La pandemia invisible

Estamos inmersas en un sistema que mercantiliza las enfermedades, creando cada vez más trastornos que aumentan el número de pacientes y de tratamientos farmacológicos.

Por Sandra Lorenzo Casado

Hemos vivido sumergidas en una pandemia que ha inundado todos los aspectos de nuestras vidas, desde nuestra cotidianidad hasta el mundo informativo. Los medios han estado plagados de noticias relativas a la misma, minimizando el resto de problemáticas, sean de la índole que sean. Sin embargo, estas últimas semanas se ha divulgado bastante en redes un dato escalofriante. El suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte en las personas jóvenes españolas. Según la Confederación de Salud Mental España, el suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa, mientras que la OMS informa de que cada año se suicidan unas 800.000 personas en el mundo. Las muertes por suicidio son mayores que las producidas por Covid-19 pero, en cambio, las medidas tomadas para paliar la crisis en nuestra salud mental son casi inexistentes frente a las tomadas para frenar la pandemia.

Desde la aparición de la Covid-19, ha primado un discurso sobre la importancia de poner la vida y la salud en el centro, donde lo importante éramos nosotras. Cuidarse y cuidar. ¿Por qué ese discurso no se ve reflejado en las políticas públicas que afectan a la salud mental o a la percepción social que se tiene sobre ella? El anuncio a bombo y platillo del plan nacional de acción en salud mental dotado con 100 millones de euros, el 0,12% del gasto sanitario público, solo hace más patente el hecho de la poca relevancia dada a este tema.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, realizado en 2020, sitúa a España en la cabeza del consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, reportando unos beneficios muy elevados para las farmacéuticas. A su vez, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) muestra que en 2020 hubo un consumo de 91,07 dosis diarias de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes por cada 1.000 habitantes. Durante la pandemia se estima que el consumo de este tipo de fármacos ha aumentado un 20%. La pandemia supone un negocio redondo para las farmacéuticas no solo por las vacunas, sino también por las ganancias de este tipo de medicamentos y reflejando un claro interés económico potenciar este desmesurado consumo.

Estamos inmersas en un sistema que mercantiliza las enfermedades, creando cada vez más trastornos que aumentan el número de pacientes y de tratamientos farmacológicos. El DSM-5, guía de referencia mundial para la realización de diagnósticos en psiquiatría, lo ejemplifica en sus 216 diagnósticos que producen una despersonalización del paciente reduciéndolo a un simple diagnóstico. En la gran mayoría de los casos, la consecuencia de esto es un leve seguimiento que se limita a la supervisión del funcionamiento de los ansiolíticos recetados, buscando tan solo una estabilización del paciente. Allen Frances, uno de los psiquiatras participantes en la creación del DSM-IV declara en su libro “¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto contra los abusos de la Psiquiatría” el error cometido por los profesionales en la realización de esta guía, que según él ha aumentado los diagnósticos imprecisos, dando lugar a una sobredosis nacional de medicación. Es escalofriante que el 6 % de los ciudadanos sea adicto a los fármacos, y que haya más muertes a causa de estos que a causa de las drogas ilegales, según datos aportados por la Fundación ABIM, dentro de su campaña Choosing Wisely sobre la concienciación de la medicación innecesaria.

Un sistema sanitario que aporte medidas eficaces y concretas para paliar la crisis de salud mental a largo plazo, y que cuente con un plan de prevención psicológica, utilizando recursos terapéuticos en lugar de farmacológicos, reduciría las problemáticas de salud mental al paliar estas desde su génesis, sin perpetuar una estabilización de los pacientes con un objetivo lucrativo del sector privado. Este sector cuenta actualmente con 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, encontrándose la media europea en 18, según datos recogidos por un informe del Defensor del Pueblo publicado en enero de 2020. Esto se traduce en meses de espera para conseguir cita en esta especialidad por la pública. Este verano se conocía la nueva convocatoria de plazas PIR para 2022 (psicólogos internos residentes), en la que el número de plazas aumenta tan sólo un 3% con respecto a 2021. Con tan poca inversión y recursos es evidente la decadencia de nuestra capacidad pública de atención a la salud mental. Por tanto, una atención sanitaria a la salud mental que no se base solo en recetar ansiolíticos, basada en la prevención y la psicología, es un derecho reservado a quien pueda pagarlo. 

