eligió como candidato a la presidencia a un joven senador, llamado Iván Duque, desconocido para la mayoría de ciudadanos de Colombia hasta ese momento.
El ex presidente sin duda tenía un gran interés en tener controlado a un candidato que no tuviese base social en el partido y que se dejase asesorar en los temas que comprometían más la seguridad jurídica del ex presidente y los militares ante la posibilidad de una comparecencia ante los incipientes tribunales transicionales, por su responsabilidad en el conflicto armado, tal y como solicitaban las asociaciones de víctimas.
El periodo del gobierno de Iván Duque se caracterizó por un claro declive de las condiciones de seguridad para líderes y ex combatientes y fuertes dificultades en el proceso de implementación del proceso de paz además de la fuerte reaparición del fenómeno de las masacres.
Las posiciones del anterior gobierno generaron gran frustración en grandes capas de los ex combatientes con consecuencias muy negativas, hasta el punto de que algunos altos cargos y negociadores de las extinta guerrilla de las FARC-EP abandonaron el proceso y volvieron a las armas.
La emergencia de corrientes populistas cercanas al mal llamado “trumpismo criollo”, al interior del Centro Democrático, con Maria Fernanda Cabal al frente, aceleraron la pugna que llevó al declive de la candidatura del partido en las últimas elecciones.
Uribe volvió a elegir a Oscar Iván Zuluaga como candidato del Centro Democrático para taponar el crecimiento de las corrientes más rebeldes hacia su liderazgo, las cuales fueron sus más fieles seguidores hasta solo dos años antes. El candidato, sólo unas semanas después, declinó la carrera presidencial en plena campaña para apoyar a uno de los candidatos que se presentaron como independientes, Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín. Gutiérrez ni siquiera llegó a segunda vuelta, al igual que Sergio Fajardo, candidato del Partido verde, ex gobernador de Antioquia y fuertemente criticado por presentarse como una candidatura de centro y negar una más que probada cercanía al uribismo. Esa posición ambigua no generó confianza en el electorado que para estas últimas elecciones se encontraba fuertemente polarizado y mostró señales claras de fatiga hacia el accionar político de la derecha tradicional.
A día de hoy el Uribismo sigue en problemas internos muy serios pero aún así conserva fuertes alianzas en las regiones y en el interior de la Fuerza Pública.
Lo que no es para nada descartable es que las contradicciones se sigan agudizando entre los diferentes grupos de interés y haya una ruptura interna. No es descabellado pensar que en los próximos meses los sectores más radicales funden nuevas opciones electorales lo cual será una buena noticia para el gobierno de Petro.
En mi opinión, durante los próximos años se hablará poco del uribismo debido al desgaste, fragmentación y desprestigio que sufrirá y ha sufrido durante su oposición mezquina al proceso de paz y el acuerdo final. Sin embargo, oiremos hablar mucho de paz total y de más negociaciones con los diferentes actores armados, lo cual será un golpe difícil de encajar para el uribismo en un ambiente claramente desfavorable que deberá revertir usando los temas de seguridad con motivación política.
¿Qué supone la elección de Petro en clave regional? ¿Habrá una mejora en las relaciones con los países del Alba?
En el ámbito regional no cabe esperar una actitud agresiva contra el resto de países del entorno Colombiano por parte del Gobierno Petro. De eso podemos estar seguros. Eso no significa que haya una actitud condescendiente pero tampoco una posición de agresión continua como ha sucedido la mayor parte del tiempo, especialmente desde que Hugo Chávez ganara las elecciones el año 1999. Lo de Cuba es caso aparte por que tradicionalmente ha sido agraviada por los diferentes Gobiernos derechistas casi por deporte.
Si bien puede que no se tomen acciones muy profundas en cuanto a la integración latinoamericana en el plano de tratados económicos nuevos, como solicitar la entrada en el ALBA, no hay que olvidar que Petro, en su posesión del cargo, solicitó como primera medida presidencial sacar a la plaza la espada del libertador Simón Bolívar. Esa misma espada fue robada por la Guerrilla del M19, a la que perteneció Petro algunos años después.
No creo tampoco que el nuevo Gobierno siga una “línea dura” de integración económica tan fuerte como puede ser el ALBA. De lo que no me cabe duda es que los tratados de libre comercio van a ser revisados con mucho detalle y seguramente habrán cambios de gran calado. Hay que ver si las cláusulas de esos contratos permiten cambios sustanciales y sobre todo que actitud tomarán las contrapartes como Canadá y Estados Unidos.
Creo que Colombia se mantendrá en esa línea roja que hay entre México y Bolivia, en el plano regional, es decir: sin renunciar a sus propuestas, sin renunciar a la integración pero manteniendo una posición algo más distante pero respetuosa con el ALBA y participando en otros espacios políticos regionales que puedan conformarse por iniciativa progresista o de izquierda.
Por otra parte, la participación en los diferentes espacios como el Grupo de Puebla puede ser una novedad para Colombia, que siempre se movió en los diferentes grupos de lobby político escorados a la derecha, con un objetivo claro: tejer alianzas contra la izquierda a nivel regional, desde los diferentes gobiernos de derecha, lo cual de por si es inadmisible para cualquier demócrata.
A priori, las relaciones con todos los países se van a normalizar más allá del color político de los gobiernos, que en este momento son más proclives al progresismo en la región, a falta de la probable victoria de Lula da Silva en Brasil y el desenlace en la inestabilidad política tanto en Perú como en Ecuador, que tienen a los dos gobiernos en la cuerda floja. Veremos como se desempeña la diplomacia colombiana ante las campañas mediáticas que seguramente aparecerán ante protestas de la oposición política en los países del ALBA. En ese momento podremos ver si el ejecutivo de Petro muerde el anzuelo de los Derechos Humanos y la propiedad privada que continuamente lanza la derecha como arma arrojadiza contra sus enemigos políticos o si bien interpretan esos fenómenos en clave mucho más profunda y crítica manteniendo un elevado perfil político a contracorriente.
El reciente envío de Armando Benedetti (uno de los hombres fuertes de la campaña electoral de Petro) como embajador de Colombia en Venezuela, denota el fuerte interés en mantener unas relaciones normalizadas con Venezuela en el ámbito político y económico, pero estoy seguro que sucederá lo mismo con Cuba, Bolivia y con Nicaragua, todos ellos países del ALBA y que fueron fuertemente atacados por los anteriores gobiernos de Colombia. Debido al continuo uso de Venezuela como chivo expiatorio y la respuesta airada desde el otro lado de la frontera, esa normalización era imposible hace unos pocos años. Recordemos que en el segundo mandato de Álvaro Uribe, con Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela (concretamente en 2008), hubo movilización de tropas hacia la frontera por parte de ambos países con la consecuente retirada mutua de embajadores.
Con Petro, Colombia volverá a la diplomacia después de muchos años, lo cual es una buena noticia y no es cosa menor, después de sostener relaciones preferentes con Estados Unidos, las cuales han sido nocivas para los intereses de las mayorías. Además esa relación nunca fue en condiciones de igualdad y por el contrario implicaron comprometer la soberanía económica y militar durante muchos años, con la excusa del «Estado fallido», de la lucha contra las drogas, de la amenaza del comunismo y la lucha contra el terrorismo. Los posicionamientos de Colombia en el pasado fueron, al principio, irrelevantes y luego contribuyeron a la crispación con un claro trasfondo ideológico.
En ese sentido la llegada de Petro significará, con toda seguridad, mayor tranquilidad y un espacio más favorable para construir una integración latinoamericana que cada vez se hace más necesaria en el marco de las actuales crisis a nivel global.
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