El título de este artículo no pretende ser tendencioso o manifestar parcialidad en un tema que a todos nos toca y que tantos nombres tiene dependiendo del escenario o el estrato social; el de la pobreza sistemática. De hecho, la realidad imparcial es que la economía está volatilizando hacia parámetros precarios que afectan desde los más jóvenes hasta los jubilados. Según el informe de Oxfam publicado en enero de 2018, Premiar el trabajo y no la riqueza, y difundido por los medios de comunicación, la proliferación de trabajos inseguros en países desarrollados está directamente relacionada con el aumento de la desigualdad, según se desprende de la OCDE. “Las personas que trabajan en la economía gig (con contratos puntuales para tareas concretas), experimentan la precariedad de este tipo de empleo: están sujetas a objetivos sofocantes definidos por fórmulas distantes, y al mismo tiempo son autoempleadas sin ningún derecho o protección laboral. La incertidumbre sobre los ingresos está relacionada con el aumento del estrés y otros problemas de salud”, continúa el documento.
Sobre estas características de esta nueva economía es reseñable señalar que es un nuevo contrato laboral –valga la ironía- que ya está afectando a muchas capas de la sociedad y que en sucesivas generaciones acabará por afectar al conjunto. Aquella mitificación del esfuerzo personal como clave del éxito nunca ha sido cierta, pero supone un anzuelo tentador para las clases y colectivos oprimidos a los que el sistema guía hacia puestos de trabajo, y en definitiva, hacia vidas, totalmente precarizadas y en donde la condición de sobrevivir es la que las caracteriza.
Las preguntas que este joven precario se hace son varias:
– Si nuestro país tiene una tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer (dato de 2015), y bajando, ¿quién puede esperar, con la situación actual, que los jóvenes nos planteemos formar una familia?
– Si el sistema de pensiones es el que es, ¿cómo vamos a mejorar si la pirámide de población se está invirtiendo cada vez con más celeridad, y la esperanza de vida en España es la segunda a nivel mundial?
– ¿Quién puede asegurarnos una pensión dentro de cuatro décadas –hablo ya de una pensión mínima- si la tendencia es que los contratos laborales sean cada vez más precarios, volátiles y cortos?
– Respecto a la anterior, ¿a qué edad se pretende que empecemos a cotizar en la Seguridad Social?
Estas cuestiones son la base de un compromiso intergeneracional con la movilización pensionista que estamos viviendo actualmente. Son las incertidumbres que involucran directamente a la juventud en un problema común. El problema de las pensiones y la natalidad es un problema de ausencia de trabajos estables y salarios dignos que permitan a los jóvenes emanciparse, comprar, cotizar, reproducirse y, posteriormente, jubilarse con dignidad.
Se trata de dignificar nuestra existencia efímera y permitirnos aspirar a lo que cada uno desea, en una relación social de cooperación, y no de competencia.
Las soluciones no pasan por contratos a tiempo parcial y de menos de 800 euros en Glovo, Starbucks o Burger King. Necesitamos una regulación laboral amplia que asegure a la juventud actual, también mediante un impuesto al capital, poder sacar adelante a toda una generación condenada a un espíritu precario y competitivo con sus iguales.
No se puede tolerar por más tiempo la imposición de un criterio competitivo como norma regidora de nuestras vidas; pagar carísimas tasas universitarias, de grado y máster, y que la preparación adquirida valga una ínfima parte del esfuerzo que se ha dedicado, y sirva, en su amplia mayoría, para engrosar las listas del paro junto a hermanos o amigos con mucha menos preparación, y a los que por naturaleza se les juzga de fracasados. Y para más inri, que se ponga en tela de juicio la motivación juvenil cuando mostramos síntomas de agotamiento, cansancio y apatía hacia los deberes políticos y las instituciones comunitarias.
Pero volviendo a la volatilización económica, el auge de puestos de trabajo cada vez más automatizados, y por ende, la robotización del ámbito laboral, ningunea y precariza aún más si cabe aquellos trabajos de los que nos hemos olvidado y que suponen la base para que el resto de trabajos pueda funcionar; hablo sobre todo de la limpieza y los cuidados. Según señala el informe de la OCDE de 2016 sobre el panorama de la salud en Europa, España tiene la mayor esperanza de vida de la Unión Europea, pero, a pesar de esto, más de la mitad de los años vividos a partir de los 65 años se viven con algún tipo de problema de salud o discapacidad, lo que aumenta la presión en los sistemas de salud y los cuidados a largo plazo.
Estos trabajos, limpieza y cuidados, tienen además la doble discriminación de haber sido tradicionalmente acuñados a la mujer, en un sistema con base patriarcal en el que se las ha precarizado aún más que a los hombres y en donde, hasta hace relativamente poco, se presumía que debían desarrollarse, impidiendo o limitando su entrada en la universidad o en otros estudios superiores. La dignidad de trabajar en la limpieza y en los cuidados es mayúscula, pero han sido de los empleos más olvidados y precarizados. Si queremos mejorar los cuidados cada vez más necesarios, sobre todo por el envejecimiento de la población, urgen medidas para dignificar estas labores.
Bajo el paraguas de todo esto, la construcción de una sociedad libre no implica solamente las libertades y derechos fundamentales recogidos constitucionalmente, y que encima no se cumplen en su conjunto; se trata de dignificar nuestra existencia efímera y permitirnos aspirar a lo que cada uno desea, en una relación social de cooperación, y no de competencia. El libre desarrollo de la persona no puede dejarse a su suerte; se debe regular y ordenar desde todos los ámbitos políticos, económicos, financieros y laborales, para que la igualdad de oportunidades llegue a todos los hogares y no se convierta en un arma por el que dividirnos aún más.
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