La inminente privatización de Correos: acierto o error

Joan Ramon Sanchis Palacio
Catedrático Organización de Empresas y Director Cátedra Economía del Bien Común


El gobierno de Mariano Rajoy encomendó en 2016 a la consultora ATKearney la realización de un estudio para elaborar el Plan Estratégico 2017-2021 de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (a partir de ahora Correos), con el fin de justificar su privatización. Se trata de una de las pocas empresas públicas españolas que han sobrevivido a la ola de privatizaciones de las dos últimas décadas del Siglo XX. Recordemos los casos de Iberia, Endesa, Telefónica, Argentaria, Gas Natural, Aceralia, Indra, Altadis (Tabacalera), Repsol, Red Eléctrica, AENA y Santa Bárbara, entre muchas otras. Todas estas empresas fueron pasando a manos privadas, muchas de ellas gestionadas por directivos próximos al poder político y en las que han desembarcado bastantes políticos como compensación después de haber ocupado cargos públicos.

De 130 empresas públicas existentes en 1985, se ha pasado a tan solo 16; de manera que España se ha convertido en el país que menos empresas públicas tiene de toda la Unión Europea. A través de estas privatizaciones, el gobierno español consiguió miles de millones de euros de ingresos y redujo así su déficit público con el fin de cumplir con el criterio del Tratado de Maastricht que obliga a tener un déficit público por debajo del 3% del PIB. ¿Fue esta una decisión política acertada?. Sin ninguna duda no. Y a ella se sumaron tanto el PSOE primero como el PP después. Esta política de privatizaciones de empresas públicas podríamos definirla como “pan para hoy y hambre para mañana”. A corto plazo se consiguió un volumen significativo de ingresos públicos, lo que aligeró la deuda del Estado y ayudó a cumplir los acuerdos de la UE, como ya hemos comentado; pero a largo plazo ha resultado ser un verdadero fracaso. Primero, porque las empresas que se vendieron fueron las que eran más rentables, lo que rompe la lógica de justificar las privatizaciones con el objetivo de desprenderse de las empresas públicas deficitarias; ese no era el objetivo. Segundo, porque muchas de las empresas privatizadas no han mejorado su gestión tras la privatización, si no todo lo contrario; lo que también destapa la falacia neoliberal que dice que las empresas privadas están mejor gestionadas que las públicas. Tercero, porque la calidad del servicio ofrecido por estas empresas ha empeorado tras las privatizaciones, lo que ha supuesto un claro perjuicio para los ciudadanos. Y cuarto, porque de esta manera se ha reducido de manera muy significativa el patrimonio y tejido empresarial público español, lo que dificulta la capacidad del Estado para conseguir mayores ingresos públicos y se pierde toda posibilidad de actuar en sectores estratégicos claves para la economía como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas, el transporte o el medioambiente. Tampoco se puede justificar este proceso de privatización aludiendo a que es la tendencia que se ha seguido en Europa, pues realmente no ha sido así. Una vez más, en España se ha sido “más papistas que el Papa”. Algunos países europeos que poseen una empresa de correos pública son Francia e Italia.

En este contexto, las políticas públicas neoliberales vuelven a la carga para plantear la privatización de la actual mayor empresa pública de España, Correos. Los motivos para la privatización que se exponen en el informe elaborado por la consultora ATKearney son principalmente dos: “la mayoría de los operadores postales europeos han flexibilizado su modelo de gestión, dando entrada al capital privado en su accionariado para poder reaccionar con mayor intensidad y velocidad ante la caída del negocio postal” y “el riesgo de pérdida de ingresos postales para Correos en un escenario continuista está estimado entre 370 y 550 millones de euros (entre el 30% y el 45%) en 2021”. Aparentemente, son motivos económicos de peso que pueden justificar la privatización; sin embargo, conviene analizarlos con mayor detalle para ver si realmente son ciertos. Resulta curioso que el informe no incluya una cuantificación de los ingresos que se obtendrían por la venta de Correos, pues este dato es clave para analizar si la privatización podría ser positiva o no para el Estado. Es verdad que el negocio postal se ha vuelto más complejo y competitivo, lo que obliga a su diversificación y a un cambio de estrategia si se quiere seguir siendo competitivos; pero también es verdad que algunos de estos cambios se han ido introduciendo en Correos, de manera que los resultados económicos obtenidos por la empresa pública han sido positivos históricamente. Un dato: en el servicio de paquetería se ha crecido casi el doble que la media del mercado. Las pérdidas se producen a partir del 2016, año en el que se encarga el informe, cuando se alcanzan poco más de 34 millones de euros de pérdidas, y se van acumulando en años posteriores mientras la asignación presupuestaria de la empresa ha ido menguando año tras año. Es decir, se ha estado planificando la privatización desde el gobierno y la dirección de la empresa.