A nivel social, la poca conciencia sobre la importancia de la salud mental hace que creamos que podemos prescindir de su cuidado. Sin embargo, sin ir más lejos, la propia definición de la OMS del concepto de salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, ya nos muestra que tanto la salud física cómo psíquica son igual de importantes y necesarias. El concepto de salud debe ser integral, la conferencia de Alma-Ata, la Carta de Ottawa o la Declaración de Astaná, entre otras, han luchado por ello, sin embargo, en la práctica no podemos observar ni recibir una atención holística e integral. 

A pesar de las reacciones públicas tras episodios como el famoso “vete al médico” sufrido por Ínigo Errejon, o la más reciente llamada de atención de la gimnasta Simone Biles, la salud mental sigue siendo algo de “personas locas» a las que se sigue patologizando y marginando si expresan su situación. Mientras que en el ámbito de la discapacidad física tenemos el ejemplo de cómo se ha pasado de un enfoque de actuación pasivo a otro activo, en la salud mental nos hemos quedado en el primero, evidenciándose esto en el rechazo y segregación que sufren las personas con esta problemática. Una encuesta de 2003 del Eurobarómetro señala que el 87% de personas consultadas considera a las personas con enfermedades mentales con menos posibilidades que cualquier otra persona, un índice mayor que para las personas con una discapacidad física (un 77 %).  Además, los medios de comunicación aumentan los prejuicios al generalizar y asociar determinadas actitudes negativas, como puede ser la violencia, con personas con enfermedades mentales, utilizando titulares donde se resalta de forma negativa su condición. 

Asimismo, como menciona el informe realizado en 2013 por FEAFES, es importante destacar que estas personas a menudo se auto-estigmatizan, sintiéndose inferiores y aceptando como ciertos los prejuicios del resto de la sociedad. En la escuela y en la familia se etiqueta constantemente a estas personas, lo que lleva al juicio y posterior marginación, rechazo o trato diferencial. Incluso en la escuela, que podría ser un lugar donde frenar este estigma, no se le presta atención ni a la salud mental ni a la inteligencia emocional, cuya ejercitación disminuiría profundamente la incidencia de esta problemática. De hecho, en estos últimos meses se ha presenciado un aumento en el número de personas con enfermedades mentales en edad de escolarización, al ser la socialización una parte fundamental de su desarrollo y un incentivo para la concentración y la motivación. 

Todo esto refleja las deficiencias que tiene el tratamiento de la salud mental en nuestro país y las consecuencias que ello tiene en la vida personal, política y social, al ser una parte fundamental de la salud. Por tanto, debemos reivindicar la visibilización y reclamar la acción de los gobiernos en este ámbito abogando por el refuerzo del sistema de salud pública y la inclusión de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Así como potenciar la atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil mediante el reconocimiento y formación de especialistas multidisciplinares en esta área, medidas ya propuestas por Más País y Equo, que se podrán en vigor con el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 complementario a la Estrategia de Salud Mental aprobada en el año 2006. Según apuntó el presidente del gobierno en el Acto ‘Salud Mental y COVID-19’, en La Moncloa, las medidas implementadas en el plan se llevarán a cabo mediante la creación de una especialidad de psiquiatría infantil y adolescente con Formación Sanitaria Especializada, así como la activación de un teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, de atención profesional y apoyo.

El pueblo tiene voz. A nivel social e individual debemos luchar por nuestros derechos, y debemos tener presentes temas como la salud mental donde nos estamos jugando nuestra calidad de vida e incluso la vida misma. La salud mental nos afecta a todas, el poder de cambio lo tenemos nosotras. Debemos tener presente que merecemos una vida que valga la pena ser vivida, como dice mi querida Amaya Pérez Orozco.

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