Una línea roja, de esas que tan de moda están. La debe constituir la irrenunciabilidad clara al Sistema Público de Pensiones y la garantía de su viabilidad, su carácter de imprescindible, con independencia del número de cotizantes o las mayores o menores aportaciones. La totalidad de las pensiones deben ser aseguradas por los Presupuestos Generales del Estado.
Por Kike Parra
Iniciamos un año electoral como otros tantos llenos de promesas y propaganda. Preocupa especialmente, porque al contrario de lo que debería dictar la razón, los mensajes se vacían de contenido y la anécdota o el chascarrillo es la que domina el discurso y la retórica. Mientras, en nuestra memoria, perduran aquellos otros llenos de perversidad sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reformas que lo vayan recortando.
En este contexto, es preciso, mantener un calendario de luchas en defensa del sistema público de pensiones, con independencia de este periodo electoral, en el que las movilizaciones son empujadas o desarticuladas sobre la base del interés oportunista de la socialdemocracia, anteponiendo su imagen de gobierno u oposición al interés de la mayoría trabajadora.
Y sobre esta realidad, una línea roja, de esas que tan de moda están. La debe constituir la irrenunciabilidad clara al Sistema Público de Pensiones y la garantía de su viabilidad, su carácter de imprescindible, con independencia del número de cotizantes o las mayores o menores aportaciones. La totalidad de las pensiones deben ser aseguradas por los Presupuestos Generales del Estado.
A partir de aquí, podemos reflexionar sobre algunas cuestiones:
Sobre el factor de sostenibilidad
En la reforma del PSOE de 2011, la más lesiva de todas, aunque tuviese el aval de los sindicatos «mayoritarios», se introducía el llamado factor de sostenibilidad, que se concretaba en la reforma del PP de 2013. Suponía multiplicar el valor de las nuevas pensiones por un coeficiente que se calcularía cada 5 años y que sería menor que 1 si en ese quinquenio aumentaba la esperanza de vida a los 67 años, por lo que las futuras pensiones se reducirían según aumentase ese valor.
Hechos los cálculos, el resultado es que el factor de sostenibilidad para el quinquenio 2023-2027 hubiese sido 1,0007, con lo que las pensiones subirían 7 céntimos cada 100 € en ese periodo. Esto no sucederá porque el factor de sostenibilidad está derogado.
Este elemento, que con este formato u otro, está vigente en algunos países, era abominable porque penalizaba algo que debería considerarse positivo, como el aumento de la esperanza de vida, pero que en línea con el FMI o la OCDE, se considera un problema económico para el capital. Lo que resulta sospechoso es el momento en que se decide no aplicarlo, justo cuando iba a producir un aumento en las nuevas pensiones, aunque fuese muy pequeño. ¿Se hubiese derogado de haber rebajado las nuevas pensiones de los siguientes cinco años un 3% o un 4%, que es realmente para lo que se había creado dicho factor? No lo sabemos, aunque podamos intuirlo.
La subida de las pensiones para 2023
La Ley 21/2021 derogó también el índice de revalorización del PP del 0,25 % y reintrodujo la referente al IPC anual como base. Por lo tanto, a las pensiones, se les debe aplicar el IPC medio, desde diciembre del año anterior, a noviembre del año en curso; es decir, se sustituye el conocido como IPC real, por su valor medio a lo largo del año, al tiempo que se suprime la «paguilla» por la desviación del IPC. En un año como el pasado, donde los precios subieron mucho más que las pensiones, hubiera sido importante para las personas jubiladas contar con ese ingreso que mitigara algo la pérdida de poder adquisitivo.
En un periodo largo, en que se computan años y donde el IPC puede ser muy dispar dependiendo del periodo, ambos procedimientos acabarían dando el mismo resultado aproximadamente, pues se irían alternando los años con pérdida de poder adquisitivo de las pensiones con otros menos lesivos.
La aplicación del invento del ministro Escrivá del IPC medio no es inocente, como nada de lo que hace este gobierno. Ha supuesto que las pensiones hayan perdido un 3% en 2022, pues el IPC de Noviembre fue del 5,5% pero el medio sólo fue, en cambio, el 2,5%. Fue así porque en 2021 la inflación creció muy rápidamente, pasando del 0,5% de enero al 5,5% de noviembre y el 6,5% de diciembre. El resultado ha sido la mayor bajada de las pensiones en décadas y sin paga compensatoria.
Al final, lo que parece claro, es que siempre queda en manos de los gestores de la oligarquía el factor que se aplicará y que nunca se decantará a favor de los intereses del pueblo trabajador. Y sobre esa realidad sobrevolando el chantaje del “mal menor”.
Aumentos lineales, proporcionales o mixtos
El movimiento vasco en defensa del SPP ha abierto el debate sobre el tipo de subida de las pensiones, planteando una subida lineal, como se sucedía hace décadas en la negociación de los convenios. Es comprensible esa reivindicación, porque corresponde a la tradición sindical de la que proceden y que se corresponde con trabajadores de la minería o la industria, con pensiones bastante por encima de la media, consecuencia de salarios conseguidos con luchas de décadas, en la que la reivindicación de este tipo de subidas era habitual.
Esto choca con la práctica actual de aumentos proporcionales (casi siempre con pérdida de poder adquisitivo), de forma que se mantiene la proporción de los salarios entre las diferentes categorías, pero aumenta la diferencia entre los más bajos y los más altos del sector o la empresa. La lógica individualista del sistema se ha ido imponiendo en toda la sociedad en detrimento de la solidaridad de clase. En este sentido, también se utiliza el aumento proporcional a la pensión que ya se cobra, con alguna pequeña cantidad adicional a las más bajas, como el 0,5% de aumento de las pensiones mínimas y no contributivas añadido al exiguo 2,5% de subida general frente al 6,5% de subida del IPC en diciembre de 2021 y el 7,5% en octubre de 2022, pero no es lo normal.
