María José Bravo, violada y asesinada por el Batallón Vasco Español

Zuriñe Bravo, sobrina de María José, muestra una fotografía familiar en su domicilio del barrio donostiarra de Egia. IKER AZURMENDI

Ese mismo año hubo una docena de denuncias de violación por parte de grupos de extremado derecha que la policía no quiso investigar, como si formara parte de una estrategia que posteriormente se ha podido documentar en otros lugares de Euskalherria en esos años.

María José Bravo del Valle era la menor de los tres hijos del matrimonio de María Pilar del Valle, y Alfonso Bravo, una familia humilde, en vivía de los ingresos que proporcionaba el taxi que conducía su padre. Al ser la más pequeña, era la alegría de la casa, como siempre recordarían sus hermanos Alberto y Rosa Mari, que la perdieron cuando esta solo contaba 16 años de edad. María José era una estudiante aplicada que comenzaba a caminar hacia sus sueños, cuando estos se vieron truncados. Su novio, Francisco Javier Rueda Alonso, también de 16 años, ya trabajaba en una pastelería de Loiola, donde vivían, un barrio de Donostia. Unos días antes de aquel trágico 7 de mayo de 1980, Francisco se había quemado una mano en el trabajo, y tenía que hacerse las curas en la clínica Asepeyo, y María por el camino de la Misericordia, desde su barrio, pasando por las campas de Zorroaga, un lugar tranquilo, donde las parejas solían acudir en busca de intimidad.

Sólo Francisco Javier salió vivo de aquel camino de la Misericordia, aunque para ingresar en la UVI del hospital de Donostia, esa misma tarde, con heridas de suma gravedad: “hundimiento craneal con fractura del hueso temporal, herida inciso-contusa en la frente, hematoma consecuente en un ojo y raspaduras en espalda y extremidades”, causadas por una brutal agresión. Al día siguiente, por la tarde, agentes de la Brigada Judicial encontraron el cadáver de María José, a doscientos metros de donde habían encontrado a su novio, desnuda de cintura para abajo, con la ropa interior desgarrada y con signos evidentes de violación, como certificaría posteriormente la autopsia, con arañazos por todo el cuerpo y la cabeza destrozada, como consecuencia de los golpes que había recibido y que habían sido la causa de su muerte. Las investigaciones posteriores concluyeron que la habían matado en otro lugar y la habían trasladado después para arrojarla por el terraplén donde fue encontrada.

El crimen fue reivindicado, en una llamada al diario Egin, por el Batallón Vasco Español, un grupo parapolicial que operó desde 1975 a 1981 y que fue el antecedente de los GAL, de hecho, algunos de sus miembros acabaron en el máximo exponente de la guerra sucia de la transición, y a los que Manuel Fraga definió como “un grupo de alcaldes que se autodefendieron porque ETA empezó por ir a por ellos, pero que no tuvieron ninguna influencia en la marcha de los acontecimientos.” Sus objetivos eran militantes de la izquierda abertzale, y posiblemente el grupo que atacó a Francisco Javier y a María José habían salido “a la caza” de alguien vinculado a ese entorno. Tres meses antes habían secuestrado y asesinado en Madrid a la militante del PST, Yolanda González Martín. Francisco Javier, arrastró graves secuelas físicas y sicológicas después del ataque, y murió ocho años más tarde.

A pesar de que el crimen fue reivindicado, la policía se negó a aceptar la hipótesis de la motivación política, y su familia no pudo conseguir que fuese reconocida como víctima de terrorismo. No hubo una investigación policial ni una actuación judicial, por increíble que ahora nos pueda parecer. No hubo indemnización para los padres de María José, ni para su novio, ni tan siquiera hubo una condolencia de las autoridades de la época. Entonces era gobernador civil de Bizkaia, Fernando Jiménez López, uno de los fundadores de Alianza Popular, y el ministro de Interior, Juan José Rosón Pérez, durante cuyo mandato habría muchas víctimas de la violencia policial y de grupos parapoliciales, como el Caso Almería. El crimen quedó en la más absoluta impunidad.

Ese mismo año hubo una docena de denuncias de violación por parte de grupos de extremado derecha que la policía no quiso investigar, como si formara parte de una estrategia que posteriormente se ha podido documentar en otros lugares de Euskalherria en esos años.

Al día siguiente de la aparición del cuerpo de María José se sucedieron la manifestaciones de protesta en varios puntos de Euskadi, tal como detalla la crónica de Javier Angulo para el diario El País, en una pieza periodística titulada: “Gran dureza policial en Bilbao y San Sebastián al reprimir manifestaciones antifascistas”, donde informaba de una veintena de detenidos y de una joven herida de gravedad en Basauri, por la intervención de la Policía Nacional. Aunque lo incidentes más serios se habían producido en Bilbao, que se habían alargado hasta bien entrada la noche en el casco viejo: “La asamblea de mujeres de Vizcaya había convocado, con el apoyo de los partidos de la izquierda vasca (Euskadiko Ezkerra, Herri Batasuna, LAIA, LKI y gestoras pro amnistía), una concentración y posterior manifestación para mostrar su protesta por la violación y muerte, todavía en circunstancias poco claras, de María José Bravo. Con antelación a la hora fijada, un importante dispositivo policial, con material antidisturbios, se había situado en las inmediaciones del parque del Arenal -lugar de la cita-, en el que paseaban y descansaban familias enteras con niños. Pasadas las siete y media se inició alrededor del citado parque un ir y venir de coches y motos de policías nacionales, que portaban fusiles antidisturbios y metralletas.” Cuando los agentes intentaron detener a un vecino, que les había recriminado por su actitud provocadora, e introducirlo en el furgón policial, “las personas que le rodeaban comenzaron a protestar de forma ostensible, oyéndose algunos insultos. La reacción de la policía, que cargó con porras y botes de humo contra la gente de todo tipo allí reunida, provocó los gritos numerosos de «Policía, asesina», con lo que se iniciaron, ya de forma continuada, las cargas, las carreras y el lanzamiento de gran número de botes de humo, que se extendieron luego por todo el casco viejo de Bilbao hasta bien entrada la noche.”

La brutal represión policial causó, al menos, que hubiese otra herida de gravedad, María Pérez Martínez, de 20 años de edad, alcanzada por un bote de humo que alcanzó de lleno en la cara, cuando salía de su trabajo en el casco viejo, y trasladada al hospital de Basurto sin conocimiento, se le apreció fractura y conmoción cerebral, teniendo que ser intervenida de urgencia y permaneciendo en coma, con pronóstico reservado.

En Donostia también se produjeron una veintena de detenciones, en la manifestación de protesta de varios miles de personas, después de una desproporcionada carga de la policía, apoyada por cuatro tanquetas blindadas y seis furgonetas.

El año pasado, en el aniversario del asesinato de María José Bravo, el Ayuntamiento de Donostia colocó una placa en plaza de Latsari, frente a la casa donde vivía. Su sobrina y ahijada, Zuriñe Bravo que entonces tenía solo seis meses, dijo ese día: “Creo que por encima de todo pesa que en su día no recibieran ni unas condolencias. Ningún representante político fue al funeral. No hubo nada. Los dejaron desamparados totalmente. Jamás se investigó nada y, por si fuera poco, todas las pruebas desaparecieron. Mis abuelos vivían en Loiola, enfrente del cuartel. Mi padre me ha dicho en alguna ocasión el tremendo revuelo que se montó allí adentro.”

Zuriñe no olvida el terrible crimen de su tía. Nosotros tampoco. Juntas seguimos pidiendo Verdad, Justicia y Reparación.

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