Este permanente debate sobre la sostenibilidad o no del sistema español de pensiones, un sistema estructurado como un sistema de reparto, es un debate artificial. Creo conveniente recordar el Artículo 50 de la Constitución.
Por Pedro Labrado
Hace ya más de un mes de las elecciones del 23J, y los informativos, las tertulias y las declaraciones de candidatos a presidente y el resto de la clase política hablan de apoyos, de aritmética parlamentaria, de negociación, estos últimos días de amnistía, de referéndum, de organización federal del Estado, de constitucionalidad o inconstitucionalidad, vuelven a sonar las expresiones de golpista, prófugo, también la de exiliado, pero se habla poco o nada de los contenidos que pueden tener los posibles acuerdos entre los grupos parlamentarios sobre educación, sanidad, vivienda, derechos laborales, fiscalidad, SMI, etc. Más de mes y medio desde que se celebraron las elecciones y mucho con quién, pero poco para qué. Y esto vale tanto para el candidato amigo de narcotraficantes que proponen la derecha y la extrema derecha como para el candidato superviviente de mil entierros políticos anunciados que proponen los partidos de izquierda.
En este interín entre elecciones e investidura, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicó su Informe sobre la evolución mensual de las pensiones del Sistema de Seguridad Social en su avance de agosto de 2023.
Los titulares en la prensa: El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 12.039 millones en agosto, un 10,9% más que en 2022.
Estos titulares se utilizan para volver con el mantra cíclico de la insostenibilidad del sistema actual con una única finalidad, intentar recortar las pensiones actuales, pero también las futuras, y también como siempre incentivar la contratación de planes de pensiones privados con el oligopolio financiero español.
La realidad es mucho menos noticiosa, es cierto que en términos nominales el crecimiento es significativo. Pero en economía el mucho o poco es relativo. Según confirman los datos oficiales que adelantaba el INSS, el gasto en pensiones en los últimos doce meses supuso el 11,8% del Producto Interior Bruto (PIB), tan solo un 0,1% más que en el ejercicio 2022 y oh sorpresa!! un porcentaje inferior al del ejercicio 2021 que fue de un 12,1% sobre el PIB y a la del ejercicio 2020 que se situó en un 12,4% del PIB. Observando sólo estos últimos datos se podría decir que el sistema está ganando en sostenibilidad incluso a pesar de haber actualizado las pensiones en un 8,5% en este ejercicio 2023. Si lo comparáramos con el gasto en Francia o en Italia dónde supera el 15% del PIB su gasto en pensiones, parece que todavía hay recorrido “sostenible”.
Hablar en términos absolutos en exclusiva puede llevar a sacar conclusiones confusas o totalmente erróneas en un análisis serio como debe ser el de la sostenibilidad del sistema de pensiones. En este caso se “asusta” con el titular y se obvian datos tan esenciales para hacer un análisis riguroso como los de inflación y los del crecimiento del PIB.
Esta publicación ha servido también para poner en duda la fortaleza de la economía española por parte de los agoreros interesados, respaldados por las agencias de calificación crediticia. Así el 7 de septiembre el periódico económico EXPANSIÓN titulaba sobre este tema: Las pensiones se convierten en el talón de Aquiles para el ráting de España. El artículo versa sobre lo de siempre, la insostenibilidad del sistema de pensiones español si no se acometen reformas profundas y de cómo afecta esto a la fortaleza de la economía española. El eufemismo “reformas profundas” se traduce simplemente en que se hagan recortes en el sistema. El sustento de lo que recoge el artículo está en el informe de la agencia de calificación crediticia Moody’s. Recordar que en 2008, el día de la quiebra de la compañía de servicios financieros Lehman Brothers que desató la mayor crisis financiera de la historia, esta agencia de calificación le daba una extraordinaria calificación crediticia a esta empresa cuando realmente estaba en la más absoluta ruina. Además, Moody’s en su informe sitúa el momento crítico en el año 2040, es decir dentro de 17 años. Huele a lo que huele, Moody’s no responde ni vive de las personas que reciben una pensión, responde y vive de las grandes corporaciones financieras. Fin de la cita.
Este permanente debate sobre la sostenibilidad o no del sistema español de pensiones, un sistema estructurado como un sistema de reparto, es un debate artificial. Creo conveniente recordar el Artículo 50 de la Constitución:
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
La Constitución en ningún momento habla de que el modelo tenga que ser de capitalización, de reparto ni de ningún otro modelo, ni de la sostenibilidad o no de los mismos, solo habla de que durante la tercera edad todas las personas tienen que tener garantizada una pensión suficiente para atender todas sus necesidades económicas. Creo que es sencillo de entender.
Habla de “suficiencia” y para “todas las personas” sin condicionar a la trayectoria personal y/o laboral de las mismas. Es decir, no habla de pensión para trabajadores y trabajadoras, habla de pensiones para todas las personas durante la tercera edad.
De alguna manera de lo que habla la Constitución es de una pensión universal. Las instituciones lo único que tienen que hacer es captar recursos para asegurar a todas las personas esa pensión mínima suficiente para cubrir sus necesidades económicas sin excepción. Y ahí es donde habría que poner el foco más que en la supuesta insostenibilidad de los modelos, en cuánto cuantificamos esa pensión universal mínima reconocida por la Constitución. Luego la recaudación de los recursos necesarios, constitucionalmente se deben repartir con el criterio simple del que más tiene más paga y además de forma progresiva, cotizaciones y/o impuestos.
Para el ejercicio 2023 las pensiones mínimas se sitúan según los casos en el entorno de los 700€ para las personas con cotizaciones a la Seguridad Social y en los 457,30€ para las personas sin cotizaciones a la Seguridad Social.
Salta a la vista que ambas cifras incumplen con el mandato constitucional de suficiencia económica y con el de universalidad, haciendo distinción para esos mínimos entre haber cotizado y no haberlo hecho. De facto no se está reconociendo todo el trabajo no remunerado ni cotizado, fundamentalmente doméstico y de cuidados y que recae y ha recaído mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres.
Sería revolucionario aplicar la Constitución en sus literales términos. Para ello sería un buen punto de partida desprendernos de las connotaciones negativas de que el pago de pensiones es un gasto (insostenible) y aceptar que el pago de pensiones tiene un doble componente, de gasto necesario e inversión rentable, con lo que cobraría todavía más justificación la implantación de una Pensión Universal Mínima Suficiente. Esto daría para otro artículo por lo que dejo aquí mi reflexión de hoy.
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