Economía | El empleo del Siglo XXI. Propuestas desde la Economía del Bien Común

Por Joan Ramon Sanchis Palacio

 

En plena crisis económica y financiera del 2008, la tasa de desempleo en España llegó a alcanzar el 26,94 % de la población activa (en 2013), lo que equivalía a más de 6 millones de parados. Por su parte, el desempleo juvenil, el mayor de todos, llegó hasta el 57,2 %, afectando a casi un millón de jóvenes de menos de 25 años. Además, la población activa ha sufrido también un descenso significativo entre el período 2008-2016, con una destrucción de más de 2 millones de empleos. Todos estos datos se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística. Entre medias, se aprobó una reforma laboral (en febrero de 2012) del PP, que incluía cambios en la reforma anterior de 2010 aprobada por el PSOE. A nivel mundial, el desempleo afectó en mayor medida a aquellos países donde se había creado una burbuja inmobiliaria que estalló con la crisis, como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y España. Sin embargo, de esos cuatro países, el mayor desempleo, con diferencia, se produjo en España, con una tasa casi el doble que la de Irlanda (14%) y mucho más del doble que USA (10%) y Reino Unido (9%). De hecho, España ha sido el país de la Unión Europea que mayores tasas de paro ha experimentado durante los años de la crisis, después de Grecia.

A partir del año 2014, el PIB español comienza a crecer, primero en un 1,4% y después, a partir de 2015, en un 3% aproximadamente cada año, convirtiéndose en el país de la Unión Europea con mayor crecimiento económico. Sin embargo, el año 2016 finalizó con una tasa de desempleo general del 18,5% y una tasa de desempleo juvenil del 42,2%; porcentajes que aún están muy lejos de los correspondientes a 2006 (antes del comienzo de la crisis), que eran del 8,3% y 17,7% respectivamente. Por su parte, la media de desempleo en la zona euro era del 9,6% de tasa general y del 20,3% de tasa juvenil, es decir, la tasa de paro española duplica la media europea. Además, España sigue siendo el segundo Estado de la Unión Europea, tras Grecia, con mayores tasas de paro.

Los datos apuntados muestran una fuerte debilidad del empleo existente en España. En épocas de crisis económica, el empleo se destruye de manera exponencial y en épocas de crecimiento económico se recupera de manera muy lenta. Existe, por tanto, un problema estructural serio en el empleo en España, que apenas se ha analizado. Parece como si no interesara analizar e identificar cuáles son las causas que provocan este hecho. Veamos, pues, cuáles son esas causas.

Si se analizan los datos correspondientes a las tasas de temporalidad del empleo en España, observamos que se trata del segundo Estado de la Unión Europea con mayor temporalidad con un 26,1 % del total de los contratos, casi el doble de la media europea (14,2 %) y superada por solo algo más de un punto por Polonia (27,5 %). Por su parte, la temporalidad en el empleo juvenil sube hasta el 72,9 %, casi 30 puntos más que la media europea y solo superada por Eslovenia. Estos datos se han obtenido de Eurostat. Estamos, por tanto, ante un grave problema de temporalidad del empleo, unido también a una alta estacionalidad, lo que hace que durante los meses de verano el paro descienda para volver a caer a partir del mes de septiembre. He aquí el problema de la facilidad con que se destruye empleo durante las crisis y la dificultad para crearlo durante las recuperaciones económicas. El modelo productivo español está basado en una estructura empresarial que depende en gran medida de la estacionalidad (por el peso del sector turístico, que alcanza el 20 % del empleo) y de la especulación inmobiliaria (por el peso del sector de la construcción). El problema es, en gran medida, la alta precariedad del empleo, ocasionada por un modelo productivo basado en la especulación y la estacionalidad.

