Ines Miranda: “No podemos permitir esta mentira en el BOE, máxime si se hace a sabiendas”.
Por Héctor Santorum | 17/03/2024
La Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental presentó el 19 de febrero de 2024 una solicitud al Ministerio de Cultura para corregir el error en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se incluyó El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, dentro de Marruecos. Esta inclusión constituye una aceptación de una anexión ilegal que contradice el Derecho Internacional.
Tras detectar el error, la asociación internacional de juristas ha formulado una solicitud de rectificación de conformidad con lo establecido en el Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el Artículo 23 del RD 181/2008, del 8 de febrero, de ordenación del diario oficial del BOE.
El documento presentado demuestra la existencia del error y la necesidad de su corrección inmediata. De lo contrario, España estaría dando su consentimiento a una ocupación militar condenada por las Naciones Unidas por ser ilegal y contraria al derecho internacional público, el cual prohíbe explícitamente el uso de la fuerza para la anexión de territorios. Además, constituiría una inexactitud que va en contra de la normativa y los principios rectores del BOE.
Hemos tenido el privilegio de entrevistar a Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental
Héctor Santorum: ¿Cuál es su opinión sobre la inclusión errónea de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, en Marruecos en el Boletín Oficial del Estado (BOE)?
Inés Miranda: Quiero pensar que ha sido un error involuntario, incomprensible, desde luego, pero bueno, que por parte del ministro anterior, entiendo que quizás él no leyera todas y cada una de las publicaciones antes de firmarlas, del ministro anterior, Iceta. Pero sí, entiendo que pudo haber existido una confusión y que eso es lo que derivó en algo que tiene unas consecuencias tan graves.
También es verdad que la situación en la que nos encontrábamos en el año 2023, actualmente, y en el 2022, en el que el Presidente del Gobierno de España, por su cuenta y riesgo, sin encomendarse al parlamento ni a su propio Gobierno, decidió que la marroquinidad del Sáhara Occidental, es decir, la autonomía como solución a la descolonización del Sáhara Occidental, era la solución.
Una postura que, como sabemos, está en contra del derecho internacional y en contra del propio proceso de descolonización, así como se ha reflejado en diferentes resoluciones de Naciones Unidas con respecto al Sahara Occidental y con respecto a la carta de Naciones Unidas, donde se establece que el proceso de descolonización concluye con la voluntad expresada por parte del pueblo colonizado.
En este contexto, parece que se sigue la línea ilegal del Gobierno de España, por lo menos del Presidente del Gobierno, posteriormente asumido parece que por su gobierno por la inacción.
Héctor Santorum: ¿Cuál es el impacto legal y político de esta inclusión incorrecta según su perspectiva?
Inés Miranda: El impacto político está claro. Se está yendo de la mano y trabajando con la potencia ocupante por la fuerza del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, del cual España sigue siendo la potencia administradora.
Esto implica una ilegalidad jurídica, ya que al ser un territorio no autónomo en proceso de descolonización, España sigue siendo la potencia administradora, como lo ha afirmado Naciones Unidas en reiteradas ocasiones. Es una violación del derecho internacional. España es el único país del mundo que se ha atrevido a cometer una barbaridad de este tipo.
Hemos realizado un estudio al solicitar la rectificación, es la primera vez que esto sucede. Por lo tanto, parece tener una clara intencionalidad política y no obedecer a los intereses que deben defender los derechos humanos, en este caso, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
No obedece de ninguna manera al cumplimiento estricto de la legalidad. Todo esto se contextualiza en el momento y en las declaraciones del presidente del Gobierno del Reino de España, pues parece que la intención y la finalidad que tienen contra la ley es hacer seguidismo a los mandatos de la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.
Héctor Santorum: ¿Cómo surgió la iniciativa de presentar una solicitud de rectificación al Ministerio de Cultura respecto a este asunto?
