No olvidar a Yolanda González, pero tampoco a Emilio Hellín

Emilio Hellín no dejó de trabajar para los cuerpos de seguridad del estado, y participando como perito en varios juicios contratado, por ejemplo, por el cuñado de Rita Barberá, en el caso Taula, o por Cristina Cifuentes, en el caso Máster. 

Por Angelo Nero

«El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!»

Así reivindicaba el siniestro Batallón Vasco Español, un grupo terrorista de extrema derecha que existió entre 1975 y 1981 “que actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad con importantes sectores de los aparatos policiales de la época”, según el informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, el asesinato de la joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) -por lo tanto, con ninguna vinculación con la organización armada vasca-, uno de los 74 actos terroristas que cometió el BVE, y que causaron la muerte de otras 65 personas. Por esa España grande, libre y única, decían actuar, cuando, en realidad, como se demostró tantas veces, no eran más que mercenarios a sueldo de los fondos reservados de las cloacas del estado.

El periodista Carlos Fonseca, en su libro “No te olvides de mí: Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición”, detalló con minuciosidad como el 1 de febrero de 1980, por orden del jefe de seguridad de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, Ignacio Abad, Emilio Hellín y el policía nacional Juan Carlos Rodas, secuestraron en su domicilio a Yolanda, una estudiante de 19 años, la llevaron a un descampado y la asesinaron. Fue Emilio Hellín, también militante de Fuerza Nueva, el que disparó a la cabeza de la joven, cuyo cuerpo fue abandonado en un camino rural, en las afueras de Madrid.

Hellín fue detenido, por la denuncia de Juan Carlos Rodas, unos días después, y tras ser juzgado, fue condenado a 43 años de cárcel, sentencia que fue interrumpida por su fuga, aprovechando un permiso penitenciario, en 1987, a Paraguay, donde vivió protegido por el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, para el que trabajó formando cuerpos policiales. Tras el golpe de estado, dos años más tarde, en aquel país, es extraditado, aunque cinco años después de su reingreso en una prisión española, le dan el tercer grado, y un año después, en 1996, la prisión provisional.

Desde entonces, Emilio Hellín no dejó de trabajar para los cuerpos de seguridad del estado, y participando como perito en varios juicios contratado, por ejemplo, por el cuñado de Rita Barberá, en el caso Taula, o por Cristina Cifuentes, en el caso Máster. Ahora ha vuelto a saltar su nombre a la palestra por haber sido contratado por la defensa de Laura Borrás, ex presidenta del Parlament de Cataluña, como perito, algo que ha removido las entrañas de la familia de Yolanda González. Su hermano Asier Gónzalez Martín, firmaba este comunicado, este viernes, 11 de noviembre.

Ante la reciente noticia por la que hemos conocido que la defensa de la Sra. Laura Borrás ha contratado al asesino de Yolanda para elaborar un informe policial en su defensa, queremos manifestar:

Nuestro sentimiento de indignación y hartazgo por conocer que, una vez más, la defensa de una personalidad política imputada en un caso de corrupción acude a Emilio Hellín para refutar pruebas aportadas por la acusación.

Recordar que Emilio Hellín Moro (que ahora se hace llamar Luis Enrique Helling) forma parte del pasado oscuro de la guerra sucia del Estado, que asesinó a Yolanda de varios disparos en la cabeza tras haberla secuestrada de su domicilio, siendo este cabecilla de un comando del Batallón Vasco Español, que nunca ha demostrado un atisbo de arrepentimiento por lo que hizo y que nunca cumplió su condena, ya que solo pasó 12 años en la cárcel de los 43 a los que fue condenado, a pesar de dos intentos de fuga frustrados y y un tercero más por el que consiguió fugarse a Paraguay hasta que se solicitó su extradición.

Que en 2013 fuimos conocedores de que el Ministerio de Interior de España, llevaba años pagando los servicios de Hellín para formar a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático y colaborando en casos judicializados, por los que el Ministerio tuvo que dar explicaciones, y prometer a la familia de Yolanda que no volvería a ocurrir.

Que Yolanda está oficialmente reconocida como víctima del terrorismo en el año 2000 y que exigimos a cualquier representante político y organismo institucional que actúe en todo momento con unos niveles mínimos de ética y valores humanos y respecto a las víctimas del terrorismo.”

El abogado Gonzalo Boyé, que dirige la defensa de Laura Borrás -y que ha participado en las defensas de, entre otros, a Carles Puigdemont, Valtònyc o Edward Snowden-, al ser preguntado por la polémica contratación como perito del asesino de Yolanda González, manifestó al diario El Salto: “A Hellín se le contrató en función de su fiabilidad como perito, es a mi juicio el mejor y, sobre todo, no se casa con nadie, lo que implica que, si tenemos razón, nos la dará, y si no la tenemos, nos lo diría, pero nunca nos encontraríamos con una sorpresa en juicio.” El abogado también señaló en la misma entrevista que: “A mí no deja de sorprenderme el relativismo respecto al artículo 25 de la Constitución y al 73 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es de aplicación a todas las personas.”

El artículo 25 de la Constitución dice: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa.” Y el artículo 73 de la LOGP: “El condenado que haya cumplido su pena y el que de algún otro modo haya extinguido su responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica.”

El periodista David Fernández, en su columna del diario Ara no lo podía decir más claro: “cumplir sólo un 28% de la pena, montar una empresa al salir y obtener contratos con el Estado enseguida me parece todo un ejemplo exitoso de reinserción, relleno de ángulos ciegos, turbios y vergonzantes. No sé cuántos expresos abocados a la exclusión social pueden decir lo mismo. Sostener que se por razones técnicas y que es porque es lo mejores más que dudoso y casi improcedente: peritos calificados que pueden demostrar si una intervención de comunicaciones se ha hecho bien, regular o mal hay más que muchos. No creo que las Madres de Plaza Mayo contratarán nunca a Alfredo Astiz, Ángel de la Muerte de la dictadura. En ningún caso. Corolario: tan completamente innecesario es recurrir a la prestación de servicios de Hellín como justificarlo a raíz de la reinserción hacia alguien que no ha tenido ningún problema de inserción laboral ni de contratos institucionales desde 1998 ni a quien nadie pide que vuelva a prisión. La paja y el grano, el dilema lo tenía sólo el contratador, no lo contratado.”

Nada más que añadir, señor juez. Solo que, sea cual sea el veredicto -el de la sociedad, que en la justicia poco confío- no olvidaremos a Yolanda González, tampoco a Emilio Hellín.

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