Un segundo elemento a tener en cuenta es la situación de los salarios. El salario medio real a lo largo del Siglo XXI ha pasado de 19.500 euros en el 2000 a 20.600 euros en 2015, lo que ha supuesto una subida tan solo del 5,8 % en 15 años. Entre los años 2000 a 2007, los salarios se mantuvieron más o menos estables, al comienzo de la crisis aumentaron por el efecto composición (destrucción de mayor empleo en los salarios más bajos) y a partir del 2009 empezaron a caer, alcanzando su mínimo en el 2013. Entre 2008 y 2014, los salarios medios cayeron un 0,7 %, mientras que los precios se incrementaron en un 10 %, lo que ha supuesto una caída importante del poder adquisitivo de los españoles. Por su parte, el salario mínimo solo subió un 7 % entre 2000 y 2016, situándose en 760 euros; un valor que continúa siendo muy bajo (Fuente: Eurostat). Pero lo peor se observa cuando comparamos los salarios españoles con los de la Unión Europea y en especial con los países más avanzados de Europa. La brecha salarial entre España y la UE ha pasado del 32,2 % en 2008 al 39 % en 2015, siete puntos más. El salario medio por hora en España es de 15,8 euros frente a los 22 euros de media en la zona euro. Los países del Este de Europa han incrementado sus salario por encima de España, pero también lo han hecho Italia, Irlanda y Portugal. El salario medio en España solo es superior al de Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Turquía y los países del Este de Europa. El crecimiento económico aumenta pero eso no se traduce en un aumento de salarios, como se ha podido observar. España, tiene, por tanto, unos niveles salariales bajos y una capacidad de crecimiento de los mismos también baja. Hay quien señala que el descenso de los salarios es necesario porque España tiene unos costes laborales altos, lo que reduce su productividad. Sin embargo, esto no es cierto porque según datos de Eurostat, España ocupa el puesto 18 de un total de 44 Estados, es decir, existen 18 Estados que tienen unos costes laborales superiores a los de España y, curiosamente, esos Estados con costes laborales superiores son los más avanzados de Europa: Suiza, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia y Finlandia, entre otros. El tema de la productividad es una cuestión más compleja que no trataremos en este artículo por limitaciones de espacio.

Un tercer aspecto a tener en cuenta es el tipo de empleos que se están creando desde 2014, año en el que se considera que comienza el inicio de la salida de la crisis económica.Y aquí es relevante la reforma del mercado de trabajo llevada a cabo por el PP en el año 2012. En el año 2016, el último del cual se disponen datos completos, de los 20 millones de contratos firmados, el 91,43 % fueron temporales (18,2 millones) y el 8,57 % fueron indefinidos (1,71 millones). Pero para ser justos, no se puede afirmar que la temporalidad del empleo en España sea debido exclusivamente a la reforma laboral del 2012, pues esta, la temporalidad, es un mal endémico de la economía española que viene de muy atrás. Todas las reformas laborales que se han emprendido por parte del Gobierno Central (tanto del PSOE como del PP) han ido encaminadas a fomentar la contratación temporal. Entre 1989 y 1996 (PSOE), los contratos temporales representaron el 96% del total; y entre 1996 y 2004 (PP), el porcentaje se mantuvo en el 92 %. Solo durante el Gobierno de Zapatero, el peso de los contratos temporales llegaron a bajar del listón del 90 %, concretamente, en 2006 se situaron en el 83,04 %; si bien en el 2011 volvieron a situarse en el 94,36 % después de tres años terribles para el empleo en España.

Un cuarto aspecto a considerar es el de las desigualdades salariales. La desigualdad salarial general se situó en el 2016 en lo que se refiere al salario medio de los altos directivos de las empresas del IBEX en 86,59, es decir, estos cobraron casi 87 veces más que sus trabajadores (según datos de la CNMV). Se han producido numerosos casos de grandes empresas (principalmente bancos), que a pesar de estar en crisis y ser rescatadas con dinero público, sus altos directivos han seguido cobrando salarios millonarios. Los 6 grandes banqueros españoles cobraron 140 veces el salario medio, con una retribución media de 3,7 millones de euros. Pero la principal desigualdad salarial se produce entre mujeres y hombres. Según datos del INE, la diferencia del salario medio anual entre hombres y mujeres en España es del 23,2 % a favor de los primeros. Según se indica en el Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial, las mujeres tardarán 170 años en cerrar la brecha salarial con los hombres, lo que significa que, teniendo en cuenta al ritmo que está disminuyendo esta, habrá que esperar al año 2186 para conseguir la igualdad salarial.

La democracia interna y transparencia es otro aspecto clave en el funcionamiento de las empresas. Los empleados han de poder participar en las decisiones y no solo ser informados o escuchados, lo que incrementará su grado de satisfacción, compromiso y motivación en la empresa, aumentando su productividad de manera natural y no forzada.