Inés Miranda: Como juristas, nos dolieron los ojos, además del entendimiento y la conciencia. Porque existe un procedimiento. Cuando vimos esto, nos pareció una barbaridad muy grave. Nos dolieron los ojos al leer esta cuestión, al ver El Aaiún y, entre paréntesis, Marruecos.
Nos pareció una barbaridad porque los antecedentes que plantea o a los que puede dar lugar son muy, muy graves. Que esto quede sin pena ni gloria como una realidad a través de la vía de los hechos nos lleva a volver a la mentira y a la ficción política y jurídica que Marruecos quiere construir y con la que el presidente y el gobierno de España están colaborando.
Existiendo un procedimiento para ello, en vez de ir directamente a la vía contenciosa y presentar una demanda al ministerio y al gobierno, decidimos iniciar un proceso para darles la oportunidad de rectificar. Es un derecho que tienen y un procedimiento que establece la ley. Por eso lo hemos hecho, para que se aclare y que el actual ministro, que no es del PSOE, tenga la oportunidad de restituir la legalidad y decir que se han equivocado.
El Gobierno tiene ahora la oportunidad, durante estos tres meses, de contestarnos diciendo que efectivamente es un error y que, por lo tanto, tienen la obligación de rectificar ese error en el mismo medio, que es el BOE, y hacer una declaración pública subsanando ese error.
Eso es lo que queremos conseguir. Si no lo hacen, están reconociendo que eso es así. En ese caso estaríamos en una situación muy grave y no nos quedaría otra opción que ir al juzgado.
Según ha publicado El País, desde el ministerio han dicho que reconocen que es un error y que no se volverá a cometer más. Si reconocen que es un error, tienen la obligación de rectificar sí o sí.
Héctor Santorum: ¿Cuál es su interpretación del reconocimiento por parte del ministerio de haber cometido un error, pero se nieguen a rectificar, según la información proporcionada por El País?
Inés Miranda: Como te acabo de decir, no cabe decir que ha sido un error y no rectificar; tienen la obligación de hacerlo. En el caso de que digan que ha sido un error y no lo vayan a rectificar, lo que están manifestando es que están de acuerdo con ese presunto error, lo estarían dando por hecho. Estarían reconociendo que El Aaiún es una ciudad que se encuentra en Marruecos, cuando no es así.
Entraría en la línea de intentar buscar argumentos jurídicos y legales para justificar una ocupación violenta e ilegal, contra la que estamos, desde luego. Es contraria al derecho y debemos seguir combatiendola.
España debería defender el cumplimiento de la legalidad en su territorio no autónomo, que es el Sáhara Occidental, pero no lo está haciendo.
Estarían reconociendo, por la vía de los hechos, que eso es una realidad. Eso no lo podemos permitir e iremos, desde luego, a la vía contenciosa.
Héctor Santorum: ¿Qué medidas adicionales pueden tomarse para corregir y prevenir futuras inclusiones incorrectas en el BOE?
Inés Miranda: Que cumplan la ley, ni más ni menos. Lo único que tienen que hacer es cumplir la ley. Lo que están haciendo ahora es mentir. Lo que ha dicho el Ministro, o su Gabinete, «que esto es un error y que no se puede repetir», están diciendo que una mentira tiene que ser consolidada en el BOE. Eso no puede ser.
Vamos a exigir que se rectifique.
Héctor Santorum: ¿Ha habido alguna reacción por parte de las autoridades españolas o de otras instituciones internacionales ante la solicitud de rectificación presentada por la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental? ¿Cómo interpreta la respuesta, o la falta de ella, hasta el momento?
Inés Miranda: El procedimiento es dirigirnos al órgano que ha cometido este error, que nosotros entendemos, para que rectifique. Tienen ahora un plazo de 3 meses para contestarnos o no contestarnos.
En el caso de que nos contesten, pueden decir que efectivamente ha sido un error y rectifican, que ha sido un error y que lo van a dejar así, decir que no ha sido un error o no contestarnos.
