Esta ley elimina referencias específicas al franquismo y a sus víctimas, ampliando el marco temporal para abarcar un periodo histórico más amplio (desde 1812), en un intento por desdibujar el foco en la represión franquista.
Por Lucio Martínez Pereda | 28/02/2025
El Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, una medida impulsada por el PP y Vox en noviembre de 2024. La suspensión responde a un recurso presentado por el Gobierno central, que argumentó que la ley vulnera la Ley estatal de Memoria Democrática al eliminar derechos de las víctimas y obstaculizar su aplicación efectiva. El Gobierno justificó el recurso señalando que la ley afecta principios constitucionales y derechos humanos, además de contravenir el deber de memoria establecido en la legislación nacional.
En Aragón -Ley de Concordia Democrática de Aragón- se aprobó en 2024 como reemplazo a la derogada Ley de Memoria Democrática de Aragón (Ley 14/2018). Fue impulsada por el Gobierno formado por PP y Vox. No menciona explícitamente el régimen franquista ni la Guerra Civil, centrándose en “todas las víctimas de violencia ideológica”, incluyendo las del terrorismo de ETA. Se eliminan el mapa de fosas comunes, inventarios de lugares de memoria y actividades relacionadas con la memoria histórica. Esta ley elimina referencias específicas al franquismo y a sus víctimas, ampliando el marco temporal para abarcar un periodo histórico más amplio (desde 1812), en un intento por desdibujar el foco en la represión franquista. Las organizaciones memorialistas han señalado que no condena explícitamente la dictadura y que retira apoyos a iniciativas como la localización de fosas, lo que podría contravenir la legislación estatal.
Pero Aragón y Cantabria no son las únicas comunidades donde la ultraderechizada coalición PPVOX ha intentando blanquear la dictadura y la represión franquista mediante las mal llamadas leyes de Concordia. La Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana fue aprobada en julio de 2024 por el Partido Popular (PP) y Vox, derogando la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017. Esta norma busca reemplazar la Ley de Memoria de la región con un enfoque que abarca desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo víctimas de todo tipo de violencia política sin distinguir contextos históricos específicos como el franquismo.
En Castilla y León también gobernada por PP y Vox, se propuso una ley en 2023. La norma ampliaba el periodo de memoria a «todas las víctimas de violencia política» desde el siglo XX, sin centrarse en la Guerra Civil ni la dictadura franquista. Aunque no fue derogada la ley autonómica previa, esta iniciativa fue cuestionada por diluir la especificidad de las víctimas del franquismo y por no incluir una condena explícita al golpe de Estado de 1936 ni al régimen posterior, lo que choca con la Ley de Memoria Democrática estatal. En septiembre de 2024, el PP abandonó el proyecto tras romper su alianza con Vox, dejando vigente el decreto autonómico de 2018 y la Ley estatal de Memoria Democrática.
Los relatores de la ONU critican estas mal llamadas “leyes de concordia” impulsadas por PP. Consideran que invisibilizan graves violaciones de derechos humanos del franquismo, limitan el acceso a la verdad y desvirtúan los estándares internacionales. Además, destacan que dichas normas obstaculizan proyectos y actividades de memoria histórica, comprometiendo las obligaciones de España en derechos humanos.
La concordia es un concepto de ética política con un gran valor moral, pero también es un concepto-eufemismo que intenta blanquear la Dictadura Franquista. La concordia se emplea para ocultar las responsabilidades históricas en el inicio de la Guerra Civil, confundir la relación causa y efecto que da origen al conflicto bélico, y frenar las investigaciones sobre el conocimiento de los mecanismos de represión empleados por la dictadura para imponerse socialmente. Hay en estas perniciosamente llamadas leyes de la concordia de la ultraderecha una clara intención de re-significar el concepto memorialístico de victima, de tal forma que se convierta en sí mismo en confuso y conseguir así que sea rechazado por la sociedad que lo ve conflictivo.
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