Las prioridades reales de la PAC están más alineadas con los intereses económicos de las grandes corporaciones que con la protección del medio ambiente o el bienestar de los pequeños y medianos productores.
Por Redacción NR | 8/03/2025
La Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, instaurada en 1962 como un pilar para garantizar la seguridad alimentaria tras la posguerra, ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un instrumento que, lejos de beneficiar al sector agrario español, ha sido diseñado para favorecer a grandes empresas agroindustriales y latifundistas, dejando en desventaja a los pequeños y medianos agricultores. Aunque España es uno de los mayores receptores de fondos de la PAC, la distribución desigual de estas ayudas, su enfoque en la productividad por hectárea y las exigencias burocráticas impuestas desde Bruselas han generado un impacto negativo en el campo español, erosionando su diversidad, sostenibilidad y soberanía.
Un modelo que favorece a ‘los grandes’
Uno de los principales problemas de la PAC es su sistema de pagos directos, basado históricamente en la superficie de las explotaciones agrícolas. Esto ha significado que las grandes propiedades, muchas veces en manos de latifundistas o corporaciones agroindustriales, acaparen la mayor parte de las subvenciones. Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en 2022, el 20% de los beneficiarios de la PAC en España concentró cerca del 80% de las ayudas, mientras que el 80% restante —principalmente pequeños agricultores— apenas recibió el 20%. Esto refleja una concentración de recursos que beneficia a quienes ya poseen grandes extensiones de tierra, como terratenientes y empresas con intereses en monocultivos intensivos, en detrimento de las explotaciones familiares que constituyen la columna vertebral del medio rural español.
En términos absolutos, España recibió 6.800 millones de euros de la PAC en 2023, pero la realidad es que regiones con grandes latifundios, como Andalucía o Castilla-La Mancha, dominan los pagos. Por ejemplo, en Andalucía, grandes propietarios de olivares intensivos o explotaciones cerealistas han sido históricamente los mayores beneficiarios, mientras que pequeños ganaderos de extensivo o agricultores de cultivos tradicionales en zonas de montaña apenas logran acceder a estas ayudas debido a los requisitos burocráticos y la falta de recursos para cumplir con las normativas europeas.
Impacto en la soberanía alimentaria
La PAC ha promovido un modelo agrícola orientado a la exportación y la competitividad global, lo que ha llevado a España a especializarse en cultivos intensivos como el olivar, los cítricos o los frutos rojos, a menudo controlados por grandes empresas que priorizan la rentabilidad sobre la sostenibilidad. Este enfoque ha generado excedentes de producción que, en lugar de satisfacer las necesidades internas de España, se destinan a mercados extranjeros, mientras el país sigue importando productos básicos como cereales o legumbres. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España importa más del 60% del trigo que consume, a pesar de ser un país con capacidad histórica para autoabastecerse en este ámbito.
Además, las exigencias medioambientales de la PAC, como los ecoesquemas introducidos en la reforma de 2023-2027, aunque presentados como un avance hacia la sostenibilidad, imponen costes adicionales a los pequeños agricultores que no tienen la capacidad económica ni técnica para adaptarse. En cambio, las grandes empresas agroindustriales, con acceso a tecnología y asesoramiento especializado, pueden cumplir estas normativas y seguir maximizando sus beneficios, consolidando su dominio en el sector.
Coste social y ambiental
El modelo impulsado por la PAC también ha tenido un impacto devastador en el medio rural español. La despoblación de las zonas rurales se ha acelerado en las últimas décadas, con más de 3 millones de personas abandonando el campo desde los años 80, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las ayudas de la PAC, al concentrarse en grandes explotaciones, no han logrado frenar esta tendencia, ya que los pequeños agricultores, incapaces de competir con los bajos precios impuestos por la agroindustria, se ven obligados a vender sus tierras o abandonar la actividad. Mientras tanto, los latifundios y las empresas intensivas emplean cada vez menos mano de obra, sustituyéndola por maquinaria y sistemas automatizados.
Desde el punto de vista ambiental, la PAC ha incentivado prácticas insostenibles, como el uso intensivo de agua en regiones áridas para cultivos de exportación —como los frutos rojos en Huelva— o la conversión de tierras de pastoreo en monocultivos, reduciendo la biodiversidad y agotando los recursos naturales. Esto contrasta con el discurso ‘verde’ de la Unión Europea, evidenciando que las prioridades reales de la PAC están más alineadas con los intereses económicos de las grandes corporaciones que con la protección del medio ambiente o el bienestar de las comunidades rurales.
Recuperar la soberanía
Ante este panorama, la conclusión es clara: la PAC, tal como está diseñada, no responde a las necesidades del campo español ni a los intereses de su población. España, con una rica tradición agrícola y una diversidad de climas y cultivos, debería tener la capacidad de definir su propia política agraria, priorizando la soberanía alimentaria, el apoyo a los pequeños y medianos productores y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, mientras permanezca bajo el yugo de la Unión Europea, el país estará sujeto a una política que beneficia a una minoría privilegiada —latifundistas y grandes empresas— a costa de la mayoría de sus agricultores y de su autonomía.
Salir de la Unión Europea y de la PAC permitiría a España recuperar el control sobre su sector agrario, diseñando políticas que redistribuyan los recursos de manera equitativa, fomenten la producción local para el consumo interno y protejan el medio rural como un espacio vivo y productivo. Los 6.800 millones de euros anuales que recibe de la PAC podrían ser gestionados directamente por un gobierno nacional soberano, eliminando la intermediación de Bruselas y sus prioridades ajenas a la realidad española. Solo así se podrá revertir el daño causado por décadas de sumisión a una política que, en la práctica, ha convertido al campo español en un engranaje más del mercado global, en lugar de un pilar de su identidad y su economía.
En definitiva, la salida de la UE no es solo una opción, sino una necesidad imperiosa para que España pueda producir según sus propias necesidades, revitalizar su agricultura familiar y garantizar un futuro digno para sus zonas rurales. La soberanía agraria no es un lujo, sino un derecho que solo podrá alcanzarse fuera de las cadenas impuestas por la Política Agraria Común.
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