Concluyendo, se puede decir que el empleo en España es en su mayoría empleo de muy baja calidad por su fuerte devaluación salarial y desigualdad económica, su alta temporalidad y su estacionalidad; desmintiendo así las declaraciones realizadas por la ministra de Empleo Fátima Bañez, que decía que en España se está creando empleo de calidad. Por mucho que se encomiende a la Virgen del Rocío, su afirmación es falsa. Estas características obligan a los asalariados españoles a buscar empleos cada vez más precarios e inestables, que en muchos casos no llegan siquiera a la dignidad humana. Se incrementan así la economía sumergida, los subempleos, el pluriempleo, los contratos con salarios que impiden salir de situaciones de pobreza o de exclusión social, la contratación parcial y los llamados falsos autónomos (cuando la empresa que contrata obliga al trabajador a darse de alta como autónomo para ahorrarse parte de los costes laborales, a pesar de que la relación con la empresa es una relación laboral).

Los datos apuntados muestran una fuerte debilidad del empleo existente en España. En épocas de crisis económica, el empleo se destruye de manera exponencial y en épocas de crecimiento económico se recupera de manera muy lenta.

Los aspectos apuntados son realmente preocupantes y obligan a realizar un diagnóstico sobre el modelo productivo español alarmante. España mantiene un modelo productivo formado por empresas que en su mayoría (existen como es lógico excepciones) persiguen la reducción de sus costes laborales como objetivo prioritario para ser competitivas, con unos salarios medios bajos y una alta temporalidad y precariedad de su empleo. Este modelo empresarial se aleja claramente de un sistema económico avanzado e innovador, y nos sitúa en la órbita de los países en desarrollo. Competir mediante costes laborales bajos con los países del este de Europa, del sudeste asiático y del norte de África, abandonando la posibilidad del valor añadido alto a través de la investigación, el desarrollo, la innovación y el diseño, se ha convertido en la consigna empresarial desde hace ya muchas décadas.

De todo el análisis anterior podemos proponer varias cuestiones. Una primera cuestión a destacar es que la utilización del PIB como indicador de la riqueza y del bienestar de las personas y los territorios no es un buen indicador. Porque como hemos visto, a pesar de tasas de crecimiento del 3 %, el empleo que se está creando es de muy baja calidad, las desigualdades económicas siguen aumentando y la pobreza y exclusión social siguen en niveles muy altos. Precisamente, el modelo de la Economía del Bien Común EBC propone un nuevo indicador, el Producto del Bien Común, que recoge múltiples aspectos que no están recogidos en el PIB, y que sí que nos pueden indicar con mayor exactitud la situación económica y social real de las personas: la equidad salarial, la igualdad de género, la participación, la cohesión social…

Pero en lo que queremos centrarnos es en plantear cuáles son las medidas que el modelo de la EBC propone para resolver los problemas reales del empleo. Este modelo, a través de su Matriz del Bien Común, ofrece a las empresas la posibilidad de medir su aportación al bien común mediante la realización del informe del Balance del Bien Común. En ella se recogen los Principios Universales de los Derechos Humanos (dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y transparencia) y se estudia la aportación de la empresa a cada uno de ellos a través del análisis de la relación que esta mantiene con sus principales grupos de interés o stakeholders (proveedores, financiadores, trabajadores, clientes y ámbito social). Centrándonos, por tanto, en la relación entre los valores humanos y la relación de la empresa con sus trabajadores, se pueden determinar las medidas concretas que propone el modelo de la EBC para el cambio del modelo productivo. En este sentido, cuatro son los criterios que propone el modelo EBC: calidad del puesto de trabajo e igualdad, reparto justo del volumen de trabajo, reparto justo de la renta y democracia interna y transparencia.

La dignidad en el puesto de trabajo se muestra a través de la igualdad de valor y de equiparación de todas las personas de la empresa con el objetivo de crear las condiciones de trabajo más sanas, libre y cooperativas posibles. El horario de trabajo ha de ser flexible adaptado a las necesidades de sus trabajadores (por situaciones de maternidad/paternidad, enfermedad, etc.), la configuración del puesto de trabajo ha de hacerse mediante criterios ergonómicos y priorizando la salud física y psíquica y la seguridad de los empleados y la satisfacción del trabajo se consigue mediante la realización de tareas en equipo, una cultura basada en la confianza y el respeto mutuo y el enriquecimiento de las tareas. También se ha de asegurar la igualdad de género mediante salarios iguales y el acceso de las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad en las empresas. La inserción de personas desfavorecidas (personas discapacitadas, inmigrantes, desempleados de larga duración, jóvenes…) ha de ser también otra prioridad, para lo cual se ha de crear programas específicos de incorporación al puesto de trabajo para estos colectivos.