Las condiciones laborales de la empresa han ido empeorando durante los últimos años, en la medida en que se han ido introduciendo medidas de mejora de la productividad

En definitiva, no existen argumentos claros que aconsejen su privatización. Es más, la experiencia de las privatizaciones anteriores debería hacernos pensar si realmente se trata de una estrategia positiva para la ciudadanía y el Estado, o si por el contrario va a suponer la pérdida de otro sector estratégico clave para la economía española y la pérdida de calidad de un servicio público básico. También puede ayudar en la decisión lo sucedido en Portugal, cuyo Estado vendió su empresa de Correos, CTT, en 2014, obligado por la Troika para obtener unos ingresos de 900 millones de euros, y a partir de ese momento se produjo un deterioro significativo del servicio postal; lo que ha hecho que el Partido Socialista portugués se plantee su renacionalización.

Desgraciadamente, todo parece apuntar a que la decisión está tomada; o al menos es lo que parece que va a suceder a tenor de las medidas que ya se están tomando. Hay tres aspectos que así lo indican: la pérdida de empleos fijos, ya que el 35% de la plantilla han pasado a ser trabajadores temporales; la reducción constante en su asignación económica en los Presupuestos del Estado; y la externalización de algunos de los servicios de Correos Express. Además, estos elementos también nos pueden servir para intuir que el proceso de privatización de Correos llevará parejo una precarización de los empleos que se generan por esta actividad. Las condiciones laborales de la empresa han ido empeorando durante los últimos años, en la medida en que se han ido introduciendo medidas de mejora de la productividad, incrementando el ritmo de trabajo y el riesgo de los trabajadores, lo que ha provocado un incremento en el número de accidentes laborales, algunos de los cuales han sido accidentes mortales. La empresa cuenta actualmente con una plantilla superior a las 53 mil personas.

Correos ya sufrió un primer intento de privatización cuando su actividad formaba parte de la Caja Postal y esta última fue integrada dentro de Argentaria en 1998 con el propósito de acabar siendo fusionada con el BBV en 1999. En el momento de la fusión, el Estado sacó a concurso público la explotación de los servicios financieros de la red postal, que pasaron a manos del Deustche Bank, hasta que en enero de 2016 se rompió la alianza. De esta manera, Correos fue agente del banco alemán mediante la marca BanCorreos durante 16 años. Ya en aquel entonces, el intento de privatización no dió los resultados esperados.

La privatización de Correos puede significar una pérdida significativa de los valores éticos, sociales y ambientales que han caracterizado históricamente a esta empresa pública y que durante estos últimos años se han ido deteriorando paulatinamente

Correos ofrece un servicio postal universal, lo que significa que es un servicio público clave para la ciudadanía. Se podría definir como un bien público o un bien común, por lo que su privatización supondría una pérdida de los servicios públicos. Tengamos en cuenta que es el operador con capacidad para proponer al Estado la emisión de sellos de correos y de otros signos de franqueo en España, Andorra y Guinea Ecuatorial, posee la exclusiva para distribuirlos y edita y comercializa otros productos filatélicos y de coleccionismo. Además, se trata de una empresa sostenible y socialmente responsable, adherida voluntariamente al Plan de contratación pública verde de la Administración General del Estado, comercializa productos sostenibles “línea verde” y destina sus ingresos a la repoblación forestal, se ha comprometido en la Cumbre por el Clima de Copenhague de 2009 a reducir las emisiones de CO2 en un 20% en 2020, utiliza el sistema de control y medición medioambiental EMMS contemplado en el Informe IPC de sostenibilidad, tiene en marcha varios proyectos para evaluar la eficacia del uso de vehículos eléctricos en las tareas de reparto desde 2008, participa en acciones a favor de colectivos desfavorecidos y de personas con diversidad funcional, contribuye a recaudar fondos para la fabricación de juguetes que se envían a diferentes países de África, América Latina, Oriente Próximo y Asia y colabora en las campañas de UNICEF para sensibilizar sobre los derechos infantiles. La privatización de Correos , ¿garantizará el mantenimiento de todo este tipo de acciones?. Son muchos los aspectos positivos desde el punto de vista económico, social y ambiental que están en juego con la privatización; sin embargo, nada de esto se menciona en el informe.

