España enfrenta una creciente vulnerabilidad en dos zonas clave: el Estrecho de Gibraltar y el arco que une Canarias con el Atlántico.
Por Javier Guijarro | 15/05/2026
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha lanzado una seria advertencia sobre la creciente amenaza que representa el narcotráfico para España, con especial énfasis en la infiltración de estas organizaciones criminales en los puertos del país y en su mayor capacidad ofensiva gracias al uso de armamento de guerra. El informe anual del DSN fue entregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 21 de abril, solo dos semanas antes del asesinato de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha.
Según el documento, aprobado por Sánchez en el Consejo de Seguridad Nacional, España enfrenta una “creciente vulnerabilidad” en dos zonas clave: el Estrecho de Gibraltar y el arco que une Canarias con el Atlántico. El DSN detecta una “mayor agresividad” de los narcos, que no dudan en emplear “armas de guerra” y “material bélico” contra las fuerzas de seguridad del Estado. Esta escalada incluye embestidas directas contra vehículos terrestres y embarcaciones policiales cuando los traficantes perciben riesgo de interceptación o pérdida de la carga.
El informe destaca la desproporción de medios: mientras el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de la Armada ha contabilizado más de 600 narcolanchas tipo “go-fast” operando en el Estrecho, la Guardia Civil cuenta con menos de una decena de embarcaciones para vigilar más de 400 kilómetros de costa. Además, los criminales han incorporado aeronaves de diverso tipo, incluidos drones, para transportar hachís desde Marruecos hasta territorio español.
Aunque la presión policial se ha intensificado en el Golfo de Cádiz y la desembocadura del Guadalquivir, las organizaciones han desplazado su actividad a la provincia de Huelva —precisamente donde ocurrieron los asesinatos de los guardias civiles—, el río Guadiana, el Algarve portugués y el arco mediterráneo que va desde Murcia hasta Gerona e Islas Baleares. Incluso se han detectado arribos de estas embarcaciones en el sur de Francia e Italia.
La infiltración en los puertos: una de las mayores amenazas
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la consolidación de los puertos españoles como “hubs” logísticos del crimen organizado. Los narcos no solo utilizan narcolanchas, sino también pesqueros, veleros, yates y otras embarcaciones recreativas para introducir la droga a través de instalaciones portuarias. El DSN afirma sin ambages que “la infiltración portuaria por parte de estas redes representa una de las mayores amenazas para la economía legal y la seguridad nacional”, y señala la corrupción como un factor multiplicador del delito.
Los principales puertos de entrada de cocaína siguen siendo Algeciras, Barcelona y Valencia, aunque se registran incautaciones crecientes en secundarios como Bilbao o Marín (Pontevedra). El hecho de que ninguna operación aduanera supere habitualmente las 1,5 toneladas hace sospechar al DSN de una mayor sofisticación y de una posible “infiltración” en las propias instalaciones portuarias. Los criminales también recurren a embarcaciones de alta velocidad para recoger grandes cargamentos en alta mar, y emplean métodos de ocultación cada vez más avanzados: dobles fondos en cascos de buques, maquinaria pesada, palés de madera o incluso compartimentos en sistemas de refrigeración.
Mayor presencia de grupos extranjeros y violencia desatada
El informe constata un aumento de la presencia de organizaciones criminales sudamericanas en suelo español, que han pasado de un rol logístico a controlar directamente la importación, distribución y venta al por menor. Grupos colombianos lideran el tráfico de cocaína, pero se observa un avance notable de bandas albanesas y dominicanas. Estas redes son más descentralizadas, flexibles y violentas: protagonizan enfrentamientos armados, ajustes de cuentas, secuestros y ataques directos a las fuerzas de seguridad, con impacto ocasional en la ciudadanía.
Además, el DSN alerta del reclutamiento de menores por parte de estas organizaciones para cometer delitos que van desde hurtos hasta agresiones e incluso asesinatos a cambio de dinero. Todo ello se enmarca en una “amenaza híbrida” que incluye posible coordinación con servicios de inteligencia hostiles, aunque sin señalar países concretos.
El documento también menciona la reactivación de la ruta marroquí de hachís y el uso creciente de camiones para transportar grandes cantidades de droga por tierra desde Almería, Granada y Cádiz hacia Francia y el resto de Europa. Algunas redes diversifican incluso su actividad hacia la inmigración ilegal.
En definitiva, el informe del Departamento de Seguridad Nacional pinta un panorama preocupante: organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, mejor armadas y profundamente infiltradas en infraestructuras estratégicas como los puertos, lo que eleva el riesgo no solo para las fuerzas de seguridad, sino para la estabilidad económica y la seguridad nacional de España. La trágica muerte de los dos guardias civiles en Huelva, ocurrida apenas dos semanas después de la entrega del informe a Pedro Sánchez, ilustra con crudeza la urgencia de las recomendaciones contenidas en el documento.
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