Meirás: el Estado culpable de cumplir la ley

La “donación” a Franco, presentada entonces como un gesto de gratitud popular, se financió en realidad mediante suscripciones forzadas y presiones administrativas a las élites y autoridades locales, en un contexto de violencia política y represión generalizada.

Por Lucio Martínez Pereda | 14/03/2026

Qué el Pazo de Meirás haya pasado a ser patrimonio público podría parecer, en apariencia, un triunfo de la Justicia . Pero el Estado democrático paga ahora una indemnización a los herederos del dictador, unos 800.000 euros.

El origen del conflicto remite a la apropiación del Pazo por parte del régimen franquista en 1938-39, mediante un proceso formalmente revestido de legalidad pero sustancialmente coercitivo. La “donación” a Franco, presentada entonces como un gesto de gratitud popular, se financió en realidad mediante suscripciones forzadas y presiones administrativas a las élites y autoridades locales, en un contexto de violencia política y represión generalizada.

Lo que podría parecer una victoria de la justicia democrática se ve matizado por una paradoja inquietante: el mismo Estado que restituye un bien usurpado debe compensar económicamente a los beneficiarios de la usurpación. No es casual que la justicia española aborde estos casos desde parámetros de propiedad privada y compensación económica, sin considerar su dimensión política y simbólica. Este fenómeno evidencia que la “cultura de la restitución” se aplica sin una “ética de la reparación”: los mecanismos jurídicos operan como si el franquismo hubiera sido un régimen ordinario, y sus despojos, simples irregularidades patrimoniales.

El cumplimento de la ley poco importa si con ello se hace una injusticia. Norberto Bobbio advertía que “una sociedad democrática no se mide por la pureza de sus leyes, sino por la capacidad de convertir la justicia en práctica cotidiana”. El jurista Gustav Radbruch, tras la experiencia del nazismo, formuló una idea decisiva: cuando la ley entra en contradicción extrema con la justicia, deja de ser derecho y se convierte en violencia legalizada.

En el fondo, lo que está en juego no sólo es la Justicia, también es la madurez ética del Estado. No basta con que la ley sea formalmente correcta si perpetúa desigualdades que nacen de un acto de injusticia originario. La justicia no consiste en obedecer un procedimiento legal, sino en orientar ese procedimiento hacia lo justo. Por eso resulta muy rechazable que, en pleno siglo XXI, el mismo país que aún busca a los desaparecidos forzosos de una dictadura indemnice a los herederos del dictador responsable y lo haga con el dinero de todos los ciudadanos.

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