Mucho nos tememos que la privatización de Correos puede significar una pérdida significativa de los valores éticos, sociales y ambientales que han caracterizado históricamente a esta empresa pública y que durante estos últimos años se han ido deteriorando paulatinamente, sobre todo aquellos aspectos que afectan a las personas empleadas y sus condiciones laborales. Habría que cuantificar los impactos negativos que en estos términos y en términos de empleo de calidad podría generar la privatización de la empresa y compararlos con los supuestos beneficios económicos que se alegan en el informe presentado y que justifican su privatización. Estamos una vez más ante un atentado contra los servicios públicos y contra el empleo estable en España que no deberíamos consentir. Los trabajadores de Correos, conscientes de lo mucho que nos jugamos, no solo ellos directamente si no también el conjunto de la ciudadanía, han iniciado una campaña de sensibilización en contra de la privatización de la empresa a la que todas y todos deberíamos sumarnos. Como sociedad civil, hemos de contrarestar el poder que ejercen determinados grupos empresariales que buscan el interés personal en contra del bien común.

 

13 Comments

  1. Es increíble que a estas alturas se sigan escuchando los eslóganes baratos de la derecha más inútil e incapaz del mundo. Esta más que demostrado empíricamente sin ir a cifras ni particularidades que en todos los estadios del desarrollo económico las empresas por las que hay que pasar(usar)si o si, en manos privadas acaban siendo un una celda de abuso y mala gestión en todos los sentidos de la cadena económica, con el inri de que es al final el estado(nosotros pagando en precariedad y malos servicios) los que tenemos que rescatarlas. INCREIBLE LO DE LOS DEFENSORES DE LA COMPETENCIA.O de risa, según se vea.La competencia(en sus dos primeras acepciones) es para los de abajo haber si nos enteramos ya

  2. La verdad es que CORREOS NOS ROBA A TODOS
    Se te ha olvidado decir en el articulo, que Correos ejerce una competencia desleal en el sector y que a pesar de estar dopada con miles de millones de nuestros impuestos, es una empresa que genera perdidas (153 millones en 2018) Eso demuestra la poca eficiencia.
    TambiéN hablas del Servivio Postal Universal (carta+sello) que ya casi nadie usa y al que se agarra para seguir prestanto unos servicios impropios de un servicio público, en detrimento del sector privado que no recibe esas ayudas y por tanto no se puede permitir competir deslealemete ofreciendo precios por debajo de coste. (!!!Correos ya vende hasta entradas, sin un criterio de eficiencia y a costa de nuestros impuestos!!!)
    Por eso Correos debe de ser privatizada, para que no compita deslealemente y encima se lo tengamos que pagar todos. Porque esa guerra de precios es el inicio de la precariedad laboral del sector (de cada sector en el que Correos pone un pie, que cada vez son más)

  3. Empresa basura con reparto y trabajadores basura.

    Ojalá la privaticen. Más de dos meses esperando recibir un paquete que lleva en madrid parado mes y medio.

  4. Mal trato en Correos,????? Lo que tenemos en Correos es mucho perro que no se quiere doblar apoyados por los perros flautas del No a todo y del No al trabajo

  5. Como trabajador y sindicalista de Correos considero que, en general, el artículo sitúa ejes interesantes y plantea abiertamente las nocivas consecuencias que la privatización (entendida como un proceso de se inició hace años) tiene sobre Correos, su plantilla y el servicio que presta.

    Tal vez, hace una concesión excesiva al asumir que «hay que ser más competitivos» porque desde un sentido estrictamente de servicio público, la cuestión de la competencia no tiene relevancia, ya que la esencia es satisfacer una necesidad social de toda la población.

    Como autor de algunos artículos sobre la materia, dejo algunos enlaces que pueden resultar de interés.

    ¡Por un Correos Público y de Calidad al servicio de la gente!

    https://lamayoria.online/2018/07/06/por-que-nos-quieren-quitar-correos/
    https://lamayoria.online/2019/04/09/correos-obliga-a-sus-trabajadores-a-elegir-entre-perder-y-perder/

    • Muy acertados los comentaris. Solo una matización. Ser competitivo no significa solo competir en costes, que es lo que pretende la actual dirección de la empresa, si no que se puede ser competitivo en calidad del servicio con unas condiciones laborales dignas y buenos salarios

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