Era la medianoche de un sábado, y la calle de Malasaña estaba muy concurrida, cuando estalló el potente artefacto, compuesto por varios quilos de goma-2, que se encontraba oculto en un contenedor de basura, y todo parece indicar que el objetivo eran los clientes del Bar El Parnasillo, donde se solían reunir jóvenes abogados laboralistas de la órbita del PCE
Por Angelo Nero
Fue un 15 de junio de 1979, hace ahora 44 años, cuando los lectores del diario El País, desayunaban con esta noticia destacada en la portada: “Un muerto y una decena de heridos por la explosión de una bomba en Madrid”, donde también se resaltaba que se cumplían los “Cien días del primer gobierno constitucional de Suárez”, así como que “ETA (p-m) anuncia el cese de acciones terroristas contra el turismo”. El desarrollo del titular del diario madrileño decía:
“Una joven de veintiocho años resultó muerta, y alrededor de una decena de personas heridas de diversa consideración, en un atentado perpetrado a primera hora de la madrugada de hoy en el barrio de Malasaña, situado en el centro de Madrid. Una bomba de gran potencia estalló junto a un automóvil aparcado en la confluencia de las calles Malasaña y San Andrés -existen diversas versiones sobre la colocación del artefacto-, y alcanzó a un matrimonio que estaba situado junto al coche, así como a otras personas que circulaban por aquel lugar, muy concurrido en sábado por la noche.
El nombre de la joven muerta es Salomé Alonso Varela, que ingresó cadáver en el Hospital Clínico. Su marido, Jesús Cañado Vega, de veintiocho años (abogado laboralista, que al parecer trabaja en el despacho de Cristina Almeida), se encuentra herido de gravedad y estaba siendo intervenido quirúrgicamente en dicho centro. Otras cuatro personas, Vicente Santiago Macía, de veinticuatro años; Antonio Benito Martínez, de veintiocho años; María Serrano Martínez, de 62 y Mohamed Selim Aser, de veinticinco, este último de nacionalidad iraquí, sufren heridas de pronóstico reservado. El artefacto, de gran potencia, estaba compuesto por cuatro o cinco kilos de amonita, según informaron a EL PAIS fuentes policiales.”
Era la medianoche de un sábado, y la calle de Malasaña estaba muy concurrida, cuando estalló el potente artefacto, compuesto por varios quilos de goma-2, que se encontraba oculto en un contenedor de basura, y todo parece indicar que el objetivo eran los clientes del Bar El Parnasillo, donde se solían reunir jóvenes abogados laboralistas de la órbita del PCE. De hecho, la joven fallecida en el atentado, Salomé Alonso, salía en ese momento del bar, acompañada de su marido, Jesús Cañado, que ejercía como abogado laboralista en el despacho de Cristina Almeida, y que resultó herido de gravedad. Ambos tenían tan solo 28 años.
“La mayoría éramos letrados. Jesús y Salomé acababan de llegar de viaje de Yugoslavia. Estaban recién casados. Cenamos todos juntos y decidimos ir a El Parnasillo. Era un bar de progres, de gente del PCE. Casi teníamos relación con los fallecidos en el atentado de Atocha”, recordaba Carmen Cañedo, cuñada de la víctima mortal.
Salomé Alonso era originaria de San Paio de Lens, en el coruñes concello de Ames, donde fue enterrada en compañía de los dirigentes del PCE, partido al que estaba afiliada, al igual que su marido.
Dos jóvenes ultraderechistas, militantes del Frente de la Juventud, fueron detenidos por el atentado, Rafael Alfredo Gómez Álvarez y Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado, que también habían estado implicados en el envío de cartas bombas al diario El País -donde murió el conserje Andrés Fraguas-, y al Club de Amigos de la Unesco, fueron condenados por la acción terrorista de Malasaña a 73 y 50 años, respectivamente. Les acusaron de un total de 22 delitos. Sin embargo, ninguno de los dos cumplió más de 14 años de prisión, y ambos fueron liberados en 2001.
El líder del Frente de la Juventud, el abogado José de las Heras Hurtado, procesado en el mismo sumario que los asesinos de Salomé Alonso, huyó de la justicia antes de que se celebrase el juicio. En 2016 fuer localizado en Brasil, donde vive tranquilamente, sin temor a que la justicia española lo persiga.
Como apuntaba El País: “La sentencia señala que desde finales de 1977, y hasta julio de 1981, Gómez y Rodríguez-Borlado estuvieron integrados con otras personas, todas procedentes del legalizado partido político Fuerza Nueva, en un clandestino conjunto ultraderechista que se fue afianzando en el colectivo y general propósito de utilizar la violencia como instrumento provocador de desestabilizante alarma ciudadana, amén de originador de concretos quebrantos personales y patrimoniales, para lo que llegaron a disponer de armas de fuego y explosivos”.
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