Las últimas víctimas de la transición

En el informe de Gonzalo Wilhelmi, se recoge la cifra de 233 víctimas de la violencia política del estado, en el periodo señalado, que comprende lo que Mariano Sánchez Soler ha llamado la Transición Sangrienta

Por Angelo Nero

“El 24 de octubre de 1982, cuando el policía José Alfonso Gil Flores, conductor de un vehículo zeta, se encontraba en las inmediaciones de la madrileña plaza de Castilla, se percató de la presencia de un coche ocupado por cuatro jóvenes que infundieron sospechas. Los policías accionaron las luces y la sirena del vehículo, ante lo cual los jóvenes, que habían sustraído el turismo, intentaron darse a la fuga a bordo del mismo y colisionó con otro vehículo, que alcanzó a la niña Sandra Boluda Díaz, de seis meses, que iba en un cochecito de bebé empujado por su madre. La niña murió y la mujer, Laura Díaz Ibáñez, sufrió heridas graves.

El relato del fiscal informa que, tras la colisión, los ocupantes del turismo trataron de darse a la fuga a pie, perseguidos por los policías. El cabo Manuel Buján Aseroy, que mandaba la fuerza, hizo un disparo al aire, mientras que Gil Flores disparó cinco veces. El fiscal relata que el policía procesado «no se cercioró de la proximidad de otras personas ni adoptó las más elementales medidas precautorias a fin de evitar causar lesiones, despreciando los más usuales y primarios deberes de cautela».

Según el escrito del fiscal, uno de los disparos mató a Claudio Clemente Martín, uno de los jóvenes sospechosos, mientras otro disparo alcanzó al viandante Anacleto Asenjo Águeda, de 87 años, quien también falleció. Un tercer disparo hirió a Francisco Javier Pro de la Cruz, otro de los presuntos delincuentes. El fiscal pide a la Audiencia Provincial de Madrid que condene al procesado a indemnizar a los herederos de Claudio Clemente con 100.000 pesetas; a los de Anacleto Asenjo, con tres millones de pesetas, y a Javier Pro con 1.000 pesetas, más los gastos médicos.”

Así relataba el diario El País, los hechos producidos el 24 de octubre de 1982, en el que se sumaron tres muertes más al largo listado de la transición sangrienta, dos de ellas, Claudio Clemente Martín, de 15 años, y Anacleto Asenjo Águeda, de 87, víctimas de lo que se ha dado en llamar “gatillo fácil”, que no es otra cosa que la facilidad con la que la policía posfranquista, muy lejos de aprobar primero de democracia, echaba manos al arma para disolver una manifestación, atajar una discusión de tráfico, perseguir a un sospecho de robo, o impedir una pintada en una pared. A estas muertes hay que sumarle la de la niña Sandra Boluda Díaz, de seis meses, víctima involuntaria en la persecución policial, en la que su madre también fue herida de gravedad.

En su estudio “Las otras víctimas de una transición nada pacífica”, el doctor en Historia contemporánea, Gonzalo Wilhelmi, que ha publicado varios libros sobre el movimiento autónomo y libertario en Madrid durante el último cuarto del siglo XX y sobre las víctimas de la violencia política estatal en la transición, señala: “Los límites de la democratización de los cuerpos policiales fueron importantes. Para López Garrido, durante todo el periodo de la transición, la Policía Nacional desarrolló una actividad de mantenimiento del orden público, es decir, de represión antidemocrática, en detrimento de las labores de apoyo a las investigaciones de Cuerpo Superior de Policía. Los cuerpos de seguridad mantuvieron su dinámica tradicional represiva, sin transformarse en profundidad para adaptarse al nuevo sistema democrático.” Y continua más adelante, en el mismo estudio: “La continuidad de la orientación represiva de las cuerpos policiales durante toda la transición, a pesar de las reformas democratizadoras introducidas por la Constitución y la Ley de Policía, explica el elevado número de muertes provocadas por la policía entre 1975 y 1982.”

En el informe de Gonzalo Wilhelmi, se recoge la cifra de 233 víctimas de la violencia política del estado, en el periodo señalado, que comprende lo que Mariano Sánchez Soler ha llamado la Transición Sangrienta, siendo 156 las víctimas atribuidas a la policía y otros cuerpos de seguridad del estado, y 77 a bandas parapoliciales, de extrema derecha o del terrorismo de estado, aunque otros autores como Ignacio Sánchez Cuenca elevan a 162 las víctimas de la policía, y la historiadora Sophie Baby, autora de “El mito de la Transición pacífica”, sube el número de personas que perdieron la vida a manos de la policía, entre 1975 y 1982, a 171.