El reparto justo del volumen de trabajo se consigue mediante la eliminación del uso de las horas extraordinarias innecesarias de manera gradual hasta llegar a cero, la reducción de la jornada laboral hasta un máximo de 38,5 horas semanales y el incremento del modelo de la jornada a tiempo parcial con pleno salario.

El reparto justo de la renta se consigue cuando se retribuye igual el mismo esfuerzo por hora de trabajo. Las propuestas concretas son: una diferencia salarial de como máximo 1:10 (quien más cobra, cobra 10 veces más que el que menos) y mínimo 1:3; la transparencia del salario mínimo y máximo en la empresa, un salario mínimo que satisfaga las necesidades básicas de todos los trabajadores y un salario máximo que en ningún caso supere al mínimo en 10 veces.

Por último, la democracia interna y transparencia es otro aspecto clave en el funcionamiento de las empresas. Los empleados han de poder participar en las decisiones y no solo ser informados o escuchados, lo que incrementará su grado de satisfacción, compromiso y motivación en la empresa, aumentando su productividad de manera natural y no forzada. El grado de participación de los trabajadores en la empresa variará en función de sus características y naturaleza, pero en todos los casos deberá existir un mecanismo o procedimiento que la favorezca, así como una total transparencia en la información relevante de la empresa. La cogestión en la toma de decisiones, la cogestión en el reparto de beneficios y la copropiedad son instrumentos que las empresas pueden utilizar para favorecer la participación democrática.

El modelo productivo español está basado en una estructura empresarial que depende en gran medida de la estacionalidad (por el peso del sector turístico, que alcanza el 20% del empleo) y de la especulación inmobiliaria (por el peso del sector de la construcción). El problema es, en gran medida, la alta precariedad del empleo, ocasionada por un modelo productivo basado en la especulación y la estacionalidad.

En definitiva, el modelo de la EBC propone toda una serie de medidas dirigidas a hacer compatible el rendimiento económico y los beneficios de las empresas con la dignidad de sus trabajadores, favoreciendo mediante la cooperación, un modelo de empresa basado en la sostenibilidad y el valor compartido. El objetivo es consolidar un modelo empresarial basado en el desarrollo del capital humano y el conocimiento, con empleos de alta calidad y trabajadores fuertemente implicados. Pero, sin duda, esa no es la tendencia actual, pues estamos asistiendo a unas primeras décadas del Siglo XXI donde el empleo es cada vez más escaso y los empleos estables son sustituidos por empleos precarios y empleos basados en relaciones mercantiles (trabajadores independientes y trabajadores autónomos). Sin embargo, no estamos planteando una utopía y mucho menos una quimera, pues ya existen empresas que sí que están aplicando un modelo basado en los valores y los criterios de la EBC y además lo están haciendo con éxito. Ese es el camino y no el otro.

2 Comments

  1. Sería realmente importante disponer de un sello o certificado que acreditara la aportación de las empresas al bien común y que además sirviera para que las empresas con esa acreditación fueran las que pudieran acceder a contratos públicos y a determinados beneficios fiscales. De hecho, dicha acreditación ya existe a nivel interno por parte de la Asociación Federal de la EBC para las empresas que están implantando el Balance del Bien Común (una semilla, dos semillas y tres semillas, además de la puntuación exacta que obtiene cada empresa). El reto está en conseguir que dicha acreditación la reconozca también la Administración Pública. En estos momentos se está trabajando en ello. En la Comunidad Valenciana, donde mantenemos un contacto muy directo con la Generalitat, estamos trabajando conjuntamente por ejemplo a través de la Cátedra EBC de la Universitat de Valencia para conseguirlo. Y no es ningún atrevimiento. Muchas gracias por la pregunta, que además es muy oportuna.

  2. Disculpe el atrevimiento Sr. Sanchís, llevo tiempo pensando en la idea de un sello social para las empresas al modo de los sellos de calidad existentes, igual que los sellos que establecen la calidad en los procesos y resultados permiten estandarizar e intercambiar con facilidad productos quizás establecer un sello social permita estandarizar e intercambiar productos y servicios que tengan la misma «calidad social». ¿Algo de esto hay en la EBC? Gracias por el artículo y un saludo.

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