En el caso de que la respuesta sea distinta a reconocer el error y rectificar, no se habrá resuelto la mentira que han incluido en el BOE. El silencio sería negativo, sería desestimatorio de nuestra petición.
No nos quedará otra opción pasados esos 3 meses que acudir a la vía contenciosa para que sea un tribunal el que les diga que tienen que cumplir la ley.
Héctor Santorum: ¿Cuáles son los principales argumentos legales que respaldan la solicitud de rectificación presentada por la asociación?
Inés Miranda: Nosotros fundamentamos nuestra petición en que el Sáhara es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, inscrito en Naciones Unidas desde el año 1963, con España como potencia administradora. La carta enviada en el año 1976, en la que España se desentiende del territorio saharaui, no se vincula en absoluto al derecho internacional, ya que ese desistimiento de su colonia no ha sido aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas ni por la manifestación del territorio diciendo que estaba de acuerdo. Eso no ha ocurrido porque se habría celebrado el referéndum.
España sigue siendo la potencia administradora y además consentidora de la guerra que se produjo en 1975 con la Marcha Verde, así como en la guerra actual, porque no ha ejercido sus responsabilidades mandatadas en la carta de Naciones Unidas, que obliga a la potencia administradora a velar por la población del territorio y por los recursos naturales del mismo, como el Sáhara Occidental en este caso.
Otra de las fundamentaciones que planteamos aquí, respecto al fondo, además de aplicar la legislación española respecto al procedimiento seguido, es insistir en que el Sahara es un territorio no autónomo en proceso de descolonización y que El Aaiún no es Marruecos. No es Marruecos según las diferentes resoluciones de Naciones Unidas y las propias declaraciones de tribunales españoles y europeos.
La Audiencia Nacional, en una resolución de julio de 2014, reconoció que el Sahara es un territorio no autónomo y que España era la potencia administradora hasta que no concluya el proceso de descolonización, tal y como dice Naciones Unidas y tal y como dijo España en la carta que envió, que el proceso no culminaba hasta que los saharauis emitieran su voluntad en un referéndum.
En este sentido, Marlaska y este auto de la Audiencia Nacional, en la que el actual ministro del interior ejercía como magistrado, afirmaron que la jurisdicción y la legislación aplicable en el Sahara Occidental es la española en todo lo que concierne al pueblo saharaui. Este auto se produjo tras el asesinato de un saharaui por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en el año 2010.
También contamos con las referencias de los acuerdos y tratados internacionales de la UE con Marruecos en materia de agricultura y pesca, en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el Sahara es un territorio diferenciado de Marruecos, en proceso de descolonización, y que su único y legítimo representante es el Frente Polisario. Por lo tanto, El Aaiún no es una ciudad marroquí.
Actualmente, estamos esperando la sentencia de apelación, que esperamos que salga antes del verano. Esta sentencia fue recurrida por España, Hungría, Francia y la Comisión Europea.
España no puede desatender su propio ordenamiento jurídico ni mucho menos el ordenamiento jurídico internacional. Desatender toda esta legislación coloca al presidente del gobierno de España en contra de la ley y como un claro incumplidor de la legislación interna, lo cual no puede ser permitido en un estado social y de derecho como el estado español.
Hemos sido cautos y prudentes y queremos que el propio gobierno rectifique con la abundante información que les hemos proporcionado. No podemos permitir esta mentira en el BOE, máxime si se hace a sabiendas.
Si entienden que eso está mal y lo mantienen, están dictando una resolución injusta a sabiendas, lo cual tiene nombres y apellidos en la legislación española. Hemos dado esta posibilidad que permite el derecho tanto al órgano que ha cometido el error para rectificar, ya que no lo ha visto de oficio, cosa que dudamos. Y permite al perjudicado exigir que esa mentira se borre y se rectifique de un documento oficial tan importante como es el BOE.
El Gobierno tiene como plazo para contestar hasta mayo. Dependiendo del sentido de la respuesta, actuaremos.
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