En este debate ha intervenido, de forma especialmente perversa, el presidente del Banco de España y otros «expertos» al servicio del capital, que plantean que las pensiones bajas suban con el IPC, pero las medias y altas suban menos, como los salarios de los funcionarios o la media de convenio. El resultado sería una rebaja de las pensiones en decenas de miles de millones de euros. Esa «solidaridad», interesada, con los más necesitados y necesitadas, es rechazable. Carga la culpa a otros pensionistas de las bajas pensiones y deja a salvo al verdadero y único responsable de las pensiones de miseria del pueblo trabajador, el sistema capitalista.
La demanda de pensión mínima de 1200 € (reivindicación unitaria de consenso que actualmente requeriría su alza a 1.500 € por la inflación) supone de hecho una quiebra del principio de proporcionalidad del sistema, pues unas pensiones (se entiende que contributivas, no del resto, que está claro que deben depender exclusivamente de los PGE) aumentarían más que el resto, ya que para llegar al mínimo propuesto una parte importante debería crecer bastante por encima del IPC. Se trataría de un total de 3.701.383 de las 6.262.298 pensiones de jubilación que, según los datos de la Seguridad Social, se han pagado en septiembre de 2022, lo que supone un 59,11% del total. De éstas, 760.503 son menores de 600€; 2.352.956 están entre 600,01 y 1000€ y 511.332 están entre 1000,01 y 1200 €.
Suficiencia de las prestaciones para una vida digna
Con más de 3.115.000 pensiones de jubilación por debajo de 1000 € es evidente que otro principio del sistema, el de suficiencia de las prestaciones para una vida digna, no se está cumpliendo.
Hay una gran inequidad entre las personas que cobran una pensión, incluida una brecha de género aún mayor que en los salarios. Estas diferencias van a aumentar más rápidamente con el “destope” de las cotizaciones máximas, medida en principio positiva, que va a suponer un aumento de la pensión máxima.
Ante este panorama, cabe preguntarse cómo conseguir quebrar el porcentaje de pensiones bajas y muy bajas. Hay que plantearse si la solución debe venir de una mayor aportación de los PGE, que es evidente que ha de ser la parte principal con la porción del PIB que corresponda, o si también deberían intervenir otros factores, como un aumento de las cotizaciones, o introducir un mecanismo de solidaridad de las personas perceptoras de una pensión, que siendo mayoritariamente de la clase trabajadora sería una expresión de solidaridad de clase. Por ejemplo, una aportación de un 1% de las pensiones mayores de 2000€, es decir, subir un 7,5% en lugar de un 8,5%, supondría un total aproximado de 30,34 millones de euros al mes, que permitiría aumentar un 1,7% las pensiones menores de 700€, un 1% las de 700,01 a 999,99€ y un 0,5% las de 1000 a 1200€ y todavía sobrarían unos 300.000€.
Las limitaciones de esta «solidaridad entre pobres» son evidentes, pues ese 1% sólo alcanzaría un 1,75% de lo que haría falta para aumentar a 1200€ las pensiones sólo de jubilación. El resto, la mayor parte, habría de venir de aportaciones del Estado a través de los PGE, con alrededor del 1,65% de los 1.243.050 millones de euros que supone el actual PIB español.
Un aumento lineal puro (aumentar un 8,5% y dividir entre todas las pensiones) es inviable por muchas razones, incluso legales. Pero un aumento mayor de las pensiones más bajas a cargo de los PGE es exigible por razones de equidad y por el principio de suficiencia. Una aportación de las pensiones más altas (por ejemplo, las superiores a 2.000€) a las más bajas podría ser complicado y generar rechazo en los sectores más corporativistas, pero sería posible y cohesionaría a la clase trabajadora, todo lo contrario que los planes de pensiones de empleo, que sólo crean individualismo y atacan la conciencia de clase.
La lucha de las pensiones para aumentar la conciencia ideológica de la clase
Está claro, que todas estas reivindicaciones, orientadas a la conquista de mejoras puntuales, tienden a satisfacer a determinados sectores de la clase obrera, los hoy ya jubilados y jubiladas, y sirven para demostrar que el argumentario con el que la oligarquía siembra de derrota la viabilidad del sistema, tiene de fondo una intencionalidad distinta, la de capitalizar el monto y hacerlo formar parte del sistema de acumulación capitalista.
El porvenir de la clase trabajadora, de los millones de trabajadores y trabajadoras, necesita de la lucha presente por la defensa del SPP, a pesar de sus deficiencias. Es preciso que esta lucha se interiorice como una lucha propia, al igual que la defensa de la sanidad y el resto de servicios públicos, que se radicalice y pase a la ofensiva (introducción de otras reivindicaciones como la jubilación a los 60 años) y que ayude a aumentar la conciencia colectiva de nuestra clase, porque los márgenes de mejora dentro del sistema capitalista, de los servicios públicos, es cada vez menor y las luchas actuales no son de avance, sino de defensa de los derechos, cada vez más mermados.
Acompañar la tabla reivindicativa con la expresión política de la cuestión, apuntando al capitalismo de rapiña y sus instrumentos como el FMI o la UE, como responsables del complot que pretende apropiarse de los servicios públicos, incluidas las pensiones, con el objetivo de superar su crisis estructural, es una necesidad que debemos acompañar de forma consciente en esta batalla. Y la debemos seguir dando, sea en periodo electoral o no.
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